Finaliza juicio a Guillermo Valencia

A mediados de junio se espera que se presenten los últimos alegatos para que se sepa la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Valencia es procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros. Según la investigación, el ex funcionario habría influenciado para que se excluyera de la lista de narcotraficantes a John Freddy Manco, alias el Indio, segundo al mando de la Oficina de Envigado, banda delincuencial de Daniel Rendón, alias don Mario, por lo cual habría recibido una cuatrimoto avaluada en 40 millones de pesos.

Entre las pruebas que aportó la Fiscalía en el proceso están varias llamadas y encuentros entre Valencia y el empresario Felipe Sierra, en las que se acuerda borrar el nombre de Manco del organigrama de la banda de Rendón.

Para el ente acusador, Sierra era el contacto entre el ex director de Fiscalías de Medellín y la Oficina de Envigado.

Varios de los testimonios llamados en el juicio incriminaron a Valencia. Hace más de un año, el general retirado Marco Antonio Pedreros, ex comandante de la Policía de Medellín y de la regional 6, confirmó que fue el ex director seccional de Fiscalías de la capital antioqueña quien le comentó que Manco no hacía parte de las bandas criminales que dirige Rendón sino que era parte de otra organización.

La última en declarar en el juicio fue la esposa de Valencia, quien aseguró que la cuatrimoto que había llegado a su casa le fue prestada al procesado por un amigo cercano.

Policiá de Cúcuta adelantó plan democracia 2010

En el marco del ‘Plan Democracia 2010’ la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), se tomó los seis municipios metropolitanos, logrando desplegar diferentes planes de control, cerca de 300 registros y 27 allanamientos, a través de los cuales se obtuvo la captura de 16 personas, se incautaron armas de fuego, se recuperaron automotores, entre otros resultados operativos.

El Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que la ofensiva dirigida a contrarrestar el accionar criminal derivado del narcotráfico, el homicidio, el hurto de automotores, el tráfico de armas de fuego, el microtráfico de sustancias estupefacientes y el delinquir de las organizaciones armadas ilegales y delincuenciales, se logró asestar importantes golpes contra estos flagelos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

El oficial señaló que fueron cerca de mil unidades combinadas de personal de Vigilancia del Primer y Segundo Distrito, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el Grupo de Tránsito Urbano, quienes de forma simultánea y previamente coordinada llegaron a diferentes puntos estratégicos y neurálgicos de las áreas urbanas y rurales de los municipios metropolitanos, principalmente de la capital nortesantandereana.

Basados en procesos investigativos y actividades de vigilancias, las unidades policiales se trasladaron hasta los barrios Circunvalación, Alfonso López, El Salado, El Callejón, Trigal del Norte, Comuneros, La Victoria, Buenos Aires, Aeropuerto, La Ermita, Camilo Daza, Ospina Pérez, La Laguna, Claret, Motilones, Belén, Quinta Oriental y El Centro de esta capital, donde efectuaron 281 registros voluntarios y 27 diligencias de registro y allanamiento a inmuebles de estos sectores.

“Dentro de los operativos de allanamientos, se logró desmantelar cinco expendios de bazuco, conocidos como ‘ollas’, ubicados en los barrios Circunvalación, Alfonso López y El Salado, donde mediante el sistema de microtráfico sacaban al mercando gran cantidad de dosis de marihuana y bazuco”, agregó el Coronel Flórez Cárdenas.

El Coronel Flórez Cárdenas, señaló que durante los operativos como antesala a lo que será las elecciones presidenciales del próximo domingo 30 de mayo, también se logró la captura en flagrancia y por orden judicial, de 16 personas por los delitos de concierto para delinquir, rebelión, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, acto sexual con menor de 14 años, contrabando, ataque a superior, inasistencia alimentaria, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y falsedad en certificado de revisión técnico mecánica.

Así mismo, se incautaron dos granadas IM-26, cuatro armas de fuego (subametralladora, pistola, revolver y escopeta), 359 cartuchos calibres 7.62, 5.56, 38 largo y 12mm, 25 metros de cordón detonante, seis proveedores, un radio de comunicaciones, 2.344 gramos de bazuco, 2.285 gramos de marihuana, 62 gramos de cocaína, 08 computadores y $200.000 en efectivo.

Dentro de los planes de registro y verificación de antecedentes, fueron identificadas 420 personas y requisados 120 automotores, de los cuales fueron recuperados 2 vehículos y 10 motocicletas solicitados por autoridades colombianas y venezolanas.

Las personas capturadas, los elementos y sustancias estupefacientes incautadas y los automotores incautados, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

“La Policía Metropolitana de Cúcuta, continuará adelantando acciones investigativas y operativas que permitan neutralizar la comisión de conductas delictivas que afecten la seguridad y convivencias de los habitantes del Área Metropolitana, y en especial que puedan afectar el orden público antes, durante y después de los comicios electorales donde se elegirá el nuevo presidente de la república”, concluyó el oficial.

