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La Corte Suprema, que retomó el caso en octubre, lo llamó a juicio por concierto para delinquir agravado.
LUEGO QUE la Corte Suprema de Justicia decidiera llamarlo a juicio, acusado de concierto para delinquir agravado, por sus posibles nexos con grupos paramilitares, fue ordenada la recaptura del ex senador Mario Uribe.
La captura fue efectuada en Medellín por unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones, (CTI), de la Fiscalía. Fue trasladado a Bogotá y recluido anoche en el pabellón especial de la cárcel La Picota.
Uribe, que es primo del actual Presidente, ya había sido capturado a comienzos de 2008; en aquel entonces, el inculpado intentó esquivar la orden pidiendo asilo en la embajada de Costa Rica en Bogotá. Finalmente, el ex congresista antioqueño fue recluido en la penitenciaría La Picota, el 22 de abril. El hoy fiscal encargado, Guillermo Mendoza, determinó su excarcelación, argumentando que no tenía indicios fuertes para mantenerlo privado de la libertad.
Uribe, congresista desde 1986, cuando llegó a la Cámara en fórmula al Senado con su primo, fundó en 2003 el partido Colombia Democrática, colectividad de la que es director nacional.
Testimonios
En septiembre de 2007, Uribe fue llamado a indagatoria, tras las declaraciones del desmovilizado Jairo Castillo, alias Pitirri, y del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Los testimonios señalan que Uribe se valió del poder paramilitar para adquirir tierras en Córdoba y Sucre.
En noviembre de 2006, Castillo mencionó por primera vez a Uribe como beneficiario de los paramilitares. El 7 de mayo de 2007, una comisión de la Corte viajó hasta Quebec, Canadá, para escuchar su declaración. El 15 de mayo de 2007, Mancuso señaló que en dos oportunidades se había reunido con Uribe. En octubre de 2007, Uribe renunció a su curul.
En pasado 8 de julio, la Procuraduría le pidió a la Fiscalía, que llevaba el caso, acusar a Uribe. Por aquel entonces, Juan Carlos Moncada, uno de los abogados del ex senador, dijo que la petición de la Procuraduría se fundamentó en testimonios que dan cuenta de que Uribe habría hecho un pacto político con la ex congresista Eleonora Pineda, que confesó a mediados de 2007 haber sido parte del ala política del paramilitarismo. El ex senador Uribe ha negado siempre tales pactos.
El proceso judicial de Uribe fue retomado por la Corte en octubre de 2009, a raíz de la nueva jurisprudencia que dictó la sala penal de esta corporación, la cual le permite reasumir los casos de congresistas que hayan renunciado a sus curules para evitar ser procesados por el alto tribunal.
Un hombre que presuntamente habría violado a un niño de 13 años desde cuando este tenía ocho años de edad, fue capturado en el municipio de El Zulia por efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en desarrollo de un operativo tendiente a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Teniente Coronel Carlos Enrique Villadiego Ruiz, señaló que la detención de Edwin Bautista Caballero, de 26 años de edad, residente en El Zulia, fue realizada por efectivos del ‘Grupo de Vida y Delitos Sexuales’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).
“Los investigadores llegaron hasta el kilometro 11 del sector de Quebrada Seca, luego de que se obtuviera información sobre la presencia del presunto violador quien estaba solicitado por la Fiscalía Segunda Seccional Caivas de Cúcuta, por los presuntos delitos de Acto Sexual con Menor de 14 años en Concurso con Acceso de Carnal Abusivo con Menor de 14 años en Concurso Homogéneo y Sucesivo”, agregó el oficial.
El caso fue conocido a mediados del año 2008, cuando el Centro de Atención a Victimas de Agresión sexual (CAIVAS), recepcionó la denuncia contra este hombre, a quien señalaron de abusar sexualmente de un menor desde hacia aproximadamente cinco años.
El primer hecho se habría presentado en la vivienda del supuesto violador, donde aprovechando su estadía a solas con el menor (dado que eran vecinos y frecuentemente el pequeño iba a la vivienda), habría aprovechado las circunstancias para cometer los actos obscenos, luego de esto el presunto agresor seguiría cometiendo las violaciones sexuales en varias oportunidades, según lo relató el denunciante.
Ante el reporte del caso, las unidades judiciales de la Sijín iniciaron las investigaciones para lograr la plena identificación e individualización del supuesto agresor, logrando recaudar importante material probatorio que llevó a que la Fiscalía expidiera en su contra una orden de captura.
En cumplimiento a dicha orden de captura, se dispuso el operativo que llevó a los policiales hasta el perímetro rural zuliano, donde esta se hizo efectiva. Posteriormente fue dejado a disposición de la autoridad solicitante.
“La Policía Metropolitana de Cúcuta, hace un llamado a la comunidad y en especial a los padres de familia para que estén muy atentos sobre los lugares que sus hijos frecuentan y las personas con las cuales entablan acercamientos y, ante cualquier caso de afectación a la integridad de los pequeños denunciar de inmediato a la unidad policial más cercana”, concluyó diciendo el comandante encargado de la Mecuc.
Gobierno Nacional señala que el reporte de las Naciones Unidas da un espaldarazo a la contra las drogas.
LA REDUCCIÓN de los cultivos de coca en Colombia, en donde la producción cayó 28% ese año, produjo una disminución del 15 por ciento en la producción potencial total de cocaína en Suramérica.
Así lo establece un informe de la Juta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), dado a conocer ayer y en el que se indica que se pasó de una elaboración de 994 toneladas en 2007 a 845 toneladas en 2008.
Según el documento, divulgado en Bogotá por la Jife, la producción potencial de cocaína en la región en 2008 es la más baja desde 2003.
En el reporte la Jife destaca que Colombia es el país de la región con el mayor número de incautaciones de cocaína y de laboratorios destruidos.
Pero advirtió que “si un país aumenta su control a la reducción de la oferta, pero no se trabaja mancomunadamente con las demás naciones de la región, los laboratorios comienzan a migrar a otros países”, como ya ocurre.
Al respecto, Camilo Uribe, miembro de la Jife, recordó que han observado tres años consecutivos de crecimiento en el número de cristalizaderos (laboratorios) en Argentina, Brasil y algunos en Ecuador.
Asimismo, señaló que si bien históricamente desde hace 10 años, exceptuando 2008, en Colombia se reportaba una disminución en el área cultivada de coca, “llamaba la atención que no bajaba la productividad”.
“Por primera vez para este informe la Jife registra con complacencia que hay una reducción evidente en la productividad, en la producción de cocaína”, destacó.
Y precisó que el cultivo de coca (materia prima para la cocaína) en Colombia, “bajó (en 2008) a 81.000 hectáreas, el menor desde 2004”. Y “la fabricación potencial de cocaína disminuyó 170 toneladas, es decir, el 28%, a 430 toneladas. El porcentaje de Colombia en la fabricación mundial de cocaína descendió al 51%, el más bajo registrado en 10 años”.
Sin embargo, llamó la atención de que en otros países de la región, como Bolivia, el número de arbustos aumentó en un 6%, llegando a 30.500 hectáreas y en el Perú en un 4,5%, para 56.000 hectáreas, por lo que alertó sobre la posibilidad de que esta nación se convierta en pocos años en el mayor productor de la droga en la región.
Mientras tanto, dijo, el cultivo de amapola (materia prima de la heroína) en Colombia “se encuentra por debajo de las 400 hectáreas y está circunscrito a cuatro departamentos del suroeste del país”.
Igualmente señaló que los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) más Argentina y Brasil, registraron en 2008 un aumento considerable en la cantidad de cocaína incautada, "especialmente Colombia con 198,4 toneladas, e incremento del 57% y Ecuador con un incremento del 55%”.
Pero “disminuyeron las incautaciones en Chile, Paraguay y la República Bolivariana de Venezuela”, ésta última según cifras de organismos internacionales y del gobierno, dijo Uribe.
Finalmente el funcionario alertó que entre el 35 al 40% de la cocaína que ingresa a Europa, vía África, tiene como punto de tránsito Venezuela.
Para el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, este informe de Naciones Unidas da un espaldarazo a la lucha del Gobierno contra las drogas, al tiempo que desvirtúa un reporte entregado por tres expresidentes de Colombia, México y Brasil, en la que estos abogaban por la necesidad de despenalizar el consumo de drogas controladas.
“Esto es un reconocimiento a la política del Gobierno Nacional, apoyada por el Ministro del Interior y de Justicia y del señor Presidente de prohibir el porte y consumo de drogas y es una confirmación al apoyo de las Naciones Unidas a esa línea y no a la de despenalización”, indicó el Viceministro Ceballos.
El alto Funcionario aseveró que el documento resalta importantes logros del país en la lucha contra la droga, en especial los avances en la disminución de los cultivos ilícitos y el diseño de una estrategia integral para la reducción de la demanda de estupefacientes.
Es el segundo político condenado por la Corte Suprema de Justicia como coautor de delitos de lesa humanidad perpetrados por los paramilitares.
A 40 años de cárcel condenó la Corte Suprema de Justicia al ex senador Álvaro García como coautor de la masacre de Macayepo, perpetuada en 2000 y en la que fueron asesinados 15 campesinos.
La Fiscalía había pedido 60 años de condena contra el ex congresista sucreño, al considerar que existían suficientes pruebas que señalaban los vínculos de García con grupos paramilitares en esa región; pero sin embargo, la Procuraduría había pedido la nulidad del caso, argumentando violación al debido proceso, ya que con la nueva jurisprudencia de la alta Corte varias investigaciones regresaron a la Sala Penal, aún cuando el procesado renunciara a su fuero de congresista.
Esta es la segunda condena que profiere la Corte Suprema de Justicia dentro de una nueva jurisprudencia, según la cual, los congresistas que sean objeto de investigación por vínculos con los grupos al margen de la ley, se les puede endilgar delitos de lesa humanidad cometidos por dichas organizaciones armadas ilegales en la modalidad de coautores.
