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AL CONSIDERAR como graves y lesivos los delitos que cometió el líder del comité promotor del referendo reeleccionista Luis Guillermo Giraldo, la Juez 29 penal con funciones de conocimiento no aceptó el preacuerdo al que llegó el imputado con la Fiscalía, y con el que se buscaba rebajar considerablemente la pena que le sería proferida en su contra.
Giraldo aceptó los cargos de fraude procesal y falsedad en documento, al haber engañado a la Registraduría, presentándole balances maquillados de los topes de financiamiento en la etapa de recolección de firmas del referendo reeleccionista, y así inducir al error también al Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de investigar si hubo irregularidades en este proceso.
Para la juez del caso, ni la Cámara de Representantes ni el CNE fueron tenidos en cuenta en el proceso como víctimas y sólo estuvo presente la defensa de la Registraduría.
Después de que Giraldo aceptara los cargos imputados, hizo un preacuerdo con la Fiscalía, donde el ente acusador pidió 54 meses de cárcel, cuatro años y diez meses, para el acusado.
La Fiscalía abrió investigación en contra del comité promotor después que la sala de conjueces del CNE decidiera declarar nula la recolección de firmas en el referendo, al comprobarse que los balances entregados a la Registraduría eran falsos, y formulara pliego de cargos en contra de los nueve integrantes de dicho comité.
Las irregularidades objeto de investigación fueron confirmadas en febrero por la Corte Constitucional cuando declaró inexequible el referendo reeleccionista. Sin embargo, el Juzgado 29 también se encuentra a la espera de que sea publicada la sentencia de inconstitucionalidad.
Según el alto Tribunal, el proyecto del referendo fue radicado en la Cámara de Representantes sólo con el certificado de la recolección de firmas proferido por la Registraduría, pero la normatividad sobre el trámite de referendos en el Congreso exige también el certificado de los topes de financiación, el cual no fue expedido.
La investigación señala que el comité promotor excedió los topes globales e individuales de financiación en la etapa de recolección de las firmas, y para maquillar este hecho los promotores alegaron que la fundación Colombia Primero, de la que hacía parte el ex senado Giraldo, le hizo un préstamo de varios cientos millones de pesos al comité.
Por ahora, queda pendiente la decisión que tome el CNE sobre la apelación que presentaron los integrantes del comité promotor contra el fallo de la sala de conjueces y que invalidó la recolección de firmas.
Según lo comprobaron los periodistas de EL NUEVO SIGLO, accediendo al Archivo Nacional de Seguridad, de Estados Unidos (The National Security Archive, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/), documentos sobre la desaparición de 10 civiles en 1985, durante la retoma militar del Palacio de Justicia, en Bogotá, fueron desclasificados y divulgados ayer.
Los documentos puestos en conocimiento de la opinión pública incluyen un telegrama sobre las acciones de los soldados bajo el mando del coronel Alfonso Plazas, que esta semana fue condenado a 30 años de prisión.
Según el Instituto, el telegrama de 1999 de la Embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató un número de miembros del M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
Bajo el título de Documentos desclasificados implican a coronel del Ejército en asesinatos de civiles y desapariciones, el Archivo Nacional de Seguridad, los informes de la embajada norteamericana en Bogotá, obtenidos en colaboración con la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, “arrojan luces sobre cómo el Gobierno colombiano y las Fuerzas Militares respondieron a la crisis, indicando un acuerdo generalizado de que la operación debía llevarse a cabo rápidamente y con toda la fuerza, si era necesario”.
El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin fines de lucro que funciona al amparo de la Universidad George Washington, y que se dedica a recoger, analizar y desclasificar documentos de diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información.
Critican a Uribe
La Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) deploró ayer que el Gobierno de Colombia haya expresado su “repudio y pena” por la condena a 30 años de cárcel a la que la justicia sentenció al coronel Plazas.
“La Fidh deplora que el Gobierno colombiano exprese repudio y pena porque se sancione un crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas”, indicó la entidad en un comunicado difundido en París.
Según la organización defensora de derechos humanos, ese “tipo de reacciones sólo puede contribuir a que en el marco del conflicto armado interno se promuevan graves violaciones de derechos humanos so pretexto de derrotar al terrorismo”.
