miércoles, 27 de enero de 2010

Militares procesados por masacre quedarían libres


El caso se sumaría a los de los uniformados investigados por los falsos positivos de Soacha.

LOS 10 militares procesados por la masacre de 8 personas en la comunidad de paz de San José de Apartadó, estarían a punto de quedar en libertad por vencimiento de términos.

De acuerdo con ONG y familiares de las víctimas, el próximo 17 de febrero se vencen los términos establecidos en el Código Penal para que el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia adelante el juicio en contra de 10 militares por la masacre ocurrida el 21 de febrero 2005.

Por el hecho están siendo procesados el coronel Orlando Espinosa, el mayor José Fernando Castaño, el teniente Alejandro Jaramillo, Ángel María Padilla; el cabo primero Sabaraín Cruz, el sargento Jorge Humberto Milanes, Henry Agudelo Guasmayan, Ricardo Bastidas, Edgar García y Darío Brango Agamez, como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.

De acuerdo con la denuncia, desde el 26 de febrero de 2009, por parte de la Fiscalía General de la Nación se dictó resolución de acusación en contra de los militares.

Dicha providencia adquirió ejecutoria formal y material, el día 17 de febrero de 2009, razón por la cual, conforme a lo establecido en el artículo 365.5, en conexión con el artículo 15 de la Ley 600 de 2000, se tiene que el término legal para la celebración de la audiencia pública es de un año.

En un derecho de Petición radicado por la parte civil en calidad actores populares, el día 21 de enero 2010 ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura solicitan, que sea designado un Juez de descongestión a fin de que se disponga que la titular del Juzgado Segundo Especializado de Antioquia conozca con exclusividad, durante el periodo que fije la Sala Administrativa, del proceso.
También pidieron que sean investigados los hechos que han permitido o posibilitado la dilación del juicio, entre ellos el relacionado con el extravío del expediente, en la oficina de apoyo en la ciudad de Medellín.

“De manera extraña el día 16 de diciembre de 2009, los sujetos procesales fuimos informados que desde el día cinco de diciembre estas pruebas habían sido recibidas en la ciudad de Medellín, pero no habían sido entregadas para que hicieran parte del expediente. Esta situación desencadenó en una nueva suspensión de la audiencia, disponiéndose la continuidad de la misma para los días 4 y 5 de febrero de 2010”, indicaron allegados al proceso.

Así mismo recordaron que el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza anunció investigaciones para los funcionarios que faciliten las liberaciones por vencimiento de términos, y que el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León dijo que “lo que queremos es que se aclare la situación de cada uno de los implicados y el que sea culpable que se castigue, pero que no se dejen dudas porque eso nos hace mucho daño”.

Nuevas amenazas

Nuevas amenazas contra las madres denunciantes de los llamados falsos positivos de Soacha y contra el Personero de la localidad, se conocieron en las últimas horas.

El Personero Fernando Escobar confirmó que durante el fin de semana llegó a la casa de una de las madres un panfleto.

“Se recibió de nuevo un panfleto en el que se insiste en amenazar a las madres que califican de viejas lloronas, contra el Personero de Soacha y contra una Organización No Gubernamental Local”, indicó.

Son en total 11 las amenazas que han recibido las ocho familias denunciantes de los falsos positivos más las proferidas contra el personero de Soacha, Fernando Escobar.


Llamado a juicio ex subdirector del DAS por chuzadas


Además fueron cobijados con la misma medida seis ex funcionarios del G3, grupo del organismo de inteligencia

CUANDO ESTABA a punto de cumplirse un año de la apertura de investigación por la ‘chuzadas’ ilegales a miembros de la oposición, periodistas y magistrados, ayer la Fiscalía llamó a juicio al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, y a seis ex funcionarios más. Por el mismo caso son investigados los últimos cuatro ex directores de la entidad de inteligencia adscrita a la Presidencia de la República.

La resolución de acusación, en contra de los siete ex funcionarios de la entidad, fue proferida por la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Jenny Almeida, por concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores, y abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, por considerar que son responsables de interceptaciones ilegales entre 2004 y 2005, a periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos. Por este último delito, Narváez no fue acusado.

De acuerdo con la providencia del fiscal del caso, los acusados son Jackeline Sandoval Salazar, ex directora de Contrainteligencia del DAS; Jorge Armando Rubiano Jiménez, ex funcionario de la Subdirección de Contrainteligencia; Martha Inés Leal Llanos, ex coordinadora del Grupo de Inteligencia Estratégica; José Miguel Narváez Martínez, ex subdirector del DAS; Hugo Daney Ortiz, ex subdirector de Operaciones del DAS; José Alexander Velásquez Sánchez, ex coordinador del grupo de verificación de la Subdirección; y Enrique Alberto Ariza Rivas, ex director de Inteligencia, quien está prófugo.

Esas personas están privadas de la libertad en la Escuela de Aquimindia en Bogotá, en el DAS de Medellín y en la Escuela de Caballería de Facatativá (Cundinamarca).

Narváez se convierte en el primer ex funcionario de más alto nivel que es llamado a juicio en este caso que fue puesto al descubierto en febrero de 2009 por la revista Semana.

La primera cabeza que rodó tras estallar el escándalo fue la del subdirector de Inteligencia, Jorge Alberto Lagos, quien renunció al cargo después de que las autoridades señalaron que en su oficina se encontraron documentos que comprometían al DAS con las chuzadas, aparentemente listos para ser destruidos.

El 28 de mayo de 2009, la Fiscalía llamó a rendir indagatoria a los últimos cuatro directores del DAS para que explicaran que conocían sobre las interceptaciones ilegales. La medida cobijó a María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate, Jorge Noguera y Joaquín Polo.

Igualmente, el ente investigador citó a declarar a 30 funcionarios y ex funcionarios vinculados con el G3, grupo que entre 2004 y 2005 interceptó a varias personalidades.

La situación de los cuatro ex directores del DAS está pendiente de ser definida por el fiscal (e), Guillermo Mendoza, pues así lo establece el fuero que tienen por haber ocupado la jefatura del DAS.


lunes, 25 de enero de 2010

Endurecen penas para castigar desatención médica y corrupción en sector de la salud


Con penas de cárcel, como si se tratara de un homicidio, serán castigados la omision o desatención médica y los actos de corrupción en el sistema de salud del país, de acuerdo con el paquete de medidas promulgado por el Gobierno Nacional para proteger los recursos y la salud de los colombianos, en el marco de la Emergencia Social.

En uno de los decretos, el 126, se crean delitos relacionados con la corrupción en la salud y faltas disciplinarias; se agravan las penas de otros existentes; se fortalece el sistema de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud; se establece el Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción y Fraude para detectar y reportar operaciones sospechosas; y, por último, se implementa un régimen para controlar y regular el precio de los medicamentos.

De acuerdo con el Director del Programa Presidencial Lucha Contra la Corrupción, Óscar Ortiz González, la importancia de lo dispuesto es enorme pues “cuando la corrupción afecta a la salud o a la vida se parece más al homicidio que al hurto”.

Nuevos delitos y aumento de penas

El Decreto prevé medidas anticorrupción en el plano penal. De una parte, se determina que cualquier particular que administre recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) responderá penalmente como servidor público.

De otra parte, se crean delitos como la omisión de la atención inicial de urgencias cuando el paciente se encuentre en grave peligro, con penas escalonadas, según el resultado causado al paciente. Con ello se busca cerrarle el paso al ‘paseo de la muerte’, el cual hasta el momento podía sancionarse en casos extremos como la omisión de socorro, pero esta es una conducta punible poco aplicada porque no está delimitada y tiene una pena muy escasa en relación con su gravedad.

También se define como delito la venta fraudulenta de medicamentos; es decir, la reventa de medicinas entregadas a los pacientes con el objeto de obtener un provecho ilícito.

Las medidas anticorrupción también se dirigen al agravamiento de penas en los siguientes casos: contrabando, estafa, venta a precios excesivos (especulación) y manipulación de precios (agiotaje) de medicamentos, insumos y productos médicos, lo cual implica que frente a esos delitos sería aplicable la medida de aseguramiento de detención preventiva.

También se aumenta la pena para el delito de peculado por aplicación oficial, diferente cuando afecte recursos de la salud; es decir, casos de funcionarios que le dan a un recurso destinado para la salud una finalidad distinta a la contemplada en la Ley.

Para delitos relacionados con medicamentos las penas en general, que eran entre 2 a 6 años, serán entre 4 a 8 años, y para el peculado por aplicación oficial diferente, que oscilaban entre los 12 y 36 meses, serán entre 50 a 120 meses.

Faltas disciplinarias

Para faltas relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud se dispone que en lugar del proceso ordinario se aplique el procedimiento verbal, el cual resulta más rápido pues los términos son más cortos y permite que las decisiones se tomen en la audiencia.

De otro lado, el Decreto determina la creación de faltas gravísimas conducentes a la destitución o declaratoria de inhabilidad cuando un servidor público que ha adelantado acciones en cumplimiento de funciones de policía judicial no comparece intencionalmente a declarar en un proceso penal relacionado con fraudes al Sgsss y cuando se desvían u obstaculizan los recursos destinados a la salud.

Control a los precios de medicamentos

Otra decisión trascendental para enfrentar la corrupción en el sector de la salud es la creación de un régimen escalonado de control y regulación de medicamentos y dispositivos médicos.

Segun el gobierno, la idea en adelante es establecer topes cuando se detecten problemas con medicinas. Este régimen estará en manos de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, órgano que estaba dedicado a la formulación de políticas en el tema.

El Decreto faculta a esa Comisión a expedir multas a quien viole el régimen de control de precios, máximo por 5.000 salarios mínimos mensuales.