Si delinquen ex paras no pierden gabelas de justicia

UNA NUEVA jurisprudencia frente a la comisión de delitos por parte de los desmovilizados acogidos a la ley de Justicia y Paz, después de la expedición de ésta, presentó la Sala de Casación Penal.

Según el alto tribunal, si los beneficiarios de Justicia y Paz siguen cometiendo delitos permanentes por los que se desmovilizaron y mantienen el propósito de sometimiento voluntario y de contribución a la paz nacional, pueden seguir aspirando a una pena alterna y no perder los beneficios de la ley.

Esta nueva jurisprudencia se contrapone a la asumida hasta la fecha, según la cual, si el acogido a Justicia y Paz seguía delinquiendo, perdía dichos beneficios y tenía que ser juzgado por un juez penal ordinario.

“El entendimiento de la norma que predica que la ley de Justicia y Paz es aplicable a hechos que hayan tenido ocurrencia antes de la vigencia de la ley 975, permite dar cabida a las conductas permanentes que trascienden a la fecha de vigencia de la ley de Justicia y Paz, y cuya comisión permanente se extiende hasta la desmovilización del postulado, siempre y cuando el juez verifique que el procesado mantiene vigentes los propósitos fundamentales para hacerse merecedor de las penas alternativas que ofrece el sometimiento a Justicia y Paz: el cese de hostilidades, el compromiso de abstenerse de cometer conductas ilícitas, que contribuya de manera efectiva a la consecución de la paz nacional con actos orientadas a desmantelar el grupo (que revele las fuentes de financiamiento, los nexos con promotores económicos, ideológicos) y que contribuya a la reparación de víctimas”, conceptuó la Corte.

Esta jurisprudencia fue presentada en el caso del jefe paramilitar Walter Ochoa, alias el Gurre, quien después de haberse desmovilizado fue acusado de seguir cometiendo los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, y, uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización de uniformes e insignias.

Un magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se había declarado impedido para conocer de la imputación parcial de cargos contra Ochoa por los delitos cometidos después de la desmovilización.

Sin embargo, la Corte le ordenó al magistrado seguir con el procedimiento de imputación de cargos y no excluir al desmovilizado de Justicia y Paz.

“Desde esa perspectiva, en clave del proceso de justicia restaurativa, las conductas permanentes previstas de concierto para delinquir, fabricación tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias resisten el criterio de ponderación por parte del juez de Justicia y Paz, que le permita predicar que a pesar de permanecer en el tiempo la conducta ilícita (con posterioridad a la vigencia de la ley y hasta la fecha de desmovilización colectiva o individual), también se mantiene el férreo propósito de sometimiento voluntario y de contribución a la paz nacional”, dictaminó la Sala Penal de la máxima corporación judicial.

Sin embargo, la Corte fue enfática en dictaminar que si el postulado a Justicia y Paz sigue cometiendo delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada y genocidio, no puede aplicársele esta jurisprudencia y debe ser excluido de los beneficios.

‘Chuzadas’ enredan a funcionarios de la Casa de Nariño

Un ex detective del DAS le reveló a la revista Semana que él llevaba informes de seguimientos a la Presidencia.

La Presidencia de la República rechazó la versión publicada por la Revista Semana, en la que supuestos testigos anónimos hacen acusaciones a funcionarios de esta institución por el tema de las ‘chuzadas’.

La investigación de Semana señala que seis testigos, al parecer, conocen las razones de las interceptaciones telefónicas ilegales por parte del DAS y que éstas fueron ordenadas por funcionarios de la Casa de Nariño, a los que les entregaban reportes.

Dentro del informe periodístico se nombra al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno; al secretario de prensa César Mauricio Velásquez; a José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial; a Edmundo del Castillo, secretario jurídico, y a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado.

Ante estos señalamientos, la Casa de Nariño reiteró, en un comunicado de prensa, que “la relación de la Presidencia de la República con entidades como el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, siempre ha sido de carácter institucional... jamás se dieron instrucciones sobre actividades indebidas contra ningún ciudadano”. Y agrega: “La Presidencia solicita a quien tenga acusaciones contra funcionarios de esta institución que acuda a las instancias correspondientes”.

Por su parte, algunos candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República se pronunciaron sobre las revelaciones de Semana.

Así, el candidato del Partido Liberal, Rafael Pardo, afirmó que “se está empezando a develar quiénes son los montesinos colombianos... Hasta ahora se ha señalado al secretario de Palacio, pero tienen que haber más personas involucradas, más personas que pongan la cara y digan qué sabían, qué no sabían y si tenían información sobre lo que estaba ocurriendo con las interceptaciones ilegales”.