Amnistía Internacional, por su parte, criticó la propuesta de crear una legislación especial para los miembros de las Fuerzas Armadas.
“Blindar las fuerzas de seguridad del procesamiento sería una mofa del Gobierno a los reclamos sobre la impunidad y el respeto que debe tener de sus obligaciones internacionales para llevar a todos los abusadores de los derechos humanos a la justicia”, dijo Marcelo Pollack, investigador de Colombia para Amnistía Internacional (AI).
Los efectivos de las Fuerzas Armadas son procesados actualmente por la Fiscalía General y la justicia ordinaria, y no por tribunales militares, como hasta hace algunos años.
“La crítica destemplada y muy pública del Gobierno y del alto mando militar a la decisión de condenar al ex coronel Plazas Vega es sólo el último de los muchos intentos de las autoridades para desacreditar al poder judicial y hacer descarrilar uno de los derechos humanos fundamentales”, agregó Pollack, quien recordó que numerosos mandos militares han sido investigados en los últimos años por las cortes civiles y destacó que “los escasos progresos que se han realizado hasta ahora corren el serio riesgo de ser socavados por el Gobierno”.
El investigador de AI advirtió de que “los repetidos ataques contra la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenazan la independencia judicial y el Estado de derecho”.
En consecuencia, tanto Aranguren como Luis Eduardo Daza, ex subdirector de Análisis y operaciones de la misma entidad, seguirán privados de la libertad dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de las chuzadas, los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
La medida les había sido impuesta a los ex funcionarios de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf), del Ministerio de Hacienda, el 31 de mayo pasado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad.
La juez señaló que no hubo ninguna irregularidad en la primera decisión, y ratificó que Aranguren y Daza, según dijo, sí representan un peligro para las víctimas, magistrados y dos congresistas, y para la sociedad; además señaló que no se concede el beneficio de detención domiciliaria porque la solicitud no se hizo en el debido momento.
La determinación se tomó ayer en los juzgados de Paloquemao, luego de que la juez 52 penal con control de garantías les dictara medida de aseguramiento. La defensa había apelado la medida.
La decisión de mantener la detención carcelaria se da en medio de los diferentes enfrentamientos que ha tenido esta semana el poder Ejecutivo con la Rama Judicial, quien realizó el miércoles una jornada de protesta por los continuos cuestionamientos del presidente Álvaro Uribe a las actuaciones de los jueces y en especial al de la juez 52 penal Jenny Jiménez, quien ordenó la detención de Aranguren.
El día en que la juez Jiménez tomó la medida de detención, destacó los testimonios de Jorge Lagos, ex jefe de contrainteligencia del DAS, y de Germán Ospina, ex jefe del Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional) y ahora testigo de la Fiscalía. Ospina afirmó que el Goni estaba bajo presión “porque Jorge Lagos y María del Pilar Hurtado pedían datos, porque desde la Presidencia exigían información sobre investigaciones a los magistrados”.
Durante la audiencia, la Procuraduría había pedido la libertad para Aranguren y Daza, en tanto que la Fiscalía había declarado que los argumentos del Ministerio Público y la defensa eran incongruentes.
“Miremos las listas de la pasada campaña al Congreso. Los mismos apellidos, en los mismos territorios y con las mismas prácticas corruptas”, señaló.
Rendón indicó que sectores políticos y económicos han buscado callar la supuesta verdad que quieren contar: “Los sectores políticos y económicos son los que nos dicen que callemos, que si mencionamos nombres desestabilizamos el país, que afectamos la economía, que perjudicamos las regiones, cuando realmente exponer esos nombres será lo único que nos permita romper con el ciclo de violencia y la inequidad”.
El jefe irregular desmovilizado denunció que los paramilitares le entregaron a mafias políticas y empresariales el territorio ganado a la guerrilla.
“La actual política ha beneficiado el surgimiento de una cultura mafiosa en beneficio de los empresarios”, manifestó. Según Rendón, los paramilitares “terminaron entregando el territorio que libraron de la subversión a mafias políticas y empresariales”.
Estas declaraciones las entregó Rendón en la audiencia de juzgamiento que le adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al ex senador Humberto de Jesús Builes dentro del proceso de la parapolítica.
Rendón manifestó que sí se reunió con el ex congresista antes de las elecciones legislativas de 2002. Según la investigación, el jefe paramilitar habría intervenido en la actividad política en Antioquia, en especial en la región del Urabá, en donde Builes era un reconocido ganadero y comerciante.
El ex senador Builes reemplazó al ex congresista Rubén Darío Quintero, también vinculado en el proceso de la parapolítica.
Así lo anunció el presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, quien además sostuvo que las amenazas contra los operadores judiciales se han incrementado.
“Los hostigamientos y agresiones de todo orden contra los servidores judiciales, no cesan. Por el contrario, se incrementan de manera considerable, registrándose por centenares las amenazas y en decenas los asesinatos en los últimos dos años”, aseguró el representante de los trabajadores y funcionarios judiciales.
Según el dirigente sindical, los señalamientos que ha hecho el presidente Uribe en contra de algunos jueces, los pone en una situación de peligro.
“Aquí ya se le puso una especie de lápida a algunos jueces que vienen adelantando procesos de mucha significación nacional, de gran trascendencia y que ya empiezan a ser amenazados, como el caso de la juez 52, como resultado de esas declaraciones desmedidas”, manifestó Hernández.
El presidente de Asonal además denunció que la juez 52, que envió al ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, a la cárcel, actualmente es objeto de amenazas. “Ella ha sido objeto de amenazas vía telefónica y esto con toda seguridad es consecuencia de las graves afirmaciones que ha hecho el señor Presidente de la República”, señaló.
El Gobierno siguió cuestionando a esta juez. Ayer el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, le envió una carta a la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Julia Emma Garzón, en la que expone que pese a que la Fiscalía apeló la decisión de la juez, de dejar en libertad a once narcotraficantes el año pasado, esta apelación no ha sido decidida.
LAS EXTRADICIONES de 18 jefes paramilitares por cargos de narcotráfico a Estados Unidos “han impedido” que dieran testimonio sobre los delitos de lesa humanidad que ejecutaron “y sobre sus relaciones con políticos colombianos, principalmente congresistas y funcionarios”. Así lo consideró la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, en un informe que presentó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
“Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes”, sostuvo la relatora Knaul, recalcando que no se ha producido todavía “ninguna sentencia firme” contra los miles de paramilitares desmovilizados por la Ley de Justicia a Paz.
El informe es el resultado de su visita de dos semanas al país en diciembre del año anterior, con el objetivo de evaluar la independencia del sistema judicial. En ese propósito se reunió con el presidente Uribe, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, personeros, víctimas y abogados.
Precisamente a inicios de mayo anterior la Corte Suprema de Justicia negó la extradición a Estados Unidos por narcotráfico del jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el Alemán, fundamentada en que antes de atender los requerimientos judiciales en otros países, esta persona debe responder a las víctimas y la justicia colombiana por sus delitos, en el marco de los compromisos que adquirió al desmovilizarse acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz.
Ya en marzo anterior el alto Tribunal había negado por las mismas razones la extradición a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, del jefe paramilitar Daniel Rendón, alias don Mario, hermano del Alemán.
Aunque el Gobierno nacional apoyó la decisión de la Corte en el caso de don Mario, no lo hizo en cuanto a la decisión del Alemán, al defender el acuerdo de extradición con Estados Unidos. En ese sentido el presidente Uribe dijo que “hay unos criminales que no habría habido manera de manejarlos en Colombia”, refiriéndose a la extradición que autorizó de los 18 jefes paras.
Otros aspectos del informe
El informe de la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados también hace referencia a los vínculos de la clase política con grupos armados ilegales, que en el país se le ha dado el nombre de parapolítica.
“Durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso”, señaló la relatora.
Knaul consignó en el documento que la judicialización de estos vínculos ha llevado al procesamiento de 93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, enumerando además que se han incoado sumarios contra 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 concejales.
Precisó que ese era el resultado de los casos investigados sobre “la llamada parapolítica, relativos a posibles conexiones de jefes de organizaciones paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno”.
Sector justicia
El sábado anterior EL NUEVO SIGLO anticipó que la relatora haría hincapié en su informe sobre las múltiples deficiencias que afectan la independencia de de la justicia colombiana.
En ese sentido el documento que presentó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace referencia a las interceptaciones y seguimiento ilegales que desde el DAS se hicieron a magistrados, políticos de oposición, periodistas y algunos funcionarios del Gobierno. “Agentes del DAS habían incluso desarrollado actividades intimidatorias de seguimiento y persecución contra magistrados, jueces y fiscales, lo que se configura como un ataque a la Rama Judicial y también de abogados y defensores de derechos humanos”.
Indicó asimismo que “las interferencias políticas en el nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la Nación constituye uno de los mayores desafíos para la garantía de la independencia de la Judicatura”.
Pidió respeto por los jueces
La visita de la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados se dio en diciembre pasado en medio del pulso que han sostenido desde hace tiempo el Presidente de la República con las altas Cortes, y la interinidad en el cargo de Fiscal General.
Al presentar una breve síntesis de su trabajo antes de partir de Colombia, la funcionaria se abstuvo de referirse a los choques entre los poderes Ejecutivo y Judicial, sin embargo sí dijo que “observo con preocupación algunas declaraciones formuladas recientemente ante medios de comunicación por representantes de otros poderes del Estado e invoco a que se respete el hecho que estas personas han dedicado su vida al servicio de la justicia”.
20 días antes de la visita de la relatora a Colombia, el presidente Uribe calificó de mentiroso al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, después de que el Magistrado públicamente contradijo la versión del Mandatario en el sentido de las reuniones que sostuvieron los jueces con el Jefe de Estado para hablar sobre la terna para Fiscal.
La defensa de los ex funcionarios alegó que en la audiencia de imputación de cargos contra sus defendidos, les formularon unos cargos diferentes de los que ahora los acusa la Fiscalía, razón por la que se debía anular el proceso.
Los imputados son: el ex director de Inteligencia Fernando Tabares, el ex director de Contrainteligencia Jorge Alberto Lagos, Bernardo Murillo, Gustavo Sierra y Luz Marina Rodríguez.
El abogado defensor de Bernardo Murillo, Juan Pablo Pachón, aseguró que se había violado el derecho al debido proceso y el derecho de defensa.
Según Pachón, en la audiencia de imputación, el fiscal Octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, formuló unos cargos y en el escrito de acusación presentó otros contra su cliente.
"En la audiencia de imputación, el fiscal dijo que uno de los cargos era el de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Fue uno de los cargos que formuló el fiscal. Revisando el escrito de acusación no aparece. Nos da la impresión de que se cambió la calificación. En el escrito de acusación aparece abuso de la función pública y eso viola el derecho de defensa", explicó el abogado de Murillo.
"Sorpresivamente, en el escrito de acusación, el fiscal (Misael Rodríguez) termina incluyendo un nuevo cargo, violación ilícita de comunicaciones agravada, que no apareció en la audiencia de imputación", agregó la defensa de Bernardo Murillo.
Los abogados de los demás acusados exigieron la libertad de sus clientes.
Los ex funcionarios fueron acusados como presuntos responsables de los cargos de concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de autoridad.
Según la investigación, los ex directivos del DAS interceptaron ilegalmente comunicaciones de magistrados, con el fin de establecer si había algún vínculo entre ellos y el narcotráfico, especialmente de un viaje que realizaron a Neiva en 2006, donde se le realizó un homenaje al presidente en ese entonces de la Corte Suprema, el magistrado Yesid Ramírez Bastidas realizado por un supuesto narco.
El lunes, el juez 52 penal de Bogotá profirió una medida de aseguramiento en contra del ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren, investigado por entregar información financiera al DAS de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
AL CONSIDERAR como graves y lesivos los delitos que cometió el líder del comité promotor del referendo reeleccionista Luis Guillermo Giraldo, la Juez 29 penal con funciones de conocimiento no aceptó el preacuerdo al que llegó el imputado con la Fiscalía, y con el que se buscaba rebajar considerablemente la pena que le sería proferida en su contra.