Hace un mes, la Sala de Casación Penal también condenó a 40 años de prisión al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, por haberse aliado con los paramilitares de la región para desaparecer al alcalde de El Roble, Eduardo Díaz.
Regresando al caso de García, el principal testimonio contra el ex senador lo dio Jairo Antonio Castillo, alias Pitirri, quien aseguró que el ex legislador se había aliado con el paramilitar Salomón Feris Chadid, alias 08, para cometer la masacre de Macayepo.
Según las investigaciones, García era el puente entre los ganaderos y las autoridades, pero, y como lo señaló Castillo, “cuando esos mismos ganaderos no vieron solución en las autoridades, acudieron a las AUC y el señor Álvaro García jugaba un papel importante, porque se convirtió en el puente entre las autoridades a las que él tenía acceso y los paramilitares, como el señor Joaquín García”.
En el Congreso, García, que en este cuatrenio formaba parte de Colombia Democrática, colectividad fundada por Mario Uribe, primo del actual Presidente de la República, fue señalado por el senador Gustavo Petro como uno de los creadores de los grupos paramilitares en la región, acusación que sirvió para que la Corte lo investigara.
En noviembre de 2006, la Sala de Casación Penal profirió una orden de captura contra García para que rindiera indagatoria y respondiera las acusaciones de Castillo, y días después se entregó a las autoridades. En julio de 2007 renunció a su fuero de congresista para que la investigación la asumiera la Fiscalía.
En la misma sentencia, la alta Corte ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que investigue la probable participación del entonces coronel Hernando Alfonso Jama Arjona en la masacre de Macayepo, al igual que extienda indagaciones sobre el delito de desplazamiento forzado, como consecuencia de la matanza, y vincule a todos los probables partícipes de la misma.
En diciembre de 2008, la Procuraduría inhabilitó a Álvaro García por un periodo de 20 años para ejercer cargos públicos, puesto que utilizó dinero del erario del departamento de Sucre para la promoción y la financiación de los paramilitares.
Por la masacre del corregimiento de Macayepo, jurisdicción de Carmen de Bolívar, fue llamado a juicio el cinco de este mes como coautor material el jefe paramilitar Uber Enrique Banquez, alias Juancho Dique.
La captura de un hombre y la incautación de dinero extranjero falso, fueron los resultados obtenidos por la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) en desarrollo de un operativo llevado a cabo en esta capital tendiente a neutralizar el tráfico de moneda ilegal.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que unidades del ‘Grupo Contra Armados Ilegales’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), obtuvieron información sobre la existencia de un inmueble en el barrio San Martín de la ciudadela La Libertad, donde habría gran cantidad de dinero falso, por lo cual se realizaron las actividades tendientes a ubicarlo.
Posteriormente, se desarrolló una diligencia de registro y allanamiento al inmueble, donde en una de las habitaciones se hallaron ciento cincuenta y siete billetes de cien bolívares fuertes, cuatro billetes de veinte bolívares fuertes, tres billetes de cincuenta bolívares fuertes todos falsos, para un total de 15.930 bolívares ilegales.
En el lugar también se encontraron catorce láminas de cera rosada, la cual es utilizada para el secado de los billetes, un kit de agujas y un bisturí para insertar los hilos de seguridad y hologramas; dos pliegos de papel metálico de aluminio con hologramas, con el cual elaboraban los hilos de seguridad para los billetes.
“Cuando los policiales verificaron la originalidad de los billetes, encontraron que la mayoría se encontraban húmedos y sólo algunos de ellos tenían la cinta metálica de seguridad. Igualmente, otros billetes presentaban tonalidades diferentes y perforaciones para ser atravesado por la cinta de seguridad”, agregó el oficial.
Ante el hallazgo de los bolívares falsos, un hombre de 55 años de edad que estaba en el inmueble, fue capturado y dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Cúcuta, junto con todo lo incautado.
Al verificar los registros de antecedentes, se encontró que el capturado presenta seis anotaciones judiciales, por el presunto delito de porte y tráfico de moneda falsa, en los años 1990, 1991, 1996, 1998 y en el 2008.
“La Policía Metropolitana continuará con las investigaciones para establecer cual sería el destino que tendría esta moneda falsa y si se trataría de una organización dedicada al tráfico de dinero extranjero para ponerlo a circular en el mercado local”, puntualizó el Coronel Flórez Cárdenas.
Como parte de la ofensiva definitiva adelantada contra el narcotráfico en esta zona fronteriza del país, con el firme objetivo de ubicar y destruir las estructuras utilizadas para la siembra de cultivos ilícitos y la producción de sustancias estupefacientes, el departamento de policía Norte de Santander, apoyado en sus grupos de operaciones especiales y los Escuadrones móviles de carabineros, continúa con la consecución de importantes resultados operativos en diferentes zona rurales del departamento.
Con el apoyo de personal altamente calificado en la lucha contra el narcotráfico, la utilización de avanzado armamento, y la implementación de equipos de posicionamiento satelital de ultima tecnología (GPS), la Policía Nacional de Colombia pretende erradicar contundentemente una de las fuentes mas grandes de financiación que tienen los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales, como lo es el narcotráfico.
El mas reciente operativo adelantado por personal del Escuadrón móvil de Carabineros de Norte de Santander EMCAR DENOR, permitió la destrucción de tres laboratorios rústicos para el procesamiento de base de coca, en zona rural del corregimiento de la Vega, jurisdicción del municipio de Cachira, los cuales sumaban una capacidad de producción de 470 kilos de este alcaloide mensuales, en donde fueron encontrados insumos, herramientas y sustancias estupefacientes en proceso de producción.
Los laboratorios fueron encontrados en el sector de las veredas Vega de oro y Santa Rosa, siendo hallados en puntos estratégicos que imposibilitaban su ubicación desde el aire y cuyo acceso requirió un desplazamiento de mas de dos horas por los más difíciles terrenos; dentro de estas estructuras rusticas fueron hallados: 155 galones de gasolina, 115 galones de amoniaco, 270 kilos de de insumos sólidos como cemento y cal, 50 kilos de sulfato de amoniaco y 50 kilos de permanganato de potasio, entre otros.
En otro procedimiento adelantado por personal adscrito al Grupo de operaciones especiales del Norte de Santander GOES DENOR, la Unidad básica de investigación y personal perteneciente a la estación de Policía de Teorama, fueron destruidos 5 semilleros de matas de coca, con más de 27.000 plantas listas para la siembra, según las informaciones recaudadas, pertenecientes al grupo narcoterrorista de las FARC.
Estos semilleros fueron hallados en zona rural de la vereda Los Ranchos, jurisdicción del municipio de Teorama, en donde además fueron encontrados 400 galones de gasolina, los cuales serian utilizados como insumos para el procesamiento de la base de coca.
Los laboratorios destruidos fueron avaluados en más de 50 millones de pesos, pesquisas que fueron dejadas a disposición de la fiscalía seccional de Rio Negro, en el departamento de Santander; los semilleros e insumos incinerados en Teorama fueron avaluados en más de 86 millones de pesos. Los operativos en contra del narcotráfico en la región se mantendrán, contribuyendo así a devolver a Norte de Santander la paz y la tranquilidad necesaria para su continúo desarrollo.
Mapas señalan que elecciones están en riesgo en unos 200 municipios colombianos.
POR PRIMERA vez la Policía Judicial acompañará al Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer cumplir sus disposiciones, con el fin de prevenir y combatir el fraude en las próximas elecciones.
La iniciativa fue concretada en una reunión ayer en el CNE, cuando éste organismo, el Gobierno Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron que integran un bloque para hacer cumplir las normas electorales. En la cita también hicieron presencia los ministros y viceministros de Defensa y del Interior, el comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía, el Procurador General y una delegada de la Fiscalía.
Sobre el particular, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, explicó que “la Policía Judicial de todos estos organismos se ha colocado a disposición de los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que sus gestiones sean de inmediato y obligatorio cumplimiento en la lucha contra los excesos de gastos electorales, la violación de las normas sobre propaganda y los posibles delitos electorales”.
Este bloque multisectorial surge después de que la semana anterior, la Misión de Observación Electoral alertó que en más de 200 municipios colombianos “seguramente va a haber fraude” en los comicios de marzo próximo, afirmación basada en mapas de riesgo que fueron elaborados para una investigación sobre el particular.
Riesgos
El presidente del CNE, Marco Emilio Hincapié, explicó que la Policía Judicial prestará la colaboración para hacer cumplir sus disposiciones de acuerdo con unos protocolos que le entregará el organismo electoral, en funciones que tienen que ver con transparencia del proceso electoral y con las garantías respectivas. “Además van a auxiliar a nuestros tribunales de garantías electorales en los 21 departamentos que se han instalado. La idea es combatir todo acto de corrupción electoral”, señaló.
Hincapié coincidió en que no es exagerada la cifra de que 200 municipios presentarían alto riesgo electoral para los comicios de este año, “se ajusta a mucho mapas de riesgo elaborados entorno al Ministerio” del Interior, “al servicio de inteligencia electoral del Ministerio de Defensa, al mapa de riesgo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se sustenta más bien en las demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. Todos estos temas están alimentados de hechos electorales que han acontecido, los de orden público que tiene el Ministerio de Defensa”.
Añadió que el acompañamiento de Policía Judicial se dará en situaciones como garantías electorales, cuando se denuncia, por ejemplo, la compra de votos o en el caso de vallas políticas que están por fuera de la norma. “Nosotros vamos con la Policía Judicial, para que descuelguen esa publicidad electoral”, explicó el Magistrado.
Voto electrónico
Cerca de 6 millones de colombianos podrían votar de forma electrónica en las elecciones presidenciales del 30 de mayo venidero, indicó el magistrado Hincapié. Explicó que hay altas posibilidades de que el gobierno gire los recursos para este fin así como para la identificación electrónica de huella para las próximas elecciones.