A su turno, la fórmula vicepresidencial del Partido de La U, Angelino Garzón, pidió aguardar el resultado que arrojen las investigaciones que al respecto adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Lo que dice el informe

De acuerdo con el informe periodístico, uno de los testigos, ex funcionario del DAS que decidió acogerse al principio de oportunidad ante la Fiscalía, reveló: “Recibí órdenes que tenían como objetivo trabajar temas que fueran sensibles para el Gobierno. Eso comenzó en forma en el 2007. Para ese año muchos de los esfuerzos y recursos que se aplicaban para control de ONG, oposición y algunos periodistas se reenfocaron a raíz de la parapolítica”.

El testigo aseguró que tiene algunos audios “porque eran mi seguro de vida” y que “en la mayoría de las ocasiones esa información, ya procesada (audios), la manejaba con los de inteligencia o el director del Departamento. Allí se definía cuál de esa información debía ir a la Casa de Nariño. Personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas, como por ejemplo, el caso de Mario Uribe, al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno... si no las han desaparecido, en Palacio tienen que estar registradas mis entradas” .

Semana dice que otro ex miembro del DAS, que trabajó en la Subdirección de Contrainteligencia, ya había empezado a contarle a la Fiscalía lo que sabía sobre el caso. “Entre el 2008 y el 2009 fui por lo menos en ocho oportunidades a la Casa de Nariño para llevar y recibir información... el señor Moreno en una ocasión me pidió monitorear y hacer un análisis sobre cómo votarían algunos políticos el referendo.

Otro testigo más contó que el secretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Velásquez, también recibió documentos. “Estuve en la Dirección General Operativa. Por instrucciones de la directora del DAS... entregué informes a la Casa de Nariño. Me tocó entregar todo el seguimiento y rastreos de cuentas que se hizo cuando estalló el escándalo de la ‘Yidispolítica’”.

Otros seguimientos

El informe publicado por Semana detalla que, durante la Navidad del año pasado, otro funcionario ya había contado a la Justicia parte de lo que venía ocurriendo en el DAS. “Los blancos que me asignaron tenían que ver más con políticos, especialmente del oriente del país. Allá, con equipos tácticos asignados a una misión legítima, que era relacionada con narcos, se terminó interceptando comunicaciones de políticos y empresarios, entre otros. Se sabía, por ejemplo, que el político X tenía vínculos con el narco”, dice el testigo.

En pocas palabras

"Todo lo que ha ocurrido en el DAS es reprochable. Es probable que con el tiempo puedan aparecer vinculaciones claras de funcionarios de Gobierno con el controvertido tema de las ‘chuzadas’”. Germán Vargas Lleras, candidato a la Presidencia.

Las chuzadas no es lo peor que ha hecho el DAS: Vargas

VARIOS CANDIDATOS presidenciales se pronunciaron ayer acerca de las afirmaciones de algunos ex detectives sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno en las chuzadas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Vargas

El aspirante presidencial Germán Vargas, de Cambio Radical, no descartó que el DAS haya participado en acciones terroristas, incluso en el atentado contra su vida que se realizó en 2005.

“Todo lo que ha ocurrido en el DAS es reprochable. Me parece que si bien las investigaciones en torno a las chuzadas empiezan a confirmarse, las investigaciones que al interior del DAS deben adelantarse, muy probablemente comprometan a los funcionarios de esa entidad en actividades aún peores que las interceptaciones telefónicas”, indicó.

Al concluir una concentración realizada en Barranquilla, Atlántico, el senador electo Fuad Char ofreció un almuerzo para que Vargas y su fórmula vicepresidencial, Elsa Noguera, dialogaran con concejales, diputados y representantes a la Cámara sobre infraestructura, seguridad y educación principalmente.

Vargas también les anunció que, en estas últimas semanas de campaña, continuará demostrando a sus seguidores que su programa de gobierno es el adecuado, invitando a todos los colombianos en otras regiones del país, a votar a conciencia, por el mejor y por el candidato más preparado, y no por las encuestas.

Pardo

Acerca del DAS, el candidato presidencial Rafael Pardo, del Partido Liberal, destacó el avance que han tenido las investigaciones en torno a las interceptaciones ilegales, pero señaló que ya es momento de conocer al autor intelectual.

“Ya se está sabiendo pero todavía necesitamos saber mucho más sobre la autoría intelectual y sobre quienes se beneficiaban de esta acción ilegal. Es claro que este no era un tema de mandos medios ni el DAS era una rueda suelta, ni que a nadie se le ocurre hacer una operación continua de interferencia en las acciones de la Corte”, manifestó.

“Este no es un tema de mandos medios que tenía un destino en el alto gobierno”, puntualizó.

En su visita a Pasto e Ipiales, en Nariño, Pardo y su fórmula vicepresidencial, Aníbal Gaviria, se reunieron con líderes políticos de la región y medios de comunicación.

En la capital nariñense lideraron una manifestación donde explicaron sus propuestas para la reparación de más de 40 mil víctimas que han sufrido el horror de la guerra. “El gobierno liberal está comprometido con aquellos colombianos que perdieron su dignidad a causa del conflicto armado. Por ello, el estímulo al regreso a sus regiones de origen, el apoyo del Estado para que vuelvan a trabajar sus tierras y la devolución de la seguridad en regiones como las de Nariño, que se convirtieron en epicentro de la guerra, tienen que ser prioridad”, expresó Pardo.