Inspección, vigilancia y control

Las normas buscan el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud en cuanto a la inspección, vigilancia y control.

En tal sentido, se determinó que esta entidad estará facultada para impartir a las entidades territoriales directrices de obligatorio cumplimiento, lo cual resulta fundamental para establecer criterios unificados en materia de control a los recursos de la salud. Además, tendrá la posibilidad de intervenir directamente cuando municipios, distritos o departamentos no apliquen los recursos de la salud y cuando no se dé atención de urgencias. De forma complementaria, podrá ordenar la cesación provisional de las acciones que pongan en riesgo la vida de los pacientes o los recursos del Sistema.

Sumado a ello, incrementará las multas, que quedan hasta por 5.000 salarios mínimos mensuales, en conductas como la no atención a usuarios (especialmente a niños y maternas), el incumplimiento de EPS o IPS en los pagos al Sistema General de Salud, entre otras.

Detección de la corrupción y el fraude

Con el ánimo de contar con un instrumento que permita detectar y reportar operaciones sospechosas, se ordena la creación del Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción y Fraude. Este hará parte de la Superintendencia Nacional de Salud y operará de forma similar al sistema de detección de operaciones de lavado de activos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Para su funcionamiento, se crea el Fondo Anticorrupción del Sector Salud, cuya financiación provendrá de las multas que imponga la Superintendencia Nacional de Salud, de aportes del Presupuesto General de la Nación, de donaciones, y de recursos de cooperación internacional, entre otros. Este Fondo también apoyará las labores de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia y permitirá establecer convenios entre la Superintendencia, los organismos de control y la Fiscalía.

Por último, el Decreto determina la inembargabilidad de los recursos de salud, decisión encaminada a garantizar la transparencia y la eficiencia del Sistema General de Salud.


domingo, 24 de enero de 2010

Capturado menor que habría participado en hurto


Como resultado de un rápido operativo adelantado por efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), fue capturado un menor de edad por el presunto delito de hurto.

El Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que unidades del Grupo de Operaciones Especiales GOES que adelantaban patrullajes de registro y control por ese sector, capturo a un menor que momentos antes habría participado en un hurto a una empresa expendedora de gas.

“El caso se presentó en el sector del barrio Molinos vía que conduce al municipio de Puerto Santander, donde los uniformados fueron alertados por una llamada telefónica que manifestaba que tres hombres armados habrían ingresado a la fuerza a la empresa Gas País, de donde lograron sustraer la suma de dos millones de pesos y despojar al vigilante de su arma de dotación, emprendiendo la huida en dos motocicletas, marca Yamaha DT 175, una de color negra y la otro de color roja”.

Ante el reporte, los uniformados iniciaron la búsqueda de los sospechosos, para lo cual desplegaron los planes de cierre de vías y registro y control de vehículos y personas, logrando interceptar una motocicleta de las características ya mencionadas en la avenida 7 con calle 23 a la altura de la redoma del barrio el Salado.

Los uniformados procedieron a solicitar el descenso al conductor para identificarlo, el cual asumió una actitud nerviosa. Al lugar llegó una de las victimas del hurto; quien identifico al joven como de los agresores.

El aprehendido un menor de edad de 17 años de edad, fue dejado a disposición de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia de Cúcuta.


Recuperadas 3 motos y 1 automovil


En diferentes operativos adelantados en esta capital, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), capturó a un hombre por el presunto delito de receptación y logro la recuperación de tres motocicletas y un automóvil.

El Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que las acciones operativas fueron realizadas por personal de vigilancia y la Policía de Tránsito, como resultado de los patrullajes de registro y control que se ejercen para contrarrestar la comisión de hechos delictivos.

En un primer procedimiento, personal de la Sub-Estación de Policía La Riviera, que realizaban acciones de control en la avenida 11 E frente a las instalaciones del Hospital Erasmo Meoz; observaron una motocicleta RX 115, color azul, sin placas; lo que llamo la atención de los uniformados para interceptarla, al solicitarle antecedentes figuraba de nacionalidad colombiana y hurtada. Luego al preguntarle al conductor como la adquirió manifestó haberla comprado y que el único documento de tenia de la misma era el certificado de circulación venezolano, siendo inmovilizada.

El capturado junto con la motocicleta fueron dejados a disposición de la URI, por el presunto delito de receptación.

En un segundo procedimiento, personal de la Sub-Estación de Policía La Y de Astilleros en la vereda Santa Rosa, recuperó una motocicleta marca Honda, color azul, de placas FDK-26A, la cual se encontraba abandonada en mal estado y al solicitársele antecedentes figuró solicitada por la Fiscalía Cuarta de Estructura y Apoyo de Bucaramanga.

Ente tanto, uniformados de la Policía de Tránsito en el barrio la Libertad recuperaron un automóvil marca Renault Clío, tipo sedan, color azul, de placas AEP-78R, venezolano, de propiedad de la firma Consolidada de Energía y Lubricantes C.A., solicitado por hurto en el vecino país.

El oficial señaló que dando continuidad a los operativos se logró en la avenida 23 con calle 14 del barrio Nuevo Horizonte, la recuperación de una motocicleta marca Kawasaki, de placas UDG-55, la cual presentaba el sistema de identificación adulterado, por personal del Comando de Atención Inmediata (CAI) Niña Ceci.

Los automotores fueron dejados a disposición del consulado de Venezuela de esta ciudad y de las autoridades solicitantes.


jueves, 21 de enero de 2010

Valencia habría actuado a favor de alias El Indio


LA ORDEN para excluir del organigrama de los más buscados al presunto narcotraficante John Fredy Manco Torres, la dio el hoy ex director de Fiscalías en Medellín, Guillermo León Valencia Cossio.

Así lo dijo ayer el jefe de inteligencia regional de la Policía Antioquia, coronel Fabián Cárdenas Leonel, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En el contra interrogatorio que fue adelantado por la fiscal delegada ante la Corte, Ángela María Buitrago, el actual funcionario indicó que se conocía en el departamento la importancia de alias El Indio dentro del cartel de alias Don Mario, y que la orden emitida por el ex fiscal causó sorpresa.

“Era conocido que el presunto narcotraficante John Fredy Manco Torres era hombre de confianza de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, lo cual se había reiterado en varias reuniones adelantadas con diferentes autoridades del país”, indicó en la audiencia.

Señaló que pese a la sorpresa y ante la insistencia de Valencia Cossio, la Policía omitió el nombre del organigrama en el que aparecían los mandos y socios de la banda del narco-paramilitar Don Mario.

Valencia Cossio es investigado por sus presuntos nexos con la banda de Daniel Rendón Herrera, Don Mario, hoy preso en la cárcel de Cómbita, por lo cual habría intervenido para que el nombre de El Indio no apareciera en el cartel.

Según el oficial, este hombre aparecía en la banda de Don Mario como el segundo al mando; sin embargo le extrañó que su nombre fuera suprimido del organigrama de esa banda el 23 de junio de 2008 durante el consejo de seguridad al que asistió el presidente para tratar el tema.

Añadió que la Policía iba a presentar en ese Consejo el organigrama con el nombre de El Indio, pero que por insistencia del fiscal Valencia Cossio se borró el nombre del narco, que por orden de un juez quedó en libertad el año pasado.

Lo curioso es que el coronel Cárdenas había sido citado por la defensa de Valencia Cossio.


Crimen de Gómez: Rasguño señala a Serpa y Samper


Según el extraditado narcotraficante, los dirigentes políticos instigaron al cartel del Norte del Valle para que ordenaran el asesinato.

EL ENTONCES presidente Ernesto Samper y su ministro Horacio Serpa Uribe habrían instigado al cartel del norte del Valle para que dieran muerte al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Así lo habría asegurado Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, a la Fiscalía y la Procuraduría, en la cárcel donde se encuentra recluido en Estados Unidos.

La versión fue dada a conocer ayer por la FM y de acuerdo con la información, las aseveraciones de Rasguño permitieron al procurador delegado para lo penal, Gabriel Jaimes, solicitar al Fiscal General vincular al expediente a varias personas -sin entregar nombres-, en calidad de coautores del crimen, ocurrido el 2 de noviembre del 2005, al norte de Bogotá.

La Fiscalía reabrió el proceso, que está en etapa preliminar y con la declaración de Rasguño podría dar un vuelco a las investigaciones.

De acuerdo con la versión entregada por el extraditado jefe del narcotráfico, durante la época del escándalo del proceso 8 mil, para el entonces presidente Samper y su Ministro, si se daba un golpe de estado, Álvaro Gómez llegaría al poder y con él, dice Rasguño, Colombia se volvería una finca de los estadounidenses y los narcotraficantes serían extraditados.

Rasguño sustenta su afirmación en una reunión, celebrada a comienzos de 1996 en una finca en Tierralta, Córdoba, llamada Cinco Tres. Según su versión, en esa reunión, participaron el entonces máximo jefe de las autodefensas, Carlos Castaño, el otro jefe del cartel del norte del Valle, Orlando Henao, conocido como el Hombre del Overol y el narcotraficante Efraín Hernández, Don Efra.

De acuerdo con el documento dado a conocer por la FM, alias Rasguño “fuimos a una finca que se llama Cinco Tres, ahí en Tierralta, en un pueblito que se llama El Volador, La finca era de Carlos, ahí fue donde nacieron las autodefensas. Hay una discusión muy fuerte entre Orlando y Carlos Castaño por lo de Álvaro Gómez, muy fuerte, yo pues escucho la discusión. Yo me paro y me abro un poquitico, pero me quedo ahí pendiente y yo digo nos van a matar porque la discusión es fuerte. Orlando era también muy grosero y Carlos le decía pues que ellos no tenían porque haber matado a Álvaro Gómez y que más por proteger a un bandido como Samper, que porque Samper era un bandido igual a Serpa y que él sabía que si él no había matado a Serpa, era porque Serpa era amigo de nosotros, pero que Serpa era un hombre totalmente guerrillero”.