Añadió que hay 162 municipios zonificados, de los cuales se escogerían las ciudades capitales para implementar la tecnología para el voto electrónico. Solamente quedarán por fuera de esta iniciativa los departamentos de Guainía, Vichada y Vaupés.
Los equipos serían utilizados por medio del sistema de leasing.
Para el Ministerio Público, el funcionario “al parecer se extralimitó en sus funciones” al querer “enterarse sobre información reservada” de un ciudadano
Pliego de cargos al secretario general de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, y ocho servidores públicos más, incluidos tres ex directores del DAS (ver recuadro), por las presuntas ilegalidades en procedimientos de interceptaciones telefónicas y seguimientos efectuados a periodistas, jueces, sindicalistas, políticos y defensores de derechos humanos por personal del Departamento Administrativo de Seguridad, abrió el procurador Alejandro Ordóñez.
En el caso de Moreno, la Procuraduría dijo que “al parecer se extralimitó en sus funciones” porque en abril de 2008 se reunió en la Casa de Nariño, sede presidencial, con funcionarios del DAS y de un organismo de fiscalización financiera, para “enterarse sobre información reservada” de un ciudadano.
La Procuraduría también anunció que investigará disciplinariamente a Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, ex directores del DAS, y a Mario Aranguren, director de la Unidad de Información de Análisis Financiero (Uiaf), por permitir la intervención de las comunicaciones telefónicas y de los correos electrónicos de altos cargos públicos sin una orden judicial e intercambiar información privilegiada a título personal.
El jefe del Ministerio Público también ordenó el archivo definitivo del proceso a otros 15 investigados y decretó la extinción de una acción disciplinaria por muerte del inculpado.
Ordóñez, al anunciar las medidas, aseguró que la dependencia a su cargo asumió la investigación luego de las denuncias realizadas por la revista Semana, exactamente hace un año, el 23 de febrero de 2009, en las que reportó la presunta ilegalidad en los mencionados procedimientos.
Chuzadas
De acuerdo con la información suministrada ayer, la Procuraduría asumió que las chuzadas del DAS se remontan por lo menos al 2004 cuando se conformó un grupo de inteligencia denominado G3, presuntamente creado por Noguera, entre el 2004 y 2005, el cual habría realizado seguimientos ilegales al vicepresidente Francisco Santos, al general Oscar Naranjo y al periodista Holman Morris, entre otras personalidades, tal como lo reveló el año pasado La FM, al divulgar que Felipe Muñoz, actual director del organismo de seguridad, y otros funcionarios subordinados encontraron en la sala de análisis de la institución un archivo llamado G3, que contenía 104 carpetas.
En la investigación que se abrió entonces, el CTI habría encontrado que el G3 contaba además con el apoyo de Carlos Alberto Arzayuz, entonces director de inteligencia.
En aquel entonces, a través de un comunicado, la Casa de Nariño dijo que no hay pruebas de la injerencia de sus funcionarios en las interceptaciones.
Por esa época, a propósito de la divulgación, también por La FM, de una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas de periodistas, congresistas y candidatos presidenciales realizadas por el DAS en 2006, la reacción de los involucrados como Hurtado, Aranguren y Peñate, entre otros, fue un cruce de desmentidos.
Sin embargo, trascendió que el capitán Lagos le reveló a la Fiscalía que toda la información obtenida sobre cinco magistrados y sus familiares se la entregó a Moreno y al ex asesor José Obdulio Gaviria. Igualmente, habría señalado que compartió la información financiera de los magistrados con Aranguren. Según Lagos, Gaviria bautizó la misión como operación Paseo.
También por esos días, cuando se estableció que también desde la Fiscalía se realizaron interceptaciones ilegales, el fiscal encargado Guillermo Mendoza consideró equivocadas las interpretaciones del Gobierno Nacional en cuanto a las chuzadas realizadas por funcionarios del ente acusador al magistrado auxiliar Iván Velásquez.
Mientras en un comunicado la Casa de Nariño señaló que con este hecho “afortunadamente se empieza a esclarecer la verdad que desvirtúa la infamia contra el Gobierno Nacional”, para Mendoza “son dos sucesos completamente diferentes y consecuentemente dos investigaciones completamente distintas. Eso no tiene ninguna incidencia en los hechos que se investiga con lo del DAS. Lo de la interceptación desde el DAS quedó establecida, el objeto siguiente de la investigación es determinar, quiénes son los responsables de eso”.
El propio Mendoza informó que las chuzadas se realizaron al magistrado Velásquez por orden de fiscales y de la Policía Judicial.
Otros procesos
Hace caso un mes, la Fiscalía confirmó que Narváez y otros seis antiguos funcionarios deberán sentarse en el banquillo de los acusados para responder por las chuzadas.
En este proceso figuran como chuzados los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba; el abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; el representante Wilson Borja; los periodistas Carlos Lozano y Hollman Morris, así como los gobernadores Antonio Navarro y Horacio Serpa, los políticos Luis Eduardo Garzón, Alfonso Gómez, Carlos Gaviria, Álvaro Leyva y Gloria Cuartas; el jurista Ramiro Bejarano y el vicepresidente Francisco Santos, entre otros muchos.
La Contraloría, por su parte, adelanta desde hace varios meses controles para determinar si en las chuzadas hubo manejo de recursos públicos, de dineros de los presupuestos de gastos reservados de los organismos de seguridad.
Por estos días el tema de las chuzadas salió a relucir en el juicio que le sigue la Corte Suprema a Noguera, aunque no aparece en la lista de cargos por los que está siendo juzgado.
Noguera negó que hubiera tenido relación alguna con el G-3. En cambio, aseguró que el grupo fue manejado por Narváez y algunos de sus hombres de confianza.
Ovalle
Ayer, el Procurador también decretó la extinción de la acción disciplinaria al comunicador social Jaime Fernando Ovalle, coordinador del G-3, que falleció hace poco.
Las declaraciones que alcanzó a entregar Ovalle a la Fiscalía, dan cuenta de que Noguera tenía conocimiento de las actividades de ese grupo. De hecho, Ovalle señaló a Gian Carlo Auque de Silvestri, ex director de inteligencia nombrado por Noguera, como el creador del G-3.
“En el año 2003, fui designado por el entonces director de inteligencia encargado”, De Silvestri, “para colaborarle en la formación de un grupo que iba a funcionar bajo las órdenes” de Narváez, declaró Ovalle.
quien me En septiembre del 2008, el nombre de Ovalle saltó a la palestra pública porque era él quien firmaba un memorando secreto, pero enviado a través de fax a todas las regionales del DAS, en el que ordenaba que se realizaran informes sobre las actividades del senador Petro y de otros dirigentes del Polo Democrático.
En el juicio, Noguera afirmó que conocía a De Silvestri desde hace 15 años y que es una persona de su entera confianza, al punto que le dejó en sus manos la inteligencia de la entidad.
Poco antes, al iniciar su defensa ante la sala penal de la Corte, Noguera había dicho que Narváez llegó al DAS por sugerencia del propio presidente Álvaro Uribe y que debió enfrentarlo en más de una oportunidad porque pretendía pasarle por encima. Literalmente, afirmó que encaró a Narváez y le preguntó si quería quitarle el puesto.
Ovalle, que era considerado como el testigo clave en la investigación de las chuzadas, murió de cáncer en el páncreas.
La otra semana comparecerán ante el alto Tribunal, los ex congresistas Jorge Castro, Humberto de Jesús Builes y Miguel Ángel Rangel.
UN NUEVO impulso tomará desde esta semana el proceso de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, pues cinco juicios contra congresistas y ex legisladores, vinculados con posibles nexos con grupos paramilitares, fueron programados por la Sala de Casación Penal.
Este jueves se empieza a mover el asunto con el juicio contra el ex presidente del Congreso, Carlos García Orjuela, y la otra semana se iniciarán las audiencias de juzgamiento contra los ex congresistas Humberto de Jesús Builes, Jorge Castro y Miguel Ángel Rangel.
Carlos García
Hace casi exactamente un año, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al ex presidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Carlos García, en el proceso de la parapolítica, sin que se hubiera fijado fecha para su juicio en los juzgados especializados.
Sin embargo, entre de los procesos que fueron remitidos a la Sala de Casación Penal, a finales del año anterior, debido a la nueva jurisprudencia adoptada según la cual el alto Tribunal no pierde la competencia para investigar y juzgar a los congresistas que hayan renunciado a su fuero, se encontraba el de García, quien fue citado el próximo jueves 25 de febrero para que se dé inicio a la audiencia preparatoria de juzgamiento en su contra.
Al ex senador, la Corte Suprema le abrió investigación preliminar el 16 de abril de 2008, al poseer pruebas documentadas y testimoniales que lo vincularon con un jefe paramilitar del bloque Tolima, conocido sólo con alias de Elías, con el cual se habría reunido en 2001 en una finca en El Guamo, Tolima.
El testigo declaró que el político tolimense había llegado a un rancho en un helicóptero perteneciente a Helicol, para reunirse con varios jefes paramilitares.
Aparte de Elías, en esa reunión el ex dirigente de La U se habría reunido con alias Chiquito, jefe local político de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), que venía del Urabá por orden de Carlos Castaño, con quien presuntamente concertó proyectos de inversión en la región.
El 11 de agosto de 2008, la Sala Penal le había dictado medida de aseguramiento al ex senador por el delito de concierto agravado para delinquir por promover grupos paramilitares.
Jorge Castro
La Fiscalía había llamado al ex senador Jorge Castro a juicio el 27 de abril del año pasado, pero 10 meses después, la Corte Suprema de Justicia, en el marco de su nueva jurisprudencia, decidió asumir su proceso, e iniciará su juicio el próximo ocho de marzo.
Según las investigaciones, Castro habría tenido vínculos con el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40.
La primera prueba clave contra el ex congresista la dio el testimonio del ex director de Informática del DAS, Rafael García, quien relató que todo comenzó en 1999 cuando Jorge 40 buscó alianzas con políticos de la Costa Atlántica. "De esta injerencia de los paramilitares en la actividad política, resultaron algunos políticos beneficiados, entre ellos, Castro Pacheco", aseguró García.