Santos y Garzón

A propósito del tema del DAS, Angelino Garzón, fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos, aspirante presidencial del Partido Social de Unidad Nacional (La U), aseguró que espera que todos los servidores públicos, que están siendo investigados por el escándalo de las chuzadas, puedan demostrar su inocencia.

Garzón también señaló que se deben respetar las investigaciones que en estos momentos se adelantan sobre las interceptaciones telefónicas, pues opinar al respecto no contribuye ni afecta el fallo del juez.

“Ya estos temas están en manos de la Fiscalía y de los jueces, dejemos que ellos decidan, yo espero que todos los servidores públicos que están siendo acusados, puedan demostrar su inocencia dentro del debido proceso”, agregó.

Ayer, Santos y Garzón se reunieron con su equipo más cercano de colaboradores para reafirmar las decisiones que ejecutarán desde el primer día de gobierno, especialmente en temas como el empleo, la salud y la educación.

“No podemos perder ni un segundo para ganar el cariño y el voto de la población para que Juan Manuel Santos sea elegido presidente de la República y Angelino vicepresidente”, anotó Garzón.

Sanín

La candidata presidencial Noemí Sanín, del Partido Conservador, aseguró que su gobierno va a ser solidario, va a denunciar la corrupción, va a ser respetuoso y va a ser la administración de la equidad.

“Hay que defender con valor los valores”, agregó durante una concentración realizada en el coliseo del Pueblo, de Cali.

“Todo el Valle reclamó el gobierno de una mujer, en donde la salud no sea mirada como negocio, se entregue vivienda sin cuota inicial, no haya despejes y no se le dé tregua al terrorismo”, comentó la candidata.

Sanín expuso ante la multitud, su propuesta de gobierno y sus planes para sacar a todos los colombianos de la pobreza y la miseria, y sus propuestas para generar empleo digno para los colombianos; sentenció el fin de las cooperativas de trabajo asociado a partir del 7 de agosto, cuando se posesione como la primera mujer presidenta en la historia de Colombia, debido a que se han convertido en una manera humillante de explotación laboral.

Además, Sanín anunció la recuperación del pago de las horas extras para los trabajadores como una forma de contribuir a mejorar los ingresos de las familias más pobres y necesitadas.

Petro

Ayer, el candidato presidencial Gustavo Petro, del Polo Democrático, estuvo en La Dorada, Caldas, donde lideró un acto público en el Camellón del Comercio.

La víspera, en Ibagué, Petro se refirió a la situación crítica por la que pasan los jóvenes de las comunas de Medellín y responsabilizó al actual candidato vicepresidencial Sergio Fajardo del aumento de la tasa de homicidios cuando fue alcalde de esta ciudad. “Fajardo, en lugar de oponerse a la política de delación del presidente Uribe, la apoyó y hoy esa juventud vive en la inequidad social y la injusticia y es testigo de la usurpación de los derechos que la Constitución del 91 les otorgó, pero que hoy se ven cambiados por la política del sapeo”, expresó Petro.

Gobierno pide reunión para hablar de extradición

Según el Jefe de esta cartera, el Gobierno buscará concertar con la Corte Suprema que no se frenen las extradiciones.

De ser aceptada esta audiencia por parte del máximo tribunal de la Justicia Penal Ordinaria, el presidente Álvaro Uribe hará también parte de ella.

Valencia Cossio igualmente explicó que la extradición ha sido una herramienta fundamental para la neutralización de la delincuencia en Colombia y para la propia Ley de Justicia y Paz, considerando que sin la presión de los grandes capos, los ex jefes paramilitares extraditados han contribuido mejor al esclarecimiento de la verdad.

Dicha reunión se llevaría a cabo en la Sala de Casación Penal, en donde el Gobierno evaluará los argumentos que han llevado a que la alta Corporación no autorice algunas extradiciones, como se vio en la del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Así mismo, el presidente de la alta Corte, magistrado Jaime Arrubla Paucar, había anunciado que no se autorizarían extradiciones cuando el solicitado haya cometido delitos de lesa humanidad, pues había que reparar primero a las víctimas y esclarecer la verdad.

Sin embargo, el ministro Valencia Cossio sostuvo que “no importa si el procesado está en Colombia o Estados Unidos”, teniendo en cuenta que la voluntad de decir la verdad está por encima del lugar donde se encuentre.

De igual manera, el alto funcionario reiteró que precisamente se evalúa con el Gobierno estadounidense un nuevo procedimiento para que los extraditados obtengan beneficios si cumplen correctamente con el esclarecimiento de la verdad.

Después que la Corte no autorizara la extradición de alias El Alemán, el presidente Álvaro Uribe criticó públicamente esta decisión.