Según su versión durante el enfrentamiento verbal, Castaño dejó ver su admiración por Álvaro Gómez, de quien dijo era un seguidor de sus políticas.

Rasguño le precisó a la Comisión de la Procuraduría y de la Fiscalía que tomaron su declaración, las revelaciones y los detalles que según él, le contó Orlando Henao, sobre la participación del cartel del norte del Valle en el magnicidio de Gómez Hurtado.

“Orlando me dice: hermano lo que pasa es lo siguiente: el doctor Álvaro Gómez estaba ambientando un golpe de estado dentro de los militares y los grandes ricos de Bogotá.

Entonces el doctor, El Gordo (el gordo es Samper) y Horacio (porque él le decía Horacio) mandan la razón”.

Rasguño suministra el nombre de esta persona que habría servido de puente con la mafia, pero su identidad las autoridades la mantienen bajo protección, para no entorpecer la investigación.

“Entonces él (Orlando Henao) relata esos hechos, y dice, bueno todo se hizo a través de esa persona. Él fue quien trajo todas las razones y todo”.

“Yo le dije, ¿bueno pero qué pasó? y me dice bueno al doctor Álvaro fue imposible arrimarle, tratamos por todos los medios de buscarle arrimar para que se quedara quieto y ese hombre es muy jodido, ese hombre no quiso recibir plata, ni quiso recibir a nadie y dijo: entonces nosotros vimos que la única forma de acallarlo era matarlo y tomamos la decisión de matarlo”.

En su versión, revelada por La FM, alias Rasguño aseguró que Orlando Henao, el Hombre del Overol le confesó “a su vez estábamos buscando, necesitábamos algo que distrajera la investigación de Samper en la Cámara de Representantes, para que Heyne Mogollón pudiera hacer pasar la inocencia de Samper en el proceso 8 mil, entonces esos son los motivos, me dijo, el golpe de estado y poder seguir adelante con la inocencia de Samper en el Congreso”.

Durante la diligencia la Comisión judicial le preguntó a Rasguño quién había ejecutado el plan de asesinar a Álvaro Gómez. Dijo que esa pregunta se la había hecho a Henao.

“Orlando, ¿quién mató al doctor Álvaro Gómez? y me dijo Danilo fue el que hizo la vuelta. Danilo González, el coronel Danilo González, en esa época Danilo yo creo que era mayor no era coronel”.

Serpa se defiende

Al conocer la declaración de Ragtuño, el gobernador de Santander, Horacio Serpa, negó en La W haber sido instigador del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.
Según Serpa, hacer una afirmación de esa naturaleza es algo “absurdo”.

“Soy un hombre dedicado a la actividad política dentro de los cánones de la democracia. Nunca he estado en contra de la ley, no contra la autoridad y mal podría de ninguna manera haber incurrido en una consideración de este tipo”, subrayó el Gobernador.


martes, 19 de enero de 2010

Capturado contrabandistas de hidrocarburos


Como parte de los controles adelantados por el Departamento de Policía Norte de Santander para contrarrestar la problemática presentada en referencia al transporte y la comercialización ilegal de hidrocarburos de procedencia extranjera, situación afecta la economía y la producción legal de hidrocarburos en territorio nacional, y que pone en riesgo la vida y la seguridad de la comunidad en general, se presenta la captura de cuatro hombres en diferentes operativos, por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados.

Las primeras capturas se realizaron sobre la vía que comunica a la provincia de Ocaña con el municipio de Sardinata, sobre el kilometro 16, sector conocido como Chapinero, en momentos en los que unidades pertenecientes a la Seccional de transito y transporte de Norte de Santander SETRA DENOR, adelantaba los controles tendientes a contrarrestar el transporte irregular de combustibles, siendo capturados dos hombre, quienes al mejor estilo de la serie americana “los duques de Hazard”, habían adecuado sus vehículos, no para traficar con licor, sino para transportar gasolina de contrabando.

Los dos vehículos Chevrolet, línea monza, modelo 86, uno color vino tinto de placas XHD 719 y el otro color amarillo de placas IPC 454, habían sido adecuados por sus propietarios para poder transportar muchos mas galones de gasolina en un solo viaje, razón por la cual, cada uno de estos automóviles transportaba un total de 150 galones de este combustible de procedencia extranjera.

Los hombres capturados fueron identificados como MANUEL JULIAN NARANJO de 23 años, conductor del primer vehículo, y WILLIAM JOSE BAONA, de 37 años de edad, quien conducía el segundo de los automóviles, que a raíz de las adecuaciones realizadas, presentaban un mayor riesgo, por la gran cantidad de combustible que transportaba cada uno.

En otro de los operativos, unidades adscritas al Grupo de operaciones especiales de Norte de Santander GOES DENOR, fueron capturados los señores OSMAN ANTONIO JACOME NUMA, de 46 años de edad y JESUS EDWIN SALAZAR LOBO de 34, quienes se movilizaba en un vehículo Dodge MODELO 78, color azul, de placas PKE 390, transportando 200 galones de gasolina, avaluados en 2 millones de pesos, sin portar ningún tipo de documento que acreditar su legalidad o procedencia.

Este procedimiento se adelanto en el sector del barrio la Gloria del municipio de Ocaña, dejando un saldo total de cuatro personas capturas, tres vehículos inmovilizados y 500 galones de gasolina de contrabando incautados, avaluados en más de cinco millones de pesos; todo, dejado a disposición de la fiscalía local de la provincia de Ocaña, para la correspondiente judicialización.


lunes, 18 de enero de 2010

Cae cargamento de marihuana en sector céntrico de Cúcuta


En desarrollo de un operativo contra las redes del narcotráfico personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), logro la incautación de cuatro mil novecientos veinte siete kilogramos de marihuana prensada que se encontraba en una bodega de la ciudad de cúcuta.

El Brigadier General Orlando Pineda Gómez, comandante de la región cinco de la Policía, señalo que esta unidad en conjunto con la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, viene adelantando una ofensiva contra las estructuras de las redes del narcotráfico que delinquen en esta región del país.

“El procedimiento fue adelantado en una bodega del barrio La Ínsula, luego de que mediante labores investigativas y manejo de fuentes humanas, se estableció la existencia de un cargamento de marihuana que se encontraría en este lugar”, señalo el oficial.

Basados en las informaciones obtenidas, uniformados de la Policía de Antinarcóticos se desplazaron hasta el lugar señalado, ubicado en la avenida 6 con calle 1 del barrio la Ínsula el cual estaba situada la bodega y donde se encontraron los noventa y siete bultos.

Al verificar el contenido de los costales en fibra plástica, y diversos colores se encontraron que se trataba de marihuana prensada embalada al vacio con cinta de color azul, la cual se presume estaría a punto de ser sacada del lugar, teniendo en cuenta el lugar donde estaba y la distancia de las vías de movilidad.

En total fueron cuatro mil ochocientos setenta y tres paquetes en forma de panela, con un peso aproximado de 4.927 kilogramos, los cuales fueron sometidos a la prueba de identificación preliminar Homologada (PIPH), la cual arrojo positivo para marihuana.

Con esta incautación, se impidió que cerca de 700 millones de pesos ingresaran a las arcas del narcotráfico si estas fuesen comercializadas en las calles locales; pero si el cargamento hubiese sido llevado al exterior, su valor comercial podría alcanzar hasta los 21.000 millones de pesos, puntualizo el oficial.

El comandante de la región cinco de norte de Santander, dijo que se continuaran adelantando las acciones investigativas y operativas para contrarrestar el accionar delictivo de las organizaciones delincuenciales al servicio del narcotráfico.

En el operativo fueron capturados cuatro personas las cuales en el momento del allanamiento se encontraban dentro de la bodega y fueron identificados como Jaime Serpa Luna de 57 años de edad natural de Barrancabermeja (Santander), Carmen Rosa Castillo Pacheco de 32 años de edad natural de Aguachica (Cesar), Tobías Pacheco Pérez de 74 años de edad natural de Villanueva (Cesar), y Ramiro Pabón Moreno de 56 años de edad natural de El Zulia (Norte de Santander), residentes en el barrio La Ínsula, y fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.


Policía de Cúcuta captura dos cosquilleros


Otros dos presuntos integrantes de la supuesta banda delincuencial “Los Cosquillos” fueron capturados en las ultimas horas en esta Capital, en desarrollo de un operativo adelantado por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Teniente Coronel Carlos Enrique Villadiego Ruíz, señalo que las dos personas fueron detenidas en la capital Norte Santandereana, por efectivos del grupo “Contra Atracos” de la seccional de investigación Criminal (Sijin), Luego de un contundente proceso investigativo que llevó un juez de la ciudad expidiera contra ellos ordenes de captura por los presuntos delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas.

El operativo que permitió la detención de los dos presuntos integrantes de la supuesta banda delincuencial “Los Cosquillos”, identificados como Alheice Perico Pita, de 29 años de edad natural de Villa del Rosario residente en el barrio Loma de Bolívar y Yenni Mirency Rodriguez, de 29 años de edad natural de Palmira (Valle) y también residente en Loma de Bolívar, se llevó a cabo en el barrio La Cabrera.

“Al revisar los antecedentes judiciales se encontraron que Perico Pita, registra dos detenciones en los años 2001 y 2008, por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto, entre tanto Rodríguez presenta el reporte de haber sido capturada en los años 2001 y 2008 por el supuesto punible de Hurto” agrego el oficial.