La segunda prueba de la Fiscalía contra Castro es el documento encontrado en julio de 2006 en uno de los predios de Jorge 40 titulado Pacto de Pivijay, firmado, entre otros, por José Gamarra, Dieb Maloof y Castro, y en el que aparece en manuscrito el nombre de Tovar.
El ex senador perteneció al movimiento político Colombia Viva, e ingresó al Congreso en la denominada curul maldita, en reemplazo del ex congresista Dieb Maloof, quien también estuvo vinculado a las investigaciones por la parapolítica.
Humberto de Jesús Builes
El juicio contra el ex senador Humberto de Jesús Builes, por el delito de concierto para delinquir agravado, iniciará el próximo cinco de marzo.
Builes reemplazó en la curul al ex senador Rubén Darío Quintero, también vinculado en el proceso de la parapolítica. Los expedientes contra ambos ex congresistas fueron abiertos por la Corte Suprema cuando ésta encontró serios indicios de que Freddy Rendón, alias el Alemán, había interferido en la actividad política en Antioquia, en especial en la región del Urabá, en donde Builes era un reconocido ganadero y comerciante.
Builes fue capturado el 16 de abril del pasado 2008, después de que la Sala de Casación Penal le abriera investigación, pero renunció a su curul en agosto del mismo año. Sin embargo, su proceso fue devuelto a finales del año pasado al alto Tribunal por la Fiscalía.
Miguel Ángel Rangel
El 27 de enero pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió conocer de nuevo el proceso contra el ex representante a la Cámara por Bolívar, Miguel Ángel Rangel, e iniciará su juicio el próximo 12 de marzo.
El Alto Tribunal recibirá las declaraciones de los ex jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Uber Bánquez, alias Juancho Dique, con el propósito de precisar sus posibles nexos con el ex congresista Rangel.
Uno de los laboratorios más grandes para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que la Policía Nacional de Colombia haya ubicado en el presente año en esta zona del país, fue desmantelado en las últimas horas en zona rural del municipio de Cúcuta.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que la operación de interdicción aérea fue realizada por unidades del ‘Grupo de Antinarcóticos’ de la Región Cinco de Policía, quienes luego de un importante trabajo investigativo que incluyó apoyo tecnológico de inspección satelital, manejo de fuentes humanas y la utilización de equipos helicoportados, llegaron hasta el corregimiento de Palmarito en la frontera colombo venezolana.
Los comandos ‘jungla’ diseñaron una macro operación en la que intervinieron más de cincuenta hombres, los cuales se internaron en la zona boscosa de esta región fronteriza con el vecino país de Venezuela, donde luego de varios kilómetros de recorrido en medio de la montaña, hallaron veinte construcciones en madera y techo de plástico.
“A través de esta operación denominada ‘Esmeralda V’, los uniformados propinaron un importante golpe a la banda criminal ‘Los Rastrojos’, que delinque en esta región del país, pues evitaron que mensualmente esta organización delincuencial sacara al mercado nacional e internacional alrededor de dos toneladas de clorhidrato de cocaína.
El complejo para el procesamiento del alcaloide uno de los más grandes que haya destruido la institución durante el presente año, estaba acondicionado para almacenar una importante cantidad de precursores químicos utilizados como materia prima en la cristalización del narcótico; al igual que herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo la actividad ilícita; así mismo el alojamiento de por lo menos cuarenta personas encargadas de producir las dos toneladas de cocaína al mes.
En el lugar fueron hallados veinte kilos de cocaína que estaban listos para salir al mercado, dos mil ciento un galones de precursores químicos y ochocientos cuarenta kilos de insumos químicos.
El oficial señaló que dentro de los 2101 galones de insumos líquidos se encuentran, 2016 de acetona, 30 de ácido clorhídrico y 55 de gasolina; entre tanto los 840 kilos de insumos sólidos están representados en 150 de metalbifulsito, 50 de soda cáustica, 300 de urea, 275 de cloruro de calcio y 65 de carbón activado.
Igualmente, fueron hallados un gusano de doce bocas, un dragón, tres centrifugas, seis hornos microondas, un marciano, dos plantas eléctricas, dos mesas de secado, una motobomba, un sistema de condensación, una tolva de decantación, una prensa hidráulica, un compresor de aire, entre otros elementos utilizados en la cristalización y empaque de la cocaína.
“Luego de la inspección al lugar de los hechos, la fijación y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, se dispuso la destrucción de las diferentes construcciones que hacían parte del laboratorio, así como de las sustancias y elementos utilizados para el procesamiento de la sustancia estupefaciente”, puntualizó el Coronel Flórez Cárdenas.
Con este golpe asestado a la banda criminal ‘Los Rastrojos’ y que es un resultado más obtenido por la institución en su ofensiva definitiva para el año 2010 contra el narcotráfico, esta organización delincuencial dejó de percibir alrededor de diez millones de dólares.
Por el secuestro del niño Emmanuel, hijo de la ex candidata vicepresidencial Clara Rojas González, el Juez Cuarto Especializado de Villavicencio condenó a nueve años y nueve meses de prisión a Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, por su responsabilidad en el delito de secuestro simple agravado.
De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, el niño nació en cautiverio el 16 de abril de 2004 y estuvo al cuidado de alias Martín Sombra por orden de Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, y de Jorge Enrique Briceño Suárez, alias Mono Jojoy.
La ex candidata Rojas fue liberada el 10 de enero de 2008 junto a Consuelo González de Perdomo, luego de permanecer seis años en cautiverio. Días antes de la liberación de su progenitora el menor fue ubicado por agentes del CTI en un jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en Bogotá. El vínculo consanguíneo entre el niño y Clara Rojas fue comprobado mediante pruebas de ADN.
Alias Martín Sombra fue capturado por agentes de la Policía Nacional en febrero de 2008 en el municipio de Saboyá (Boyacá). Permanece privado de la libertad en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Las Farc habían prometido liberar al menor junto a su madre y la ex parlamentaria Consuelo González de Perdomo, pero la entrega se prolongó.
El presidente Álvaro Uribe, en un consejo comunal, denunció que la liberación se había dilatado porque las Farc no tenían en su poder al menor, lo que posteriormente se confirmó.
El pequeño intentó ser “rescatado” del Jardín Infantil en el que se encontraba, pero ya las autoridades habían actuado para protegerlo y retornarlo a la libertad.
La persona que lo tuvo bajo su cuidado y que lo entregó al ICBF en San José del Guaviare, igualmente fue condenado ya.
Alias Martín Sombra también es procesado por otros delitos, entre ellos por haber sido uno de los carceleros de Clara Rojas y de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
POR CONSIDERAR que primero debe reparar a sus víctimas en este país, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de extradición a Estados Unidos del jefe paramilitar Edgar Cobo Téllez, alias Diego Vecino.
Cobo Téllez, quien se acogió a la Ley de Justicia y Paz que contempla beneficios procesales a los miembros de las Autodefensas Unidas (Auc) que se desmovilizaron, enfrenta cargos en el país por homicidio, paramilitarismo y crímenes de lesa humanidad.
Este jefe paramilitar actuó como comandante del bloque Héroes de los Montes de María que operaba en los departamentos de Sucre y Bolívar, en el norte del país.
Paralelamente, Cobo Téllez es acusado en Estados Unidos por el envío de varias toneladas de cocaína a ese país.
Al conocerse la negativa de extradición, el vicepresidente Francisco Santos manifestó su esperanza de que la medida sirva “para que confiese todos sus delitos en Colombia y colabore oportunamente con la Justicia”.
De esta forma la Corte cambio su jurisprudencia, ya que antes determinó que concedía las extradiciones pero sólo cuando se reparara a las víctimas en Colombia y se les garantizara su derecho a la verdad; lo que no se cumplió con otros jefes paramilitares entregados a las autoridades americanas.
La Corte acogió en este caso la tesis de la Procuraduría que determinó que “debe primar el deber de velar por la protección y asistencia a las víctimas y en razón a que se está en una etapa trascendental dentro el proceso de justicia y paz, la extradición de Cobos Téllez afectaría los fines de la Ley , por cuanto si con ella se busca promover el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados, con la ausencia del postulado no se podrían lograr tales fines”.
La Procuraduría considera que las masacres de Manpuján y Las Brisas, ya imputadas a Diego Vecino, constituyen delitos de lesa humanidad por los que debe responder.
Según se conoció, este jefe paramilitar tiene a cuestas cerca de 5 mil victimas que reclaman homicidios, secuestros, robo de ganado y tierras.
El ex jefe paramilitar reconoció que las autodefensas sí tuvieron influencia directa en las elecciones para el Congreso en Sucre en el 2002.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, señaló, tras conocer la decisión de la Corte Suprema, que va a estudiar la decisión “y aprender de ese fallo para ver si en el futuro podemos asegurar que nuestros pedidos de extradición sean aprobados”.
Un hombre que presuntamente accedió sexualmente a sus hijas biológicas menores de edad, fue capturado en las últimas horas por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), como resultado de las acciones investigativas y operativas tendientes a contrarrestar los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que la detención del supuesto violador de 33 años de edad, fue realizada por unidades del ‘Área de Delitos Sexuales’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), luego de varios meses de investigaciones que llevaron a lograr la identificación, judicialización y captura del presunto responsable.
El caso fue conocido el pasado mes de octubre, cuando fue interpuesta una denuncia penal ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual por parte de una familiar de las supuestas víctimas, quien señaló que el padre biológico de las pequeñas de 10 y 13 años de edad, vendría abusando sexualmente de ellas, hecho que, al parecer, se presentaría durante los últimos dos años.
“De acuerdo con la información suministrada en la denuncia, presuntamente el progenitor se aprovechaba sexualmente de las niñas cuando la madre salía a trabajar, actos en desarrollo de los cuales supuestamente les tapaba la boca para que no gritaran y las amenazaba con que si le contaban a la mamá lo sucedido les pegaría, las amarraría o las colgaría”, señaló el oficial.