Fiscalía podría pedir investigar a Uribe Vélez por ‘chuzadas’

Al ser interrogado acerca de la posibilidad de investigar a altos funcionarios del Estado por las ‘chuzadas’ ilegales desde el DAS, el fiscal General de la Nación (encargado), Guillermo Mendoza Diago, señaló que la entidad que dirige podría compulsar copias para que las entidades correspondientes inicien procesos contra cualquier implicado, incluso contra el Presidente de la República, si fuera necesario.

“Si encontramos que hay señalamientos en contra del propio Fiscal, del Presidente de la República, contra congresistas o contra cualquier otro funcionario, tenemos la obligación de enviar a la autoridad que corresponda”, dijo el Fiscal General.

De esta manera, no se descarta que altos dignatarios puedan ser investigados por presuntos delitos en los que incurran, en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia o en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según el caso.

“Estamos investigando y las medidas de aseguramiento han sido crecientes. De 7 u 8 personas que fueron vinculadas el año pasado, ya van en unas 15”, dijo Mendoza Diago.

En este sentido y ante la posibilidad de abrir investigaciones contra funcionarios, Mendoza Diago señaló que “no podemos descartar nada, todo depende de la dinámica investigativa, si van apareciendo imputaciones, es obligación del Fiscal que tiene el caso compulsar las copias e iniciar las investigaciones”.

Uribe se defiende

Ayer, luego de las declaraciones del Fiscal General, una vez más el presidente Álvaro Uribe insistió en que nunca ordenó al DAS hacer interceptaciones telefónicas ilegales.

En entrevista con RCN Radio, el Jefe de Estado aclaró que “una cosa es pedir resultados, como los pido yo, y otra cosa es pedir que se hagan cosas mal hechas, que se viole la ley y eso no he hecho ni lo haré”.

Por el contrario, Uribe reiteró que durante sus ocho años de gobierno ha tratado de dar buen ejemplo, exigiendo “eficacia y transparencia”.

“Yo les he preguntado (a los funcionarios del DAS) que, si en mis gestos, en mis palabras, en mis ademanes, en mi lenguaje verbal, les he hecho la insinuación de hacer algo contrario a la ley, díganme”, dijo.

De otro lado, en cuanto a las amenazas por la red social Facebook proferidas contra del candidato presidencial del Partido Verde, Antanas Mockus, el Fiscal afirmó que “iniciamos de inmediato las investigaciones correspondientes”.

“La primera acción es identificar de dónde salieron los correos. Estamos actuando con toda la diligencia. No vamos a permitir que ese comportamiento termine volviéndose reiterado y costumbre y ponga en líos a la ciudadanía”, indicó.

Igualmente, Mendoza reiteró que solicitó excluir de Justicia y Paz al desmovilizado jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, porque no está cumpliendo con los postulados.

“Narcotráfico no es de lesa”

El fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago, afirmó que “los conceptos de derecho penal son muy precisos y no se puede especular sobre la categoría de un delito”.

La declaración fue hecha luego de que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, definió el narcotráfico como un delito de lesa humanidad.

“No trabajamos sobre la base de opiniones, sino sobre lo que dice expresamente el Estatuto de Roma. En ese sentido, la categoría de delitos de lesa humanidad está perfectamente determinada en esa normativa y no la podemos extender”, explicó Mendoza Diago.

“Lo que el Presidente hace es dar un concepto sobre todo lo que trae aparejado el delito del narcotráfico, como los asesinatos selectivos y sistemáticos, entre otros. Así las cosas, es claro que el narcotráfico no es un delito de lesa humanidad, pero sí trae aparejados delitos que lo son”, puntualizó.

Petro denunció a Muñoz

Luego de su debate por las interceptaciones telefónicas ilegales, el candidato del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro Urrego, denunció ayer penalmente al director del DAS, Felipe Muñoz.

Entre los delitos por los cuales Petro presentó la denuncia figuran prevaricato por acción, concierto para delinquir y abuso de poder.

La acción penal fue instaurada ante el propio despacho del fiscal encargado, Guillermo Mendoza Diago.

El sustento de la denuncia formulada por Petro contra Muñoz se basa en las respuestas dadas por el Director del DAS en el debate que el pasado martes adelantó el legislador sobre las interceptaciones telefónicas ilegales, conocidas públicamente como ‘chuzadas’.

Las interceptaciones telefónicas han afectado a dirigentes políticos, funcionarios del actual gobierno, a magistrados de las cortes y a periodistas.

Fiscalía investiga participación de funcionarios en política

YA SE entregaron a la Policía Judicial las órdenes para determinar qué personas tienen conocimiento de hechos relacionados con participación en política de funcionarios públicos en el Valle, la Costa Atlántica y en Bogotá, con burócratas del orden nacional, anunció ayer el fiscal general (e), Guillermo Mendoza.

Según lo que se conoce, la Fiscalía tiene abierta una investigación al secretario de Educación del Valle, Gustavo Navarro, de la cual se encuentra encargado el vicefiscal Fernando Pareja.