Con estas dos detenciones se completa un total de seis presuntos, integrantes de esta supuesta organización delincuencial que se dedica al hurto principalmente mediante la modalidad de “Cosquilleo”, y cuyos integrantes llegarían en grupo a los locales comerciales y abordarían a las victimas, utilizando, diferentes artimañas para distraer su atención y así llevar a cabo el hurto de diferentes elementos.

El comandante encargado de la Metropolitana de Cúcuta, recordó que las otras cuatro personas fueron detenidas por la Sijin el pasado mes de Diciembre en el centro de la ciudad en cumplimiento de órdenes judiciales por los mismos delitos.

Los aprehendidos se dejaron a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y un juez con funciones de control de garantías les dio medida de aseguramiento en centro carcelario

Casos por los cuales se les investiga a esta supuesta banda delincuencial:

Dentro del material probatorio aportado en la investigación de los casos en los cuales estaría involucrada esta supuesta banda, se obtuvieron dos videos; en uno de ellos claramente se registra como supuestamente los integrantes de esta banda, ingresaron a una joyería.

En otro de los videos se observa un hurto cometido en el pasado mes de mayo a una clienta de un almacén a donde un hombre y una mujer ingresan y de forma estratégica esta ultima le saca a la victima una billetera que llevaba en el bolso de mano, la cual contenía $ 1.300.000 en efectivo, documentos y tarjetas de crédito.

Otro caso, tuvo que ver con el hurto de $800.000 a una señora que transitaba en su vehículo por el centro de la ciudad, cuando varios hombres que se movilizaban a pie la distrajeron diciéndole que una de las llantas traseras del carro estaba pinchada; cuando la mujer se bajó a verificar, los hombres por el otro lado del vehículo le saquearon el bolso y se llevaron la billetera con el dinero.

A los presuntos integrantes de esta banda delincuencial también se les investiga por un hurto cometido en el mes de septiembre en un almacén de la zona céntrica; donde también una pareja ingresó con la excusa de comprar un pantalón y en el momento en que la mujer simulaba probárselo en el vestidor, le puso unas esposas a la vendedora, mientras que el hombre desenfundó una pistola, con la cual intimidó a la empleada y hurtaron $3’000.000 que estaban en la caja registradora.

Los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía y un juez con función de control de garantías.


Policía destruye laboratorio de coca en el Catatumbo


En momentos en los que unidades adscritas al Escuadrón móvil de carabineros EMCAR DENOR, del departamento de Policía Norte de Santander, en labores coordinadas con el EMCAR nacional, terminaban de destruir un complejo para la producción de clorhidrato de cocaína, ubicado en la vereda el Socorro, zona rural del corregimiento de Petrolea, se presento un enfrentamiento con subversivos al parecer del frente 33 de las FARC, que custodiaban estas plantaciones y estos pequeños laboratorios para la elaboración de la sustancia estupefaciente.

En el enfrentamiento, que fue repelido oportunamente por las unidades de policía que adelantaban el operativo, afortunadamente no se presentaron muertos ni heridos, desconociéndose hasta el momento el saldo que pudo haber dejado el combate en el grupo narcoterrorista que participo en el ataque y que intenta convertir esta zona de frontera del departamento en corredor estratégico para la producción, transporte y comercialización de estupefacientes.

Estos operativos de recuperación de la zona rural, se viene adelantado durante las ultimas semanas en gran parte de los municipios que integran el cuarto distrito de policía de Tibú, estando coordinado con unidades de inteligencia como la Seccional de Investigación criminal SIJIN y la Seccional de inteligencia policial SIPOL de Norte de Santander, los cuales, han dejado importantes resultados en el transcurso de estos dos últimos días.

El pasado 15 de enero, en sector del corregimiento de Petroleas, fueron erradicados de forma manual, 3 cultivos de hoja de coca, uno de 3.4 hectáreas, otro de 3.8 hectáreas y el ultimo de 4.2, para un total de 11.4 hectáreas de este tipo de cultivo ilegal, informe que fue enviado a la fiscalía local de Tibú, para su correspondiente registro.


Como complemento de esta actividad, el personal del EMCAR, logró ubicar y destruir el día de ayer, un laboratorio artesanal para el elaboración de clorhidrato de cocaína conocido como “chagra”, en donde fueron hallados varios kilos de insumos para el procesamiento del alcaloide; dentro de los que se relacionan: 4 canecas de hoja de coca procesada, 2 mangueras de 6 metros cada una, 15 canecas metálicas vacías, 20 bultos de cemento, 1 prensa hidráulica, 10 baldes plásticos, 3 cernidores de madera y malla, una pesa con capacidad para 200 kilos, 5 canecas de amoniaco, 2 picadoras y 10 canecas plásticas con gasolina.

El complejo y los insumos destruidos, pueden llegar a estar avaluados hasta en 100 millones de pesos, locación que promediaba una producción mensual 700 kilos de clorhidrato de cocaína, razón por la cual se presume, permanecía custodiado y resguardado por los miembros del grupo subversivo de las FARC, que protagonizaron el combate con los miembros de la Policía Nacional que adelantaron el operativo.

El comando del departamento de Policía Norte de Santander, resalta la labor riesgosa adelantada por sus uniformados, demostrando con ello su compromiso con el bienestar de toda la comunidad, los cuales continuaran atacando y controlando este flagelo del narcotráfico, que tanto afecta la paz y la tranquilidad de todo el pueblo Colombiano.


Son subsanables fallas del sistema acusatorio: Borrero


A diferencia de países como Chile, en Colombia no se hizo un relevo generacional con los operadores.

EL PASADO 1º de enero el Sistema Penal Acusatorio cumplió su quinto año de entrar en vigor, sin embargo lo hizo en un ambiente coyuntural de críticas a la administración de justicia por algunos hechos que lucieron escandalosos a los ojos de la opinión pública.

Pocos le dieron la razón a un fiscal de Barranquilla que dejó en libertad al empresario Samuel Enrique Viñas, quien llamó a la Policía para entregarse porque minutos antes, según él, había asesinado a su esposa.

O también aún no baja la temperatura en la indignación de la opinión pública porque en menos de dos semanas salieron en libertad por vencimiento de términos, 31 militares investigados por la comisión de falsos positivos.

Sin embargo la directora de la Corporación Excelencia a la Justicia, Gloria María Borrero, organismo que hace parte de la Comisión Constitucional de Seguimiento, defendió las bondades del Sistema y aunque aceptó que hay una serie de falencias, dijo que son subsanables y no estructurales.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué falencias encontró en el Sistema Penal Acusatorio la Comisión Constitucional de Seguimiento y que ésta propone?

GLORIA MARÍA BORRERO: Tenemos datos actualizados: efectivamente el Sistema se dedica a la flagrancia más que a la gran investigación y a la gran criminalidad. Ahí tiene bastantes deficiencias en la investigación, la mayoría de las causas, un 97 por ciento, están trancadas en la investigación, o sea en la Fiscalía. Hay falta de personal, hay muchas falencias en la gestión, hay poco uso de la tecnología, hay desperdicio de recursos humanos, hay muchos policías judiciales que se dedican a funciones de mensajería, hay problemas con los informes metodológicos, hay mucho problema con la gestión de audiencias, hay problemas con la información, hay problemas con la capacitación.

Entonces se está proponiendo adecuar los modelos de gestión, hay problemas en el traslado de presos a las salas de audiencias y hay problemas de interpretación.

ENS: ¿Entonces los problemas del Sistema Penal Acusatorio dependen más de ajustes y no son estructurales?

GMB: Yo no creo que sea culpa del Sistema, que es bueno, es un Sistema más garantista, es un Sistema de cara al ciudadano, es un Sistema más ágil, tenemos cuellos de botella, tenemos problemas, lo hemos implementado a veces equivocadamente pero el Sistema como tal es bueno. Yo me pregunto ¿cómo vamos a regresar al anterior. En el mundo no hay sino dos sistemas penales: el inquisitivo y este de parte final. Cómo vamos a regresar al inquisitivo, que era la época del oscurantismo, que era todo escritura. Cuándo la gente se enteraba que habían prescrito los procesos, solo al cabo de los años, ahí no había control ciudadano.

ENS: ¿Por qué se perciben tantas diferencias en las interpretaciones entre los administradores de justicia en aspectos como calificación del tipo de delito, beneficios y condenas, si es un mismo Sistema?

GMB: Yo no creo que sean tantas, yo creo que es un Sistema que es nuevo, se viene ajustando. Ha habido deficiencias en la capacitación. Hay países que cuando implementaron el Sistema, como Chile que decidió hacer un cambio generacional, formó un grupo de gente nueva, joven; nosotros no decidimos eso, nosotros decidimos continuar con los que venían trabajando en el sistema, y ese cambio de cultura y ese cambio de chip es lo que es difícil. O sea que aquí hay que seguir insistiendo y en la próxima generación de jueces las cosas van a ser absolutamente diferentes.


sábado, 16 de enero de 2010

Balance operativo del 11 al 14 de enero de la policía nacional


ESTACION PAMPLONA

INCAUTACION ESPECIE DE FAUNA SILVESTRE
El día 11 de enero de 2010, en la entrada a Pamplona, fue incautada un (1) ave silvestre clase follo de agua, color azul, avaluado en $ 500.000 pesos, el cual era transportada mediante encomienda en un vehículo de servicio publico. El motivo de la incautación, fue la aplicación de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1608 de 1978. La especie será dejada a disposición de Corponor Pamplona.