Dentro del proceso investigativo tendiente a la protección de los derechos de las menores y captura del supuesto violador, las niñas fueron valoradas por una psicóloga, quien dictaminó que requieren tratamiento especial debido a que emocionalmente se encuentran afectadas.
Los investigadores encargados del caso, adelantaron las acciones tendientes a identificar, judicializar y capturar al supuesto abusador, quien supuestamente luego de conocer sobre la denuncia instaurada en su contra, habría huido de la capital nortesantandereana para esconderse en una finca del municipio de Tibú de la zona del Catatumbo.
Las unidades judiciales aportaron contundente material probatorio que llevó a que un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta ciudad, profiriera en contra de este hombre, una orden de captura por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias genéricas de agravación punitiva.
En cumplimiento a la orden judicial, los investigadores adelantaron el operativo que culminó con su captura en esta capital.
El detenido natural de Río Negro (Santander), fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y posteriormente se trasladó a las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Cúcuta.
Un laboratorio valuado en cerca de 2.500 millones de pesos y donde se procesarían dos toneladas de clorhidrato de cocaína al mes, fue desmantelado en las últimas horas en zona rural del municipio de Cúcuta, como resultado de la ofensiva operacional que la Policía Nacional de Colombia, adelanta contra las redes del narcotráfico que delinquen en esta zona del país.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que la operación de interdicción aérea denominada ‘Esmeralda VI’, fue realizada en la vereda Potro Viejo por Comandos Jungla de la Región Cinco de Antinarcóticos, apoyados con equipos helicoportados.
El nuevo golpe contra la banda criminal ‘Los Rastrojos’, se logró como resultado de un completo trabajo investigativo que contó con inspecciones aéreas utilizando equipos de alta tecnología de la Policía y la información entregada por fuentes humanas.
“La acciones investigativas tendientes a contrarrestar el delinquir de los narcotraficantes en esta zona del país, permitieron establecer la existencia de un cristalizadero de cocaína que estaría ubicado a pocos metros de la frontera colombo-venezolana, por lo cual se realizaron las coordinaciones logísticas y operativas para llegar hasta el centro de procesamiento cocainero cuyo costo asciende a los cerca de dos mil quinientos millones de pesos, donde habían doscientos diez kilos de clorhidrato de cocaína listos para sacar al mercado internacional”, dijo el Coronel Flórez Cárdenas.
El oficial señaló que cerca de cincuenta hombres de Antinarcóticos se internaron en el área de espesa vegetación, donde luego de recorrer varios kilómetros hallaron el macro complejo, compuesto por siete construcciones en madera y plástico (cambuches), acondicionados para llevar a cabo todo el proceso de cristalización de la sustancia estupefaciente, con una capacidad de producción de aproximadamente dos toneladas al mes.
En el lugar que supuestamente pertenecería a la banda criminal ‘Los Rastrojos’ que delinquen en esta zona del departamento y donde se alojarían por lo menos treinta personas, fueron hallados mil cuatrocientos noventa y cinco galones de insumos líquidos y doscientos kilogramos de sustancias químicas sólidas, precursores controlados que son utilizados como materia prima para llevar a cabo el proceso de cristalización del narcótico.
Dentro de los cerca de mil quinientos galones de insumos líquidos, habían sustancias como acetona, ácido clorhídrico, gasolina, amoniaco y ACPM; entre tanto los sólidos correspondían a Metalbisulfito, soda caústica y carbón activado.
En el cristalizadero había gran cantidad de elementos y herramientas utilizadas para el proceso de cristalización del alcaloide, entre ellos un gusano de diez orificios, un marciano, un quemador, una centrifuga, cuatro hornos, dos plantas eléctricas, tres mesas de filtrado, una mesa de secado, un sistema de condensación, una tolva de decantación, un compresor de aire, una prensa hidráulica, tres grameras; así mismo gran cantidad de recipientes plásticos, cinta adhesiva, pliego de papel filtro, marquillas y víveres.
Con este golpe asestado a la banda criminal ‘Los Rastrojos’ y que es un resultado más obtenido por la institución en su ofensiva definitiva para el año 2010 contra el narcotráfico, esta organización delincuencial dejó de percibir alrededor de siete millones de dólares que en Colombia serían aproximadamente quince mil millones de pesos.
TRAS ADVERTIR que participó en 180 falsos positivos, el ex jefe paramilitar y presunto narcotraficante, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, afirmó ante la Fiscalía que le entregó 500 millones de pesos al ex comandante del Ejército y actual embajador de Colombia en República Dominicana, general Mario Montoya Uribe.
Los señalamientos los hizo Don Mario en desarrollo de una audiencia de versión libre, en la que explicó que le entregó esa suma de dinero a general en retiro Mario Montoya por orden del jefe del bloque Centauros de las autodefensas, Miguel Arroyave.
Arroyave fue asesinado, al parecer por hombres de su misma organización en el Meta, cuando se desarrollaban los acercamientos de paz con el Gobierno nacional y en momentos en que se suponía, debía estar concentrado en Ralito.
Según afirmó alias Don Mario ante la fiscal Elba Beatriz Silva, ese dinero entregado al general Montoya, iba a ser utilizado para combatir al grupo de autodefensas de Los Buitrago en Casanare, grupo que era comandado por alias Martín Llano, declarado enemigo de Arroyave.
Rendón Herrera señaló que ese dinero fue enviado al general Montoya a través de Yesid Nieto, de quien dijo que era un hombre de confianza del ex comandante del Ejército.
Durante la misma diligencia, alias Don Mario afirmó que en algunas oportunidades el bloque Centauros de las autodefensas llevaba a cabo sus acciones delincuenciales con apoyo de un piloto de un avión fantasma de la Fuerza Aérea Colombiana, y que le pagaba un sueldo de 7 millones de pesos a los comandantes de Policía de los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico, Granada, Viste Hermosa, Lejanías y El Castillo.
También aseguró que participó en no menos de 180 falsos positivos y que revelará los nombres de las víctimas y de los uniformados de la Policía y el Ejército implicados en los mismos, ocurridos en el departamento del Meta de 2002 a 2004.
Este es el segundo señalamiento que se hace en contra del hoy embajador en República Dominicana, como quiera que hace dos semanas, en desarrollo del juicio en contra de 10 militares implicados en el asesinato d e8 miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, tres altos oficiales y un ex paramilitar, dijeron que actuaban bajo la “línea” del general Montoya.
El propio ex ministro solicitó la revisión de la financiación de su precandidatura, tras denuncias de Daniel Coronell.
INVESTIGAR FORMALMENTE la campaña del precandidato conservador a la Presidencia de la República, Andrés Felipe Arias, por supuestas irregularidades en la financiación, decidió ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE), acogiendo de esta forma una ponencia en tal sentido que presentó el magistrado Joaquín José Vives.
“Ordenaron apertura de investigación”, le confirmó a EL NUEVO SIGLO el presidente del CNE, magistrado Marco Emilio Hincapié. “El doctor Vives llevó una ponencia”, explicó, “por medio de la cual se ordenó la apertura”.
Este Diario conoció que entre los argumentos que tuvo en cuenta el magistrado sustanciador para solicitar investigar la financiación de las cuentas de la campaña de Arias, están las denuncias que por medio de su columna presentó el periodista Daniel Coronell.
También, que el ex ministro solicitó por medio del gerente de su campaña, en un escrito radicado el 11 de febrero, la investigación de las cuentas de su campaña. Además, se tuvo en cuenta la Ley de Garantías Electorales de 2005 como fundamento normativo, la Ley 130 de 1994 y el artículo de la revista Semana de febrero 8 pasado.
En adelante el magistrado Vives debe decidir si las pruebas tenidas en cuenta son suficientes o si hay necesidad de practicar otras para posteriormente optar, de acuerdo con los resultados de las pruebas consideradas, si presenta a consideración del pleno del CNE pliego de cargos contra Arias y otras personas de la campaña o pide el archivo de la investigación por falta de méritos. También es facultad del magistrado ponente, en caso de que decidiera presentar pliego de cargos contra Arias, señalar las sanciones establecidas en el Código electoral por violaciones a los topes de campaña.
También Procuraduría y Fiscalía
El 12 de este mes, la Procuraduría le inició una investigación preliminar a la campaña de Arias como consecuencia de la denuncia de Coronell, en donde asegura que beneficiarios del controvertido programa Agro Ingreso Seguro (AIS) habían aportado a la campaña de Arias.
“La Procuraduría ha iniciado la investigación con un grupo especial que está estudiando el caso para determinar si existen conductas reprochables desde el punto de vista disciplinario”, expresó el procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales Carlos Mesa.
Añadió que la investigación revisará los libros contables de la campaña de Arias, así como los gastos, aportes, donaciones e ingresos, hasta donde lo permite la viabilidad jurídica.
Entre las evidencias que analiza la Procuraduría están los documentos con base en los cuales el periodista fundamenta sus afirmaciones de que Arias está ‘triangulando’ las donaciones a través de una fundación o valiéndose de un fondo especial del Partido Conservador. Coronell aseguró asimismo que los honorarios de un asesor de Arias son pagados por medio de una empresa, sin que este egreso se haya registrado en los libros de contabilidad de la campaña.
De la misma manera, por las denuncias de Coronell, la Fiscalía anunció en días pasados que le abriría una investigación a la campaña de Arias.
Mientras tanto el candidato se defiende diciendo que la financiación de su campaña se ha hecho dentro de los términos establecidos por la ley.
A desmontar vallas
Los partidos que han colocado más de las 15 vallas políticas autorizadas en Bogotá para Congreso y 10 para Presidencia deberán decidir en 48 horas cuáles desmontarán para ponerse a tono con la ley.
Esta fue otra de las decisiones que tomó el CNE en su sala de ayer, después de encontrar que en la capital del país algunos partidos y movimientos políticos estaban violando la normatividad.