Otro que es indagado penalmente es el gobernador vallecaucano, Juan Carlos Abadía, que ya fue sancionado por la Procuraduría con destitución del cargo e inhabilidad de 10 años para ocupar puestos públicos.

La decisión se produjo, según la procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, al confirmarse que Abadía participó indebidamente en política, al favorecer la campaña de Andrés Felipe Arias, precandidato presidencial por el Partido Conservador.

La presencia de Arias y sus manifestaciones ante los alcaldes del Valle reunidos en el criadero La Leyenda, en Rozo, corregimiento de Palmira, Valle del Cauca, fueron determinantes porque al permitir que el precandidato obtuviera la información sobre las problemáticas de cada población, le facilitó la consolidación de su propuesta programática, concluyó la Procuradora.

Al cierre de esta edición, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría todavía no se había pronunciado sobre el recurso de reposición interpuesto por la defensa de Abadía. Se presume que ese pronunciamiento se debería conocer hoy.

Por otro lado, la Procuraduría investiga 150 denuncias contra funcionarios públicos por presunta participación en política, y por su parte, la Fiscalía tiene a su cargo 100 denuncias por presuntos delitos electorales. Así lo reveló la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral.

Estas denuncias corresponden a posibles irregularidades que se habrían presentado el pasado 14 de marzo cuando se adelantaron las elecciones de Congreso de la República, Parlamento Andino y consultas del Partido Verde y Conservador.

“La enviada de la Fiscalía dijo que hasta la fecha hay 100 denuncias sobre casos estrictamente electorales, sobre delitos electorales y la Procuraduría dijo que hay 150 expedientes de denuncias sobre participación en política de funcionarios públicos”, dijo la Presidenta del CNE.

Además, la Magistrada sostuvo que las sanciones son el único mecanismo de evitar que se sigan incumpliendo las normas en los procesos electorales y que los funcionarios públicos dejen de aprovecharse de su situación para apoyar campañas políticas.

De otro lado, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sostuvo que el Ministerio Público ya había alertado a los entes encargados de las labores de escrutinio electoral sobre las falencias que presentaba la plataforma de la que se hizo uso durante los comicios de marzo pasado.

El alto funcionario agregó que los reparos que surgieron tras el simulacro en el que participó el órgano de control, fueron tenidos en cuenta por un informe que llegó a manos de la Registraduría.

“Nosotros hemos consignados nuestras observaciones, nuestras preocupaciones en documentos que oportunamente llegaron a la autoridad electoral, a la Registraduría (...). Nosotros prevemos que los correctivos se realicen para bien de nuestro sistema político y para transparencia del proceso electoral”, señaló.

Estas declaraciones del Jefe del Ministerio Público obedecen a las quejas que presentaron los contratistas encargados de la recopilación de los resultados electorales del pasado 14 de marzo, en las que dijeron no haber recibido alertas de parte de algún órgano de control.

Fiscal no descarta citar funcionarios del Gobierno por chuzadas

NO ESTÁ descartado que funcionarios de la Casa de Nariño sean citados para dar explicaciones sobre las interceptaciones ilegales ejecutadas por el DAS, como consecuencia de los nuevos testimonios que un testigo está aportando a esta investigación.

Así lo dejó entrever ayer el fiscal General (e) Guillermo Mendoza Diago: “Toda persona, a quien se le haga un señalamiento de carácter penal, tiene que conducir a que el funcionario pertinente compulse las copias, de esto no se escapa el Fiscal, el Presidente ni los congresistas”.

El testigo estrella, que en este momento tiene la Fiscalía, se acogió al principio de oportunidad y está entregando nuevos detalles al proceso que se sigue por las chuzadas que ejecutó desde el año 2004 el DAS a magistrados, políticos de oposición, periodistas y algunos altos funcionarios del Gobierno.

Los señalamientos sobre la participación de funcionarios de la Casa de Nariño en las chuzadas adquirieron un nuevo aire el pasado 10 de abril, durante la diligencia de legalización de la captura de tres ex funcionarios del DAS. En esa oportunidad el Fiscal Octavo -delegado ante la Corte Suprema de Justicia- presentó nuevos indicios que lucen comprometedores para el Gobierno nacional. Tanto, que el propio presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, dijo “que obedecían instrucciones de sus superiores (algunos funcionarios comprometidos), directora del DAS y otras personalidades del órgano de Inteligencia. Pero a su vez, la cosa no se queda allí, porque revela además que hay pruebas de que las órdenes venían de instancias mayores, es decir, del alto Gobierno”.

Liquidación del DAS pende de un hilo

Ayer fue aplazado el primer debate al proyecto de ley para liquidar al DAS y crear la Central de Inteligencia de Colombia. La votación fue suspendida porque no hubo acuerdo frente al tiempo de vigencia del mensaje de urgencia que presentó el Gobierno el año anterior para el trámite de esta iniciativa. Según el representante conservador Telésforo Pedraza, estos mensajes deben ser resueltos en un mes como máximo.