INCAUTACION DE MATERIAL FONOGRAFICO
El día 13 de enero de 2010, en el sector el Salvador, de la vía que comunica a Pamplona con Cúcuta, fueron incautados cuarenta y seis (46) CDS en formato DVD, avaluados en $763.600, transportados mediante encomienda en un vehículo de servicio público. El motivo de la incautación, fue la aplicación de la Ley 44 del 1993. El material fonográfico será dejado a disposición de la Inspección de Policía Pamplonita.
ESTACIÓN CUCUTILLA

INCAUTACION ARMA DE FUEGO (Abandonada)
El día 13 de enero de 2010, en la vía que conduce a la vereda Morquecha, personal de la Estación Cucutilla, se incauto una escopeta de fabricación artesanal, avaluada en $400.000, la cual fue hallada en estado de abandono. El arma de fuego será dejada a disposición del Comando Primer Distrito.

ESTACIÓN SILOS

INCAUTACION DE ARMA DE FUEGO ABANDONADA
El día 10 de enero de 2010, en la vereda Cherqueta del municipio de Silos, fue incautada un arma de fuego hallada en estado de abandono. El arma de fuego será dejada a disposición del Comando de Primer Distrito Pamplona.

SEGUNDO DISTRITO DE POLICÍA OCAÑA
ESTACION OCAÑA

CAPTURADO POR FAVORECIMIENTO AL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS, E INCAUTACIÓN DE (320) GALONES DE GASOLINA
El día 10 de enero de 2010, en el sector Alcosure, de la vía que de Ocaña conduce a Cúcuta, fue capturado un joven de 24 años de edad, a quien le fueron incautos trescientos veinte (320) galones de gasolina, avaluados en $1.760.000, que transportaban en una camioneta Ford 150, de placas ZIG-880. El capturado, combustible y vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Ocaña.
DOS CAPTURADOS POR DAÑO EN BIEN AJENO Y VIOLACION DE HABITACION AJENA
El día 12 de enero de 2010, en una joyería y relojería, ubicada en la carrera 13 del barrio centro del municipio de Ocaña, fueron capturados en flagrancia los señores CARLOS PEREZ CONTRERAS de 28 años de edad y CARLOS JULIO GUTIERREZ AREVALO de 45 años, a quienes les fueron incautados: tres lazos, una extensión eléctrica de 40mts. una barra de hierro, un punzón de hierro, un taladro eléctrico, un equipo de soldadura, dos pipetas, una caja de herramienta y víveres varios, avaluados en $1.000.000, en momentos en los que pretendían hurtar la joyería antes mencionada, ocasionando daños a las tejas y puerta trasera de una parroquia aledaño. Los capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local Ocaña.

ESTACION CONVENCION

RECUPERACION DE MOTOCICLETA
El día 10 de enero de 2010, en el sector la curva del municipio de Convención, fue recuperada la motocicleta marca Suzuki TS-185, color negro, sin placas, modelo 1998, tipo Cross, avaluada en $2.000.000, solicitada por la Fiscalía de Bucaramanga, por el delito de hurto. La motocicleta será dejada a disposición de la autoridad solicitante.

CUARTO DISTRITO DE POLICÍA TIBÚ
SUBESTACION TRES BOCAS

INCAUTACION DE MATERIAL FONOGRAFICO
El día 10 de enero de 2010, en la entrada al corregimiento de Tres Bocas, fueron incautados veinticinco (25) CDS musicales de diferentes géneros, avaluados en $245.000, hallados en estado de abandono. El material fonográfico será dejado a disposición de la Inspección de Policía Tibu.

UNIDADES ESPECILIZADAS
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CAPTURADO POR FAVORECIMIENTO AL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS, INCAUTADOS (100) GALONES DE GASOLINA E INMOVILIZADO VEHICULO
El día 10 de enero de 2010, en el sito la Ceiba de la vía Sardinata - El Zulia, fue capturo en flagrancia el señor WILSON MORA CONTRERAS, de 38 años de edad, a quien le fueron incautados cien (100) galones de gasolina, avaluados en $664.000, los cuales eran transportados en un automóvil, marca Chevrolet, color naranja, de placa ICH-554. El capturado, combustible y vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía de Turno Cúcuta.

DOS CAPTURADOS POR FAVORECIMIENTO AL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS, INCAUTACIÓN DE (350) GALONES DE GASOLINA E INMOVILIZACION VEHICULO
El día 10 de enero de 2010, en la vereda el Guayabal, de la vía Ocaña – Abrego, fueron capturados CARMEN ANGEL LOPEZ PEREZ, de 38 años de edad, y JOSE DEL CARMEN VEGA, de 47, a quienes les fueron incautos trescientos cincuenta (350) galones de gasolina, de procedencia venezolana, avaluados $1.400.000, los cuales transportaban en una camioneta marca Dodge, de placas RDG-223. Los capturados, el combustible y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Ocaña.

CAPTURADO POR FAVORECIMIENTO AL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS INCAUTACIÓN DE (220) GALONES DE GASOLINA E INMOVILIZACION VEHICULO
El día 10 de enero de 2010, en el Kilometro 18, de la vía Ocaña – Abrego, fue capturado LUIS EMILIO SANCHEZ CORONEL, de 54 años de edad, a quien le fueron incautados doscientos veinte (220) galones de gasolina, de procedencia venezolana, avaluados en $880.000, los cuales transportaba en la camioneta marca Chevrolet, de placas LMG-479. El capturado, combustible y vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Ocaña.

INCAUTACION DE (90) GALONES DE GASOLINA
El día 11 de enero de 2010, en el sector de la Cuatro, vía que conduce al municipio de Tibu, fueron incautados noventa (90) galones de gasolina, avaluados en $585.000, los cuales fueron hallados en estado de abandono. El combustible será dejado a disposición de la DIAN Cúcuta.

SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

INCAUTACION PESCADO
El día 13 de enero de 2010, en el sitio la Herradura, vía Ocaña – Sardinata, fueron incautados (800) kilos de mojarra roja y trescientos (300) kilos de bocachico argentino, avaluado en $8.500.000, los cuales eran transportados en un camión marca Chevrolet, línea NKR, tipo furgón, color blanco. El motivo de la incautación fue por presentar el salvoconducto de movilización vencido. La mercancía fue dejada a disposición de la Inspección de Policía Ocaña.


2 suboficiales y 11 soldados, destituidos por falso positivo


Por incurrir en grave violación al Derecho Internacional Humanitario, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 20 años a dos suboficiales y once soldados profesionales del Ejército por su responsabilidad en la retención y posterior muerte de Diosedes Caicedo Palomar, quien fue presentado como un subversivo muerto en combate.

Los militares sancionados son el Sargento Segundo Diego Arturo Mondragón, Cabo Primero Richard Hernán Espinoza Daza y los Soldados Profesionales Yair Andrés Mesa Ossa, Yovann Erneldis González Arias, Jorge Alexander Arias Flórez, Wilinton Arias Yepes, John Hawin Caicedo Sánchez, Dinael Antonio Sierra Franco, Héctor Alonso Londoño Ortiz, Fernando Vargas Chavarro, Luís Leisy Delbasto Arias, Marco Aurelio Millán Durán y Ángel Vicente Clavijo Martínez.

Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2004, cuando Caicedo Palomar fue interceptado en un retén militar instalado por miembros del Ejército Nacional, adscritos a la Compañía Batallador del Batallón de Contraguerrillas No. 28, a la altura de Puente Remolino, cerca a la Inspección de Valencia de la Paz, jurisdicción del municipio de Iquira, Huila.

Los militares que hicieron parte del operativo coincidieron en manifestar que Diosedes Caicedo Palomar falleció en desarrollo de un combate sostenido por las tropas del Ejército Nacional con un grupo armado al margen de la ley del cual hacía parte la víctima. Aclararon los militares que al ser atacados con armas de fuego, respondieron de igual manera y luego de cesar el fuego, efectuaron un registro en el lugar encontrándolo muerto.

Por su parte, los familiares de la víctima y otros testigos negaron que Diosedes hubiera muerto en un combate, pues además de ser un campesino que no tenía vínculos con la guerrilla, la mañana de su muerte había quedado en poder de los militares, luego de que éstos lo bajaran de un vehículo en el cual se transportaba hacia la Inspección de Valencia de la Paz, en un retén a la altura del puente El Remolino.

La investigación demostró una serie de inconsistencias en los reportes entregados por los militares.

El informe de patrullaje presentado por el sargento Mondragón Cortés se limitó únicamente a señalar el resultado de la baja en combate, pero no hizo referencia al número de personas con las que sostuvo el combate, la hora y las demás circunstancias relacionadas con ese hecho, tampoco hizo referencia a las presuntas personas que, después dijo, habían huido del lugar.


Magnicidio de Gómez Hurtado podría ser de lesa humanidad


TAL COMO ha ocurrido con casos como el del Palacio de Justicia, el del avión de Avianca y algunos otros cometidos por el extinto Pablo Escobar, el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, podría ser declarado de lesa humanidad.

Así lo advirtió ayer el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, al revelar que en una cárcel de los Estados Unidos fue recogido el testimonio del narcotraficante, Guillermo Gómez Bustamante, alias Rasguño, dentro de la investigación por este hecho, ocurrido del 2 de noviembre de 1995.

Dos fiscales y un delegado de la Procuraduría viajaron a los Estados Unidos para recaudar la declaración de este narcotraficante, que aseguró tiene información de este crimen, sobre quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.

Mendoza Diago aseguró que se evaluará la declaración para determinar si la investigación es reabierta y quiénes serían vinculados.

“Algunas personas anunciaron que tienen información de máxima credibilidad que nos llevaría a encontrar las razones y responsables de este crimen del aspirante presidencial Álvaro Gómez, el cual puede declararse de lesa Humanidad”, señaló Mendoza Diago.

“Este es un enfoque que depende no de los funcionarios sino del curso que se dé en la investigación. En todo caso evaluaremos la validez de las nuevas versiones recogidas”, señaló.

Según se conoció extraoficialmente, Rasguño habría hablado de un complot en el cuál participaron miembros de las autodefensas y algunas otras importantes personalidades del país.

