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UN COMPLOT en contra de la Corte Suprema de Justicia fue orquestado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el caso del desmovilizado José Orlando Moncada, alias Tazmania, denunció ayer desde Estados Unidos el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
“En este complot participaron María del Pilar Hurtado, directora del DAS, y Marta Leal, funcionaria de inteligencia de ese organismo. Los detalles completos de este caso los tiene Juan Carlos Sierra”, alias el Tuso, expresó Mancuso vía teleconferencia, durante el juicio que le sigue la Corte Suprema al ex director del DAS, Jorge Noguera, por presuntos nexos con los paramilitares.
En el 2008, el desmovilizado paramilitar Moncada, sostuvo que el magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal, Iván Velásquez, le habría ofrecido beneficios judiciales a cambio de entregar declaraciones en contra del presidente Álvaro Uribe.
Mancuso aseguró que recibió órdenes de los hermanos Castaño de apoyar al presidente Uribe cuando era candidato presidencial en el 2002.
Según el extraditado comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se concertó una reunión con todos los comandantes paramiltares en el 2002 para este fin: “Nosotros en ese momento, eso fue para el año 2002, hicimos una conferencia nacional de las autodefensas, donde acordamos dentro de esa reunión de comandantes cesar acciones con objetivos múltiples, porque eso perjudicaba la campaña del presidente Uribe, y más tarde recibí directamente órdenes de mi comandante, de apoyar al presidente Uribe, candidato a la presidencia en ese momento”.
Mancuso manifestó que el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, fue instructor de una escuela de las Autodefensas y que Carlos Castaño le pedía favores constantemente.
“A Narváez lo conocí en el año 96 ó 97 en campamento del comandante Carlos Castaño. Era el instructor ideológico de los cuadros o jefes de las autodefensas. Castaño le pedía favores constantemente a Narváez”, dijo el ex jefe paramilitar.
Mancuso relató que entre el 2002 y el 2003 militares venezolanos enviaron emisarios a los jefes paramilitares para fraguar con un golpe de estado contra Hugo Chávez.
Según Mancuso, el puente entre los militares venezolanos y los paramilitares fue un integrante del Bloque Catatumbo, que operaba en Norte de Santander, conocido como Lucas.
“Me hicieron la propuesta y les dije, eso me parece la locura más grande del universo”, aseveró. Asimismo, el extraditado paramilitar aseguró que para poder perpetuar varias masacres, como la del Aro, contaron con la ayuda de la Fuerza Pública, quienes les suministraban información sobre nombres de simpatizantes o colaboradores de la guerrilla.
A juicio Arzayús
Al encontrar suficientes pruebas que vincularían al ex subdirector del DAS, Carlos Arzayús, con las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y políticos de la oposición, la Fiscalía lo llamó a juicio y acusó de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos receptores y abuso de autoridad.
De esta manera, el Alto Tribunal resolvió ayer un recurso de reposición presentado por Nodier Agudelo, abogado del procesado, contra la decisión que tomó la Corte el lunes pasado, de no aceptar la anulación del proceso.
La defensa de Uribe alegaba la violación del debido proceso, argumentando que la Corte no era el juez competente para juzgar al acusado, después que éste renunciara a su investidura de congresista.
Sin embargo, la Corte dictaminó que debido al cambio de jurisprudencia, adoptada el 18 de octubre del año pasado, la corporación no pierde la competencia para investigar y juzgar a los congresistas que hayan renunciado a su fuero.
Según la Sala de Casación Penal, ésta jurisprudencia es aceptada internacionalmente y que, por lo tanto, no viola las garantías procesales y constitucionales de los acusados.
El juicio contra el primo del presidente Álvaro Uribe iniciará formalmente el 12 de julio de este año.
El lunes, la Corte aceptó dentro de las pruebas testimoniales solicitadas por el abogado defensor del ex senador Uribe, la del presidente Uribe y del candidato presidencial Juan Manuel Santos.
Según el abogado Agudelo, con las declaraciones de Santos y Uribe se demostraría que el ex congresista procesado llegó al Congreso no por ayuda de las autodefensas sino por su trabajo y por la fama que gozaba por ser el primo de Uribe.
Por otro lado, la Sala Penal citó dentro de la audiencia de juzgamiento, los testimonios de la ex senadora Zulema Jattin, también vinculada en el mismo proceso, y del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
El ex senador Uribe es investigado porque presuntamente se habría reunido con Mancuso, antes de las elecciones del 10 de marzo del 2002, para suscribir el pacto de Ralito para “refundar la patria”.
Sin embargo, el ex legislador Uribe negó el lunes haber asistido a tal encuentro. "No estuve en la reunión de Ralito, ni en el Nudo de Paramillo", dijo en la audiencia preparatoria de juzgamiento que le inició esta semana la Corte por el delito de concierto para delinquir agravado.
LA VIOLACIÓN de Derechos Humanos todavía le sigue pesando al país a la hora de suscribir acuerdos comerciales internacionales. Así quedó demostrado ayer con la solicitud que le hizo un grupo de europarlamentarios al Gobierno colombiano de que aclare el caso de las chuzadas a defensores de Derechos Humanos, en medio de la inminente firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE).
La petición fue hecha por los verdes en el Parlamento Europeo (PE), quienes por medio de un comunicado les pidieron a las autoridades colombianas explicar ante el PE estos hechos antes de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la UE.
Según el comunicado, "descubrimientos actuales" muestran que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) trató de "influir" en dicha comisión parlamentaria "con medidas ilegales".