Según el CNE, las colectividades en evidencia son el Partido Liberal que instaló 18 vallas para Congreso; el Partido Conservador que puso 25 vallas para Congreso; el Partido Social de Unidad Nacional (La U) que situó 65 vallas al Congreso; Cambio Radical que ubicó 20 vallas referentes a Congreso y 15 vallas a su candidato a la Presidencia, cuando sólo están permitidas 10; y el Polo Democrático que colocó 18 vallas alusivas a Congreso.
SU DISPOSICIÓN de comenzar un cese en sus acciones violentas, como muestra de su voluntad de querer iniciar un proceso de acercamiento con el Gobierno nacional, ha sido expresada a monseñor Julio Cesar Vidal Ortiz, obispo de Montería, por representantes de las bandas criminales emergentes, con los que ha tenido contacto.
El prelado de la Iglesia Católica manifestó que no se ha reunido con los jefes de las bandas emergentes, pero que a su despacho han llegado emisarios de estos grupos ilegales que le han agradecido por su propuesta en el sentido de que el Gobierno debería buscar la posibilidad de dialogar con estas bandas, y además para expresarle que estarían dispuestos a cesar sus acciones criminales para mostrar su interés en iniciar acercamientos con el gobierno.
El Obispo afirmó que hasta el momento ha tenido contactos con las bandas criminales emergentes de Los Paisas y Los Rastrojos.
Monseñor Vidal indicó que seguirá con su labor de facilitador, en la búsqueda de alternativas de salida pacifica a la grave situación de violencia que se viene registrando en el país, especialmente en Córdoba, por el accionar de estas nuevas estructuras ilegales.
Tanto monseñor Vidal como el obispo Jaime Prieto Amaya, dijeron la semana pasada que estaban dispuestos a adelantar contactos con integrantes de las bandas emergentes, ante la ola de violencia que se registra, principalmente, en los departamentos de Córdoba y Norte de Santander.
Sin embargo, tanto el presidente Álvaro Uribe, como el comisionado de Paz, Frank Pearl, advirtieron que no habrá desmovilización sino sometimiento a la justicia e impusieron algunas condiciones a los altos prelados en su labor.
Las mismas fueron rechazadas por los obispos, quienes indicaron que “como pastores y párrocos no necesitamos permisos para hablar con quienes están en nuestra jurisdicción, nosotros permanente estamos hablando con todos. Ellos vienen y se acercan a uno y no podemos rechazarlos”.
“Es que tenemos que hacer algo, no podemos permitir que el país se siga desangrando, desafortunadamente la situación con las bandas y que el país vaya al caos, la situación se ha ido agravando, no podemos como pastores seguir indiferentes”, explicó.
Así mismo, ayer se insistió que los acercamientos logrados por la Sociedad Civil en Medellín, con las bandas emergentes, deben avanzar para garantizar la seguridad durante los próximos Juegos Suramericanos.
Dos ex directores habrían sido informados de estos hechos irregulares, se dijo ayer en el juicio contra el primero de ellos.
DURANTE LA administración de Jorge Noguera el DAS hacía actividades de intimidación a sindicalistas y periodistas, aseguró ayer el ex director de Inteligencia del organismo, Jorge Alberto Lagos, ante la Corte Suprema de Justicia, que lo llamó a declarar en el marco del juicio contra el primero.
Lagos, quien fue una de las primeras cabezas que rodó el año anterior cuando medios dieron a conocer que el DAS adelantó escuchas ilegales contra periodistas, magistrado y políticos de oposición, y que hoy es investigado por este hecho, dijo que durante la administración de Noguera había grupos de investigadores del DAS que se ocupaban de intimidar a sindicalistas y comunicadores sociales. El ex funcionario explicó que para tal fin utilizaban sufragios y anónimos amenazantes. También dijo que estos funcionarios hacían seguimientos e interceptaciones telefónicas a las personas que estaban en su mira.
Lagos aseguró también que las Auc infiltraron el organismo de inteligencia de una forma fuerte, presencia que se notaba especialmente en las seccionales de la entidad en la Costa Caribe. “Había mucha ingerencia de las Auc en el DAS, se evidenciaba que estaban infiltrados”.
Lagos señaló que tanto las intimidaciones a sindicalistas y periodistas por parte de funcionarios del DAS como la infiltración paramilitar en el organismo dependiente de la Presidencia de la República fueron reportados a los directores Jorge Noguera y posteriormente a Andrés Peñate para que adelantaran los procedimientos de investigación y sanción a los responsables.
Dijo saber del G3
Lagos, quien fue nombrado como director de Inteligencia por Andrés Peñate, señaló que desde ese cargo pudo percatarse que había mucha fuga de información del DAS, especialmente en temas migratorios y de antecedentes. Acotó que por este asunto fueron investigados al menos 1.500 funcionarios.
Sin embargo, Lagos dijo desconocer la existencia del G3, grupo que según las investigaciones de la Fiscalía coordinó las operaciones de escuchas ilegales contra personalidades y miembros de la oposición, popularmente conocidas como chuzadas.
Aunque dijo saber de la existencia de grupos especiales creados por Noguera y que operaban externamente por medio de fachadas. Aseguró que éstos fueron cerrados cuando Peñate llegó al cargo de director, pero no dijo el número de los mismos.
Explicó que estos grupos cuya misión era obtener información y entregar análisis de inteligencia, por lo general tenían conexión con algún ministerio.
En su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, Lagos dijo también que el DAS tenía una inclinación a realizar actividades de inteligencia hacia organizaciones de izquierda y guerrilla, aunque en menor medida al paramilitarismo.
El alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, insistió en que el Gobierno “no le va a dar estatus político al narcotráfico”, en alusión al aval que finalizó el pasado viernes por el que miembros de la sociedad civil y de la Iglesia podían dialogar con las bandas emergentes.
En una entrevista publicada en el diario El Tiempo, Pearl dijo que el Gobierno “nunca se montó en la posibilidad de participar, tramitar o avalar pactos entre bandas criminales” porque tiene la convicción de que “el único camino es el sometimiento a la justicia”.
En las pasadas semanas, una comisión de Medellín planteó una tregua entre grupos de la “Oficina de Envigado”, la temible red de sicarios creada en la década de los ochenta por el capo Pablo Escobar, y también se acercaron posiciones entre las nuevas bandas integradas por narcotraficantes, ex paramilitares y desmovilizados.
El Alto Comisionado señaló que “el propósito de la comisión nunca fueron esos pactos” y que aunque su líder, Jaime Jaramillo, argumentara que hay que generar confianza, el Gobierno “tiene una posición diferente y decide decir: o sometimiento o nada”.
También algunos obispos iniciaron acercamientos con los miembros de las bandas que operaban en su territorio, gracias al aval que el Gobierno dio a la Iglesia y a la sociedad civil para conseguir que los delincuentes se sometieran a la justicia.
Dicho permiso, que se dio el 12 de noviembre, tuvo una vigencia de tres meses que finalizó el pasado viernes 12 de febrero.
La concesión de estos permisos son parte de “una caja de herramientas que las sociedades tenemos para prevenir y combatir la delincuencia”, consideró Pearl.
Explicó que entre las herramientas hay instrumentos de seguridad de los que se encarga la Policía, de justicia, de juntas (comisiones) y de inversión social.
“Cuando vemos una oportunidad de que alguien tienda un puente para que un delincuente se someta a la justicia y colabore lo acogemos porque es otra de las herramientas”, precisó.
Sin embargo, una vez terminado el permiso gubernamental para los diálogos, tanto Jaramillo como los obispos declararon que no precisaban de autorización para desarrollar esta labor en su zona de influencia.
En este sentido, el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, aseguró en Caracol Radio que la Iglesia y el Gobierno por fin quedaron “alineados”.
“El Gobierno nos dio permiso para tener diálogos pastorales con los grupos emergentes y las bandas violentas pero para ayudarlos al sometimiento de la justicia”, concretó y agregó que lo que no pueden hacer los obispos son “diálogos de paz en paralelo a las autoridades”.
Monseñor Córdoba explicó que los integrantes de las bandas podrán ir a hablar con los obispos y a estos se pondrán en contacto con Pearl y las autoridades para que los delincuentes arrepentidos se acojan a la justicia.
“Nosotros somos garantes más que mediadores. Como garantes les entregamos a las autoridades y nos quedamos como vigilantes para que sean protegidos”, detalló.
Pearl aseguró que “no hay autorización a nadie para que haga diálogos, desmovilizaciones; no la hay ni la habrá para que pase el mensaje de que alguien puede someterse a la Ley de Justicia y Paz, porque esa lista está cerrada”.
La Ley de Justicia y Paz es el marco jurídico por medio del cual el Estado otorga beneficios a los desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares.
SEIS MUERTOS y seis heridos dejó ayer el intento de secuestro del candidato a la gobernación del Guaviare y ex gobernador del departamento, José Pérez Restrepo, quien resultó herido en la acción atribuida a las Farc, informó el Ejército. Tres escoltas del candidato y dos policías perdieron la vida, en tanto que el político resultó herido en una pierna y fue trasladado al hospital por el Ejército, y se encuentra fuera de peligro. Entre los muertos está un músico menor de edad quien acompañaba al político.
"La guerrilla lo paró y empezó una balacera", relató la líder conservadora del Guaviare, Ana Forero, quién presenció los hechos y además aseguró que Pérez quedó herido.
La testigo agregó que un joven "que lo acompañaba en la campaña, que cantaba y hacía ambiente" perdió la vida, así como dos policías que iban en la comitiva.
"A uno de ellos (policías) lo quemaron dentro de su carro", indicó Forero, y dijo que se trata del conductor del vehículo en el que viajaba Pérez.
Al parecer, en la reunión política a la que se dirigía el aspirante por el Partido Conservador a la Gobernación, quien fue gobernador del Guaviare, habían congregadas unas 800 personas.
Según fuentes castrenses, los guerrilleros "al parecer tenían la intención" de secuestrar a Pérez y atacaron con disparos la caravana del político cuando se movilizaba por una carretera del Guaviare.
El hecho se presentó en la vía que de la vereda de Tres Tejas conduce a la de Triunfo II, donde fue interceptada la caravana que integraba el aspirante a la Gobernación, por parte de miembros del grupo guerrillero.
En el mismo vehículo, que resultó incinerado, también se movilizaba la esposa del líder conservador, quien resultó ilesa.
Al parecer, el candidato alcanzó a ser retenido transitoriamente, pero fue rescatado por uniformados de la Policía y el Ejército, quienes actuaron con prontitud cuando se enteraron del hecho; llegaron a la zona y se enfrentaron con los integrantes de las Farc que habrían emboscado la caravana.
José Pérez fue trasladado a un hospital de San José del Guaviare, donde se evaluará el estado de salud.
El diputado Geovanny Gómez, quien minutos antes había pasado en otra caravana describió el sitio; “Es una zona boscosa, que está a una hora y media de la capital del departamento del Guaviare”.
En la zona, tropas del Ejército, con apoyo helicoportado, adelantan operativos en la zona para dar con los responsables de este hecho.
LA DEMORA en los juicios que se adelantan contra militares involucrados en los llamados falsos positivos, llevó a la delegada de la Procuraduría a llamar la atención al juez y a los abogados defensores.
El hecho se registró ayer, luego de que por cuarta vez en menos de seis meses, fue aplazado el comienzo del juicio contra un coronel y otros siete militares presuntamente involucrados en la desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes de Soacha.
En esta oportunidad no pudo comenzar la audiencia de juzgamiento en contra del coronel Gabriel Rincón Amado y otros siete militares, investigados por el homicidio de Julio César Meza y Jonathan Orlando Soto, porque uno de los defensores de los acusados dijo ante el juez que tenía prevista una diligencia en el Tribunal Superior de Bogotá y otra abogada se excusó y dijo que no podía asistir a la audiencia en la tarde de ayer, por problemas domésticos.
Por ello, la Procuradora Delegada para este caso le pidió al juez especializado de Cundinamarca que adelante el juicio, que solicite a los abogados de los militares que utilicen mecanismos legales previstos como los abogados suplentes para evitar que se siga tardando el comienzo del juicio.
En la misma audiencia, el fiscal Álvaro José Galindo, quien es el encargado de adelantar el caso en contra de los ocho militares, denunció que el abogado de los familiares de las víctimas, Juan Carlos Bernal, no asistió a la audiencia por amenazas contra su vida.
Al mismo tiempo que en Soacha se aplazaba la audiencia, el presidente Álvaro Uribe se reunía con las madres de víctimas, en la Casa de Nariño.
“Hemos tenido una reunión con las madres de Soacha. Primero, ellas han exigido -y tienen toda la razón-, que esto se tiene es que esclarecer, que tiene que imponerse la verdad”, dijo el mandatario.
Explicó que algunas han protestado por el hecho de que integrantes de la Fuerza Pública hayan recibido el beneficio de la libertad provisional por vencimiento de términos. “El Gobierno ha repetido: primero, no hemos permitido que se dispersen; están en una unidad militar para que no haya impunidad y segundo, el Gobierno no participa, respetando la justicia, de que en estos casos haya libertad por vencimiento de términos. Aquí, por el honor de las Fuerzas Armadas, por el respeto a las víctimas, por la confianza de la comunidad colombiana, se requiere que cuando haya pruebas se acuse y se condene y que cuando no haya pruebas se absuelva. Hemos repetido estos temas”.
Anunció que en los próximos días habrá una evaluación del Programa de Acción Social de la Presidencia de la República para examinar la situación de estas familias y aproximarse, apoyarlas con la figura de ciudadanos altamente vulnerables.
“También, para efectos de la protección de estas familias, el Ministerio de Defensa ha asumido toda la responsabilidad de estudiar cualquier queja de amenaza a estas familias”.
“Finalmente, es bien importante, para que la seguridad sea una política que permita recuperar la tranquilidad de los colombianos, la seguridad tiene que ser eficaz y transparente. Por eso, con todo el apoyo, con todo el que he dado, con todo el afecto que he tenido por los soldados y policías de la Patria, recuerdo que nuestro deber es proceder con toda la energía para la eficacia y con toda la transparencia para no afectar esta política”, dijo.
Hace un mes, el entonces presidente de la Corte Constitucional la calificó como “un órgano que está descompuesto”.
A TRAVÉS de un oficio remitido a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) pidió que el magistrado Nilson Pinilla sea indagado por injuria, según lo anunció ayer Ovidio Claros, presidente de esa célula.
Hace un mes, Pinilla, siendo presidente de la Corte Constitucional, calificó a la mencionada sala de la CSJ como “un órgano que está descompuesto”.
Pinilla manifestó el malestar del tribunal constitucional por tener que revocar una tutela fallada por la CSJ contra una sentencia condenatoria emitida por la Corte Suprema que afectaba al ex representante Iván Díaz Mateus. Con esa tutela, Mateus quedaba habilitado para recuperar la libertad, pese a estar condenado dentro del proceso de la yidispolítica.
En aquella oportunidad, el magistrado Pinilla señaló: “No sé si tomarán en cuenta que definitivamente no pueden seguir inmiscuyendo sus pretensiones políticas en decisiones que son judiciales. Eso no lo oyeron decir hace un año, que la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es un órgano que está descompuesto”.
Dentro de la misma controversia, otro magistrado de esa sala, el recientemente escogido Jorge Armando Otálora, ex vicefiscal, retó a Pinilla a examinar académicamente el tema de la politización de la justicia.
Otálora, según trascendió ayer, le envió a Pinilla una comunicación hace casi diez días que, en tono conciliador, le reclama por los duros cuestionamientos mencionados: “¿Acaso el origen de la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, no le corresponde al Senado de la República?”.
En la misiva, Otálora no sólo recuerda su paso por los juzgados en donde se desempeñó como notificador, por la Procuraduría y la Vicefiscalía General, sino que también nombra su experiencia como docente, todo con el fin de reiterar que a pesar de haber sido elegido por el Congreso, su vida ha estado ligada a la rama judicial.
De acuerdo con Otálora, las declaraciones de Pinilla generan un efecto desestabilizador tanto para el país, como para la justicia.
Manteniendo la lucha frontal contra el flagelo del narcotráfico, situación que afecta considerablemente la paz y la tranquilidad de esta región fronteriza, unidades pertenecientes a Grupo de operaciones especiales de Norte de Santander GOES DENOR y a la Seccional de investigación criminal SIJIN DENOR, lograron la ubicación y destrucción de cuatro laboratorios artesanales de construcción rustica para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y sus derivados, los cuales suman una capacidad de producción de 980 kilos de esta sustancia estupefacientes mensuales.
Los operativos de destrucción fueron adelantados en el sector de la vereda San José, jurisdicción del municipio de Teorama, en donde fueron hallados los complejos de producción de estupefacientes; en el primero de los laboratorios fueron hallados 170 galones de base de coca liquida, al igual que insumos para el procesamiento de esta sustancia, así mismo fue erradicado de forma manual un cultivo de 0.8 hectáreas de matas de coca, ubicado a un costado de la estructura artesanal.
En el segundo de los laboratorios destruidos, al cual se le calcula una producción de 200 kilos de base de coca mensuales, fueron hallados 55 galones de base de coca liquida y 75 galones de gasolina, además de cemento, cernidores y demás herramienta utilizada para la producción; junto a este fue erradicado un cultivo de 1.2 hectáreas de hoja de coca y destruido un semillero con mas de 5.000 plantas listas para siembre.
Los dos otros laboratorios suman una capacidad de producción de 500 kilos de base de coca mensuales, siendo hallados en su interior un total de 315 galones de base de coca liquida, al igual que 7.000 plantas de hoja de coca las cuales fueron destruidas junto con un cultivo de 1.4 hectáreas hallado en medio de las dos estructuras rusticas; también fueron hallados varios galones de gasolina y amoniaco, al igual que herramienta utilizada para la producción de esta sustancia estupefaciente.
Además de los laboratorios relacionados anteriormente, el personal policial que adelanto el operativo logró la ubicación y destrucción de dos semilleros con mas de 20.000 plantas de hoja de coca listas para ser sembradas, así como la erradicación manual de 1.4 hectáreas de matas de coca.
Según las investigaciones adelantadas por el personal de la SIJIN DENOR, estas estructuras de producción de cocaína y sus derivados pertenecen a la organización narcoterrorista de las FARC que delinque en esta zona rural, los cuales están siendo individualizados por el departamento de policía Norte de Santander para su correspondiente aprehensión para que respondan ante las autoridades por la comisión de este tipo de delitos.
En total, los procedimientos de ubicación y destrucción de estos cuatro complejos para la producción de estupefacientes, dejo como saldo la erradicación de 4.9 hectáreas de cultivo de hoja de coca, la destrucción de 540 galones de base de coca liquida, la incineración de 54.000 matas de hoja de coca, 225 galones de gasolina y 22 galones de amónico, complejos y elementos que suman un total de 321 millones de pesos, lo que significa un duro golpe a las finanzas de este grupo narcoterrorista.
Los operativos adelantados para combatir el flagelo del narcotráfico se continuarán realizando en varias veredas y corregimientos del sector rural, reafirmando así el compromiso asumido por el departamento de policía Norte de Santander para devolver esta región fronteriza la paz que tanto necesita. En los procedimientos realizados no se presentaron capturas.
En medio de un enfrentamiento ocurrido la noche anterior en esta capital, efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), capturaron a dos presuntos asaltantes quienes a mano armada habrían asaltado a un ciudadano en esta capital.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que el caso fue conocido pasadas las siete de la noche por unidades del Comando de Atención Inmediata del Parque La Ceiba, las cuales adelantaban patrullajes de vigilancia y control en el sector del barrio Quinta Oriental.
“Los uniformados pasaban por la avenida Los Faroles con Avenida Guaimaral y cuando llegaron a la altura de la vía de ingreso a una universidad de la zona, sorprendieron a unos hombres que estaban intimidando a los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux”, dijo el oficial.
El Coronel Flórez Cárdenas, señaló que cuando los sospechosos se vieron sorprendidos por los policiales emprendieron la huida a bordo de dos motocicletas Suzuki Best, de colores azul y negro, por lo cual se inició su persecución en medio de la cual los supuestos asaltantes abrieron fuego contra los uniformados propiciándose un intercambio de disparos.
Con el propósito de evitar que los motorizados lograran huir, se activó el plan candado uniéndose a la persecución otras patrullas policiales del sector, las cuales apoyaron el seguimiento de los indiciados que se inició por la avenida Guaimaral y se extendió por la Avenida Gran Colombia hasta la Diagonal Santander con el sector conocido como ‘Fuente Luminosa’.
Cuando los presuntos atracadores llegaron hasta la avenida cero arrojaron sobre la vía un arma de fuego con la cual habrían disparado contra los policiales. La persecución continúo y metros más adelante los dos hombres fueron interceptados y capturados, uno de los cuales presentaba una herida con arma de fuego, por lo cual fue trasladado hasta un centro asistencial para que recibiera atención médica.
Durante el procedimiento fueron inmovilizadas las dos motocicletas de placas QCE-29B y OFI-76B en las que huyeron los detenidos y se incautó un revolver marca Llama, calibre 38 largo.
El Comandante de la Mecuc señaló que de acuerdo a lo manifestado por la víctima, los detenidos le habrían hurtado el arma de fuego incautada en el procedimiento policial, novecientos mil pesos en efectivo y una cadena de oro.
El oficial señaló que al verificar los antecedentes judiciales de los detenidos se encontró que uno de ellos presenta una sentencia condenatoria por los presuntos delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico y porte armas de fuego o municiones por un juzgado de la ciudad de Bucaramanga; mientras que el segundo registra dos sentencias condenatorias emitidas también por autoridades santandereanas por los presuntos delitos de secuestro simple, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte armas de fuego o municiones.
Los detenidos de 25 y 29 años de edad, naturales de Bucaramanga, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, junto con el arma de fuego incautada y las motocicletas inmovilizadas.
Monseñor Julio César Vidal dice que la única forma de acabar con la violencia es a través del diálogo y que los grupos armados deben hacerlo con el Ejecutivo.
LA DESMOVILIZACIÓN de los integrantes de las llamadas bandas emergentes al servicio del narcotráfico, también conocidas como Bacrim, fue descartada de plano por el Gobierno nacional, que argumentó que el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia penal.
La polémica se desató luego de conocerse que en Medellín un grupo de personas de la sociedad civil sirvió de intermediara para que dos de los grupos más violentos firmaran un pacto de no agresión, con el fin de bajar la criminalidad, luego de que se conociera que el año pasado se produjeron más de 600 homicidios y que en lo que va corrido de 2010 van más de 40.
Así mismo, luego de que los obispos de la Iglesia Católica anunciaron que adelantarían contactos para la desmovilización de las bandas de Los Paisas y Los Rastrojos, en el departamento de Córdoba y oteros grupos en el departamento de Norte de Santander.
Ayer, el presidente Álvaro Uribe y el comisionado de Paz, Frank Pearl, salieron al paso de estas informaciones, en algunos casos de manera contradictoria, pero al final con el objetivo de hacer presiones.
Pearl informó que no se renovará la autorización que tenía la comisión de la sociedad civil en Medellín para adelantar labores de “reconciliación nacional”.
El funcionario aseguró que “con muy buena intención de los miembros de la comisión de la sociedad civil en un momento dado posiblemente perdieron el norte; el norte que es el sometimiento a la justicia de esas personas”, pese a que un día antes había dicho que no existía ninguna autorización para tal fin.
La comisión de la sociedad civil que había sido autorizada por el gobierno “en beneficio de la reconciliación nacional” fue la que consiguió un pacto de no agresión entre bandas delincuenciales de Medellín.
En un comunicado, el Comisionado para la Paz, reconoció que el 12 de noviembre de 2009, autorizó a Jorge Gaviria, Jorge Ignacio Castaño, Jaime Jaramillo Panesso, Francisco Galán y a Monseñor Alberto Giraldo, para que adelantaran actividades en beneficio de la reconciliación nacional.
Y más adelante aclaró que en ningún momento estas autorizaciones pueden orientarse a resultados distintos a las del sometimiento a la justicia, como requisito sine qua non para cualquier acercamiento. E insistió en que no podrán desmovilizarse, como lo hicieron los paramilitares.
A su vez, el presidente Uribe que los integrantes de las Bacrim que lleguen a acuerdos para adelantar treguas no se beneficiarán de la Ley de Justicia y Paz, sino que tendrán que someterse a la Justicia. “Nosotros tenemos que derrotar esas bandas criminales”, señaló. Agregó que “el fin no puede ser sino uno: que esos señores se entreguen a la justicia; no hay más camino”.
Dijo que “nosotros no aceptamos pactos. Esas bandas hay que derrotarlas”.
“Ahora, a mí preguntó el Obispo de Montería (Monseñor Julio César Vidal), me dijo: ‘Mire, Presidente, yo puedo dialogar con ellos, quiero hacerlo, pero necesito su permiso’. Le dije: ‘Monseñor, como se lo había dicho públicamente hace días en Montería, si la Iglesia va a hacer eso, que lo haga. Pero el fin no puede ser sino uno: que esos señores se entreguen a la justicia; no hay más camino’.
Nosotros tenemos que derrotar esas bandas criminales, porque eso es un factor de asesinato de nuestros compatriotas”.
Por su parte, monseñor Julio César Vidal dijo que la Iglesia siempre está dispuesta a trabajar en la búsqueda de la paz y que su misión es acercar a las partes. “Los señores de las bandas emergentes necesitan hablar con alguien y ese alguien es el Gobierno, que es con el que puede negociar”.
La oportuna denuncia de la comunidad y la rápida reacción de efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), permitió evitar que en la tarde de ayer, un hombre cobrara en una entidad bancaria de esta ciudad un cheque presuntamente falso por valor de doscientos treinta y ocho millones de pesos.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que el caso fue conocido por unidades del Grupo de Policía de Reacción Bancaria, cuando estas hacían recorridos de vigilancia y control a las entidades crediticias del centro de la ciudad.
“Cuando los uniformados llegaron a pasar revista a un banco ubicado en la avenida quinta con calle diez del barrio El Centro, fueron alertados sobre la presencia del hombre quien se disponía a cobrar un cheque por una alta suma de dinero, pero que al momento en que funcionarios del banco verificaron la autenticidad del documento, descubrieron que este ya había sido girado”, señaló el oficial.
Ante el reporte, los policiales abordaron al sospechoso quien se identificó con una cédula con la que estaba haciendo el proceso de cobro del título valor y la cual presentaba características diferentes a las del documento identidad original, hecho que hizo presumir que era falsa.
Al constatar la documentación impresa del cheque que supuestamente fue emitido por la gobernación del departamento de Casanare, los funcionarios bancarios establecieron que este ya había sido girado a un club de ese departamento por valor de un millón doscientos mil pesos, situación que dejaba al descubierto que el documento posiblemente estaba alterado, razón por la cual el hombre fue capturado.
“De acuerdo con las informaciones obtenidas, se conoció que el detenido habría llegado a la capital nortesantandereana en un vuelo procedente de la ciudad del país alrededor del medio día de ayer, para posteriormente llevar a cabo la transacción bancaria”, agregó el Coronel Flórez Cárdenas.
El oficial señaló además que se adelantan las investigaciones para establecer si este hombre hace parte de alguna organización delincuencial dedicada a la estafa mediante el cobro de títulos de valores falsos y a la vez hace un llamado a los funcionarios de las entidades bancarias, comerciantes y a la comunidad en general para que estén muy atentos de verificar la autenticidad de este tipo de documentos a la hora de hacer movimientos económicos.
El detenido de 32 años de edad, natural y residente en la ciudad de Bogotá, fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía junto con el cheque incautado.
Un vendedor ambulante que presuntamente habría abusado sexualmente de dos niñas de 6 y 12 años de edad, fue capturado en esta capital por unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), como resultado de un importante proceso investigativo y la denuncia oportuna de la familia.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que la detención de Luis Modesto González Rueda, de 53 años de edad, natural de Bucaramanga, fue realizada en el barrio Motilones de la Ciudadela Juan Atalaya, por efectivos del ‘Área de Vida’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), luego de que el caso del supuesto abuso sexual de las dos pequeñas fuese denunciado penalmente el año anterior.
Las unidades judiciales conocieron el reporte del supuesto hecho delictivo, luego de que a comienzos del pasado mes de julio, un familiar de las pequeñas pusiera en conocimiento del Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS) el abuso sexualmente de las dos hermanas y cuyo responsable era un hombre conocido de la familia.
“Según el reporte hecho por la persona denunciante, los abusos se presentarían cuando la madre de las niñas las dejaba al cuidado del hombre, el cual supuestamente se encerraba con ellas para, al parecer, llevar a cabo los abusos; situación que también se presentaría cuando las víctimas eran enviadas a la casa del supuesto abusador durante las horas de la noche”, señaló el oficial.
Durante el proceso investigativo para establecer el estado físico y sicológico de las agredidas y capturar al supuesto abusador sexual, las pequeñas fueron sometidas a una valoración sicológica, en la cual se estableció que requieren tratamiento especializado ya que emocionalmente se encuentran afectadas.
Las unidades judiciales lograron recolectar material probatorio que fue aportado al proceso investigativo y que llevaron a que un Juez Con Funciones de Control de Garantías dictara en contra del supuesto responsable una orden de captura por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Una vez materializada su captura, el detenido fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y posteriormente se trasladó a las instalaciones de la Penitenciaría Nacional de Cúcuta.
La Corte Suprema, que retomó el caso en octubre, lo llamó a juicio por concierto para delinquir agravado.