El jefe del ente acusador no descartó que de acuerdo con las declaraciones de Rasguño se profieran las primeras órdenes de captura.

Por el homicidio existen todavía varias investigaciones abiertas.

La decisión de escuchar a Rasguño y a Santander Lopezsierra, conocido como El Hombre Marlboro, había sido adoptada por la Fiscalía en julio del año pasado, luego que el capo –que fue capturado en Cuba y luego extraditado a Estados Unidos–, aseguró que tenía conocimiento de la participación de varias personas en el crimen.

El Fiscal Mendoza Diago recordó que este caso tiene un valor agregado en el hecho de que ha originado la investigación de otros crímenes, que se produjeron durante la época en que se dio el asesinato, en 1995.

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación habría anunciado que llamaría a declarar a los narcotraficantes extraditados Rasguño, y El Hombre Marlboro.
Para llamar indagatoria a los mencionados fue necesario que una comisión judicial viajara a México para recibir el testimonio del ex ministro, Fernando Botero, quien sostiene que el magnicidio del líder conservador fue un “crimen de Estado”,
Álvaro Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, víctima de un atentado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba clases en la cátedra de ‘Cultura Colombiana’.

Alias Rasguño, antes de ser extraditado a EU en julio de 2007, afirmó en entrevista a la revista Semana que: “A Álvaro Gómez Hurtado lo mató la mafia para hacerle un favor a los políticos”.

“Cuando esté en Estados Unidos voy a ayudar a esclarecer el magnicidio, dijo Rasguño a Semana, antes de ser extraditado. Y explicó que si “si Botero llega a decir quiénes fueron yo corroboraría o desmentiría lo que él diga. Yo sé la verdad”.
Y señaló que “lo único que le puedo decir es que fue un amigo cercano que se creía un político importante y quiso con eso tenderle un manto al proceso 8.000 para ayudarle a algunos políticos comprometidos en el escándalo. Yo siempre sostuve que eso fue un error. El país perdió demasiado”.


jueves, 14 de enero de 2010

En libertad otros 7 militares acusados de falsos positivos


A 31 se elevó el número de militares procesados por ejecuciones extrajudiciales que han quedado en libertad por vencimiento de términos.

Ayer el juez segundo de Soacha otorgó la libertad provisional a otros siete uniformados investigados por los llamados falsos positivos.

El juez Fernando Sarmiento, de la localidad de Soacha, vecina de Bogotá y donde se sigue el caso más emblemático de los llamados falsos positivos, consideró que su decisión se ajusta a la Ley y “no aduce impunidad”.

La decisión de otorgar la libertad a un teniente coronel, un cabo y cinco soldados responde a los mismos motivos por los que se actuó de igual forma con otros 24 militares, de los cuales seis de ellos recobraron su libertad el martes, otros 17 a principios de enero y uno más en diciembre pasado.

Los jueces que han ido tomando estas decisiones, entre ellos Sarmiento, establecieron que se habían superado los 90 días previstos en la Ley para que la Fiscalía llamara a los militares a juicio en una vista oral.

“Si en este momento se están dando los presupuestos legales suficientes para otorgarles la libertad por vencimiento de término no podemos ser testarudos en ese sentido”, manifestó el Juez.

Agregó que “la decisión que se está tomando en este momento es una connotación objetiva, que es sólo vencimiento de términos, y no admite otro tipo de consideraciones”. Así mismo, pidió a los familiares de las víctimas “comprensión” y dijo que éstas sólo podrán aducir impunidad cuando haya una sentencia.

Los favorecidos con la decisión son el teniente coronel Gabriel Rincón Habad, a un cabo y cinco soldados profesionales investigados por desaparición forzada y homicidio agravado de Julio César Mesa y Jonathan Soto.

Pese a esta orden de libertad el juez Fernando Sarmiento ordenó poner a disposición de la Fiscalía al Coronel Gabriel Rincón Amado y al soldado Medardo Ríos, contra quienes pesa otra media de aseguramiento proferida por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en otro caso de falsos positivos cometido en norte de Santander.

Los indignados familiares de las víctimas anunciaron que acudirán a la Corte Penal Internacional.

Así mismo, los restantes uniformados, por orden del ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, deben presentarse a una guarnición en Bogotá, donde quedarán “concentrados”.

Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez, calificó de “escándalo internacional” estos hechos y responsabilizó al Consejo Superior de la Judicatura de demorarse cuatro meses en determinar dónde serían juzgados los militares.

“Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y para la administración de justicia”, señaló.

“Esos crímenes se cometieron con la complacencia de muy arriba, esta política de Seguridad Democrática ha acudido a la criminalidad”, señaló.

“Hay que tomar decisiones para devolverle la credibilidad institucional a la Judicatura (...), es necesario reflexionar en aspectos lacerantes para la Justicia”, insistió el procurador.

La activista Lilia Solano, directora del Proyecto Justicia y Vida, una Organización No Gubernamental que acompaña a las víctimas de Soacha, anunció que, ante la impunidad planteada por la justicia colombiana, llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Solano consideró “absolutamente aberrante lo que está pasando”, y pidió apoyo a la comunidad internacional para evitar la impunidad.

La Fiscalía ha contabilizado 1.800 víctimas de los falsos positivos, que responden a una política de incentivos en el seno de las Fuerzas Militares por la que los mandos que presentan bajas de guerrilleros se benefician de permisos o ascensos.


martes, 12 de enero de 2010

Bajan precio a Pasado Judicial




Capturado presunto atracador


Como resultado de un operativo de control y la colaboración oportuna de la comunidad, personal de La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), capturó en esta capital a un presunto atracador.

“El caso fue conocido por uniformados de la Sub-Estación de Policía Guaimaral, quienes mediante una llamada telefónica fueron alertados por la comunidad sobre un intento de robo en la calle 7N con avenida 4 de la zona industrial, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la Pasteurizadora Leche La Mejor”, informó el comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Teniente Coronel Carlos Enrique Villadiego Ruíz.

De acuerdo, con las versiones entregadas, el hombre que se venía desempeñando como empleado de dicha empresa en un intento por asaltar al cajero de la misma le propinó varias puñaladas, posteriormente escondiéndose en una de las bodegas donde al verse capturado por los efectivos de la Policía Nacional, atento contra su vida generándose dos heridas a la altura del tórax.

En el momento de la captura, el supuesto atracador que fue encontrado inconsciente y el cajero que resultó herido, fueron trasladados a un centro asistencial, siendo atendidos de manera inmediata.

El capturado, fue identificado como Juan Martin Canedo Restrepo, de 27 años de edad, natural de Cúcuta y residente en el barrio Panamericano, a quien se le incautó dos cuchillos.

El capturado junto con las arma, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y un juez con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en el centro penitenciario y carcelario de Cúcuta, por los delitos de lesiones personales y tentativa de hurto calificado.


Capturado un hombre por portar ilegalmente una granada


La oportuna denuncia de la comunidad y la rápida acción operativa del personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), permitió que en las últimas horas fuera capturado un hombre por el presunto delito de tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.

“Unidades del Comando de Atención Inmediata (CAI) Nacional con apoyo del personal del grupo Policía de Comercio que realizaban patrullajes de registro y control por la avenida 7 entre calles 2 y 3 del barrio El Callejón, lograron la captura de un hombre que tenia en su poder una granada de fragmentación”, informó el señor Teniente Coronel Carlos Enrique Villadiego Ruíz, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

La denuncia fue realizada por la ciudadanía que informó a los policiales que un hombre que vestía pantalón jean y camiseta blanca a rayas se encontraba en actitud sospechosa por lo que los uniformados procedieron a identificarlo; el sospechoso al notar la presencia policial opuso resistencia tomando una actitud agresiva, razón por la cual fue controlado, luego de lo cual se le halló en su poder una granada de fragmentación lo que motivó su inmediata captura.

El detenido fue identificado como Merlín Augusto Bernaza Botero, de 26 años de edad, natural de Arauca.

El aprehendido junto con la granada, fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y un juez con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en el centro penitenciario y carcelario de Cúcuta.


Se reanuda audiencia donde podrían quedar libres otros seis militares por 'falsos positivos'


Argumentando maniobras dilatorias y causa razonable, Fiscalía pide al juez no aceptar la solicitud de libertad.

Los abogados de seis de los siete militares investigados por la muerte del joven Fair Leonardo Porras exigen que el juez de Soacha (Cundinamarca) ordene la excarcelación de los procesados.

El defensor del teniente Diego A. Vargas acaba de indicar que han pasado 217 días y no ha iniciado la etapa de jucio pese a que la Fiscalía ya presentó la acusación.

Agregó que no ha habido dilaciones en el proceso y criticó que se señale a los jueces y sus decisiones, pues, según él, las libertades concedidas son un derecho de los procesados

El abogado del teniente Vargas añadió que por este mismo caso existe otro proceso bajo la antigua Ley 600, la antecesora al actual sistema penal acusatorio, y que si para el Gobierno es un proceso de suma importancia, la Fiscalía debería asignar más fiscales y dejar el caso en manos de uno solo.

Los otros militares que exigen la libertad son el mayor Marco Wilson Quijano, el cabo segundo Carlos Manuel González y los soldados Richard Contreras Aguilar, Richard García Rozo y Carlos Antonio Zapata.


Capturan jefe para implicado en asesinato de congresista




Madres de jóvenes no creen en promesa de justicia




El gobierno se declara preocupado por decisiones judiciales




lunes, 11 de enero de 2010

En guarniciones permanecerán militares procesados por falsos positivos


La decisión se produce después de que un juez les dio la libertad por vencimiento de términos.

POR INSTRUCCIÓN del ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla De León, 17 uniformados involucrados en la comisión de falsos positivos deberán permanecer en una unidad militar, restringidos a tareas internas y no serán asignados a ningún tipo de misión táctica ni operativa.