"El Gobierno colombiano tiene que esclarecer en qué forma el DAS actuó contra organizaciones no gubernamentales y políticas para influir y descalificar las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos" del PE, señalaron la presidenta de dicha comisión, la finlandesa Heidi Hautala, y su copartidaria y eurodiputada alemana Barbara Lochbihler.
"¿Qué quieren decir términos como 'desprestigio' y 'sabotaje', palabras que se encuentran en los expedientes descubiertos?", se preguntaron las funcionarias europeas.
Por otra parte, solicitaron información sobre si el DAS tiene "en sus manos una lista de parlamentarios" de la Eurocámara que "están a favor o en contra del Gobierno colombiano".
Las parlamentarias de los verdes recordaron que la Unión Europea quiere firmar el tratado de libre comercio que acabó de negociar recientemente con Colombia y Perú, durante la cumbre euro-latinoamericana que se celebrará en Madrid el próximo 18 de mayo, bajo presidencia española de la UE.
"La Unión Europea no debe firmar este acuerdo sin haber esclarecido completamente este escándalo" del "servicio secreto" colombiano, dijeron las parlamentarias europeas.
Actualmente, algunos ex directivos del DAS están siendo investigados por la Fiscalía, presuntamente por haber ordenado las interceptaciones ilegales contra magistrados, políticos de la oposición y periodistas en Colombia.
Sin embargo, las investigaciones apuntan a que los autores intelectuales de las chuzadas y seguimientos ilegales serían funcionarios de la Casa de Nariño, de la que depende directamente el órgano de Inteligencia.
De hecho el lunes, el candidato presidencial liberal Rafael Pardo, del Partido Liberal, anunció que presentaría una denuncia ante tribunales internacionales por las chuzadas si los organismos judiciales colombianos siguen actuando con lentitud en estas investigaciones.
En estos momentos, el TLC con Estados Unidos, que se encuentra en suspenso, ha recibido varias críticas por parte de congresistas demócratas de ese país, quienes han criticado la poca actuación del gobierno colombiano frente a las diversas violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios estatales y grupos paramilitares.
EN SU condición de víctima de las chuzadas realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ordenadas desde la Casa de Nariño, el candidato presidencial Rafael Pardo, del Partido Liberal, anunció que acudirá a la justicia internacional en caso de que la colombiana no castigue a los funcionarios responsables de ese delito.
En un derecho de petición dirigido al Fiscal General de la Nación, Pardo dijo que las investigaciones y condenas no se pueden quedar sólo en mandos medios. “No sobra advertir que por tratarse de delitos que violan los derechos humanos, si la justicia Colombiana permite que se presente impunidad en alguno de estos casos, la justicia internacional, de manera subsidiaria, tendría que actuar”, precisó.
Vargas
En Engativá concluyó la gira del candidato presidencial Germán Vargas, de Cambio Radical, por las diferentes localidades de Bogotá este fin de semana.
El aspirante dijo que quería llegarle a los sectores más marginados con planes de crédito y ahorro programado, quitar el 4 x mil, reducir las tasas de interés de intermediación del sistema para sacar a la gente de ese horror que es el gota a gota.
Petro
En Popayán, el candidato presidencial Gustavo Petro, del Polo Democrático, propuso la creación de un fondo pensional para los adultos mayores desprotegidos.
“Se creará permitiendo que una parte de los aportes que van a los fondos de pensiones privados, se destine a crear un fondo público de protección de ciudadanos dirigido a los mayores más desprotegidos”, manifestó.
Mockus
En un recorrido por Santa Marta, el candidato presidencial Antanas Mockus, del Partido Verde, visitó varios medios de comunicación, dio una charla en la Universidad del Magdalena, recorrió la Comuna Quinta de Santa Marta, sector popular, terminando en la Plaza de San Francisco, donde dos mamos de la comunidad indígena Koguis, le entregaron una carta al candidato solicitando un encuentro con esta comunidad.
Allí, Mockus se pronunció sobre el fortalecimiento que le dará al Sena y la creación de Zonas de Formalización Laboral, asegurando que la legalidad será la herramienta de su gobierno.
Sanín
En Medellín, la candidata presidencial Noemí Sanín, del Partido Conservador, almorzó con empresarios antioqueños y luego se reunió con congresistas y ex legisladores de la colectividad.
Ante más de 700 alumnos de la Universidad de Medellín, Sanín dijo que en su mandato facilitará que “todos los estudiantes universitarios puedan pagar los créditos adquiridos, con su trabajo profesional”.
Santos
En el Distrito de Aguablanca, de Cali, el candidato presidencial Juan Manuel Santos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que “si una comunidad necesita en Colombia la aplicación de una política eficaz de prosperidad democrática, esa es la comunidad afrocolombiana, que ha sufrido la violencia y continúa padeciendo una difícil situación en materia social y económica”.
Santos aseguró que liderará la superación de obstáculos para la población afro, como su baja participación en los espacios políticos e institucionales; las dificultades para el acceso y permanencia de los niños y jóvenes en la educación; su acceso al mercado laboral y la baja calidad de sus empleos; y la inseguridad jurídica respecto a los derechos de propiedad de los territorios colectivos.
EL QUE ha sido considerado como el juicio del año, hoy ante la Corte Suprema de Justicia inicia la audiencia preparatoria de juzgamiento contra el primo del presidente Uribe Vélez, Mario Uribe Escobar, quien es procesado por presuntos vínculos con los paramilitares.