En consecuencia, al Gobierno le queda la alternativa de enviar mensaje de insistencia para que el Congreso le dé curso al proyecto. Mientras tanto, el tiempo corre en contra del mismo porque sólo quedan 16 días de sesiones efectivas del Congreso, pues su período finaliza el próximo 20 de junio.

El director del DAS se mostró preocupado ante esta situación y dijo que “aprobar el proyecto implica que la liquidación la hará el próximo Gobierno y no éste, por lo que trabajaré hasta el último día para sacarlo adelante”.

Petro demandó a Director del DAS

Por su parte, ayer los senadores del Polo, Gustavo Petro y Luis Carlos Avellaneda, presentaron una demanda penal contra el Director del DAS por los delitos de abuso del poder, prevaricato por acción y concierto para delinquir agravado.

Los dos parlamentarios promovieron la semana anterior un debate en la plenaria del Senado por las chuzadas del organismo, en la cuales el Director del DAS salvó la presunta responsabilidad del Gobierno en esos hechos y señaló que el DAS tiene información sobre centenares de colombianos. Precisamente esta última precisión dio pie para que los parlamentarios presentaran la demanda en contra del funcionario, al considerar que parte de esa información podría haber sido obtenida de forma fraudulenta.

“Hemos colocado la denuncia contra el actual Director del DAS y esperamos de la Fiscalía una investigación a profundidad que debe tener como objetivo que se desmantele esta telaraña mafiosa”, dijo Petro.

DAS, vinculado a muerte de Álvaro Gómez: Valencia

EL DEPARTAMENTO Administrativo de Seguridad (DAS) ha estado relacionado con hechos políticos de violencia que han marcado la historia de Colombia, como los magnicidios de Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán y Bernardo Jaramillo, reconoció ayer el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia.

Luego de la fallida sesión de las Comisiones Primeras conjuntas para debatir sobre la supresión del DAS y reemplazarlo por la Agencia Central de Inteligencia (ACI), así como la reglamentación de la reforma política, el funcionario señaló que el Gobierno decidió que es necesaria la liquidación del organismo porque éste “viene en crisis estructural desde hace 25 años y ahora el Ejecutivo considera que eso hay que solucionarlo de raíz”.

Tras relacionar al DAS con los magnicidios, Valencia sentenció que “hay que liquidarlo y montar una estructura moderna que se pueda controlar para evitar que las mafias se sigan infiltrando como ocurre desde hace 25 años”.

Valencia señaló que las interceptaciones telefónicas se han dado en el DAS desde hace 25 años y reveló que él mismo fue interceptado: “Yo mismo fui chuzado y denuncié eso; eso no puede suceder en una democracia”.

El director del DAS, Felipe Muñoz, aseguró que ese organismo necesita una reforma a fondo e “histórica” y no una de “agua tibia”.

“Claramente hay una implosión histórica que señala que hay que a hacer una reforma a fondo”, aseveró. “Acá no podemos seguir haciendo reformas de agua tibia”, expresó.

Chuzadas, desde 1977: Arzayús

El ex director de Inteligencia del DAS, Carlos Arzayús, declaró ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, que los seguimientos e interceptaciones ilegales de ese organismo se venían adelantando desde 1977.

Arzayús habló durante la audiencia de juzgamiento que se le adelanta al ex director del DAS, Jorge Noguera, y se refirió a 1977 al mencionar los seguimientos al ahora ex alcalde Luis Eduardo Garzón, entonces dirigente sindical, asegurando que aparecía un archivo AZ numerado como seis, en el cual, bajo el rótulo de secreto, se tildaba a Garzón de simpatizante de las Farc en Arauca y Santander.

El ex funcionario citó hechos similares con la senadora Piedad Córdoba; el director del periódico VOZ, Carlos Lozano; el actual candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro, y los ex magistrados Jaime Araújo, Alfredo Beltrán y Clara Inés Vargas.

El testigo también relacionó seguimientos a varios integrantes de colectivos de abogados, entre ellos Reinaldo Villalba. En el caso del representante Wilson Borja, dijo que se le venía haciendo seguimiento desde 1993.

Arzayús relató los años 1993, 1995, 2001 y 2002, como épocas en las que desde el DAS se analizaron en detalle las hojas de vida de dirigentes de ONG y de miembros de la oposición y periodistas.

El ex funcionario explicó que entre los diversos blancos, a los que se les hacía análisis de inteligencia, estaban personas que fueron cercanas al actual Gobierno, como el fallecido Pedro Juan Moreno.

Pliego de cargos a ex gobernador Hugo Aguilar

Según el Jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, estos dirigentes políticos, al parecer, “comprometieron seriamente su responsabilidad en el ejercicio del cargo y de sus funciones al promover y colaborar con grupos armados al margen de la ley, concretamente paramilitares”.

De acuerdo con la investigación adelantada, los funcionarios habrían accedido a sus cargos gracias al apoyo de los grupos paramilitares que operaban en el departamento de Santander, específicamente de los comandantes Julián Bolívar, Ernesto Báez, Ramón Isaza, Botalón, Jairo Tarazá y la colaboración de César, subalterno del también paramilitar alias Botalón.

Riaño se entregó a las autoridades en agosto de 2008 luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por sus posibles vínculos con la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente con el Bloque Central Bolívar (BCB). Riaño renunció a su investidura para que su caso fuera conocido por la Fiscalía, sin embargo un nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hizo que su caso, como el de otros ex parlamentarios, regresara a manos del alto tribunal. Riaño está llamado a juicio.

En tanto que Reyes es investigado en la actualidad por la Corte Suprema dentro del escándalo de la parapolítica.

El Senador fue uno de los quemados en las elecciones del pasado 14 de marzo, avalado por el Partido Conservador, al cual llegó al final del año anterior proveniente de Convergencia Ciudadana, gracias al voltiarepismo que durante dos meses autorizó la reforma política.

Mientras que el ex gobernador Aguilar ha sido señalado por los paramilitares Juan Fernando Morales y Orlando Murillo, miembros del Bloque Central Bolívar, de asistir a varias reuniones con Julián Bolívar, Ernesto Báez, Ramón Isaza, Botalón, Álvaro Sepúlveda, alias César, y Jairo Ignacio Orozco, alias Tarazá.

Igualmente, en su contra hay el testimonio del ex secretario de Educación de Santander, Bonel Patiño, quien dijo a la Fiscalía que su nombramiento en el 2004 fue por petición directa de Báez. Para esa época Aguilar era el gobernador de Santander.

Riaño y Reyes pertenecieron al partido Convergencia Ciudadana, del cual su fundador, el ex senador Luis Alberto Gil, está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Con más pruebas sobre chuzadas, Gobierno citado al Congreso

AL TIEMPO que el proyecto para suprimir el DAS apenas hoy arranca su trámite legislativo por parte de las Comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, nuevamente el Parlamento se ocupará del tema de las chuzadas, que este organismo de seguridad -adscrito a la Casa de Nariño- ejecutó contra magistrados de las altas Cortes, políticos de oposición, periodistas y algunos altos funcionarios.

Aunque son varios los debates que el Parlamento ha adelantado después que estalló el escándalo en febrero de 2009, es el primero en el que los citantes parten del presupuesto que el Gobierno nacional sí tuvo responsabilidades en este asunto, fundamentados en las revelaciones que hizo el Fiscal Octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 10 de abril, durante la diligencia de legalización de la captura de tres ex funcionarios del DAS, revelaciones que el propio presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, calificó como aterradoras. “Que obedecían instrucciones de sus superiores (algunos funcionarios comprometidos), directora del DAS y otras personalidades del órgano de Inteligencia. Pero a su vez, la cosa no se queda allí, porque revela además que hay pruebas de que las órdenes venían de instancias mayores, es decir, del alto Gobierno”, dijo Arrubla en esa oportunidad.

Al respecto, uno de los senadores citantes, Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático), justificó este nuevo debate porque “antes no se sabía si estas interceptaciones fueron ejecutadas por iniciativa de algunos funcionarios del DAS o del Gobierno nacional, y hoy ya tenemos que el Gobierno está comprometido en ese tema”.

Por esta razón, a la plenaria del Senado fueron citados el ministro del Interior, Fabio Valencia; el director del DAS, Felipe Muñoz; y el director Administrativo de la Presidencia, Bernardo Moreno.

Entre las preguntas a responder se encuentran cuáles son las decisiones de carácter administrativo que se han adoptado para superar los procedimientos y conductas delictuales en que presuntamente incurrieron servidores públicos de esta entidad, en relación con las interceptaciones y seguimientos ilegales.

Como invitados concurrirán el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; el fiscal General (e), Guillermo Mendoza, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ha faltado más interés

Avellaneda consideró que el Congreso no le ha dado la suficiente importancia a las chuzadas, que calificó como “un ataque contra la democracia”.

Añadió que en este asunto “está comprometida la responsabilidad del Presidente de la República, ciertos funcionarios del Gobierno, entre ellos todos los directores del DAS, pero principalmente funcionarios del Palacio de Nariño y el propio Presidente”.

El Senador del Polo señaló que con las nuevas pruebas que ha recopilado la Fiscalía sobre este caso, “vamos a demostrar cómo con toda la concepción de seguridad democrática, todo el tema de perseguir el terrorismo y ampliar el concepto de enemigo se da toda esta empresa criminal contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, contra el Polo Democrático Alternativo, contra periodistas con el fin de generar verdadero terrorismo de Estado”.

Por su parte, el senador Armando Benedetti (Partido de La U) se reafirmó en solicitar a las autoridades llegar hasta el fondo y encontrar a las personas que ordenaron las chuzadas. “Yo soy el único de la coalición que ha pedido a la Fiscalía que diga cuáles son los culpables en la Casa de Nariño”.