martes, 30 de diciembre de 2008

Desmantelada presunta banda de atracadores e incautadas armas de fuego


Como resultado de un operativo de control adelantado por la Policía Metropolitana de Cúcuta –MECUC-, en el marco del ‘Plan Integral de Seguridad y Movilidad Navidad 2008 y Año Nuevo 2009’, fue desmantelada una presunta banda de atracadores y se incautaron armas de fuego.

El procedimiento fue adelantado por personal del Grupo Unificado para la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en la vía que de Cúcuta conduce al Municipio de El Zulia, luego de que mediante labores de inteligencia y manejo de fuentes humanas, se obtuviera información que alertara sobre la existencia de una supuesta banda delincuencial que cometería un hecho delictivo en la jurisdicción de ese municipio.

Basados en estas informaciones, se desplegaron acciones de control a lo largo del eje vial, logrando interceptar un vehículo en el que se movilizaban dos hombres que coincidían con las características señaladas.

En el procedimiento policial, fueron incautados dos celulares, dos revólveres, una pistola tres proveedores y munición para estas armas, con las cuales presuntamente llevarían a cabo la conducta punible. Así mismo, se inmovilizó el vehículo en que se transportaban.

Los capturados son dos hombres de 30 y 34 años, natural de Cúcuta y Sardinata, y residentes en el bario María Paz de la ciudad de Cúcuta, los cuales fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, junto con los elementos incautados y el automotor inmovilizado.


Ocupan bienes por $130 mil millones a DMG


656 propiedades de la comercializadora DMG, avaluados en más de 130 mil millones de pesos, que serán entregados a la gerente interventora que adelanta la devolución de dinero a miles de damnificados de esa firma, fueron ocupados ayer por la Fiscalía General de la Nación.

El titular del organismo investigador, Mario Iguarán, explicó que entre los bienes ocupados está la sede de DMG, ubicada en la Autopista Norte de Bogotá, y el lote donde estaba ubicada la feria, avaluado en más de 80 mil millones de pesos.

El operativo fue realizado en Bogotá, Amagá, Antioquia, donde fueron ocupados 116 bienes, en Santa Marta, El Espinal, Fusagasugá, Girardot, Ibagué y Zipaquirá.

De igual forma fueron incautados varios bienes en Chía, Villa De Leyva, Manizales y Cali.

Según el fiscal Mario Iguarán, los bienes ocupados habían sido comprados por DMG a través de Daniel Ángel Rueda y Margarita Pabón con dinero en efectivo, pero aparecían a nombre de sus antiguos dueños por petición de los socios de la controvertida firma.

“En Bogotá son (más de) 110 bienes (incautados), entre ellos el lote que queda al pie de Megaeventos, un lote que puede estar por encima de los 80.000 millones”, insistió el fiscal Iguarán.

En dicho lote, donde David Murcia Guzmán construyó el más grande edifico de su emporio, fueron ocupados un total de 54 locales comerciales. Las autoridades aclararon que la mercancía que se encontraba allí será devuelta a los proveedores de la comercializadora.

El funcionario resaltó, así mismo, que “todos estos bienes se los traspasamos inmediatamente a la señora interventora (de DMG) para que adelante el proceso de devolución de bienes, (para) reparar a las víctimas de esta defraudación”.

De acuerdo con las autoridades, hasta antes de estas ocupaciones de bienes, sólo habían sido recuperados unos 50 mil millones de pesos de los más de 3 mil millones que se cree logró captar la comercializadora de David Murcia Guzmán, hoy preso en la cárcel La Picota.

El pasado 12 de diciembre, la Policía halló escondidos en cajas de cartón, en un apartamento, decenas de fajos de billetes marcados con sellos de una transportadora que estaba al servicio de la empresa captadora de dinero. En total se encontraron 6.700 millones de pesos.

Junto a Murcia han sido capturadas otras tres personas consideradas sus manos derechas, entre ellas David Ángel y la abogada Margarita Pabón y se encuentra pendientes de hacer efectivas las órdenes de detención en contra de María Amparo Guzmán y Joanne Ivette León Suárez, y de su cuñado.

Así mismo, ayer el fiscal Iguarán aseguró que hasta el momento las informaciones entregadas por Ángel y Pabón no son las suficientes como para que puedan hacerse acreedores al principio de Oportunidad.


lunes, 29 de diciembre de 2008

Procuraduría acelera en procesos de parapolítica


En diciembre el órgano de control elevó pliego de cargos contra cuatro ex parlamentarios y le pidió a la Fiscalía la preclusión de un proceso.

EN EL mes de diciembre, la Procuraduría General de la Nación apretó el acelerador en el proceso de la parapolítica, elevando pliego de cargos contra cuatro ex congresistas y solicitando preclusión en otro. Entre estos casos, el órgano de control impuso la más alta sanción de inhabilidad a dos ex congresistas por nexos con los paramilitares.

Muriel Benitorevollo y Sucre

La Procuraduría anunció ayer que elevó pliego de cargos contra la ex representante, Muriel Benitorevollo y siete políticos y funcionarios de Sucre por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión asumida por el Ministerio Público cobija además a Nelson Stamp Berrío, ex diputado de la asamblea; Marlon Ricardo Donado, concejal de San Onofre; los ex alcaldes de este mismo municipio, Sabas Balseiro y Jorge Blanco Fuentes y otros tres funcionarios.

De acuerdo con las pruebas testimoniales, el acceso al Congreso por parte de Benitorevollo, al parecer fue consecuencia directa de las presiones de los grupos paramilitares, en especial de Rodrigo Mercado Peludo alias Cadena que tenían influencia en el departamento, quienes habrían ejercido fuertes amenazas en contra de la ciudadanía para así asegurar la victoria de quien ellos respaldaban.

Saade y Gamarra

El cuatro de diciembre la Procuraduría destituyó e impuso la más alta sanción de inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos, 20 años, a los ex congresistas Salomón Saade y José Gamarra, por su vinculación con estos grupos armados.

La Procuraduría encontró pruebas concretas que responsabilizaron a los ex congresistas por la promoción y auspicio del grupo paramilitar bloque norte, que les facilitó el camino para que lograran curul en el Congreso de la República en las elecciones 2002 – 2006.

Wiliam Montes

Por promover y auspiciar grupos de autodefensa, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra el ex senador William Alfonso Montes Medina el pasado 26 de diciembre.
El Ministerio Público encontró que Montes al haber firmado el acuerdo de Ralito demuestra que pudo tener vínculos con los paramilitares previos a su elección, por ser un documento que da cuenta de una reunión efectuada entre ex jefes de las Auc, con varios parlamentarios y servidores públicos, para ‘refundar la patria’.
Consideró igualmente, que al firmar el acuerdo en su condición de Senador confirma que pese a ser servidor público de alto nivel, al parecer estaba a órdenes de los intereses paraestatales, asistiendo como los demás firmantes en forma voluntaria, de acuerdo con las versiones del ex jefe paramilitar Edgard Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’.

Recordó que en su testimonio, el desmovilizado Alexi Mancilla García, aseguró “yo mencioné al Señor William Montes como uno de los que le dimos apoyo político en su campaña al Senado”, mientras que Salvatore Mancuso anotó, “no hay persona que en zona del estado de autodefensas o en zona del estado de guerrilla donde ejercimos un control territorial, político, social y económico pleno no hubiese tenido que ejercer su actividad dentro de esas regiones donde nosotros sustituimos a otros poderes regionales que no hubiese tenido que interactuar con nosotros”.

Miguel Pinero Vidal

Por falta de pruebas contundentes la Procuraduría General de la Nación presentó apelación contra la decisión de la Fiscalía en la que se decidió acusar al ex senador Miguel Pinedo Vidal por el delito de concierto para delinquir agravado.
Como se recordará a Pinedo Vidal inicialmente se le habían imputado dos delitos: concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante por el supuesto apoyo electoral que habría recibido por parte del Frente Resistencia Tayrona.


sábado, 27 de diciembre de 2008

Desmantelada presunta banda de atracadores, conocida como ‘LA BANDA DE WILMER Y JHONATAN’


Después de una larga terea de investigación y seguimiento, realizado por las unidades de la Seccional de Inteligencia de la Policía Nacional del Municipio de Pamplona, se logro la captura de WILMER ORLANDO FERRER RIAÑO, de 23 años de edad, en cumplimiento a Orden Judicial Nª 0337439, noticia criminal Nª 545186106094200880094, por el delito de Hurto calificado y agravado emanado por el Juzgado Segundo Penal del Municipio de Pamplona y quien al parecer forma parte de una banda delincuencial conocida como “LA BANDA DE WILMER Y JHONATAN” que tenia azotados varios sectores de esta Localidad.

A esta banda se le atribuyen varios atracos a taxistas y establecimientos comerciales, entre ellos varias droguerías que prestan su servicio sobre el perímetro urbano de esta ciudad; gracias a las labores realizadas por el personal adscrito a la SIJIN PAMPLONA se logro la identificación y la individualización de los miembros de este grupo, por lo que se solicitaron las correspondientes órdenes de captura a un juez de control de garantías.

El pasado 14 de Agosto de este año se había logrado la captura de JHONATAN STICK MORA SANTAFE, quien al parecer era la otra cabeza de esta banda delincuencial, en momentos en los que cometía un ilícito, encontrándose en su poder un arma de fuego de fabricación artesanal. Este individuo aun se encuentra recluido en la cárcel de esta localidad.