El ex presidente del Congreso asistirá con su abogado defensor ante la Sala de Casación Penal, donde pedirán varias pruebas y testimonios que demostrarían la inocencia de Uribe Escobar, y al mismo tiempo, el alto Tribunal decretará las suyas.
El proceso de Uribe Escobar tiene especial importancia, porque se convirtió en la manzana de la discordia entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, pues los roces entre ambos poderes se remonta a la disputa y denuncias penales entre el ex presidente de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete, quien presidió el alto Tribunal en el 2007, y el presidente Uribe Vélez, disputa que llegó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Valencia Copete fue denunciado por injuria y calumnia por Álvaro Uribe, después que el magistrado de la alta Corte dijera que el primer mandatario lo había llamado a preguntarle por la suerte del proceso de su primo en la Corte.
Actuación procesal
El 26 de septiembre de 2007 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había llamado a Mario Uribe a rendir indagatoria para que explicara los presuntos nexos con los paramilitares.
Posteriormente, el cuatro de octubre del mismo año el senador, fundador del movimiento Colombia Democrática, renunció a su fuero constitucional, y el 22 de abril del 2008 fue cobijado por medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía.
En la misma fecha el ex congresista pidió asilo político en Costa Rica el cual le fue negado.
Después, el 20 de agosto del 2008 fue dejado en libertad por orden del ex vicefiscal Guillermo Mendoza Diago. Sin embargo, el 15 de enero del 2009 la Fiscalía escuchó la declaración de Juan Vicente Gamboa, alias Pantera, quien amplió la versión según la cual Mario Uribe recibió ayuda del desmovilizado jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El alemán. Esta versión confirmó la que había dado el ex paramilitar alias Pitirri.
En la última actuación procesal, la Procuraduría le había pedido a la Fiscalía llevar a juicio a Uribe Escobar. No obstante, a finales del año pasado, la Fiscalía devolvió a la Corte Suprema de Justicia una decena de procesos por parapolítica encabezados por el del ex senador de Colombia Democrática.
Esta decisión del ente acusador se debió a la nueva jurisprudencia adoptada por la Sala de Casación Penal, según la cual, la Corte no pierde la competencia para investigar y juzgar a los congresistas que renuncien a su fuero.
UNA INVESTIGACIÓN preliminar le abrió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al ex senador Álvaro Araújo Castro por la posible comisión de delitos de lesa humanidad.
El alto tribunal indagará si el ex congresista hizo parte del aparato de guerra del grupo armado ilegal comandado por el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y así hacerlo partícipe del castigo que los irregulares merezcan por los delitos cometidos en contra de la población civil.
Araújo fue condenado el 18 de marzo pasado a nueve años de cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos paramilitares, la condena más alta que ha recibido un parapolítico hasta el momento. Una vez proferida la condena, la Sala Penal compulsó copias para que se le investigara por delitos de lesa humanidad.
El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, explicó cómo fue el procedimiento para abrir la investigación previa.
“Cuando salió la condena, se ordenó compulsar unas copias con éste propósito, porque allí se vislumbra unas posibles conductas por delitos de lesa humanidad que la Corte tendrá que investigarlas y es apenas el inicio de una investigación”, le dijo el presidente del máximo tribunal de la justicia penal ordinaria a La FM.
Según el fallo de la alta Corte, el ex congresista, hermano de la ex canciller Consuelo Araújo, tuvo vínculos con alias Jorge 40, lo que lo benefició electoralmente para llegar al Congreso en el período 2002 – 2006, con el aval del movimiento Alas.
Proceso penal
El expediente de Araújo había sido devuelto a la Corte a finales del año anterior, junto con otros procesos, como el de los ex congresistas Álvaro García, quien ya fue condenado, Mario Uribe y Luis Fernando Almario, entre otros.
La Sala de Casación Penal le abrió investigación preliminar Araujo Castro a finales del 2006, después que el ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, asegurara que el investigado había recibido financiación para sus campañas políticas de manos de integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En diciembre de 2006, la Sala Penal lo llamó a indagatoria para que respondiera ante los señalamientos de García; el 15 de febrero del 2007 ordenó su captura y la de otros cinco congresistas, por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
El senador Araújo renunció a su investidura de congresista el 27 de marzo de 2007 y su caso fue asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
La audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo en un Juzgado Especializado de Bogotá, y en octubre de 2009, cuando el juez del caso se aprestaba a dictar sentencia, el caso fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia.
Otra condena por crímenes de lesa humanidad
El 23 de febrero del presente año la Corte Suprema de Justicia le profirió la primera condena a un ex congresista por delitos de lesa humanidad. Dicha condena a 40 años de prisión, la más alta proferida contra algún congresista, le fue impuesta al ex senador García, por sus nexos con los paramilitares y como coautor de la masacre de Macayepo, perpetuada en el 2000 en la jurisdicción de Carmen de Bolívar y donde fueron asesinados 15 campesinos.
Nueva jurisprudencia
En septiembre del 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema sentó la jurisprudencia en la que los ex parlamentarios o congresistas que hayan sido vinculados con grupos de autodefensa podrían ser objeto de investigación y juzgamiento por crímenes de lesa humanidad que hayan cometido dichas organizaciones armadas ilegales.
Para esto, la Justicia debe probar que el acusado haya hecho parte de la organización de los paramilitares y una vez le sea imputado el delito de concierto para delinquir agravado, puede iniciarse una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el procesado en calidad de coautor.