Así lo informó ayer la cartera de Defensa después de que la semana anterior un juez de Soacha ordenó la libertad de tres suboficiales y de 14 soldados por vencimiento de términos, puesto que habían transcurrido 209 días desde que fueron acusados por la Fiscalía de haber participado en falsos positivos.

El escándalo de los denominados falsos positivos estalló en septiembre de 2008, cuando los medios publicaron la sobre la desaparición desde enero de ese año de once jóvenes del municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, que posteriormente fueron reportados por el Ejército como muertos en combate en la región de Ocaña, en Norte de Santander.

Sin embargo, después investigaciones de la Fiscalía demostraron que estos ciudadanos fueron ejecutados fuera de combate y no se encontró que tuvieran vínculos con grupos armados al margen de la ley.

Este hecho puso al descubierto un macabro accionar de agentes del Estado que cometían este tipo de crímenes con el fin de ganar puntuación en sus hojas de vida, obtener permisos de fin de semana e incluso recompensas económicas cobradas a partir de terceros.

Se dice que desde el año 2002 a la fecha se habrían producido cerca de 1.200 falsos positivos, según las investigaciones que hay en curso en este momento contra al menos 700 integrantes de la Fuerza Pública.

La decisión del Ministerio de Defensa se produce después de que el fin de semana anterior el representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar Volkmann, se declaró muy preocupado por la decisión de un juez de poner en libertad a los 17 uniformados presuntamente comprometidos en falsos positivos.

En el Batallón de Artillería No. 13

Los 17 uniformados en mención deberán permanecer en las instalaciones del Batallón de Artillería No. 13 Landazábal Reyes, de acuerdo con la orden del Ministro de Defensa y el Comandante General de las Fuerzas Militares.

“Los uniformados deberán permanecer en la unidad militar restringidos a tareas internas y no serán asignados a ningún tipo de misión táctica ni operativa”, señala el comunicado de la cartera de Defensa.


sábado, 9 de enero de 2010

Capturado joven de 18 años con arma de fuego sin documentos


Como parte de los operativos adelantados por el departamento de Policía Norte de Santander, para contrarrestar la accidentalidad y la perturbación del orden publico, durante la culminación de las fiestas de año nuevo, en donde se incrementa considerablemente la movilización de los ciudadanos por las principales rutas del departamento, la Seccional de tránsito y transporte de Norte de Santander continua con la entrega de resultados gracias a los controles sobre los principales ejes viales.

Uno de estos resultados se presento sobre la vía que de Bucaramanga conduce al municipio de Pamplona, sector la Laguna, en el que mediante la realización de requisas a personas y vehículos, fue capturado el joven DEIBY GRISALES PINZON, de 18 años de edad, quien conducía un automóvil marca Hyundai, línea accent, modelo 2000, servicio particular con placas GOB 088, en cuyo interior, escondida dentro de una de las sillas traseras, fue hallada un arma de fuego sin documentos legales.

GRISALES PINZON, es natural de la ciudad de Bogotá, residente en la localidad de ciudad Bolívar, y tenia como destino la ciudad de Cúcuta, razón por la cual las autoridades investigan los móviles que tendría para el desplazamiento a esta ciudad Nortesantandereana.

El arma hallada corresponde a un revolver marca Smith & Wesson, calibre 38 largo, pavonado, con cachas color nácar, sin munición, avaluado en aproximadamente tres millones de pesos, la cual fue dejada, junto con el joven capturado, a disposición de la fiscalía seccional del municipio de Pamplona, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.


Capturado un hombre solicitado por extorsión


En operativos de control desplegados por las principales vías y carreteras del departamento, instalados por parte de la Seccional de tránsito y transporte de Norte de Santander SETRA DENOR con el fin de supervisar el adecuado desplazamiento y la correcta circulación de los vehículos que se movilizan durante el transcurso del puente festivo de “reyes magos”, en donde se prevé el regreso de la mayoría de los ciudadanos a sus hogares, el departamento de Policía Norte de Santander continua entregando importantes resultados como parte de la implementación de estos controles.

El resultado mas reciente hace referencia a la captura de un hombre de 44 años de edad, solicitado por la Fiscalía especializada Nº 2 de la ciudad de Santa marta, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, orden que había sido expedida desde el mes de febrero del año pasado.

La persona capturada responde al nombre de CIRO ALFONSO TRESPALACIOS, natural de la ciudad de Cúcuta, quien se movilizaba en calidad de pasajero en un bus de servicio público que cubría la ruta entre la ciudad de Cúcuta y la ciudad de Montería, razón por la cual fue descendido del vehículo junto con los otros pasajeros, para la respectiva inspección y la solicitud de antecedentes, siendo confirmado el requerimiento de la autoridad judicial, por parte de la central de radio de la Policía Nacional.

El procedimiento se adelanto en la vía que de Pamplona conduce a la ciudad de Bucaramanga, en el sector de la Laguna, jurisdicción del municipio de Silos. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante.


Fiscal: libertad por vencimiento de términos es prueba de impunidad


El defensor del Pueblo propone que se vuelva al sistema antiguo y cuando haya más de un procesado se dupliquen los plazos.

AL TIEMPO que el rechazo y la preocupación por la decisión de los jueces que están concediendo la libertad a procesados por casos como el de los falsos positivos crecen, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, dijo que se está en presencia de una de las “manifestaciones de impunidad”.

“Aún cuando el proceso siga y haya la posibilidad de recapturar a esas personas más adelante, la libertad por vencimiento de términos es una de las manifestaciones de la impunidad porque la sociedad se pone en peligro”, indicó Mendoza Diago.

“Imagínese si se hace un esfuerzo para judicializar esos casos y además se captura, las personas concurren a la justicia en su calidad de procesados, se acogen a las normas, se entregan en unos casos y luego encontramos que todo eso resulta inútil que es un desgaste completamente irrecuperable y se producen esos resultados pues claro que tienen que preocuparnos”, manifestó.

El Fiscal General de la Nación consideró que el juez que dejó en libertad a los 17 militares presuntamente involucrados en los casos de falsos positivos de Soacha, tenía argumentos que le hubieran podido permitir no conceder ese beneficio a los procesados.

Ya con anterioridad, un mayor del Ejército había recuperado la libertad, también por vencimiento de términos.

Por último, el Fiscal indicó que siempre que se otorgan libertades por vencimiento de términos se inician investigaciones en lo disciplinario y en lo penal, pero ello no quiere decir que se esté condenando a alguien, agregó.

La liberación de 17 militares fue criticada por un representante de Naciones Unidas, a la vez que era rechazada por familiares de las víctimas y voceros castrenses.

El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar Wolkmann, se declaró “extremadamente preocupado por el impacto y las repercusiones” que la decisión tendrá sobre el resto de casos de ejecuciones extrajudiciales que se investigan “así como en las madres de las víctimas y los testigos”.

“El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, lo cual exige asegurar plenas condiciones de oportunidad, celeridad, eficacia, imparcialidad e independencia”, señaló el representante de la ONU en un comunicado.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Gabriel Silva, y el comandante general de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, también expresaron inquietud por las liberaciones de los efectivos y pidieron esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

“El ministerio de la Defensa y las Fuerzas Militares exhortan a los entes investigadores y a las autoridades judiciales a adelantar con celeridad los procesos y determinar las responsabilidades correspondientes en estos casos”, expresaron en un comunicado.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, propuso retomar el mecanismo del sistema procesal anterior y duplicar los términos judiciales, cuando haya más de un procesado por graves violaciones a los derechos humanos, en particular por delitos de lesa humanidad.

“Uno no entiende cómo sobre un caso en el que está puesta la atención de la opinión nacional y de la comunidad internacional y que ha suscitado tanto interés, los procesados por estos hechos puedan quedar en libertad por vencimiento de los términos.

judiciales. Ello no debería suceder en ningún caso, pero es mucho más preocupante
cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Pérez.


viernes, 8 de enero de 2010

Detenido anciano causante de intoxicación masiva


Lo hizo por los delitos de homicidio agravado en concurso y tentativa de homicidio.

La decisión contra Héctor Peñaranda Bayona fue tomada luego de una audiencia de legalización de la captura, realizada la tarde de este viernes, tras la cual el implicado fue trasladado a la Penitenciaría de Cúcuta, donde estará inicialmente 30 días, mientras se confirma si en realidad es el verdadero culpable.

La detención se produjo en una vivienda del corregimiento Urimaco, en San Cayetano (Norte de Santander), de donde fue conducido a la capital nortesantandereana.

Aunque su abogado pidió la detención domiciliaria de Peñaranda Bayona, quien hoy está cumpliendo 65 años, el Fiscal impuso medida de aseguramiento en la cárcel, debido además a varias amenazas que ha recibido por parte de los familiares de las víctimas.

Esta semana, Peñaranda le había confesado a la directora del Hogar del Adulto Mayor Santa Teresita, en Lourdes (Norte de Santander), Stella Melo Ballesteros y a la Policía de ese municipio ser el único responsable de la intoxicación masiva de 14 personas del asilo, durante unas onces en las que consumieron tamales con pan y café con leche donados por vecinos, el pasado primero de enero y de la cual murieron cinco abuelitos.

Sin embargo, horas después de su confesión, el hombre dio un giro a sus declaraciones y se retractó de manera sorpresiva cuando fue interrogado por un Fiscal de Cúcuta, quien al no confirmar su culpabilidad lo dejó en libertad.


Accidente en la avenida Libertadores de Cúcuta




martes, 5 de enero de 2010

Destituidos 14 militares por ejecución de 5 paras


Según el Ministerio Público, está plenamente probado que la muerte de los integrantes de las Auc, fue provocada por heridas con fusil.