Es de anotar que no era la primera vez que se capturaban estos individuos, ya que los Señores FERRER RIAÑO Y MORA SANTAFE, habían sido capturados el día 30 de mayo de 2008, mediante orden judicial Nª 0337417 y 0337416 respectivamente, pero por un error de procedimiento por parte de la Fiscalía en la audiencia de control de legalidad, los dos sujetos habían quedado en libertad; A raiz de esto las labores de la Policia judicial se intencificaron llevando durante meses a una tarea de investigacion que daria como resultado la desmantelacion completa de esta banda delincuencial.

El Departamento de Policia Norte de Santander espera, no solo seguir brindando resultados operativos tan importantes como estos, sino tambien mantener en los ciudadanos esa percepcion de seguridad que permita vivir estas fiestas en plena paz y armonia.


A juicio el general Rito Alejo Del Río por homicidio de un líder social


La Fiscalía general de la Nación llamó a juicio al general en retiro Rito Alejo Del Río, por su presunta participación en el asesinato de un líder social, en conjunto con grupos paramilitares.

La determinación fue tomada por un fiscal de Derechos Humanos, luego de encontrar evidencias que comprometen al ex comandante de la Décima Séptima Brigada del Ejército con el homicidio de Marino López Mena, cometido en 1997 en Ríosucio, Chocó.

El general Rito Alejo Del Río tendrá que responder ante los jueces, por el delito de homicidio agravado en calidad de autor mediato en estructuras organizadas de poder.

Según las investigaciones, hay evidencias que comprometen a Del Río en haber participado con el bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas, en la planificación de varias operaciones conjuntas en la zona del Urabá.

El caso concreto tiene relación con las investigaciones por el crimen del campesino Marino López Mena, cometido el 27 de febrero de 1997 en el poblado Bijao en jurisdicción del municipio de Riosucio, donde incursionaron miembros de los grupos paramilitares.

Para la época de los hechos, Del Río Rojas era comandante de la XVII Brigada del Ejército con sede en Carepa, Antioquia. Su captura por este proceso la efectuó el CTI el 4 de septiembre de 2008 en Bogotá.

Una vez quede en firme la resolución de acusación el expediente será remitido al Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio.


A través de bancos se devolverán dineros de DMG


LA DEVOLUCIÓN de los dineros de los ahorradores de la comercializadora DMG, serán devueltos a través de la red bancaria del país.

Así lo informó la agente interventora, María Mercedes Perry, quien previamente había dicho que hacia le mes de febrero los usuarios empezarían a recibir, en algunos casos sus ahorra completos y en otros, una parte, dependiendo de los recursos que se logren recuperar.

Así mismo, confirmó que se viene trabajando “intensamente” para la entrega de mercancías a los proveedores de esta firma.

Dijo que este proceso de ha cumplido entre un 30 a un 35 por ciento de acuerdo con lo planeado por el Gobierno Nacional.

Explicó que la entrega de las mercancías se viene dando de domingo a domingo para concluir este proceso en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta la revisión de todas las solicitudes que fueron presentadas.

Aseguró que hasta el momento se tienen recaudados 50 mil millones de pesos incluyendo los recursos que posee la Fiscalía General de la Nación.

La agente liquidadora agregó que los recursos provenientes de Transval también serán incluidos en todo este proceso de liquidación de DMG.

Los recursos que se recuperen serán distribuidos por partes iguales entre las personas que formularon oportunamente la reclamación y que la misma haya sido aceptada por la agente interventora.

En la medida en que se recuperen más dineros o se vendan los bienes decomisados a las empresas de David Murcia Guzmán, se irá repitiendo el proceso.

Las autoridades estimaban entre 300 a 320 mil, el número de colombianos afiliados a DMG, indicó Perry quien advirtió que vencido el plazo fijado, las personas que no se presentaron ya no tienen ninguna opción para hacer valer los derechos que podrían tener.

De otra parte, ayer se conoció que el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, nombró nuevos abogados y cambió su estrategia de defensa. El nuevo grupo de juristas está encabezado por el penalista Dagoberto Charry, quien le solicitará al juzgado que procesa a su defendido que suspenda las audiencias programadas para el lunes 29 y martes 30 de diciembre de 2008.

Los nuevos defensores de Murcia Guzmán además retirarán la solicitud de casa por cárcel, presentada por su anterior abogado.


Se retractó testigo clave contra Salvador Arana


El ex gobernador es procesado por homicidio, desaparición y concierto para delinquir agravado por presuntos vínculos con los paramilitares de Sucre.

POR SUPUESTAS presiones de la oposición, Saide Enrique Ríos, quien es el testigo clave en el proceso contra el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, se retractó de las acusaciones en la audiencia pública de juzgamiento en Bogotá que se adelanta por parapolítica. Ya el mismo testigo había cambiado tres veces su versión.

“Yo tenía que hablar y decir las cosas, que tenía que inculpar bastante al señor Arana, a Anaya y a mucha gente más que están en el proceso”, dijo Ríos, desmovilizado del paramilitarismo.

El testigo aseguró que dos asesores del senador Gustavo Petro y un abogado que le envió él, le dijo “acá estoy, lo vamos a ayudar. Pero usted tiene que decir que sí fue paramilitar y que se metió con los parapolíticos”.

A su turno, el Senador del Polo Democrático expidió un comunicado en el que negó las acusaciones.

“La idea de tratar de hacer declarar a diversos testigos, de que sus primeras declaraciones fueron montadas por mí es una idea que nació en el Palacio de Nariño”, aseguró el Congresista.

El 29 de mayo de este año fue capturado Salvador Arana, quien también fue embajador de Colombia en Chile, en Santa Marta, en un lujoso apartamento donde había acondicionado una caleta para evadir a las autoridades. El ex gobernador está sindicado por parapolítica y homicidio.

A Arana se le investiga por presunta responsabilidad en la muerte del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz. Aparte de ello, está sindicado por el delito de conformación de grupos paramilitares y concierto para delinquir agravado, entre otros.

Arana fue una de las primeras personas en ser investigadas por el escándalo de la parapolítica y estuvo prófugo de la justicia por varios meses.

El delator de Arana es Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirri', un ex paramilitar de Sucre asilado en Canadá y quien ha vinculado a más personas al escándalo de la parapolítica.

En marzo de 2003, en un consejo comunitario realizado por el presidente Álvaro Uribe en Corozal, Sucre, Eudaldo Díaz puso de manifiesto las amenazas que en su contra existían.

El alcalde de El Roble pertenecía al Polo Democrático y era uno de los pocos políticos sucreños que hasta ese momento seguían con vida, a pesar de oponerse a ser manejado por los paramilitares.

Poco después, el 5 de abril de ese año, desapareció.

Sin embargo, el 23 de diciembre pasado, fue asesinado Munir Cadavid, testigo clave de la muerte del alcalde.

La Fiscalía acusó a Arana de ser el determinador del crimen. “Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo diera muerte al Alcalde”, dice un reporte del ente investigador. Los mismos testigos vieron en varias oportunidades a Arana reunido con el citado jefe paramilitar, conocido en Sucre como ‘Cadena’.

La orden de captura contra Arana fue proferida casi al mismo tiempo cuando la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía copias de otro expediente que señala a Arana como creador de grupos paramilitares en Sucre y de desviar fondos de la Gobernación para los mismos.

Las denuncias por parapolítica fueron hechas por Jairo Castillo Peralta, quien fuera chofer de Arana, en cuya condición presenció reuniones entre los políticos y los paramilitares, donde se planearon decenas de crímenes, entre los cuales se encuentra el de la fiscal Yolanda Paternina, quien intentó revelar toda la estructura mafiosa y criminal de Sucre.

Sin embargo, las pruebas que entregó el testigo fueron descalificadas hace tres años por el fiscal Luis Camilo Osorio, quien de su puño y letra firmó el auto inhibitorio para investigar a Arana.

El argumento de Osorio fue que la denuncia no tenía peso dada la personalidad del testigo, pues "las referencias que se tienen en la actuación acerca de la personalidad de Jairo Antonio Castillo Peralta, desdicen de su idoneidad moral como testigo y plantean serias dudas acerca de la veracidad de sus afirmaciones". En un segundo capítulo, Osorio dice que sospecha de la sinceridad del denunciante, ya que "en el departamento de Sucre existe un duro enfrentamiento entre dos grupos políticos: el que lidera Julio César Guerra Tulena, del cual forma parte el candidato derrotado a la Gobernación de ese departamento Fernando Vargas Hernández, y el grupo que orienta el también senador Álvaro García Romero, al cual pertenece el actual gobernador Salvador Arana". Más adelante, el Fiscal General concluye que como un hermano de Castillo tiene vínculos con los enemigos políticos de Arana, eso explica sus motivos para denunciarlo.


jueves, 25 de diciembre de 2008

Erradicadas cerca de cuatro mil hectáreas de cultivos ilícitos e incautadas más de 17 toneladas de narcóticos



Con el propósito de golpear las estructuras de la redes del narcotráfico que delinquen en este departamento, durante el presente año la Policía Nacional, desplegó diferentes acciones investigativas y operativas que permitieron erradicar 3.883 hectáreas de mata de coca, incautar cerca de dieciocho toneladas de narcóticos, desmantelar varias bandas dedicadas al micro tráfico de alcaloides y capturar a más de quinientas personas por este delito.

ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS

En el marco de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional, la Policía Nacional desarrolló en varias regiones de Norte de Santander, principalmente en la zona de El Catatumbo, la erradicación de cultivos ilícitos por vía aérea y manual, apoyados en esta última, por integrantes de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), logrando acabar con 3.883 hectáreas de mata de coca.

Las acciones por vía aérea se desarrollaron en el primer semestre en los municipios de Tibú, El Tarra, San Calixto, Teorama y Sardinata, donde se fumigaron 2.864 hectáreas. Entre tanto, la erradicación manual se llevó a cabo en el segundo semestre en los municipios de Tibú, El Tarra, Cáchira y La Esperanza, sectores donde se destruyeron un total de 1.019 hectáreas de la planta ilícita.

INCAUTACIÓN DE NARCÓTICOS E INSUMOS QUÍMICOS

Las acciones orientadas a contrarrestar la fabricación, transporte, comercialización y distribución de narcóticos, han permitido incautar hasta la fecha diecisiete toneladas 785 kilogramos de alcaloides. Esta cantidad corresponde a 12.937 kilogramos de marihuana, 4.192 de clorhidrato de cocaína, 558 de base de coca, 78.6 de heroína y 19.4 de bazuco.

Dentro de los casos más importantes, se encuentran los decomisos de 12.692 kilogramos de marihuana, realizados en cuatro operativos en el Área Metropolitana de Cúcuta en los meses de enero, marzo, junio y agosto.

Las caletas más utilizadas por los narcotraficantes para transportar grandes cantidades de alcaloides, fueron vehículos con cargamentos de carbón mineral, abono orgánico y azúcar; otras formas de camuflarlos, fue utilizando las estructuras de motocicletas y vehículos, sus llantas y otros elementos como pimpinas, equipajes, queso, verduras, cavas y correos humanos, entre otras.

Las incautaciones de insumos químicos utilizados en el procesamiento de sustancias estupefacientes, están representadas en catorce toneladas 765 kilogramos de precursores sólidos y 75.462 galones de precursores líquidos.

LABORATORIOS DESTRUIDOS

Los operativos de interdicción y patrullajes de vigilancia, orientados a ubicar y desmantelar laboratorios para el procesamiento de base de coca, clorhidrato de cocaína y heroína, permitieron la destrucción de cerca de cincuenta complejos cocaineros, ubicados en distintas jurisdicciones del territorio departamental, principalmente en los municipios fronterizos con Venezuela y la región de El Catatumbo.

REDES DESARTICULADAS Y CAPTURAS

Los diversos procedimientos permitieron capturar a 547 personas, algunas por órdenes judiciales y otras en flagrancia.

Los casos más importantes, tuvieron que ver con la captura en Cúcuta de Jaime Rogelio López Giraldo, alias “Rogelio”, quien supuestamente era el mayor distribuidor de heroína de la capital nortesantandereana y la zona fronteriza. De igual forma, se destaca la captura simultánea de doce personas en la ciudad de Cúcuta, las cuales, al parecer se dedicaban al micro tráfico de sustancias estupefacientes.


martes, 23 de diciembre de 2008

Incautados 53 animales que eran transportados en un bus


Como resultado de los operativos de control adelantados por la Policía Metropolitana de Cúcuta –MECUC-, para contrarrestar el tráfico de fauna silvestre, fueron incautados 53 animales, los cuales eran transportados en el baúl de un bus de servicio público.

La acción policial fue adelantada por personal de la ‘Unidad de Intervención y Reacción Inmediata (UNIR) de Policía de Carreteras (POLCA), en el Peaje Los Acacios, jurisdicción del Municipio de Los Patios, sobre la vía que comunica de la ciudad de Pamplona con la capital nortesantandereana, donde fue registrado un bus de servicio público de pasajeros.

Cuando los uniformados verificaron el baúl de equipajes, fueron halladas nueve cajas de cartón en medio de diferentes elementos, dentro de las cuales se encontraban gran cantidad de aves y reptiles de diferentes especies, que eran transportados en completo hacinamiento.

Durante el procedimiento encaminado a controlar la comercialización de fauna silvestre en vía de extinción y conservación de los recursos naturales, se incautaron cincuenta y tres palomas, cuatro tortugas, cuatro pavos reales y ocho gallinetas.

La Policía Metropolitana de Cúcuta, hace un llamado a la comunidad para que se abstengan de comercializar cualquier tipo de fauna y flora, especialmente aquella en vía de extinción, pues de la misma ciudadanía depende el equilibrio de los recursos naturales y el bienestar del ser humano.

Los animales incautados, fueron dejados a disposición de Corponor.


Incautados 100 kilos de fuegos pirotécnicos


Dando continuidad a los controles realizados por la ‘Policía Metropolitana de Cúcuta’ –MECUC-, para contrarrestar el transporte de pólvora, fueron incautados cien kilogramos de diferentes tipos de fuegos pirotécnicos, que eran transportados en un vehículo.

El procedimiento fue adelantado por personal de ‘Policía de Carreteras’ (POLCA), a la altura del Peaje Los Acacios, jurisdicción del Municipio de Los Patios, sobre la vía que conduce de Pamplona a la ciudad de Cúcuta, donde fue registrado un Renault 12, en el cual fueron hallados gran cantidad de fuegos pirotécnicos.

Dentro de la mercancía incautada, se encuentran diecinueve decenas de mortero, 2.208 unidades de sonajeros, dos paquetes de misiles, noventa y seis unidades tumbarranchos, un paquete de morteros, diez globos, ocho cajas de fosforito y 116 unidades de volcanes.

Los cien mil (100.000) gramos de pólvora, que tienen un valor aproximado de dos millones de pesos, fueron dejados a disposición del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, teniendo en cuenta que no contaban con el permiso expedido por las autoridades para su transporte.

La Policía Metropolitana de Cúcuta, continúa con los operativos con el fin de evitar que se presenten accidentes por el transporte, almacenamiento y manipulación indebida de este tipo de material pirotécnico.


lunes, 22 de diciembre de 2008

Visitados 102 establecimientos e incautados 60 pesas


Dando continuidad al ‘Plan Integral de Seguridad y Movilidad, Navidad 2008 y Año Nuevo 2009, la Policía Metropolitana de Cúcuta –MECUC-, adelantó diversos controles en el Área Metropolitana de Cúcuta, donde fueron visitados ciento dos establecimientos comerciales y se incautaron sesenta medidores de peso.

Las acciones fueron adelantadas en los municipios de Los Patios, Villa del Rosario, Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano y Cúcuta, por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y personal de vigilancia, quienes visitaron abastos, locales de venta de cárnicos, graneros, bodegas, abastos, supermercados y tiendas, entre otros, con el objetivo de verificar que los pesos utilizados para la venta de productos estuvieran calibrados.

Como resultado de los procedimientos, en jurisdicción del Primer Distrito Cúcuta, fueron verificados un total de 44 locales comerciales y se incautaron 43 pesas de diferentes tipos. Entre tanto, en el Segundo Distrito Villa del Rosario, se verificaron 58 establecimientos abiertos al público y se decomisaron 17 pesas.

Las incautaciones se llevaron a cabo, teniendo en cuenta que los pesos presentaban irregularidades en su calibración que afecta directamente el presupuesto de los consumidores, pues al hacer sus compras, recibían menos cantidad del producto por el cual estaban pagando, por lo tanto, estos elementos fueron dejados a disposición de las Inspecciones de Policía.

La Policía Metropolitana de Cúcuta, adelanta permanentemente acciones de prevención y control conjuntamente con las autoridades departamentales y municipales, buscando proteger los bienes y derechos de los ciudadanos.


Inmovilizados 355 automotores en el fin de semana


Con el propósito de contrarrestar la violación a las normas de tránsito en la capital nortesantandereana, la Policía Metropolitana de Cúcuta –MECUC-, adelantó durante el fin de semana varias acciones preventivas, en las cuales se impartieron 420 órdenes de comparendo y se inmovilizaron 355 automotores.

Las acciones fueron realizadas por personal de Policía de Tránsito durante los días viernes, sábado y domingo en la capital nortesantandereana, mediante patrullajes y puestos de control en diferentes puntos de la ciudad, buscando educar a los conductores y regular las violaciones al tránsito.

En total fueron 420 sanciones económicas las que se impartieron a conductores de automóviles y motocicletas, de las cuales 30 fueron por conducir vehículos en estado de embriaguez, 325 a motocicletas por violar el horario establecido y llevar como parrilleros a hombres y menores de edad.

Los 65 comparendos restantes, se impusieron a vehículos y motocicletas, por otras infracciones como no portar la licencia de conducción, no llevar el Seguro Obligatorio de Tránsito (SOAT), no llevar casco y chaleco y mal parqueo, entre otras.

Del total de automotores que recibieron comparendos, 30 vehículos y 325 motocicletas fueron inmovilizados.

La ‘Policía Metropolitana de Cúcuta’ –MECUC-, hace un llamado para que durante las fiestas decembrinas y de año nuevo, los conductores adopten un comportamiento ejemplar frente al volante no violando las normas de tránsito y respetando su vida y la de los demás.


domingo, 21 de diciembre de 2008

Desmantelada fábrica clandestina que funcionaría en una vivienda


Como resultado de las acciones de control adelantadas por la Policía Metropolitana de Cúcuta –MECUC-, para contrarrestar el uso de pólvora, fue desmantelada en esta ciudad, una fábrica clandestina de voladores, donde se hallaron 14.525 gramos de materia prima.

El procedimiento fue adelantado por unidades de la Subestación de Policía Kennedy, en una vivienda del barrio Antonia Santos, ubicado en la Ciudadela Juan Atalaya, basadas en informaciones entregadas por la ciudadanía, las cuales alertaban que en lugar se elaboraría este tipo de fuego pirotécnico.

Efectivamente, en la vivienda fue hallada gran cantidad de materiales utilizados para la elaboración de voladores, entre ellos diez metros de mecha, quinientos tubos para volador, cincuenta y siete bombas de cabuya con pólvora, doce tubos de clorato de sodio, dos rollos de cabuya, láminas de mortero, cuatro rollos de papel y 3.860 gramos de pólvora negra y de color.

El material incautado, fue dejado a disposición del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta.

La ‘Policía Metropolitana de Cúcuta’, hace un llamado a la ciudadanía para que ningún motivo dentro de sus residencias fabrique, almacene o manipule ningún tipo de pólvora, ya que pueden presentarse graves accidentes. Igualmente, evitar que los menores de edad tengan contacto estos materiales, pues un descuido de sus padres o adultos, puede marcar su vida para siempre.


Los capturados habrían asaltado minutos antes a una familia


Como resultado de operativos de control adelantados por la ‘Policía Metropolitana de Cúcuta’ –MECUC-, fueron capturados dos presuntos atracadores, quienes momentos antes habrían asaltado a una familia a la cual le hurtaron gran cantidad de dinero en efectivo y joyas.

Los capturados fueron identificados como Juan Carlos Pérez Martínez, de 37 años de edad, natural y residente en el barrio San Francisco de la ciudad de Bucaramanga (Santander) y Ramón Helí Amaya Velásquez, de 36 años, natural de Teorama (N. de Sder) y residente en el barrio Carlos Ramírez Paris (Cúcuta).

Durante el procedimiento policial fue incautado un revolver marca Cassidy, calibre 38 largo, con 11 cartuchos para el mismo, el cual habría sido utilizado para llevar a cabo el hecho delictivo. Así mismo, se recuperaron joyas y cerca de nueve millones de bolívares y pesos colombianos, presuntamente hurtados minutos antes.

El operativo fue adelantado por personal del ‘Grupo de Operaciones Especiales’ (GOES), quienes se encontraban realizando patrullajes de control sobre la avenida Panamericana, a la altura del barrio El Salado, cuando fueron alertados sobre un atraco cometido por hombres en motocicleta del cual habrían sido víctima una familia que se desplazaba por la zona en un vehículo particular.

Basados en las informaciones obtenidas, los uniformados desplegaron el operativo de búsqueda de los presuntos responsables, logrando ubicar una motocicleta marca Yamaha, de color negro, tripulada por dos hombres con características que coincidían con las de los presuntos atracadores y los cuales al notar la presencia policial pretendieron huir, perdiendo el control del automotor en el intento.

A los detenidos se les halló en su poder un arma de fuego y los elementos de valor que de acuerdo a las informaciones suministradas habrían sido hurtado momentos antes a la familia; también les fue encontrada la placa de motocicleta, que habría sido quitada al automotor, para llevar a cabo el hecho delictivo y así evitar ser identificados fácilmente.

Los capturados, la motocicleta inmovilizada y los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de al Fiscalía y un Juez con Función de Control de Garantías, les dictó medida de aseguramiento.


sábado, 20 de diciembre de 2008

Fiscalía presentará pruebas por lavado contra Murcia


Autoridades colombianas y panameñas intercambian informaciones sobre las investigaciones que adelantan contra el propietario de la comercializadora.

Las evidencias que tiene la Fiscalía General de la Nación en contra de David Murcia Guzmán, por captación ilegal de dinero y lavado de activos, fueron presentadas ayer, como sustento para llevarlo a juicio.

Murcia, quien fue capturado en Panamá, deportado al país y recluido en la cárcel La Picota, tras la reunión con representantes del Gobierno y de los ahorradores, el jueves, a través de su abogado, pidió la casa por cárcel.

Al mismo tiempo, se conoció que las autoridades de Colombia y Panamá se reunieron con el propósito de intercambiar información sobre las investigaciones que adelantan en contra de Murcia Guzmán y su comercializadora DMG.

De acuerdo con lo que se ha establecido, el grupo de fiscales que adelantan las investigaciones, presentaron ayer el escrito de acusación ante los jueces, con los documentos, las interceptaciones telefónicas y los testimonios que sustentan los señalamientos contra Murcia Guzmán.

La diligencia se adelantó ante un juez de conocimiento de carácter especializado, por la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por David Murcia.

El escrito de acusación será estudiado por el juez y por las partes, y en los próximos días el despacho ante el cual se radica la solicitud, fijará fecha para formular la acusación contra Murcia Guzmán.

Caracol Radio informó que entre las evidencias que entregó la Fiscalía están miles de horas de interceptaciones telefónicas adelantadas por la Policía y documentos de la Superintendencia Financiera y de Sociedades, que evidencian serias irregularidades de las empresas que conformaban el holding de DMG.

Entre tanto, la defensa de Murcia Guzmán le pidió a los jueces que sustituyan su detención en la cárcel La Picota, por la detención domiciliaria o la presentación permanente ante las autoridades.

El abogado Nelson Romero, dijo que hizo la solicitud para que se cambie la medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación contra Murcia Guzmán, porque asegura que la Fiscalía y los jueces no le han entregado los suficientes elementos para preparar su defensa.

Romero manifestó que le pidió al Centro de Servicios del complejo judicial de Paloquemao y a la Fiscalía, que le entreguen los discos compactos con las grabaciones de las audiencias que se han adelantado contra Murcia Guzmán, sin que le hayan entregado dicho material.

La audiencia en la que se decidirá si se le concede ese beneficio, se realizará el próximo 30 de diciembre ante un juez de control de garantías.

De otra parte, se conoció que en la reunión que sostuvieron delegados del Gobierno y los ahorradores con Murcia Guzmán en La Picota, el cerebro de la comercializadora aseguró que el dinero de los inversionistas está representado, por ejemplo, en el nombre de su empresa.

Así mismo, se conoció que las autoridades judiciales panameñas y colombianas se reunieron para intercambiar información sobre las investigaciones que adelantan contra Murcia Guzmán, por su presunta vinculación con la captación ilícita de dinero con fondos del narcotráfico, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la procuradora general de Panamá, Ana Matilde Gómez, se trató de un intercambio de información de carácter técnico sobre la investigación entre miembros de una delegación de la Dirección Judicial de Investigación Criminal (Dijin) de Colombia y fiscales del Ministerio Público (MP) panameño.

El fiscal José Abel Almengor expresó que a Murcia y a su esposa, Giovanna Ibeth León, actualmente prófuga, se le han formulado imputaciones concretas en Panamá por lavado de dinero procedente del narcotráfico.


Corte Suprema finalizó actividades por este año


Para el 2009 quedaron aplazados los juicios del ex parlamentario Teodolindo Avendaño, la representante Karely Lara Vence y el ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio.

DESDE AYER inició la vacancia judicial que irá hasta el 13 de enero del próximo año, por lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia terminó por 2008 los juicios que le adelanta a varios políticos y funcionarios por nexos con grupos al margen de la ley.

Yidispolítica

En el proceso de la yidispolítica que abrió la Corte Suprema de Justicia como consecuencia de los señalamientos que hizo la ex representante por Santander Yidis Medina Padilla, en los que vinculó a funcionarios y políticos por presuntas prebendas que recibió a cambio de votar positivamente el acto legislativo que permitió la reelección presidencial, la Sala Penal citó al ex representante del Valle Teodolindo Avendaño hasta enero del 2009 para seguir con la audiencia pública de juzgamiento por haber incurrido también en el delito de cohecho.

En el juicio que inició en el mes de noviembre, la Corte Suprema le negó dos veces la prisión domiciliaria al ex congresista, quien habría recibido dinero en efectivo y una notaría a cambio de haberse ausentado el día de la votación del proyecto reeleccionista en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La defensa había solicitado la casa por cárcel debido a la edad avanzada de Avendaño y a sus quebrantos de salud.

Este año el juicio de Teodolindo Avendaño cumplió la etapa probatoria. Ahora en el 2009 se espera que la Sala Penal reciba los distintos testigos citados por ésta y por la defensa, entre ellos varios funcionarios de la Presidencia de la República.
En este escándalo judicial ya fue condenada a tres años y medio por la Corte Suprema la causante del escándalo, Yidis Medina Padilla, quien se había acogido a sentencia anticipada y está pagando la condena en su residencia.

Narcopolítica

En el caso de la narcopolítica, la Corte Suprema de Justicia actualmente adelanta un proceso contra el hermano del Ministro del Interior y Justicia, y quien fuera ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, por varios delitos relacionados con presuntos nexos con la banda delincuencial del narcotraficante alias Don Mario.

Hace dos días la Sala Penal declaró improcedente una apelación que presentara la defensa de Valencia Cossio para que le fuera otorgada la libertad provisional. Sin embargo, la audiencia de imputación había sido aplazada para finales de enero de 2009, a petición del abogado defensor, por no tener conocimiento total del pliego de acusación que presentó la fiscal delegada ante la Corte.

La misma fiscal puso de manifiesto en la última sesión de la audiencia preparatoria que el procesado estaba realizando actividades ilícitas dentro de la cárcel La Picota, donde actualmente se encuentra recluido, para entorpecer el proceso que se le sigue.

Valencia Cossio es señalado de haber favorecido al segundo en mando de la banda de Don Mario, alias El Indio, al sacarlo de la listas de narcotraficantes, razón por la que habría recibido una cuatrimoto avaluada en 40 millones de pesos. Al acusado se le imputan los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, revelación de secreto, y supresión, ocultamiento y destrucción de documento público.

Parapolítica

Al proceso de la parapolítica le espera un 2009 movido, pues para el próximo año quedó aplazado el juicio de la ex representante Karely Lara Vence, quien es investigada por supuestos nexos con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, cuando era alcaldesa del municipio de Fundación, Magdalena, en el 2001. El proceso ya está en su etapa final, pues con la declaración de Jorge 40 se agotaron los llamados a declarar; solo falta la intervención de la acusada; su abogado, Carlos Merchán; la fiscal delegada y el representante del Ministerio Público.

Para el otro año la Sala Penal comenzará la audiencia pública de juzgamiento contra el representante del Cesar Álvaro Morón Cuello, acusado también por presuntos nexos con el extraditado jefe paramilitar Jorge 40.

De igual manera se iniciará a principios de año el juicio contra el representante Alonso de Jesús Ramírez, quien reemplazó a Lara Vence en la curul de la Cámara de Representantes. La Corte lo acusó de haber tenido vínculos con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo.

Por otro lado, en el 2009 también está programada la audiencia de juzgamiento contra el senador que reemplazó al ex congresista Mario Uribe, Ricardo Elcure Chacón, quien fue acusado de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con el ex líder de las Auc alias El Iguano.

Por alianzas con el paramilitarismo ya fueron condenados los ex senadores Luis Eduardo Vives, a seis años; Mauricio Pimiento, a siete años, y Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes, también con seis años.

Se espera que en el 2009 se inicie el proceso de la DMGpolítica, donde estarían vinculados varios congresistas por presuntamente legislar a favor de las captadoras de dinero. Algunos nombres ya fueron remitidos por la Fiscalía a la Corte Suprema, quien todavía no ha abierto investigación contra alguno.


viernes, 19 de diciembre de 2008

Condenado Pelayo


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Corte negó retirar dos delitos a Guillermo Valencia Cossio


La Sala Penal del alto Tribunal declaró improcedente la apelación de la medida de aseguramiento que hiciera la defensa del ex director de Fiscalías de Medellín

POR NO ser pertinente en este estado del juicio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la solicitud de retirar del escrito de acusación dos delitos que le fueron imputados al ex director de Fiscalías de la capital antioqueña, Guillermo León Valencia Cossio.

La solicitud fue hecha por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela Buitrago, quien argumentó que la imputación de los cargos de utilización de asuntos sometidos a reserva y utilización indebida de información privilegiada fue hecha por fuera del escrito de acusación debido a un lapsus.

Buitrago, sin embargo, dejó en firme en el pliego de acusación las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado por nexos con grupos al margen de la ley, enriquecimiento ilícito, revelación de secretos y supresión, destrucción y ocultamiento de documento público agravado por favorecimiento, asesoramiento y otras actuaciones ilegales.

Esta propuesta fue controvertida por el procurador delegado Julio Ospino Gutiérrez y el abogado defensor de Valencia Cossio, Gabriel Salazar, quienes argumentaron que dicha solicitud sólo puede hacerse pidiendo la preclusión o absolución del procesado, pues en el Código de Procedimiento Penal no está establecida la figura de retirar del pliego de acusación los delitos que se deseen.

Después, la Corte Suprema argumentó que debido a que este es un juicio oral, la solicitud de retirar dos delitos por parte de la Fiscalía delegada debió hacerse en la audiencia de formulación de imputación.

De igual manera, el alto Tribunal declaró la improcedencia de la apelación de la medida de aseguramiento que hizo la defensa del ex director de Fiscalías de Medellín. Con esta solicitud, Gabriel Salazar buscaba que a su cliente se le otorgara la libertad provisional.

La alta Corte afirmó que por ser juez de conocimiento del caso no puede ser juez de control y garantía para acceder a la petición de libertad provisional. Por tal motivo, la Corte dejó en claro que el competente para conocer de dicha apelación es un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Ante esta decisión, el defensor del procesado no interpuso el recurso de reposición y por tal motivo el hermano del Ministro del Interior y Justicia seguirá recluido en la cárcel La Picota.

La audiencia pública de juzgamiento había sido aplazada para el 19 de enero del próximo año, por propuesta que hiciera la defensa, quien argumentó que no contaba con el suficiente tiempo para ponerse al día con la sustentación de pruebas que desvirtuaran las acusaciones que hizo la fiscal delegada ante la Corte.

Al procesado se le investiga porque presuntamente habría favorecido a la organización comandada por Daniel Rendón Herrera, hermano del ex jefe paramilitar conocido con el alias de El Alemán y ex comandante del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas.

El escándalo de Valencia Cossio quedó al descubierto a partir de una interceptación telefónica al empresario Juan Felipe Sierra Fernández, en la que se descubrió que mantenía estrechas relaciones de amistad con la banda delincuencial.

Al parecer, el ex director de Fiscalías de Medellín compartía información reservada con Sierra, detenido por sus nexos con narcotraficantes, sobre asuntos relacionados con la justicia, particularmente con las investigaciones contra los grupos del narcotráfico y las autodefensas en la región de Urabá.

En particular, Guillermo Valencia Cossio habría posibilitado la exclusión de la lista de narcotraficantes al segundo al mando de la banda de alias Don Mario y por dicho favor habría recibido una cuatrimoto avaluada en 40 millones de pesos.


jueves, 18 de diciembre de 2008

DESVERTEBRADA BANDA QUE ENVIABA COCAÍNA LÍQUIDA A EUROPA


En allanamientos simultáneos realizados en Cúcuta, Villavicencio e Ibagué, funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron a 35 presuntos integrantes de una organización dedicada al envío de cocaína líquida desde Colombia a España.

De acuerdo con la investigación, la red delictiva utilizaba correos humanos que transportaban la droga embasada en botellas de licor que hacían parte de su equipaje de mano. Los investigadores del CTI establecieron que para no despertar sospechas de las autoridades aeroportuarias, los traficantes siempre enviaban seis botellas con la persona que servía de ‘correo'.

Durante seis meses, la Fiscalía siguió los movimientos de los integrantes de la banda e identificó a los cabecillas, a los correos humanos utilizados y a las personas empeladas en Colombia para retirar, en pequeñas cantidades (modalidad conocida como pitufeo), el dinero girado desde España por el jefe de la red.

El seguimiento hecho durante ese tiempo permitió la captura de cinco correos humanos, cuatro en España y uno más en Venezuela, quienes fueron sorprendidos cuando la cocaína líquida era embasada en las botellas de licor.

Capturas

Durante los operativos efectuados este martes por el CTI (Seccionales de Cundinamarca, de Cúcuta, de Ibagué y de Villavicencio), fueron aprehendidas 19 personas en Villavicencio, 15 en Cúcuta y una más en Ibagué. Cinco de los detenidos son los líderes de la organización y los 30 restantes tenían la función de cobrar el dinero girado desde España.

En las audiencias de legalización de captura que se cumplen en Cúcuta y Villavicencio, la Fiscalía les imputó a los procesados los delitos de tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Los 15 aprehendidos en la capital nortesantandereana ya aceptaron cargos por lavado de activos.

Igualmente, cuatro de los considerados cabecillas reconocieron su responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes en concurso con lavado de activos y concierto para delinquir. Esas personas fueron identificadas como: Rodrigo Nieto Peñarete, alias “Murdok”, Sandra Montoya Cuéllar, Dayron Ardila Pineda y Fabián Antonio Montoya Cuéllar.

Otro de los considerados jefes de la organización delictiva fue identificado, como: Jodman Mora García, alias “Pósima”, a quien un Juez de Control de Garantías de Soacha (Cundinamarca), lo aseguró por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes en concurso con lavado de activos y concierto para delinquir. Alias “Pósima” fue remitido a la cárcel Modelo de Bogotá.


Se complica extradición de guerrilleros secuestradores


Un pronunciamiento del Alto Tribunal enreda la petición del Gobierno estadounidense de enjuiciar a los subversivos alias Gafas y César, que mantuvieron en cautiverio a tres ciudadanos norteamericanos

POR CONSIDERAR que los hechos por los cuales un guerrillero colombiano es pedido en extradición por el delito de secuestro fueron realizados en territorio nacional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió concepto desfavorable a dicha solicitud.

Con esta determinación se empantana la decisión de los Gobiernos colombiano y estadounidense de extraditar a varios subversivos por el delito de secuestro, entre ellos los llamados carcelarios de las Farc, alias Gafas y César, quienes mantuvieron en cautiverio a tres ciudadanos norteamericanos.

El caso específico que estudió la Corte Suprema fue la solicitud que hiciera la justicia estadounidense, a través de su embajada en Colombia, de detención provisional con fines de extradición del subversivo Nelson Jaimes Quintero, alias Chucho, requerido por el delito de secuestro.

Los hechos del caso sucedieron el 13 de agosto de 2004, cuando José Yesid Ceballos, ciudadano de Estados Unidos, fue secuestrado en Salento, Quindío, por miembros del Eln que lo mantuvieron retenido en la selva, encadenado a un árbol por casi cuatro meses. El grupo guerrillero en repetidas ocasiones solicitó el pago del rescate a la familia Ceballos, que finalmente el 8 de diciembre de 2004 entregó a este grupo subversivo la suma de $24’500.000 y posteriormente el plagiado fue dejado en libertad.

Nelson Jaimes Quintero fue el comandante de la Compañía Luis Enrique Guerrero del Eln y controló toda la actividad diaria relacionada con el cautiverio del ciudadano colombo-americano Ceballos, así como las negociaciones del rescate. De igual forma, anunció la llegada del secuestrado, ordenó su encadenamiento y lo interrogó.

El líder guerrillero fue escuchado por la inteligencia colombiana en una llamada negociando el rescate y después, explicó un testigo, se ordenó la liberación del secuestrado.

La abogada defensora del solicitado en extradición argumentó que no procedería la medida porque “es claro que los hechos tuvieron integral ocurrencia en territorio colombiano y que inclusive la información sobre la retención de Ceballos, que se hizo a familiares en Estados Unidos, lo fue también por cuenta de otros familiares en Colombia”. Además, “el pago del rescate a que se alude fue igualmente cumplido con dinero de nuestro país y por entidades bancarias de nuestro territorio, al tiempo que si bien algunos familiares del plagiado que viven en Estados Unidos se enteraron del secuestro, no fue porque se les hicieran exigencias económicas sino porque sus propios consanguíneos les informaron sobre el plagio”.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aseguró al respecto que “aún cuando, como se ha visto, la petición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos posibilitó constatar los requisitos que el Código de Procedimiento Penal ha previsto en orden a conceptuar favorablemente sobre la extradición, es cierto que no sucede lo propio en relación con los supuestos constitucionales que este instrumento de cooperación internacional de lucha contra la delincuencia ha señalado, en tanto condiciona la extradición de nacionales colombianos por nacimiento a que los delitos imputados hayan sido cometidos en el exterior”.

“Precisamente al constatar este imprescindible presupuesto material se tiene que la conducta delictiva imputada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a Nelson Jaimes Quintero, tuvo su integral génesis, preparación, ejecución y consumación dentro de los límites del territorio de Colombia”, señaló el Alto Tribunal.


Mario Uribe recibió apoyo electoral de las Auc: ‘Pantera’


Con esta denuncia hecha por el desmovilizado paramilitar Juan Vicente Gamboa la Fiscalía estudia la posibilidad de llamar a juicio al ex senador

En las elecciones para el Congreso del 2002, el ex senador y fundador del partido Colombia Democrática, Mario Uribe Escobar habría recibido apoyo de las autodefensas, dijo el desmovilizado miembro del bloque Elmer Cárdenas, Juan Vicente Gamboa, alias ‘Pantera’.

Según Gamboa, por orden expresa del ex jefe paramilitar Freddy Rendón, alias ‘El alemán’, los electores fueron obligados a cambiar sus votos a favor de Uribe Escobar.

De igual manera el desmovilizado denunció que existieron estrechos vínculos entre integrantes de los Bloques Nutibara y Elmer Cárdenas de las Auc con miembros de la cuarta brigada del Ejército, cuando estaba como comandante el general retirado Mario Montoya.

En los próximos días, Gamboa será escuchado para ampliar su testimonio sobre la denuncia hecha contra el ex congresista y en contra de los miembros del Ejército que mantuvieron nexos con los paramilitares.

Por otro lado, la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía envió un oficio a la justicia estadounidense para que por vía teleconferencia o por medio de una comisión enviada desde Colombia el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso entregue su versión y determine si el Bloque Norte de las Auc tuvo algún tipo de injerencia en alguna de las elecciones al Congreso del ex senador Mario Uribe.

Con base en la ampliación de la declaración de alias ‘Pantera’, en la versión de Mancuso y en la citación de Juan Carlos Sierra alias ‘El tuso’ para que declare en el mismo proceso, la Fiscalía tomará la decisión si llama o no a juicio a Uribe.

El cuatro de octubre del 2007 Uribe Escobar había renunciado a su fuero de congresista para que lo investigara la Fiscalía General, debido a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le había abierto una investigación preliminar el 26 de septiembre del mismo año. La decisión de la Corte se dio después de escuchar la versión de Jairo Castillo Peralta, alias “Pitirry”, actualmente exiliado en Canadá, según la cual el ex congresista se reunió en varias ocasiones con los líderes paramilitares de Sucre con el fin de obtener tierras en ese departamento y en Antioquia.

Además, durante una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Mancuso había revelado que sostuvo reuniones con el ex parlamentario, quien le habría pedido apoyo electoral para llegar al Congreso.

El 22 de abril del 2008 la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió medida de aseguramiento contra el ex presidente del Congreso Mario Uribe, por presuntos vínculos con los paramilitares del bloque Norte de las autodefensas.

Esta determinación la tomó el ente investigador después de escucharlo en indagatoria.

En las investigaciones adelantadas en su contra se pudo establecer que aparte del delito de concierto para delinquir agravado por nexos con el paramilitarismo, el primo del presidente Álvaro Uribe también es señalado de haber comprado tierras para las Auc.

Mario Uribe Escobar, es natural del municipio de Andes, Antioquia, donde inició su carrera política como concejal.

Fue diputado a la Asamblea de Antioquia entre 1982 y 1986 y luego fue elegido representante a la Cámara en 1994, en donde se inició como presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Luego ocupó la vicepresidencia de dicha corporación.

Siendo elegido senador, ocupo la presidencia del Congreso en el periodo 2000-2001.

Uribe Escobar fue gran impulsor de la candidatura del presidente Álvaro Uribe y de su reelección.


miércoles, 17 de diciembre de 2008

Cuarenta establecimientos fueron registrados en la madrugada de hoy


Con el propósito de contrarrestar la comisión de hechos delictivos, la Policía Metropolitana de Cúcuta –MECUC-, se tomó el centro de la capital nortesantandereana, logrando el registro de cuarenta establecimientos comerciales.

Como resultado de la ofensiva policial, fueron identificadas ciento ochenta y nueve personas, de las cuales fue capturado un hombre de 27 años, natural de Bucaramanga, solicitado por el presunto delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Sustancias Estupefacientes; igualmente, se registraron doce vehículos y quince motocicletas.

Las acciones operativas fueron adelantadas por personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con el apoyo del ‘Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en los barrios El Callejón, Latino, La Merced y El Centro, donde los uniformados se tomaron en la madrugada de hoy residencias, moteles y hoteles.

Durante los procedimientos, los investigadores utilizaron el sistema operativo de solicitud de antecedentes, con el propósito de hacer efectivas varias órdenes de captura y realizar el control y verificación de la población flotante que por esta temporada aumenta en la capital nortesantandereana.

Basados en informaciones recopiladas previamente, se buscaba capturar a presuntos expendedores de sustancias estupefacientes y al mismo tiempo desmantelar expendios clandestinos, conocidos comúnmente como ‘ollas’.

La acción policial también estuvo orientada a contrarrestar la comisión de homicidios, para lo cual los grupos especializados apoyados con técnicos expertos en criminalística, dactiloscopia y documentología, adelantaron controles en busca de armas y personas solicitadas por las autoridades judiciales.

Personal idóneo en delitos contra el patrimonio económico, narcotráfico, falsedad marcaria, derechos de autor e investigaciones generales, adelantaron labores investigativas y operativas, tendientes a contrarrestar el delinquir de las personas y bandas dedicadas a la comisión de estos delitos.

Con estas acciones también se busca evitar que delincuentes procedentes de otras ciudades se instalen en el área metropolitana con el objetivo de llevar a cabo acciones ilícitas.

La persona capturada, fue dejada a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.


Nueva crisis por muerte de indígena en retén militar


LA CRISIS entre el Gobierno Nacional y los indígenas del Cauca se reactivó ayer por cuenta de la muerte de Edwin Legarda, esposo de la líder de la minga, Aída Quinqué, en un retén militar. El hecho fue atribuido a un error y no a un atentado.

Quilqué, máxima autoridad del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), lideró las marchas de protesta de miles de aborígenes entre octubre y noviembre.

Legarda fue tiroteado cuando se desplazaba en un vehículo por el municipio de Totoró y, según la versión oficial, no atendió una orden de pare en un retén del Ejército.

El Ministerio de Defensa “lamentó” la muerte y afirmó que no hay “suficiente claridad sobre cómo ocurrieron los hechos”, en un comunicado de prensa, en el que también informó que pidió a la oficina en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigar el caso.

Legarda de 28 años, alcanzó a ser llevado con vida por otros nativos a un hospital de Popayán, pero falleció mientras era intervenido, dijo Giovanni Quilqué, hermano de la dirigente.

El hombre, que trabajaba en los preparativos de una asamblea del CRIC prevista para ayer en Totoró, recibió tres impactos de fusil, agregó la fuente.

Previamente, cuando su esposo aún era intervenido, Quilqué aseguró que fue un “atentado” en su contra -si bien no estaba con él- y lo atribuyó al Ejército. “Está confirmado que es el Ejército Nacional”, declaró a Caracol Radio.

Pero el general Justo Eliseo Peña, jefe de la III División militar, señaló que Legarda, quien conducía el automotor, fue baleado al no acatar la orden de sus hombres.

“A las cuatro de la mañana pasaba un vehículo por ese sector y lo que me informan el comandante y los soldados que están allá es que hicieron un alto, el vehículo no paró y los soldados dispararon”, aseguró el oficial.

“Se confundieron y desafortunadamente dispararon”, agregó, subrayando que no hubo “ningún atentado” y que lamentaba el incidente.

Quilqué lideró la protesta de unos 30.000 indígenas del departamento de Cauca, que incluyó una marcha a Bogotá, para exigir el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras (en reparación por una masacre) y respeto a sus derechos.

En las dos primeras semanas de la minga hubo disturbios que dejaron tres aborígenes muertos y dos centenares de heridos entre nativos y policías.

También en el marco de la movilización, el Ejército denunció que un atentado atribuido a la guerrilla de las Farc, en el que murieron dos militares el 10 de noviembre, fue cometido desde una reserva indígena de Cauca, por lo que pensaba suspender la entrega de tierras a los aborígenes que entonces marchaban hacia la capital.


Nuevas denuncias sobre presunto apoyo de DMG a candidatos regionales


También 10 aspirantes a gobernador habrían sido beneficiados por aportes económicos y logísticos, 9 de los cuales fueron elegidos

LA PRESUNTA financiación por parte de DMG a varias campañas a gobernaciones y alcaldías en las elecciones de octubre del año pasado, fue denunciada ayer en la plenaria de la Cámara por el representante Wilson Borja.

El congresista hizo estas aseveraciones cuando se presentaba la discusión de la conciliación del proyecto que prohíbe la entrega en concesión a particulares de la administración y gestión de los recaudos de municipios y departamentos.

El representante señaló que recibió un correo electrónico, presuntamente de DMG (captadora ilegal de dineros), en el cual se asegura que ésta entregó aportes económicos y en especie para las campañas de 10 gobernaciones y más de 50 alcaldías.

El correo señala que a cambio de este respaldo, los candidatos en la eventualidad de ser elegidos entregarían a DMG el manejo de las licoreras, en el caso de los departamentos, y las secretarías de turismo, tanto de departamentos como municipios.

Según Borja, el correo dice que “es verdad que el Grupo DMG S.A. de forma directa, y en otras utilizando el nombre de Global Marketing, empresa del Grupo, financió campañas políticas de candidatos a diferentes alcaldías, gobernaciones y otras instancias. Es verdad que el número de campañas a las gobernaciones que fueron beneficiadas con dinero entregado en efectivo fueron 10, a cambio de lo cual a los candidatos se les comprometió a entregar a las empresas (de DMG) las empresa de licores, la secretaría de turismo, las loterías departamentales y los tributos”.

Según el correo electrónico leído por Borja en la plenaria de la Cámara, las campañas que habrían recibido ese apoyo de DMG fueron la de Felipe Guzmán, actual gobernador de Putumayo; Joaco Berrío, actual gobernador de Bolívar; Omar Diazgranados, hoy gobernador de Magdalena; Raúl Iván Flórez, actual gobernador de Casanare; Jorge Pérez Bernier, hoy gobernador de La Guajira; Pedro Gallardo, actual gobernador de San Andrés; Darío Vásquez, actual gobernador del Meta; Mario Aristizábal, hoy gobernador de Caldas; Arturo García y Pedro Alonso Sanabria (hoy magistrado del Consejo Superior de la Judicatura), candidatos que no ganaron las elecciones en Boyacá, y Juan Carlos Abadía, actual gobernador del Valle.

De acuerdo con la denuncia virtual, estas campañas, además de apoyos económicos, recibieron aportes de tipo logístico como pendones y volantes “realizados y producidos a través de DMG, empresa del Grupo ubicada en Bogotá en la carrera 22 No. 86A-23. Copia de esto aún se encuentra en las cajas de cartón y computadores situados en el segundo piso de dicha dirección, la cual en estos momentos se encuentra custodiada por la Policía”, asegura el correo.

Información verificable

En cuanto a la veracidad de los hechos relatados en el correo electrónico, el representante Borja le dijo a EL NUEVO SIGLO que él no tiene como comprobar que lo dicho es cierto y que se limitó a leer el contenido del mismo a la plenaria de la Cámara, y hoy entregará esta información a la Fiscalía y la Procuraduría. “La información allí contenida no se limita a la denuncia sino que entrega datos, eso ya le corresponde a las autoridades investigar”.

El representante agregó que según la denuncia que recibió es factible verificar la información de los candidatos que habrían recibido respaldo financiero de DMG, pues el correo asegura que “para confirmar el número y los nombres de alcaldes y gobernadores que tuvieron una relación cercana con nuestro Grupo, se pueden remitir a los archivos del Hotel La Fontana de Bogotá, en el mes de diciembre de 2007. Encontrarán los registros de todos los alcaldes y gobernadores que se alojaron por cuenta de nuestra empresa, y fueron en los salones del mismo hotel en donde se realizaron los agasajos y encuentros con David Murcia Guzmán”.


martes, 16 de diciembre de 2008

David Murcia guardó silencio durante tres horas en audiencia con afectados de DMG


La diligencia, que se realizó en los juzgados de Paloquemao, se llevó a cabo a puerta cerrada, pero se permitió el ingreso de un grupo de afectados incluídos en una lista elaborada por la entidad.

Los tres abogados que representan a varios de los inversionistas afectados pidieron que los bienes o recursos decomisados sean objeto de medida cautelar por parte de la Fiscalía y que queden a órdenes de la interventora nombrada por el Gobierno.

La audiencia fue solicitada la semana pasada por los abogados, que representan los intereses de decenas de inversionistas de DMG en Nariño, Boyacà y Cundinamarca. A la diligencia también asistieron los abogados de Murcia Guzmán, que estuvieron en línea con las peticiones de los representantes de los inversionistas.

El Fiscal 23 de Lavado de Activos, por su parte, manifestó que el caso DMG produjo un daño generalizado para el aparato financiero del país.

Explicó que sobre los bienes y dinero se adelantarán "procesos administrativos porque estos están en extinción de dominio", dijeron personas que estuvieron en la audiencia.

Lo que han sostenido los abogados es que los bienes incautados por las autoridades antes del 17 de noviembre, fecha en la que comenzó a regir el decreto de conmoción, deben quedar a disposición de la Fiscalía para garantizar paulatinamente las devoluciones.

Según trascendió, en la audiencia no hubo ningún tipo de acusación en contra de David Murcia.

Uno de los abogados explicó que representa los intereses de por lo menos 40 personas cuyos recursos invertidos ascienden a 2.900 millones de pesos. Otro mencionó una cifra de 210 millones de pesos.

Uno de los juristas expresó que el gobierno, a través de su Ministro de Relaciones Exteriores así como de sus embajadores y cónsules, puede solicitar a otros países información sobre la situación financiera de DMG en el exterior para saber cuánto dinero se puede recuperar.

En la parte externa de Paloquemao se mantuvieron las concentraciones de defensores que apoyan a David Murcia con pancartas solicitan su libertad.

Piden que aunque el Gobierno no deje operar más a DMG, garantice la devolución del dinero a los compradores de las tarjetas prepago.


Capturados habrían asaltado una vivienda de El Zulia


En desarrollo del ‘Plan Integral de Seguridad y Movilidad, en esta Navidad su Paz y Seguridad Son Nuestra Bandera”, la Policía Metropolitana de Cúcuta- MECUC-, desplegó un operativo contra el hurto en zona rural del municipio de El Zulia, logrando desmantelar una presunta banda de atracadores.

La captura de los tres hombres y la conducción de un menor de diecisiete años, fue realizada por unidades policiales de la Subestación del Corregimiento La ‘Y’ de Astilleros, sobre la vía que comunica El Zulia con la ciudad de Cúcuta, luego de que presuntamente asaltaran una vivienda ubicada en la vereda ‘Astilleros’.

Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Carrascal Peñaranda, de 19 años de edad, Gerardo Antonio Yaruro Jaimes, de 27 años, Tito Javier Martínez Ortega, de 25 años, residentes en los barrios Motilones, La Divina Pastora y Manuela Beltrán de la ciudad de Cúcuta, respectivamente.

Con la colaboración oportuna de la ciudadanía, la Policía Nacional fue alertada sobre el hurto de varios elementos de un inmueble de la zona rural, el cual habría sido cometido durante las horas de la noche por un grupo de hombres armados, los cuales luego de cometido el hecho delictivo, se habrían dado a la fuga por entre la maleza aprovechando la oscuridad de la noche.

Basados en los datos de la ruta que presuntamente tomaron y las características físicas, los uniformados desplegaron patrullajes de control por la zona e instalaron varios puestos de control sobre las diferentes vías, trochas y caminos, buscando evitar su salida.

En desarrollo de esas acciones, fue interceptado un vehículo Renault 12, en el que se movilizaban varias personas, las cuales vestían ropa con rastros de humedad y que coincidían con las características de los supuestos asaltantes y que al ver la presencia policial adoptaron una actitud sospechosa, hecho que llamó aún más la atención de los uniformados, por lo que procedieron a hacer una requisa minuciosa y en esta hallaron elementos al parecer producto del hurto.

Durante el procedimiento, fueron recuperados $224.000 en efectivo, joyas, dos armas de fuego, entre otros elementos, que presuntamente habrían sido hurtados durante el hecho ilícito.

Los elementos recuperados y los tres capturados fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y un Juez con Función de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento. Entre tanto, el menor fue llevado ante el Juzgado de Menores de Cúcuta.


Capturados dos hombres e incautada coca


Como resultado de un operativo contra las redes del narcotráfico desplegada por la Policía Metropolitana de Cúcuta –MECUC-, fueron capturadas dos personas e incautados 3.675 gramos de base de coca, que iban camuflados en dos compartimentos acondicionados en el piso de un vehículo.

El procedimiento fue adelantado por unidades policiales de la Subestación del Corregimiento La ‘Y’ de Astilleros del Municipio de El Zulia, donde fue interceptado un Renault 9, de servicio particular, de color blanco, de placas ICH-186, en el que se movilizaban los dos hombres y que al parecer vendría de la zona de El Catatumbo.

Al registrar el interior del automotor, los uniformados notaron que la silla del asiento trasero se encontraba desajustada, por lo cual procedieron a verificar, estableciendo que debajo de esta sobre el piso había rastros de material fresco de latonería, hecho que llamó su atención.

Al retirar el hueso duro, se hallaron dos tapas metálicas que estaban ajustadas por tornillos, en las que habían dos caletas artesanales dentro de las cuales se ocultaban siete paquetes rectangulares, embalados en material plástico, que contenían los más de tres kilogramos de pasta de coca.

Los dos detenidos de 29 y 32 años, el vehículo inmovilizado y la sustancia estupefaciente incautada, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

Con esta incautación, la ‘Policía Metropolitana de Cúcuta’, evitó que más de siete mil dosis personales del alucinógeno, fueran distribuidas posiblemente en las calles de la capital nortesantandereana.


No hay paramilitares en el país, dijo Colombia ante Consejo de DD.HH. de ONU


El Gobierno nacional acogió la mayoría de sugerencias de las naciones que participaron en el debate, sin embargo, desechó modificar su política de recompensas

TODOS LOS grupos paramilitares fueron disueltos en el territorio nacional, aseguró Colombia ayer en Ginebra, Suiza, en el debate en el que se presentaron las recomendaciones finales al país en materia de derechos humanos por parte de 43 de las 47 naciones que integran el Consejo de Derechos Humanos, organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas.

Previo al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembro de la ONU, Colombia ya había adquirido 69 compromisos de forma voluntaria y ahora acogió la mayoría de las recomendaciones de que fue objeto, sin embargo, rechazó cerca de 10.

Una de las recomendaciones que no será considerada por el Gobierno nacional señalaba que el país debía desmontar las estructuras económicas y políticas de los paramilitares desmovilizados.

En ese sentido, en el agregado al informe las autoridades colombianas aseguraron que “el concepto de paramilitar (es) un término que no se aplica en la situación actual”, tras la desmovilización de unos 31.000 combatientes de esas organizaciones que concluyó en 2006 como resultado del proceso de negociación que durante cerca de tres años desarrolló el gobierno Uribe con los líderes de las autodefensas.

Varios grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales denunciaron la semana pasada ante el Consejo que los grupos paramilitares –cuyos vínculos con políticos cercanos al Gobierno investiga la justicia– continúan actuando y simplemente cambiaron de nombre.

El Gobierno respondió que lo que restan son “bandas criminales emergentes” conformadas por unos 2.000 hombres y que controlan el tráfico de unas 500 toneladas de cocaína al año.

Para las ONG, sin embargo, esos grupos están conformados por entre 9.000 a 10.200 miembros.

En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía, señaló que “los países miembros y observadores del Consejo pueden tener la certeza de que emplearemos todos los esfuerzos necesarios para llevar estas recomendaciones a la realidad y la convicción de que serán estudiadas con todo el rigor y la seriedad por las instituciones concernidas”.

En cuanto a la decena de recomendaciones que Colombia no acogió, la Viceministra señaló que “manifestamos con toda honestidad que existen razones fundadas y expresamos, así mismo, la certeza de que existen mecanismos, políticas y medidas concretas en plena operación, destinadas a atender las preocupaciones expresadas”.

Seguirán recompensas

Suspender la política de recompensas por información sobre los grupos guerrilleros fue otra de las recomendaciones de varios países miembro del Consejo de Derechos Humanos que no fue tenida en cuenta por Colombia.

El sistema de recompensas “ha debilitado enormemente a los grupos armados ilegales y su estructura criminal; ha ayudado a resolver casos de secuestros y ha contribuido a luchar contra la impunidad”, dijeron las autoridades colombianas en un anexo al informe que presentaron la semana pasada al Consejo.

Sin embargo, el sistema de recompensas ha sido colocado en el ojo del huracán en el país porque estaría siendo utilizado por delincuentes para hacerse a las recompensas e incluso por militares que habrían asesinado a civiles para hacerlos pasar como muertos en combate.

El propio Presidente de la República señaló que habría alianza entre militares y delincuentes para cometer crímenes de civiles y cobrar la recompensa.
También el fiscal Mario Iguarán señaló que las recompensas que paga el Estado estarían sirviendo de incentivo para cometer delitos.

En la adenda que la Secretaría del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo circular entre los países presentes en el debate, fueron recogidas las reflexiones del Estado colombiano sobre aquellas recomendaciones que fueron aceptadas, aquellas que no pudieron serlo y aquellas referidas a la discusión del proyecto de Ley de Víctimas que actualmente cursa en el Congreso de la República.

Respecto a este último, Colombia hizo las precisiones sobre los cambios que ha impulsado en la iniciativa por medio de la cual se pretende reparar administrativamente a las víctimas de la violencia, incluyendo por acción de los agentes del Estado.

Unos 40 países intervinieron en el debate, entre estos Chile, México, Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Uruguay, Panamá, España, Suiza, Gran Bretaña y Dinamarca.

Entre las recomendaciones anunciadas desde la semana pasada se encontraba la del envío de “tres relatores especiales”, formulada por México.

Esos relatores debían ocuparse de la situación de los defensores de derechos humanos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la independencia de jueces y abogados.

Bolivia había recomendado el envío de un relator para abordar la situación de los pueblos indígenas y Chile reclamó a Colombia evitar que los acusados de abusos y violaciones graves “sean beneficiados por leyes de amnistía”.

El informe final sobre la situación de los derechos humanos en Colombia deberá ser aprobado en marzo por el pleno del Consejo


sábado, 13 de diciembre de 2008

‘Papás Noel’ y ‘Caninos’ entretuvieron a los ciudadanos


Con pintorescos atuendos de ‘Papá Noel’ y un ‘show canino’ la Policía Metropolitana de Cúcuta (MECUC), se tomó las calles céntricas de la capital nortesantandereana para darle una bienvenida a la navidad y brindarles seguridad a todos los ciudadanos.

Desde muy tempranas horas de la mañana, un grupo especializado de Policía de Carabineros, se tomaron los semáforos de las principales calles y avenidas de la ciudad, para realizar antes los usuarios de las vías y transeúntes un espectáculo canino lleno de acrobacias, durante el tiempo en que este permanecía en rojo.

Alternando con el ‘show canino’, uniformados luciendo trajes de color verde alusivos a ‘Papa Noel’, saludaban a la ciudadanía entregándoles al mismo tiempo dulces y recomendaciones de seguridad.

Entre tanto, en otros puntos de la ciudad, uniformados de la ‘Seccional de Investigación Criminal’ (SIJIN), el ‘Grupo Unificado para la Libertad Personal (GAULA) y el ‘Grupo de Operaciones Especiales’ (GOES), aprovechan los instantes en que los semáforos están en rojo para registrar los vehículos que se mantienen estacionados.

Alternamente a las actividades recreativas y preventivas realizadas en las calles, personal del sistema de vigilancia ‘Segway’, Policía Comunitaria (POLCO) y los ‘Papás Noel’, se toman los centros comerciales, para invitar a la ciudadanía a disfrutar de la ciudad, brindarles espacios seguros de esparcimiento y contrarrestar cualquier hecho delictivo que afecte su integridad personal o patrimonio económico.

La Policía Nacional, invita a toda la comunidad para que adopte medidas preventivas y eviten ser víctimas de los delincuentes y, ante cualquier emergencia comunicarse a la línea 123, 165 y 156.

Parapolítica: Fiscalía recaptura a Jorge Noguera


El ente investigador recaudó nuevas pruebas y documentos que vincularían al ex director del DAS con las autodefensas. Su caso había sido declarado nulo por la Corte Suprema debido a vicios de trámite

TRAS ENCONTRAR nuevas pruebas que lo vincularían con las autodefensas, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del ex director del DAS Jorge Noguera, cuyo proceso había sido anulado por orden de la Corte Suprema de Justicia hace seis meses por vicios de trámite.

Noguera fue capturado por agentes del CTI en las horas de la tarde de ayer, en el centro de Bogotá, e inmediatamente trasladado al búnker de la Fiscalía, en donde se le notificó oficialmente de la apertura de su caso. Momentos después y bajo estrictas medidas de seguridad, el ex funcionario fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, de donde salió en junio pasado.

Desde ese momento, una unidad especial de la Fiscalía inició la recolección de nuevas pruebas que buscaban vincular a Noguera Cotes con el paramilitarismo y demostrar la infiltración de este grupo ilegal en altas esferas del Estado.
Según se pudo establecer, la Fiscalía encontró nuevas pruebas entre testimonios y documentos, que darían fe de estos nexos.

Con estas pruebas, un fiscal delegado ante el Alto Tribunal buscará desde la próxima semana que se reabra el proceso contra el ex funcionario. Sin embargo, esta decisión podría extenderse hasta el próximo año debido a que la Corte entra en vacancia judicial este martes. Hasta que se promulgue una decisión judicial, Noguera no podrá salir de prisión.

En el primer proceso, la Fiscalía investigó a Noguera por presunto concierto para delinquir y abuso del poder, después de que testigos claves del escándalo judicial, como el ex jefe de informática de la misma institución, Rafael García (condenado), indicara que el ex director ordenaba la destrucción de pruebas y documentos para evitar la apertura de procesos contra los miembros de las autodefensas.

En una oportunidad, ante la Sala Penal de la Corte Suprema, el ex funcionario García aseguró que su posición en el DAS y la de Noguera se debían a “favores” que ellos habían realizado para las autodefensas en ocasiones anteriores.

“Mi puesto y el de él fueron en agradecimiento a muchas cosas a su favor”, dijo en esa oportunidad García.