El magistrado Jaime Arrubla explicó esta jurisprudencia así: “La jurisprudencia es dinámica, y ésta tiene que ir adaptándose a las nuevas circunstancias de globalización, de compromisos adquiridos por tratados internacionales. Obviamente en el derecho penal aparecen aspectos que son muy relevantes en este siglo XXI, como el de pensar en las víctimas, por eso hay algunos que han dicho que éste es el siglo de las víctimas, y obviamente los delitos de lesa humanidad tienen que ser mirados con otros lentes. No nos olvidemos que Colombia ha suscrito el tratado de Roma y la Corte Suprema de Justicia son un marco de referencia muy importantes en estos delitos para que no se vaya a tomar que nuestro país no investiga y no sanciona a estos tipos de victimarios”.
Arrubla resaltó que la Fiscalía también debe hacer lo propio para aplicar esta jurisprudencia: “Todos tenemos que cumplir el deber que nos corresponde, la Corte investiga a todos los funcionarios con fuero y obviamente los juzga, pero también la Constitución dice que algunos los investiga la Fiscalía y los juzga la Corte.
Entonces la Fiscalía debe cumplir su función así como la viene cumpliendo la Corte, y estamos seguros y tranquilos de que la Fiscalía también lo viene haciendo. Somos respetuosos de las competencias ajenas, y en estos casos hemos visto que la Fiscalía viene cumpliendo con su deber”.
UN GOLPE de Estado para derrocar al entonces presidente Ernesto Samper le habría propuesto en los años noventas a los paramilitares el candidato presidencial del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Juan Manuel Santos. Así lo denunció el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
“Juan Manuel Santos me propuso que diéramos una especie de golpe de Estado en contra del presidente de esa época, que era Samper. Que le consiguiéramos las pruebas del narcotráfico, a lo cual el comandante le dijo que sí teníamos las pruebas”, expuso Mancuso.
Esta denuncia, que ya había sido presentada por él mismo en el 2007, fue hecha desde Estados Unidos, vía teleconferencia, durante la audiencia de juzgamiento que le adelanta la Corte Suprema de Justicia al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, por el caso de las chuzadas.
El líder del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también confirmó que el vicepresidente Francisco Santos “nos propuso la conformación del Bloque Capital”.
Por otro lado, Mancuso dijo que el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, visitaba los campamentos de los grupos paramilitares para adoctrinar políticamente a sus combatientes, cuando se desempeñaba como asesor del Ministerio de Defensa.
Según el líder paramilitar, era él quien determinaba qué tipo de personalidades se debía perseguir por su presunta cercanía ideológica con los grupos guerrilleros.
De igual manera, también se refirió a unos supuestos asesinatos en los que estaría involucrado Noguera. Según la declaración, que se extendió por dos horas, dos paramilitares, alias Andrés y alias Pipe, se reunieron con el ex director del órgano de inteligencia para planear el asesinato de dos personas en Córdoba.
Mancuso agregó que un miembro de las AUC, identificado como alias Félix, le dijo que este grupo armado al margen de la ley recibía colaboración tanto de Noguera como de Narváez.
Como colaboradores de los paramilitares, el extraditado también señaló al general Iván Ramírez y a una fiscal de Cúcuta.
En cuanto al alto oficial del Ejército, hoy retirado, Mancuso señaló que él sabía que se impartían órdenes a los comandantes de brigada, para desarrollar operativos conjuntos entre el ejército y las autodefensas.
En la audiencia de juzgamiento a Noguera, la Sala de Casación Penal decidió compulsar copias a la Fiscalía para que indague los nombres que fueron señalados por el jefe paramilitar.
Mancuso no declaraba desde principios del 2009, cuando lo hizo en el juicio a la ex representante Karely Lara por parapolítica. Después se negó a seguir dando declaraciones, hasta que no se asegurara a su familia en Colombia, pues al parecer estaban siendo objeto de amenazas.
De otro lado, el jefe del Bloque Norte de las AUC, que fue extraditado a Estados Unidos hace dos años, no ha sido el único desmovilizado que ha dado nombres de colaboradores con los irregulares en esta semana. El lunes, el jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el Alemán, señaló a Aníbal Gaviria, fórmula vicepresidencial del liberal Rafael Pardo, de recibir apoyo de los paramilitares en su campaña para llegar a la gobernación de Antioquia.
Rendón también aseguró que el ex congresista Humberto de Jesús Builes recibió apoyo electoral de las autodefensas para llegar al Senado.
EN MEDIO de la reactivación del escándalo de las chuzadas, por cuenta de los nuevos indicios que tiene la Fiscalía, que señalarían la responsabilidad de altos funcionarios de la Casa de Nariño en ordenar interceptaciones ilegales a miembros de la oposición y magistrados, el Gobierno de Estados Unidos optó por suspender la colaboración que venía entregando a este organismo de seguridad. Así lo dio a conocer ayer el embajador de ese país, William Brownfield.
Al explicar que en adelante esa cooperación será encausada a través de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, el diplomático dijo que el Gobierno de Estados Unidos está muy preocupado por las escuchas ilegales atribuidas al DAS.
El 26 febrero del año pasado, pocos días después de que la revista Semana revelará que el DAS estaba chuzando sin orden judicial las comunicaciones de magistrados, periodistas y políticos de oposición, el presidente Uribe determinó que el DAS no realizaría más interceptaciones telefónicas y solamente lo haría excepcionalmente con la Policía.
También ayer se conoció que los hoy aspirantes presidenciales Germán Vargas, Gustavo Petro y Juan Manuel Santos fueron víctimas en 2006 de las interceptaciones ilegales que adelantó el DAS. Así lo reseña un documento conocido como Lemos y que está en poder del fiscal delegado ante la Corte Suprema, encargado de investigar el escándalo de las chuzadas, según Caracol Radio.
Rafael Pardo es otro de los actuales candidatos que fue víctima de las interceptaciones ilegales adelantadas por el G3, grupo de investigación especial creado en el DAS para hacer inteligencia a personas consideradas como amenaza para el Gobierno.
Uribe juró que no ordenó chuzadas
Ayer y ante una pregunta sobre las chuzadas en una entrevista que concedió a Radio Santa Fe, el presidente Uribe respondió –dijo que bajo la gravedad de juramento– que “este es un Gobierno que no apela a procedimientos turbios. Es un Gobierno que procede de frente. Eso de mandar hacer interceptaciones es ajeno a la manera de pensar y de obrar de este Gobierno”.
Más reacciones
Ante las nuevas revelaciones de la Fiscalía sobre escuchas a magistrados y la presunta infiltración de personas en el alto Tribunal, la Corte Suprema se declaró desde las 5 de la tarde de ayer en sesión permanente para analizar este tema.
Por su parte, Rafael Pardo pidió ayer al también candidato presidencial Juan Manuel Santos que “así como puso el pecho por sus logros, ponga la cara y responda por las chuzadas” del DAS.
Mientras que por medio de un comunicado, el director del DAS, Felipe Muñoz, aseguró que el Presidente no le dio instrucciones al organismo, diferentes a las de combatir a las organizaciones delincuenciales.
Una presunta banda dedicada al hurto de dinero mediante la transferencia no consentida de activos, fue desmantelada por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), como resultado de actividades investigativas y operativas adelantadas en esta capital.
El Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), obtuvieron el reporte que alertaba sobre una posible transferencia fraudulenta mediante cheques que varias personas pretenderían realizar en una entidad financiera del centro de la ciudad.
“Ante el reporte de inmediato un equipo de trabajo del ‘Grupo Contra Atracos’ e ‘Investigaciones Tecnológicas’ de la Sijín, tomó contacto con las directivas de la entidad crediticia, quienes informaron que -dentro de los protocolos de seguridad de las entidades bancarias en lo referente a la transferencia, consignación o retiros de grandes sumas de dinero-, el sistema arrojó el mensaje de alerta de una “Cuenta Con Restricción de Transacciones”, la cual se originó por el incremento intempestivo de dinero en una cuenta, que alertó sobre el posible fraude bancario que estaría en proceso”, dijo el oficial.
Los funcionarios de la Sijín conocieron que el dinero de la cuenta pretendía ser cobrado mediante cheques, por lo cual se procedió a verificar la procedencia del mismo y de la cuenta de destino; igualmente se solicitaron los extractos de los movimientos bancarios y se procedió a contactar al titular de la cuenta afectada con el fin de que se certificara si la transferencia realizada era legal y hecha por personal autorizado.
Las actividades investigativas adelantadas en tiempo record por las unidades judiciales, permitieron establecer que la transferencia de activos no era consentida, demostrando así que se estaba frente a un fraude bancario, por lo cual las cuatro personas que iban a cobrar los títulos valores fueron capturadas.
Dos de los detenidos fueron identificados como Elver Styd Garcia Perilla, alias ‘El Rolo’, de 36 años de edad, residente en la Urbanización La Quinta – Nuevo Escobal, quien sería el encargado de ubicar los contactos en las demás ciudades del país para seleccionar las víctimas y Debinson Miguel Mendoza Ángel, de 21 años de edad, alias ‘El Patinador’, residente en el barrio Nuevo Escobal, supuestamente encargado de endosar y cobrar el dinero en las entidades bancarias. Se conoció que este último trabaja como mensajero o patinador de varias casas de cambio de divisas de esta ciudad, lo cual le daba conocimiento sobre las entidades bancarias.
El tercero responde al nombre de Juan Gabriel Bautista, de 30 años de edad, alias ‘Mensajero’, residente en el barrio Aeropuerto y los acompañaba una mujer de 19 años.
A los capturados se les hallaron en su poder tres cheques con los cuales intentaban realizar el cobro por valor de $176.300.000; tres declaraciones de operaciones en efectivo una por cada cheque del mismo valor, una factura de venta y un contrato de prestaciones de servicios, entre otros documentos.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas los más de 170 millones de pesos, eran una parte de una transacción exitosa que la supuesta banda delincuencial habría hecho a favor de una de sus empresas ficticias por más de quinientos millones de pesos; así mismo, se estableció que en entidades bancarias de Bogotá y Cali otras personas intentaron cobrar cheques por el valor restante, pero al darse cuenta del bloqueo de las cuentas originado por la capturas en Cúcuta, emprendieron la huida de la entidades financieras.
Proceso investigativo:
Las unidades judiciales lograron establecer que el dinero que los detenidos pretendían cobrar era producto de una transacción no consentida de activos, transferidos desde las cuentas bancarias de una Caja de Compensación Familiar Campesina con sede en la ciudad de Bogotá, en donde, al parecer, una persona externa (pirata informático), logró acceder al servidor de seguridad y hacer las transferencias.
“Al constatar la información del acreedor de los cheques incautados, se estableció que estaban endosados a nombre de un ciudadano, pero al verificar la información del cupo numérico se encontró que este pertenece a otra persona, por lo cual el endoso se hizo con información fraudulenta. “A pesar de que los cheques erran originales, las cuentas pertenecían a una supuesta empresa ficticia”, añadió el Coronel Flórez Cárdenas.
Otro hallazgo realizado por parte del personal de la Sijín, señala que la persona encargada de llevar a cabo el procedimiento de las transferencias electrónicas sin autorización del funcionario competente de la corporación, realizó otros cinco intentos por cerca de dos mil millones de pesos.
Modus operandí de la banda:
El proceso investigativo realizado por la Sijín, señala que el dinero es transferido a cuentas bancarias previamente establecidas de forma irregular, simulando empresas legalmente constituidas, las cuales aportan contratos de prestación de servicios con la entidad a defraudar, estos contratos son diligenciados con datos de los funcionarios encargados falsificando sus firmas.
Para llevar a cabo este procedimiento, la supuesta banda a través de las cuentas creadas obtiene chequeras legales entregadas por el banco al momento de la apertura de la cuenta; los cheques son diligenciados con la cantidad previamente establecida y endosados por quien figura como representante legal de las cuentas, los cuales horas antes son enviados vía aeropuerto - aeropuerto a las personas ya contactadas, las cuales son las encargadas de realizar el cobro del dinero s en las ciudades donde funcionan las entidades financieras a donde fue transferido.
Finalmente, la persona encargada de recibir los cheques diligenciados y la copia de los supuestos contratos se dirige a la entidad bancaria en compañía de terceras personas que por su cotidianidad con las entidades bancarias, son los que finalmente realizaran el cobro de la transferencia financiera.
Los detenidos fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía por los presuntos delitos de Transferencia No Consentida de Activos y Delitos Informáticos y Semejantes y un juez con funciones de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los tres hombres.
LAS ÓRDENES de las chuzadas provenían del Gobierno, le dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Jaime Arrubla, al referirse a las nuevas pruebas reveladas por la Fiscalía este fin de semana, durante la audiencia de legalización de captura de los tres ex directivos del DAS comprometidos con las interceptaciones ilegales a magistrados.
“Las revelaciones que hace el fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia son aterradoras. Revelan que en ese proceso, que allí se ha adelantado por la Fiscalía, los mandos medios del DAS no estaban actuando autónomamente o por iniciativa propia. Señala” la investigación “que obedecían instrucciones de sus superiores, directora del DAS y otras personalidades del órgano de Inteligencia.
Pero a su vez, la cosa no se queda allí, porque revela además que hay pruebas de que las órdenes venían de instancias mayores, es decir del alto Gobierno”, dijo Arrubla.
El presidente del alto Tribunal también denunció que se han infiltrado las salas en las que los magistrados se reúnen a tomar decisiones judiciales y aseguró que esto obedece a un plan de intimidación.
“Se sabe que hubo infiltraciones a nuestra actividad cotidiana y judicial y a nuestras reuniones de salas. Quién sea, no sabemos, pueden ser personas o los mismos instrumentos de grabación, los de comunicación, de sonido o celulares, todo esto va ser objeto de investigación, y estaremos muy pendientes para tomar los correctivos y lograr que la justicia colombiana en su máxima cabeza no sea vulnerable a este tipo de intervenciones. Esto no es sino para intimidar a los magistrados, para amedrentarnos, y muy grave que se metan en nuestras salas, pero estaremos muy prestos a detectar donde está el problema”, expresó Arrubla.
“Es demasiado preocupante, añadió el magistrado, para una democracia, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan sido infiltrados por organismos de Inteligencia del Estado, en sus comunicaciones, su vida privada, su información fiscal, y no solamente los magistrados, sino también políticos de la oposición y periodistas. Esto es nada más ni nada menos que la revelación de un régimen del terror”, señaló.
Arrubla además le pidió a la Policía y a la Fiscalía investigar si actualmente los magistrados de la alta Corte siguen siendo interceptados.
“Nosotros confiamos en la Policía, que es la que guarda nuestra seguridad, y a ella le hemos pedido que nuevamente y de forma permanente esté estudiando que no seamos interferidos en nuestros medios de comunicación, y esperamos que la Fiscalía continúe con su labor investigativa y que llegue a la verdad, al fondo de quienes son los verdaderos responsables. Aquí la verdad se respeta no sólo para la tranquilidad de las víctimas, sino para la tranquilidad de la misma democracia, del mismo Gobierno y de todas las instituciones podamos saber qué fue lo que pasó, hasta donde llegó eso y sobre todo para que no vuelva a repetirse”, manifestó.
El magistrado aseguró que no había un expediente que ordenara las chuzadas, “por eso los que hicieron estas interceptaciones son unos delincuentes, porque cometieron delito”.
El fiscal delegado ante la Corte Suprema se refirió el fin de semana a una conversación que mantuvo al parecer uno de los ex funcionarios del DAS y en la que presuntamente se evidencia la participación de altos funcionarios del Gobierno en las llamadas chuzadas: “Ese trabajo se necesita urgentemente el lunes, pues el destinatario es la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien se lo entregaría al Presidente en un consejo de seguridad”.
Entre tanto, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, le salió el paso a la Fiscalía y dijo que los funcionarios del Gobierno no dieron instrucciones en el caso de las chuzadas.
“No hay ningún funcionario de la Casa de Nariño que haya dado ninguna instrucción que viole la ley, ni en este caso de las chuzadas, como se conoce popularmente ni en ninguno”, indicó Valencia.
Por otro lado, el vicepresidente Francisco Santos puso en tela de juicio las garantías que puede ofrecer la Fiscalía para investigar el caso de las chuzadas del DAS debido a la interinidad en el cargo de Guillermo Mendoza.
”La justicia es la que tiene que investigar. Lo que me parece importante es que la justicia igualmente dé todas las garantías y yo creo que un Fiscal interino genera muchas dudas”, señaló Santos.
El ex presidente César Gaviria también se refirió al tema de las interceptaciones ilegales y les propuso a los candidatos presidenciales asumir un compromiso para que esta clase de escándalos no se repitan.
”Es una monstruosidad que la inteligencia del Estado esté detrás no de los delincuentes sino de los magistrados”, le dijo el ex presidente.
”Yo lo que les pido a los candidatos es que eso no vuelva a ocurrir. Eso no ocurría en Colombia, ese es un lunar en la política de seguridad del Gobierno. Los responsables deben ser sancionados con drasticidad”, aseguró Gaviria.
Denunciarán a secretario de prensa de Presidencia
El presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrado César Julio Valencia, anunció que interpondrá una queja ante la Procuraduría contra el secretario de prensa de la Casa de Nariño, Cesar Mauricio Velásquez, por utilizar expresiones deshonrosas en su contra.
Según Valencia, en un comunicado Velásquez dice que él es un mentiroso, y
en el que simplemente se le recordaba a la opinión pública que el magistrado había sido denunciado por señalamientos aparentemente falsos según los cuales el presidente Uribe lo había llamado para pedirle explicaciones de una proceso que adelantaba la Corte.
“Sorprendido por el comunicado de la Casa de Nariño porque observo atónito que en vez de refutar como corresponden los graves cargos de la Fiscalía, ha decidido insultarme a través de ese comunicado, ha decidido utilizar elementos del Estado de manera indebida y por eso instauraré una acción judicial contra el subalterno de la Casa de Nariño, Cesar Mauricio Velázquez”, anotó el magistrado Valencia.
El comunicado al que hace referencia el magistrado dice: “Que el magistrado César Julio Valencia Copete, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, está denunciado por el Presidente de la República ante el Congreso por haber injuriado y calumniado al Primer Mandatario, al afirmar mentirosamente que éste lo llamó por teléfono para el tema de la detención de parlamentarios y del llamamiento a indagatoria del senador Mario Uribe”.
POR EL escándalo de las chuzadas, la Fiscalía capturó ayer a tres ex directivos y dos funcionarios activos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acusados por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad.
Los detenidos son la ex directora operativa del órgano de inteligencia Luz Marina Rodríguez, el ex director de inteligencia Fernando Tabares, el ex director de contrainteligencia Fernando Lagos, así como los funcionarios Bernardo Murillo y Germán Albeiro Ospina.
Hoy los aprehendidos tendrán que comparecer ante un juez de control de garantías y ahora la Fiscalía deberá decidir si los llama a juicio o no.
Tabares había declarado ante la Fiscalía que él y Lagos se reunieron en cuatro ocasiones con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y con el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, pero Moreno negó que los hubieran citado para darles instrucciones.
El jueves la fiscalía le imputó cargos al director de la Unidad de Información y Análisis de Información (Uiaf), Mario Aranguren, por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad, en el mismo proceso de las chuzadas.
Según la investigación, Aranguren habría entregado al DAS, en 2008, información financiera y de movimientos bancarios de varios magistrados para sumar a una investigación que buscaba establecer los vínculos de éstos con el empresario Asencio Reyes, quien supuestamente tenía vínculos con narcotraficantes.
El pasado martes, la Fiscalía capturó a Gian Carlo Auqué y Germán Villalba, ex director de inteligencia y ex subdirector de fuentes humanas del organismo, respectivamente.
Auqué y Villalba fueron sindicados por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilegal de equipos transmisores o receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Ayer también se conoció que el fiscal encargado Guillermo Mendoza le pidió ayuda al organismo de Inteligencia estadounidense FBI para investigar las amenazas e interceptaciones nuevas que han sufrido los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Según el director interino del ente acusador, esta ayuda es esencial porque los equipos usados en las interceptaciones que están en poder del DAS son de tecnología bien avanzada.
De esta manera, Mendoza anunció la apertura de investigación formal contra los responsables de estas interceptaciones ilegales a varios magistrados y que aún persisten.
El funcionario señaló que se indagará si las interceptaciones -que se están haciendo bajo la misma modalidad de las anteriores- han cambiado su “modus operandi”.
“Se ha hecho una reconstrucción de los hechos desde el punto de vista probatorio y no se parará hasta que se agoten todas las probabilidades y todas las hipótesis”, expresó Mendoza.
Se espera que la Fiscalía les defina la situación jurídica a María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate y Joaquín Polo, ex directores del DAS, en los próximos días.
De hecho, Hurtado reconoció que fue llamada a la Casa de Nariño para que le iniciara una investigación a Reyes con el objeto de establecer si la Corte Suprema de Justicia estaba infiltrada por el narcotráfico y la Fiscalía por el paramilitarismo. Hurtado aseguró que la citó el secretario Moreno.
De ser afectados con la formulación de cargos, los ex funcionarios serían procesados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad, entre otros.
También por las chuzadas del DAS, la Procuraduría adelanta investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios y ex funcionarios.
CON IMPUTACIÓN de cargos será afectado Mario Aranguren, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), en el marco de la investigación que la Fiscalía adelanta por las interceptaciones ilegales que desde el DAS se ejecutaron contra magistrados, políticos de la oposición y periodistas, entre otros.
La decisión de la Fiscalía también se hace extensiva a Luis Eduardo Daza, ex subdirector de la Unidad de Análisis y Operaciones Financieras de la Uiaf, y Marta Leal, ex subdirectora de Operaciones e Inteligencia del DAS.
Los tres funcionarios y ex funcionarios tendrán que asistir a una audiencia de imputación de cargos el próximo 26 de mayo por ser presuntamente responsables de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad.
En el caso de Aranguren y Daza se les procesará por haber entregado al DAS, en 2008, información financiera y de movimientos bancarios de varios magistrados para sumar a una investigación que buscaba establecer los vínculos de éstos con el empresario Asencio Reyes, quien supuestamente tenía vínculos con narcotraficantes.
La que entonces era directora del DAS, María del Pilar Hurtado, reconoció que fue llamada a la Casa de Nariño para que iniciara una investigación contra Reyes, con el objeto de establecer si la Corte Suprema de Justicia estaba infiltrada por el narcotráfico y la Fiscalía por el paramilitarismo. Hurtado aseguró que la citó el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
Nuevo impulso en investigaciones
En los últimos días, la Fiscalía le ha dado un nuevo aire a las investigaciones que desde hace cerca de un año adelanta por las chuzadas ilegales que fueron puestas al descubierto en febrero de 2009 por la revista Semana, que señaló que desde las salas de interceptación del DAS se monitorearon sin orden judicial las comunicaciones de magistrados, periodistas y políticos de oposición.
El pasado martes, la Fiscalía capturó a Gian Carlo Auqué de Silvestre y Germán Villalba Vargas, ex director de Inteligencia y ex subdirector de Fuentes Humanas del organismo, respectivamente.
Auqué y Villalba fueron sindicados por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilegal de equipos transmisores o receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
De acuerdo con lo establecido, entre las víctimas de esos procedimientos ilegales figuraron activistas de derechos humanos, periodistas y dirigentes políticos de oposición.
En 2003 y 2004, Auqué De Silvestri fue uno de los funcionarios más cercanos al entonces director del DAS, Jorge Noguera Cotes.
Igualmente, ayer se conoció que la Fiscalía está cerca de determinar si formula o no cargos en contra de los ex directores del DAS por las interceptaciones ilegales, María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate, Jorge Noguera y Joaquín Polo.
De ser afectados con la formulación de cargos, los ex funcionarios serían procesados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad, entre otros.
También por las chuzadas del DAS, la Procuraduría adelanta investigaciones disciplinarias contra varios funcionarios y ex funcionarios.
Precisamente, el pasado 22 de febrero el Ministerio Público ordenó archivar los procesos que adelantaba contra 15 personas, entre ellos Jorge Mario Eastman, asesor en Comunicaciones del Presidente y Joaquín Polo, director del DAS desde el 23 de octubre de 2008 hasta el 21 de enero de 2009.
POR PRESUNTO fraude procesal y falsedad en documento, la fiscal de la Unidad de Orden Económico, Claudia Erazo, imputará cargos contra el comité promotor del referendo reeleccionista. Según la investigación, dicho comité, que promovió la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe, violó los topes de financiación individual y global en la recolección de firmas, establecidos por la ley.
Para realizar la imputación de cargos, la Fiscalía citó a los nueve integrantes del comité promotor el próximo 21 de abril a una audiencia.
Según la ley, el tope de recursos, para financiar la iniciativa popular del referendo, es de 334 millones de pesos. Sin embargo, el ente acusador encontró que por medio de la organización Colombia Primero ingresaron al comité recursos superiores a los dos mil millones para impulsar la iniciativa popular.
La fiscal Erazo en el 2009 había solicitado la misma audiencia de imputación de cargos contra el comité, pero sorpresivamente el fiscal de entonces, Mario Iguarán Aldana, le trasladó el proceso al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, José Edgar Collazos, quien sólo interrogó a los integrantes de dicho comité en 10 meses que tuvo a su cargo el expediente.
Los integrantes del comité promotor son: Luis Guillermo Giraldo, Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel de Echeverri, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Dajer Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro Velásquez Cock, Hediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa.
A mediados de noviembre, la sala de conjueces del Consejo Nacional Electoral había formulado pliego de cargos contra los integrantes del comité. Según la CNE, se encontraron tres anomalías: la primera tiene que ver con el cheque girado de Colombia Primero por dos mil millones de pesos al comité. La segunda tiene que ver con la violación de topes de los aportantes individuales a la recolección de firmas, y la tercera, porque en los balances que se presentaron al Consejo Nacional Electoral se omitió información.
Por estos hechos, las multas que podrían pagar los miembros del comité promotor del referendo pueden oscilar desde 20 millones hasta los 200 millones de pesos.
Hace aproximadamente un mes, en el fallo que profirió la Corte Constitucional en contra del referendo reeleccionista, el alto Tribunal también constató las irregularidades en que incurrieron los integrantes del comité y que influyó en la sentencia de inexequibilidad de la norma.
“Una organización ajena a la iniciativa (Colombia Primero) adelantó gestiones propias de un comité de promotores desconociendo de manera flagrante” la Constitución. Estas transgresiones vulneraron los principios de transparencia y de pluralismo, “pues permitieron contar con recursos ilimitados para privilegiar la propuesta de reelección presidencial”, dice el fallo de la Corte.
Tanto la Corte Constitucional como el Consejo Nacional Electoral tuvieron en cuenta a la hora de fallar, la no certificación de la financiación de las firmas por parte de la Registraduría.
UN COMPLOT en contra de la Corte Suprema de Justicia fue orquestado desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el caso del desmovilizado José Orlando Moncada, alias Tazmania, denunció ayer desde Estados Unidos el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