Por la ejecución arbitraria de cinco personas en el departamento de Casanare, la Procuraduría General sancionó a 14 miembros de la compañía Caribú del batallón de Infantería Nro.44 Ramón Nonato Pérez con sede en el municipio de Tauramena (Casanare), con destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos.

Los afectados con la decisión disciplinaria son Haizer Etiel Meléndez Malagón, en su condición de Comandante de la citada compañía y los soldados profesionales José Humberto Barrera Lizarazo, Didier Calderón Rodríguez, Ricardo Pérez Garzón, Jairo Oros Morales, Luis Ángel Mancipe Peroza, Cesar Augusto Martínez Arias, Rodrigo Osuna Rivera, Melquis Edilson Ortíz Bosa, Eider Manuel Martínez Vásquez, Juan Alberto Murillo, Tito Alexander González Avella, Rutbel Chativa Tumay y Jorge Eliécer Hernández Camargo.

Los hechos se registraron el 24 de mayo de 2005, hacia las horas de la tarde, cuando los unformados retuvieron ilegalmente a cuatro hombres y una mujer que se encontraban en una finca ubicada en la vereda El Guayabetal del municipio de Monterrey (Casanare) de propiedad de una de las víctimas. Posteriormente, durante la madrugada del 25 de mayo, en la vereda El Porvenir (Monterrey, Casanare) estas personas fueron ejecutadas arbitrariamente.

Dentro de la investigación esta plenamente probado que la muerte de estos ciudadanos fue provocada por múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego e igualmente que los disparos fueron realizados por miembros del Ejército Nacional.

Las pruebas permitieron establecer además los vínculos, colaboración o pertenencia de las personas fallecidas con el grupo armado ilegal de autodefensas del Casanare al mando de alias Héctor José Buitrago Rodríguez y Héctor Germán Buitrago Parada alias ‘Martín Llanos’ en los comienzos de la conformación del grupo, y luego de alias ‘HK’ (Humberto Caicedo Grosso).

Frente a este último aspecto, el Ministerio Público precisó que “el hecho de tener vínculos con un grupo armado al margen de la ley, no valida en cualquier circunstancia el accionar de la fuerza pública, (…) pues las normas del Derecho Internacional Humanitario, si bien reconocen que en el marco del conflicto armado se puede causar en forma justificada la muerte a personas que participan directamente en las hostilidades, ello no constituye una licencia ilimitada para las ‘partes’ como quiera que aún tratándose de sujetos que son participes de la guerra, la normativa humanitaria les reconoce cierto ámbito de protección”.

De acuerdo con la versión unánime de los uniformados, los hechos se desencadenaron ante el ataque sorpresivo de estas personas, sin embargo, existen algunas situaciones que contradicen las explicaciones expuestas por los investigados y que permiten establecer que “estas personas no resultaron muertas en un combate con la fuerza pública, sino que fueron intencionalmente ultimadas por los militares y éstos para encubrir su comportamiento, simularon un enfrentamiento, que, se dijo, realmente no existió”.

Concluyó el despacho de la Viceprocuraduría General que los uniformados violaron los deberes humanitarios de respeto, protección y garantía de los derechos de todas las personas residentes en el territorio nacional, aún cuando éstas se encuentren vinculadas o colaboren directa o indirectamente con los grupos armados ilegales.

La anterior decisión emitida en primera instancia es pasible del recurso de apelación ante el despacho del señor Procurador General de la Nación.


lunes, 4 de enero de 2010

De 33 Bandas Emergentes solo quedan seis


El Gobierno Nacional ofrece cinco mil millones de pesos por la captura de los principales cabecillas de estas redes.

Las bandas emergentes en que se convirtieron las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, que no se acogieron a los acuerdos de paz con el Gobierno nacional, decidieron fusionarse ante los contundentes golpes que vienen afrontando por el accionar de la Policía y las Fuerzas Militares hasta tal punto que de 33 organizaciones armadas al margen de la ley solo quedan seis.

La información oficial de la Policía da cuenta que en lo corrido del presente año fueron capturados 2.182 miembros de las bandas emergentes también conocidas como Bacrin-bandas criminales al servicio del narcotráfico-.

Entre los capturados se encuentra Martín Farfán Díaz González, alias Pijarvey, sindicado de ser el segundo de la banda que dirige Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo que delinque en los departamentos del Meta, Casanare y Vichada, entre otros.

Alias Pijarvey, quien tiene un tatuaje en el brazo derecho de un gato negro, así como un colmillo de tigre con incrustaciones de diamante que mantenía en su cuello, era el terror de los llamados enemigos de la red criminal que se autodenomina Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia, Erpac.

En el momento de la captura de Díaz González se ocultaba en una vivienda de la vereda Santa Helena, en el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Y era requerido por la Fiscalía General por cargos de concierto para delinquir, narcotráfico y homicidio.

El director de la Dijin, general Luís Gilberto Ramírez Calle, dijo que la captura de este importante cabecilla se logró luego de cuatro meses de seguimientos, controles electrónicos y gracias a la información de por lo menos cuatro personas que recibieron una recompensa de 1.700 millones de pesos.

La captura de alias Pijarvey se produjo meses después de otro importante golpe asestado al llamado Erpac, con la captura en la vereda Las Violetas, zona rural de Guamal, en el Meta, de José Vicente Rivera Mendoza, alias Soldado.

El general Ramírez Calle aseguró que en lo corrido del presente año, la banda emergente o banda criminal al servicio del narcotráfico conocida como Los Rastrojos viene recibiendo importantes y contundentes golpes, con la captura de sus principales cabecillas y miembros de las redes urbanas y el decomiso de cocaína y material de guerra, en los departamentos de Antioquia, Cesar y Norte de Santander.

Las fusiones

La Dijin reveló que debido al intenso accionar de las autoridades contra las llamadas bandas emergentes o bandas criminales al servicio del narcotráfico, las organizaciones conocidas como Nueva Generación y Magdalena Medio, pasaron a formar parte de Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, respectivamente.

La Policía insistió que de acuerdo con la información oficial y la de los servicios de inteligencia, de las 33 bandas emergentes identificadas plenamente en todo el territorio nacional en el año 2006, hoy solo quedan seis grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con las apreciaciones de los servicios de inteligencia estas estructuras armadas al margen de la ley cuentan con un promedio de 3.749 integrantes, 2.579 armados y 1.170 miembros de las llamadas redes de apoyo.

Para la Policía la lucha cerrada contra las bandas emergentes integradas por miembros de las Auc que no se acogieron a los planes de paz del Gobierno nacional, por desmovilizados y nuevos integrantes que han sido reclutados en los últimos meses, permite establecer una reducción de 82% en el número de bandas y de 6% en la cifra de integrantes.

Esta apreciación se establece por la desaparición de las ya mencionadas redes Nueva Generación y Magdalena Medio.

Sin embargo, existe preocupación en el alto gobierno y en las autoridades, por el continuo accionar de estas disminuidas redes que pretenden reorganizarse en algunas regiones del país, especialmente, con el reclutamiento de desmovilizados de las Auc y de jóvenes desplazados por la violencia y desempleados.

Los grupos armados ofrecen importantes cantidades de dinero como sueldo a los jóvenes que se incorporan en sus filas con el supuesto pretexto de enfrentar a las Farc, el Eln y disidencias que delinquen en el territorio nacional.

También los organismos de seguridad del estado vienen trabajando intensamente en un esfuerzo para neutralizar los llamados núcleos urbanos o redes de apoyo y logística para estos grupos armados al margen de la ley, responsables del asesinato de numerosos ciudadanos y del envío de importantes cantidades de alcaloides a los mercados negros de los Estados Unidos y Europa.

La información oficial da cuenta que desde el primero de enero a la fecha, 1.937 miembros de bandas criminales, incluidos 286 desmovilizados de las Auc fueron capturados por la Policía, 142 pertenecientes al autodenominado Erpac, 533 a la Banda Criminal de Urabá, 464 a la banda de Los Paisas, 668 a Los Rastrojos, 34 más a Los Machos y 49 a Renacer.

Entre el 1 de Enero y el 28 de Diciembre, la Policía decomisó 1.094 armas de fuego, más de 70 mil municiones, 631 granadas, 97 toneladas de cocaína, 168 toneladas de marihuana y 574 kilos de heroína, todos de propiedad de estas estructuras al servicio del narcotráfico.

Desde el primero de enero a la fecha, las autoridades inmovilizaron 22 automotores y 51 motocicletas de propiedad de las bandas emergentes, al tiempo que les fueron ocupados 112 bienes, mientras otros 170 fueron presentados ante los jueces para aplicarles la extinción del derecho de dominio.

El combate contra estos grupos ilegales en el transcurso de los últimos 12 meses, supuso además la destrucción de 24 complejos para la producción de cocaína y de 80 más destinados a la elaboración y procesamiento de base de coca.
Con las continuas capturas, decomisos de alcaloides y de material de guerra, se vienen reduciendo los homicidios en algunos departamentos del país, entre ellos en Antioquia, Cauca, Nariño y en la costa norte del país.

El director de la Dijin dijo que la institución armada, las Fuerzas Militares, el DAS y la Fiscalía centran ahora sus operaciones contra: la Banda Criminal de Urabá, la red de Los Paisas, Los Rastrojos, la banda Erpac, Los Machos, antiguo brazo armado de Diego León Montoya, alias Don Diego, quien fue extraditado a los Estados Unidos y la organización Renacer.

La Dirección General de la Policía recordó que el gobierno nacional ofrece hasta cinco mil millones de pesos a la persona o ciudadanos que colaboren con las autoridades como recompensa para lograr la captura de los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, más conocidos como los Comba, Daniel Barrera, alias El Loco y Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo.