Narcotráfico habría infiltrado la Procuraduría y la Fiscalía

La detección de irregularidades en operaciones antinarcóticos llevó al Fiscal a sospechar que hay funcionarios al servicio del narcotráfico

LA DETECCIÓN de irregularidades en operaciones antinarcóticos ha llevado a la Fiscalía a sospechar que hay procuradores y ex procuradores e incluso fiscales al servicio del narcotráfico, anunció ayer el fiscal general Mario Iguarán.

Según el fiscal Iguarán, algunos funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría y la Fiscalía le habrían filtrado a la mafia información secreta de acciones antidrogas.

Ayer, durante una rueda de prensa, Iguarán pidió investigar los hechos: “Debemos decirles a ustedes que fue una operación adelantada con la Policía con mucho detalle y silencio, una operación en secreto porque tenemos que reconocer que habrá que compulsarse copias para investigar a funcionarios, ex procuradores incluso, funcionarios de la misma institución por una supuesta infiltración o penetración del narcotráfico”.

Con esas palabras, el fiscal Iguarán se refirió a la presunta filtración de información en una de las dos operaciones adelantadas recientemente por el CTI y la Policía que finalizaron positivamente; una de las acciones permitió ocupar 62 bienes de propiedad de Fabio Ochoa Vasco y capturar a 12 personas, mientras que la otra logró privar de la libertad a varios presuntos narcotraficantes que integraban una red que, de acuerdo con las autoridades, enviaba cocaína al África.

Magnicidios

Por otra parte, el vicefiscal Guillermo Mendoza reiteró sus manifestaciones de la víspera, según las cuales se están haciendo declaraciones sin conocer las actuaciones de la Fiscalía.

Mendoza siguió respondiendo así las declaraciones del procurador para Asuntos Penales, Gabriel Jaimes, que pidió celeridad en los procesos por los magnicidios de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez.

El funcionario desestimó la petición de la Procuraduría: “El proceso ha tenido su dinámica investigativa y ha arrojado resultados reales; no se ha podido obtener la totalidad de las imputaciones que se deben hacer ahí, sabemos que hay personas comprometidas en eso que no han podido ser vinculadas porque las pruebas no han arrojado los méritos”.

El vicefiscal Mendoza indicó que el Ministerio Público no le ha entregado los soportes jurídicos que permitan manejar el caso de la forma en que se está solicitando: “El decir que no hemos actuado de forma efectiva ante el caso y que la Fiscalía no ha sido eficiente son, a mí parecer, apreciaciones subjetivas porque no consultan la dinámica de ese proceso criminal”.

En consecuencia, aseguró Mendoza, la Procuraduría debería hacer valer la teoría que tiene frente al caso de Galán con “solicitudes concretas”, porque “ese concepto de crimen de Estado no lo entiendo bien y no forma parte de nuestra legislación”.

“Si recibimos esos documentos -dijo Mendoza-, y al analizarlos encontramos que es comprobable lo que dice la Procuraduría, mis felicitaciones”.

“En asesinatos como los de Galán y Gómez -explicó Mendoza- no hay que dar opiniones personales y, en cambio, sí entender la dinámica de crímenes de esta clase, al punto de que no es culpa de la Fiscalía que el proceso no haya tenido éxito”.

Mendoza, quien en ausencia de Mario Iguarán oficia como Fiscal General encargado, dijo con referencia a la señalada demora en capturar al ex director del DAS Miguel Alfredo Maza, que en ciertos casos no se pueden dar capturas inmediatas.

El vicefiscal Mendoza aseguró que el ente acusador no tiene motivos para capturar a Maza, como lo sugirió la Procuraduría: “No es que no hayan motivos desde el punto de vista probatorio, pero no se encuentra necesario dictarle orden de captura o medida de aseguramiento. No creemos que él se vaya a escapar o que sea un peligro para la sociedad”.

Víctimas de falsos positivos en Soacha no sabían disparar

AL IMPUTAR cargos por la desaparición y muerte de dos jóvenes de Soacha en un “falso combate”, contra 11 militares, la Fiscalía aseguró que las víctimas no sabían manejar armas.

La fiscal del caso, María Cecilia Jaimes, manifestó que los jóvenes Joaquín Castro y Elkin Verano, fueron despojados de sus documentos antes de ser asesinados, para que pudieran ser presentados como integrantes de bandas emergentes abatidos en combates.

“Se observa que no solamente hay irregularidades en los fundamentos para emitir la misión táctica sino igualmente de acuerdo a las declaraciones, las victimas que venían de Soacha estaban sin ninguna instrucción militar, sin ningún antecedente criminal y naturalmente para el momento del supuesto enfrentamiento ni las armas eran de ellos ni ellos eran las personas que menciona el informe de inteligencia”, indicó la fiscal Jaimes, citando entre otras, las declaraciones del presunto reclutador Alexander Carretero Díaz.

“Según Alexander Carretero y John Jairo Muñoz había que dar los positivos por presiones de superiores, para tener permisos o para ascender”, dijo la Fiscalía en la audiencia.

De igual manera, los investigadores revelaron que varios testimonios demuestran que Joaquín Castro y Elkin Verano no eran desempleados, y afirmaron que sus salarios iban entre 500 mil y un millón 200 mil pesos.

La Fiscalía formuló imputación de cargos contra el coronel en retiro Álvaro Diego Tamayo con base en evidencias que demuestran que él dio la orden para adelantar la misión táctica en la que fueron asesinados los dos jóvenes de Soacha.

Elkin Verano y Joaquín Castro desaparecieron de Soacha, Cundinamarca, el 13 de enero de 2008 y fueron reportados como supuestos integrantes de bandas criminales muertos en combates el 15 de enero de 2008 en zona rural de Ábrego, Norte de Santander.
Así mismo se imputó al sargento segundo Rolando Rafael Consuegra Estupiñán por concierto para delinquir agravado y los demás punibles mencionados.

Igualmente, en calidad de coautores fueron sindicados por desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, los soldados profesionales: Alexander Suárez, Tomas Contreras, Elibardo Portillo, Medardo Ríos y Obdulio Medina.

También en calidad de coautores del delito de homicidio agravado, fueron imputados: Yilber Ovalle, cabo primero, así como los soldados profesionales Inocencio Gil, Ever Garzón y Lorenzo Aguas.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la fiscal del caso, quien solicitará en los próximos minutos medida de aseguramiento en centro carcelario.

Caso Galán: ¿crimen de Estado o de lesa humanidad?

Sin embargo existiría una tercera vía para impedir que la justicia no pueda procesar a los culpables de la muerte del líder

EL PRÓXIMO 18 de agosto se cumplen 20 años del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, frente a este hecho tanto el fiscal Mario Iguarán como el procurador Alejandro Ordóñez han presentado sendas tesis, con el fin de definir un tipo penal que impida la prescripción de la investigación de este crimen.

Tesis del Fiscal

El pasado 3 de junio el fiscal Mario Iguarán sorprendió al país al señalar que el crimen del líder liberal podría ser considerado como de lesa humanidad, evitándose, de esta manera, que la investigación prescribiera y por ende quedara en la impunidad.

“En ningún momento la investigación que se adelanta por el asesinato del ex candidato a la Presidencia de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, prescribirá o tendrá vencimiento de términos”, pues se trata de un delito de lesa humanidad, indicó el jefe del ente investigador, a quien el próximo 31 de julio se le vence su período.

Retomando el caso del exterminio de que fueron víctimas los integrantes de la Unión Patriótica, comparó que un caso parecido se vivió con el Nuevo Liberalismo, del que Galán era su líder. Al respecto dijo que “de acuerdo a la doctrina internacional para que se pueda predicar o aducir el dolo en el genocidio no es necesario aniquilar, acabar y asesinar a la totalidad del grupo, ya que es suficiente para imputarlo (el dolo) con que se acabe, se ultime o se asesine al líder o directivo del grupo que se trate”.

El Fiscal hizo pública esta tesis solo un día después de que el procurador Alejandro Ordóñez le pidiera en una carta, que creara un grupo con funcionarios de los dos organismos para impedir que prescribiera la investigación. Según Ordóñez, hay méritos suficientes para adoptar decisiones judiciales en el caso Galán, de acuerdo con una valoración del caso que adelantó el Procurador.

El artículo 7º del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera por crimen de lesa humanidad “… cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura (entre otros)”.

Tesis del Procurador

Para el procurador Alejandro Ordóñez hay suficientes pruebas que demuestran que la muerte de Galán fue un crimen de Estado y conminó al Fiscal General a tomar las medidas judiciales correspondientes. De prosperar esta tesis, no prescribiría la investigación por este magnicidio.

“Existe al interior de la investigación demostración clara de que agentes del Estado participaron de manera activa y sistemática en la comisión del asesinato del doctor Luis Carlos Galán, con claros fines políticos, ese es un hecho que adquiere connotación de crimen de Estado, y por lo tanto de lesa humanidad y también imprescriptible”, dijo ayer el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes.

El funcionario señaló que tanto lo expuesto por el fiscal Iguarán como lo expresado por el procurador Ordóñez son fórmulas jurídicas que buscan impedir que prescriba la investigación por este crimen, pero que corresponde a los jueces definir cuál es el término de esta prescripción.

El ex fiscal y hoy senador, Alfonso Valdivieso, explicó a EL NUEVO SIGLO que “el crimen de Estado es cuando se considera que ha habido desde las altas instancias del Estado un acción para provocar el hecho delictivo, es decir, desde el Estado se propicia la realización del acto delictivo.

Una tercera vía

Las fórmulas planteadas por la Procuraduría y la Fiscalía no serían las adecuadas para evitar que el caso Galán prescriba, opinó en diálogo con este Diario el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar.

“Yo lo que creo es que por las condiciones en que se realizó (el crimen) y que era sobre una sola persona, no creo que quepa dentro del concepto de lesa humanidad, porque esa tiene una connotación de atentados contra diferentes personas para buscar la extinción de un partido político, de un sector social”.

“Tampoco creo que se puedan precipitar, como he oído, que es un crimen de Estado por el hecho de que van a vincular a una o dos personas funcionarias. Yo creo debe tenerse la mayor cautela porque esto ya es decir que fue una cosa organizada por el Estado, con las directrices del Estado, cuando hasta ahora se está en investigación”.

Bernal Cuéllar conceptuó que si lo que se busca es impedir que prescriba este crimen, y siguiendo criterios de la Corte Constitucional, se debe seguir la línea de que se atentó contra los derechos humanos.

“Es un delito que lesionó gravemente los derechos humanos, por tratarse de un candidato, por tratarse de una persona que estaba opinando en contra del narcotráfico, de la delincuencia. Por todas las condiciones yo diría que es un atentado y una lesión gravísima a derechos humanos. Si eso es así, la prescripción solo empieza a contarse a partir del momento en que se identifica a los autores o autor del hecho”.

Investigación por crimen de Gómez ha tenido 20 fiscales

“Cuando no se da continuidad sucede lo contrario, se erradica la justicia colombiana desde el punto de vista normativo”: Gabriel Jaimes, procurador especial para el caso

EN EL caso del magnicidio de Álvaro Gómez han pasado por lo menos 20 fiscales, manifestó ayer el procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes.

El funcionario del ministerio público hizo el comentario tras señalar que otra vez fue relevado el fiscal que llevaba la investigación.

Además reveló que los primeros llamados a declarar en ese proceso, 19 años después del crimen, son los escoltas; en cuanto a los extraditables Hernando Gómez, alias Rasguño, y Samuel Santander López-Sierra, alias el hombre Malboro, Jaimes dijo que se están procurando tramitar sus declaraciones.

Según Jaimes, quien fue nombrado como procurador especial para este caso, el procurador Alejandro Ordoñez ha pedido continuidad para estas y otras investigaciones, ya que la investigación tiene 1.500 cuadernos y 300 folios que ahora deberá conocer el nuevo fiscal que asuma el caso: “Lo que conozco es que el fiscal Francisco Villareal, al que estaba hace dos semanas en la investigación, ya no está, y venía llevando una buena dinámica de la investigación, ya que había decretado con diligencia unas pruebas”.

Para el procurador delegado Jaimes un proceso se puede impulsar con diligencia y con buen juicio, pero “cuando no se da continuidad sucede lo contrario, se erradica la justicia colombiana desde el punto de vista normativo”.

Testimonios

El ministerio público había anunciado que llamaría a declarar a los extraditables López-Sierra y Gómez para indagar sobre nuevas hipótesis que se han ventilado dentro de la investigación por el magnicidio de Álvaro Gómez.

En la decisión, el procurador Ordóñez ordenó dinamizar los procesos en los que la justicia no ha sido pronta y eficaz.

Por estos hechos, las autoridades ya recibieron una declaración del ex ministro Fernando Botero, quien fue el primero que aseguró que la muerte de Gómez es un crimen de Estado. Con base en esa información y otros elementos, la Procuraduría le está pidiendo a la Fiscalía que, al igual que en caso del asesinato de Luis Carlos Galán, declare el caso de Gómez como un crimen de Estado.

Botero fue ministro de Defensa hasta cuatro meses antes del homicidio de Gómez.
La declaración de Botero podría ser una pieza fundamental que podría darle un giro a la investigación por la muerte de Gómez, registrada el 2 de noviembre de 1995, al norte de Bogotá.

Sin embargo, hasta ahora lo que ha podido establecer EL NUEVO SIGLO es que lo dicho por Botero a la comisión que lo entrevistó es todavía muy vago y se basa en documentos que supuestamente están en su poder, pero que dice no saber en donde los tiene guardados.

Por o pronto, la Procuraduría dice tener información para pedir a la Fiscalía que avance en el tema probatorio por el magnicidio de Gómez, planteando que debe ampliarse la investigación y que personas que en aquella época se desempeñaban como funcionarios del DAS, miembros de la Policía o militares de la Brigada XX deben dar algunas explicaciones a las autoridades.

Críticas a Fiscalía por lentitud en el caso Luis Carlos Galán

GRAVES señalamientos hizo ayer la Procuraduría General de la Nación a la forma en que la Fiscalía está adelantando el proceso penal por el magnicidio del candidato presidencial, Luis Carlos Galán, que está a punto de prescribir.

El procurador para asuntos penales Gabriel Jaimes, señaló en una carta que es “exótico” que se llame a indagatoria al ex director del DAS, el general en retiro, Miguel Maza Márquez, dos días antes de que el Fiscal General termine su periodo y 20 días antes de que se venza el proceso.

El Procurador delegado dijo además que hay suficientes pruebas para que se pueda vincular a por lo menos 5 personas que estarían implicadas en el homicidio de Galán, calificado por la Procuraduría como crimen de Estado.

“La Fiscalía no ha sido responsiva ni a tomado determinaciones con serenidad como se amerita en este proceso. Existen numerosas pruebas para varias vinculaciones que se han tomado, más aún teniendo en cuenta que el proceso esta a punto de preinscribir”, aseguró el procurador Jaimes.

El alto cargo señaló que la declaratoria como “crimen de Estado” permitirá que la investigación no prescriba el próximo 18 de agosto, cuando se cumplen 20 años de la muerte de Galán.

Jaimes explicó que si se le da el estatus de crimen de Estado, ese homicidio adquiere la connotación de “lesa humanidad” y, por lo tanto, sería “imprescriptible”.

Esa tesis será planteada al fiscal del caso para que se reactive la investigación del asesinato perpetrado en el municipio de Soacha (Cundinamarca), al sur de Bogotá.

“La Fiscalía ha venido sosteniendo en tesis que el DAS participó de manera activa en el magnicidio de Luis Carlos Galán”, agregó el funcionario del Ministerio Público.

La Fiscalía confirmó que ya emplazó oficialmente al entonces director del DAS, general retirado Miguel Maza Márquez, para que entregue su testimonio sobre el crimen del dirigente político. El ex oficial fue citado por "homicidio agravado sin perjuicio de otras conductas que puedan surgir dentro de la investigación".

Maza Márquez ha manifestado su intención de asistir, pero ha aclarado en varias ocasiones que él también fue una víctima de la mafia que mató a Galán.

Una de las principales dudas de la Fiscalía es que varios de los guardaespaldas de confianza del entonces candidato presidencial fueron cambiados días antes del crimen por el propio Maza Márquez.

Además del ex director del DAS, se citará a Virginia Vallejo, ex presentadora de televisión y compañera sentimental del abatido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, acusado de ser el autor intelectual del homicidio.

También están citados unos diez testigos nuevos que harán reconocimientos fotográficos, acompañamientos a diligencias de inspección y declaraciones formales que fueron dejadas de lado en las primeras fases de la investigación.

Carlos Hernando Galán, uno de los tres hijos del político asesinado, señaló que estas nuevas líneas de investigación “van a servir para esclarecer completamente los interrogantes” que siempre han planteado sobre el crimen.

El concejal actual de Bogotá agregó que el servicio de inteligencia tendrá que explicar el papel que cumplieron algunos de los escoltas que tenían que protegerlo ese día y también por qué hicieron una desviación de la investigación.

Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en la plaza central de Soacha cuando se iba a dirigir a una multitud de seguidores.

Hace unos días Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, involucró en una diligencia judicial a Maza Márquez en el asesinato del líder liberal.

Ley de víctimas fue una “ocasión perdida”: ONU

Las cifras del Gobierno con respecto a la fallida iniciativa legislativa fueron calificadas como “una mentira perversa” por el representante Guillermo Rivera

EL HUNDIMIENTO de la ley de víctimas fue calificado como una “ocasión perdida para avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado”, manifestó en una declaración escrita divulgada a la prensa la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El proyecto fue archivado el pasado jueves por instrucción del presidente Álvaro Uribe a los senadores de la coalición política que sustenta al gobierno.

Según Uribe, el proyecto no era viable porque obligaba a resarcir a los afectados por agentes estatales y porque, según argumentó, el Estado no dispone de los recursos económicos suficientes que implicaría la aplicación de la ley.

En su pronunciamiento, la ONU estimó que “existen principios y estándares internacionales que una ley de esta naturaleza no puede ignorar. Entre ellos se encuentran el deber de garantía del Estado, la no discriminación y la consideración de las víctimas por el daño sufrido y no por quien ocasionó ese daño”.

Además, “la reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”, puntualizó.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia finalmente anunció que continuará “abogando por los derechos de las víctimas”.

Cifras mentirosas

Las cifras del Gobierno sobre la fallida ley de víctimas son “una mentira perversa”, dijo ayer el representante liberal Guillermo Rivera.

El congresista concedió una rueda de prensa junto al senador Juan Fernando Cristo en la que ambos salieron en defensa del proyecto y controvirtieron los argumentos fiscales “mentirosos” que utilizó el Gobierno para hundir el proyecto.

Para el senador Cristo es inconcebible que si la diferencia estaba en solo cinco artículos del proyecto, el Gobierno no haya permitido la aprobación de la ley y después objetar los puntos de desacuerdo: “El Gobierno tenía las herramientas para aprobar la iniciativa y luego objetar los artículos que no compartía, pero no tomar la decisión de acabar con el trabajo de dos años”.

El representante Rivera desvirtuó uno a uno los argumentos del Gobierno frente a los cinco puntos de desacuerdo:

Restitución patrimonial: El Gobierno dice que la restitución a las víctimas cuesta 11 billones de pesos porque incluye bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, explicó Rivera, es claro que el artículo 60 del texto que estaba para conciliación dice que la restitución se limita a bienes inmuebles.

Protección: El Gobierno dice que tendría que brindar protección a todas las familias de las víctimas sin distinción. Según el proyecto, la protección solo procede después de una valoración de la autoridad competente que determina el grado de vulnerabilidad y cumplimiento de requisitos.

Proyectos de generación de ingresos: El Gobierno interpreta este punto como obligación del Estado la sostenibilidad de los proyectos de vida de la población victimizada por y para siempre. El proyecto no habla de financiar sino de crear las condiciones mínimas para el ejercicio de sus derechos.

Vivienda: El Gobierno asegura que este artículo le costaría al país 11 billones de pesos. En el proyecto es claro que este tema está sujeto a las normas que regulen la entrega de subsidios para comprar casa propia, aseguró Rivera.

Rivera y Cristo anunciaron que el próximo 20 de julio radicarán una proposición para citar a un debate en el Congreso, con el fin de ampliar las cifras y demostrar que el Gobierno está diciendo mentiras y que hundió el proyecto porque nunca fue de sus afectos y porque para el Ejecutivo siguen siendo más importantes los victimarios que las víctimas.

Mueren dos contrabandistas colombianos en incidente con la Guardia Nacional

Dos contrabandistas de gasolina colombianos murieron y otro resultó herido en un incidente con la Guardia Nacional, que supuestamente abrió fuego contra el vehículo en el que se movilizaban, informaron hoy fuentes policiales.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Carlos Villadiego, señaló que los "pimpineros", como son conocidos los contrabandistas de gasolina venezolana hacia Colombia, fueron identificados como José Antonio García y Luis Jerónimo García.

La persona herida que narró los hechos, ocurridos el lunes, fue identificada como Mauricio Espinosa, agregó Villadiego.

"Ellos conducían un camión de los que comúnmente se dedican al transporte de combustible y fueron interceptados por un vehículo, al parecer perteneciente a la Guardia Venezolana", que les ordenó detenerse, narró el oficial.

Villadiego detalló que los contrabandistas no detuvieron su marcha y entonces se produjeron los disparos, según informó Efe.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre la veracidad de las declaraciones del sobreviviente.

Desmantelada en Cúcuta una presunta banda de atracadores

Cuatro presuntos integrantes de una banda de atracadores que intimidarían a sus víctimas haciéndose pasar como integrantes de la banda criminal autodenominada ‘Águilas Negras’, fueron capturados por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en desarrollo de un operativo realizado en las últimas horas en esta capital.

El Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señaló que unidades del Área de Delitos Especiales de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), luego de labores investigativas y de manejo de fuentes humanas, lograron desmantelar una presunta banda de atracadores que delinquirían en diferentes sectores de la Ciudadela Juan Atalaya.

El operativo fue adelantado en el barrio Motilones, luego de obtener información que alertaba sobre la presencia de varios hombres que se movilizaban en un vehículo marca Renault 9 en el cual transportarían armas de fuego.

Basados en los reportes entregados por la fuente humana, los investigadores de la Sijin desplegaron el operativo, que permitió ubicar e interceptar un automotor que coincidía con las características entregadas y en el cual iban cuatro hombres.

Al registrar el vehículo fue descubierta una caleta acondicionada en la parte del tablero, en la cual se hallaron tres revólveres de las marcas Smith&Wesson y Longc-Ctg, calibres 32L y 38L con 27 cartuchos para los mismos, sin permiso para porte o tenencia.

Durante el procedimiento fueron capturados los cuatro hombres identificados como Fabián Oleider Donado Quintero, alias ‘Tatán’ de 23 años, natural de Cúcuta; Deybi Dario Castro García, alias ‘Niche’ de 30 años, natural de Tumaco - Nariño; José Antonio Rojas Moncada, alias ‘Toño’ de 19 años, natural de Arboledas y Jorge Eliecer León Correa, alias ‘Elvis’ de 36 años y natural de Arboledas, tres de ellos residentes en el barrio La Hermita y el otro en el barrio Toledo Plata de la Ciudadela Juan Atalaya.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas se conoció que esta presunta banda de atracadores que estaría liderada por alias ‘Tatán’ se dedicaría al hurto de residencias ubicadas principalmente en los barrios La Hermita, Buenos Aires, Camilo Daza, Aeropuerto, Motilones, Ospina Pérez, Claret, entre otros sectores, lo mismo que al atraco a mano armada a transeúntes y vehículos de transporte público de esa zona de la ciudad.

Según las informaciones obtenidas en el proceso investigativo, los presuntos atracadores intimidarían a las víctimas y a los residentes de esas zonas haciéndose pasar como integrantes de la banda criminal autodenominada ‘Águilas Negras’.

Los capturados, las armas incautadas y el vehículo inmovilizado, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación.

Falsos positivos, “más o menos sistemáticos”: Alston

“La explicación que prefieren muchos en el gobierno es que las matanzas fueron llevadas a cabo por unas cuantas manzanas podridas y eso es igualmente insostenible”

SOBRE LAS ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos, “las cantidades mismas de los casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”, dijo ayer Philip Alston, relator de la ONU para el tema.

“El problema de los falsos positivos resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército”, remarcó Alston durante la presentación de su informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Alston, relator especial de la Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, indicó que su informe completo sobre el caso colombiano se publicará a más tardar en cinco meses.

El relator recordó en su presentación las particularidades de este tipo de ejecuciones extrajudiciales, en las que civiles son asesinados por parte de fuerzas del orden, que presentan los cadáveres después como guerrilleros muertos en combate.

Soacha

Para el relator, la ejecución de 19 jóvenes que residían en Soacha, son apenas “la punta del iceberg” del problema.

“Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg”, afirmó Alston.

Las Fuerzas Armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas en Soacha y aparecieron en Ocaña, Norte de Santander, como abatidos por el Ejército.

El escándalo cobró la cabeza de una veintena de oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales, destituidos por el presidente Álvaro Uribe. El entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, renunció al cargo poco después de la mayor purga en las filas militares en años.

“Insostenible”

El relator, que concluyó ayer una visita a Colombia de diez días, indicó, no obstante, que no ha encontrado pruebas de que los asesinatos de esos jóvenes formen parte de una política oficial del Gobierno del presidente Uribe.

Aun así considero “insostenible” la explicación de algunos funcionarios del Gobierno que mantienen que “las matanzas fueron llevadas a cabo, a pequeña escala, por unas cuantas pocas manzanas podridas”.

Específicamente, Alston dijo que “la explicación que prefieren muchos en el gobierno es que las matanzas fueron llevadas a cabo por unas cuantas manzanas podridas y eso es igualmente insostenible”.

“Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros, pero las pruebas, incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares y el testimonio de soldados, indican firmemente que ese no es el caso”, aseguró Alston. “Aparte de las pruebas contundentes, el Gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido”, añadió.

“Las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, con botas 4 tallas más grandes que su tamaño, zurdos llevando una pistola en su mano derecha u hombres con una única bala disparada en el cuello, quebrantan aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate”, precisó.

Amenazas e incentivos

Alston denunció, asimismo, que ha habido un “hostigamiento sistemático” por parte de los militares hacia los sobrevivientes de esos actos y sus familiares.
Alston le pidió al Ejército que “reconozca la magnitud del problema”.

El delegado de la ONU manifestó que es muy claro que las ejecuciones extrajudiciales fue incentivada por la política de recompensas del Gobierno a los militares para hacer más efectiva la lucha contra los grupos insurgentes.

“Sí considero que algunos” militares “fueron motivados” a actuar o cometer esos asesinatos debido a esos beneficios ofrecidos, dijo el relator al ser consultado sobre qué rol han jugado esos beneficios en los casos de ejecuciones.

Por ello, en sus recomendaciones iniciales Alston pidió “la suspensión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones”.

El relator dejó claro que pese a esa “política del gobierno” de pago de recompensas a los militares, dijo que “no ha encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno”.

Pero lamentó la impunidad en que se encuentran la mayoría de estos crímenes, que según la ONG Comisión Colombiana de Juristas, sumaron 1.205 entre julio de 2002 y julio de 2008.

Alston dijo además que aún esperaba una respuesta oficial a su pedido de saber exactamente si estaban o no en vigencia órdenes internas del Ministerio de Defensa en torno al pago de incentivos en dinero, recompensas o el otorgamiento de días libres para militares que dieran “resultados positivos” en operaciones contra la insurgencia.

Respecto a los grupos guerrilleros dijo que “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones rurales”.

Durante su visita a Colombia, el funcionario australiano de la ONU se reunió con Uribe, sus ministros, las autoridades judiciales y con más de cien testigos, víctimas y supervivientes de esas ejecuciones.

Aunque estimó que desde 2007 el Gobierno ha tomado “medidas importantes” para detener y dar respuesta a esos homicidios, con una reducción “significativa” de alegatos de ejecuciones registradas por la justicia militar, “sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica”.

“La cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja”, aseveró Alston.

La Fiscalía lleva en total al menos 1.056 investigaciones, que involucran el asesinato de 1.708 personas, incluyendo las víctimas de Soacha, en ejecuciones extrajudiciales denunciadas en los últimos seis años.

Alston dijo que cree que en particular la Fiscalía no tiene recursos suficientes, ni personal capacitado óptimamente para el buen desarrollo de su actividad; también aseveró que en algunos lugares del país la mayoría de jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y que hacen todo lo que está a su alcance para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria.

Escándalo por libertad para El Indio y Felipe Sierra

El fiscal Mario Iguarán dijo que la decisión es “inexplicable” y pidió que se investigue a la juez que tomó la decisión

LA DECISIÓN de juez penal municipal de garantías que ordenó la libertad del empresario antioqueño Felipe Sierra y de John Fredy Manco, alias El indio, al resolver a su favor un recurso de Hábeas Corpus, causó sorpresa y generó escándalo por las implicaciones que podría tener.

Junto con Sierra y Manco, también fue puesto en libertad Camilo Torres Manco, hermano de alias El Indio.

Las tres personas en mención hacen parte de la investigación que se adelanta en contra de Guillermo León Valencia Cossio, hermano del actual ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio y estaban en presión por sus presuntos nexos con el capturado narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.

El fiscal Mario Iguarán, tras conocer la decisión tomada por el Juez Quinto Penal Municipal de Bogotá, dijo que esa determinación “altera el ánimo y es inexplicable”.

“O sobra el juez o sobramos nosotros, las autoridades de Policía (Judicial) y los fiscales, incluso la propia Corte Suprema de Justicia que por los mismos hechos está encausando a un ex director seccional de Fiscalías (Guillermo León Valencia Cossio)”, señaló Iguarán.

Igualmente recordó que Felipe Sierra intentó fugarse de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá con una orden de traslado falsa. “Pagó para falsificar un documento y obtener la libertad (…) por eso fue trasladado a la Cárcel de Máxima Seguridad en Cómbita (Boyacá)”.

“Con todo el comedimiento y con todo el respeto, pero aquí deben haber razones muy importantes para haber tomado una decisión de esas, bajo el supuesto de que se hubiese tomado. No es fácil, entonces, seguir combatiendo la criminalidad”, enfatizó el Fiscal General.

Sierra Fernández y Manco Torres fueron capturados en agosto de 2008 por agentes del CTI y unidades de la Armada Nacional, bajo la coordinación de un fiscal de la Unaim. El empresario, ex gerente de la firma Control Total, sería autor del delito de concierto para delinquir y el enlace entre narcotraficantes y diferentes autoridades en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Recordó el Fiscal que “este es el sexto Hábeas Corpus. Tutelas que no procedieron ante el tribunal ni ante la Corte Suprema. Habeas Corpus que otro jueces fallaron negativamente, hasta que encontraron un juez que consideró que todos estamos equivocados, incluida la Corte Suprema de Justicia, los policías, los fiscales y otros jueces de Colombia”.

“Cinco jueces habían considerado improcedente la solicitud, que el proceso había sido debido y que la evidencia permitía tener el proceso donde está. Esto es inexplicable. Con todo el comedimiento y con todo el respeto, pero aquí deben haber razones muy importantes para haber tomado una decisión de esas, bajo el supuesto de que se hubiese tomado. No es fácil, entonces, seguir combatiendo la criminalidad”, insistió el fiscal Iguarán.

Alias El Indio habría negociado con Valencia Cossio el ser borrado del organigrama de la banda del narcoparamilitar alias Don Mario. Ante el hecho, el fiscal general de la Nación pidió que se investigue al juez.

Corte Suprema alista segundo envión de yidispolítica

El presidente del alto Tribunal, Augusto Ibáñez, aseguró que se realizará un examen minucioso de las declaraciones que ella entregue y que la corporación no tiene ningún contendiente, refiriéndose a los roces con el ejecutivo.

CON LA condena de los ex representantes a la Cámara Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus no se ha cerrado el proceso de la yidispolítica en la Corte Suprema de Justicia. Así lo dejó entrever el presidente del alto Tribunal, Augusto Ibáñez Guzmán, quien en entrevista con Caracol Radio aseguró que la Sala de Casación Penal está lista para escuchar de nuevo a la causante de este proceso, Yidis Medina Padilla, quien dará a conocer los presuntos nombres de otros ex congresistas que recibieron prebendas a cambio de votar favorablemente el acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe en el 2006.

Tal y como lo había advertido, la Corte Suprema, en la sentencia contra Díaz Mateus, había ordenado compulsar copias para que se investigara si había más ex parlamentarios que recibieron dádivas para cambiar su voto a mediados del 2004, cuando la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto reeleccionista.

Esta decisión de la alta Corte fue causada por una declaración que había dado Yidis Medina en el proceso contra su jefe político Iván Díaz.

Ahora, el magistrado Ibáñez anunció que la corporación recibirá de nuevo las declaraciones de la causante de la llamada yidispolítica, para saber si abre investigación contra otros ex parlamentarios.

“Dentro de las últimas declaraciones de doña Yidis en la Corte, en el caso del ex representante Díaz, ella ofreció a la Corte algunas interesantes, según ella, aproximaciones de congresistas a elementos y prebendas que se habían recibido para la aprobación de la reforma constitucional”, dijo Ibáñez Guzmán.

Según el presidente del órgano de cierre de la justicia ordinaria, lo que sigue es la declaración y colaboración de la ex representante santandereana y su estudio por parte de la Sala Penal.

“La agenda le corresponde a la Sala Penal, y lo que me imagino en este momento, es que desde el punto de vista probatorio nos correspondería un examen minucioso y ponderado sobre todo lo que se entregue y todas las fuentes de prueba que ella exhiba en la declaración correspondiente”, agregó el presidente quien hace parte de la Sala de Casación Penal.

Por último, el magistrado enfatizó en que en el tema de la yidispolítica “la Corte siempre ha dicho que seguirá adelante, y esa es la sensación que tiene tanto la Sala Penal como la Corte”.

Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema se habló de mecanismos para evitar más roces con el ejecutivo.

“La Corte Suprema de Justicia siempre ha estado en el mejor propósito de escuchar y tender canales de análisis y de diálogo con todas las ramas del poder público tal como lo ordena la Constitución Política”, dijo Ibáñez.

“No les quede la menor duda - agregó el alto jurista - que en el ánimo de la Corte está el no reconocer ni tener ningún contendiente, ni ningún contradictor. Nosotros lo único que estamos haciendo es verificar las pruebas y sobre ellas decidir”.

Según el magistrado, las voces que llaman para la pacificación de los ánimos deben también tener en cuenta que jamás la Corte ha hecho algún pronunciamiento que no esté por fuera de sus funciones, siempre trazado dentro de sus competencias, y bienvenidas todas las fórmulas que tengan que ver con el respeto a las competencias. “Si nosotros respetamos las competencias no existe ninguna discrepancia ni ninguna dificultad”, finalizó Augusto Ibáñez.

Colombia dispuesta a firmar tratado de extradición

LA DISPOSICIÓN de Colombia a firmar un convenio de extradición con Estados Unidos si el aumento de la cooperación entre ambos países así lo demanda, fue manifestada ayer por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, tras reunirse en Washington con el Fiscal General, Eric Holder.

Aunque Colombia ha entregado a narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares a Estados Unidos desde los años 80, un tratado de extradición formal entre ambos países nunca llegó a ser aprobado finalmente por los Congresos respectivos, explicó el ministro a la prensa al término de su visita.

“Es tan importante esta figura de la extradición que, si fuera necesario, se podría estudiar la necesidad de un tratado de extradición”, dijo Valencia.
Desde 1997 rige un acuerdo en el que cada país aplica su legislación interna a la hora de decidir los casos extraditables.

“Hay una voluntad muy clara de mantener la muy sólida figura de la extradición, que ha sido conveniente, eficaz”, añadió el ministro.

Desde 1984 más de 1.100 colombianos han sido entregados a la justicia de Estados Unidos.

En la primera visita de un ministro de Justicia colombiano a su par estadounidense en una década, Valencia abordó temas de justicia, de lucha contra el narcotráfico y de la defensa de los derechos humanos.

Colombia vería con buenos ojos la creación de “una especie de enlace, un magistrado al que podría dársele estatuto especial, diplomático”, para agilizar y seguir de cerca el tratamiento de los extraditables colombianos, explicó el ministro.

En la jornada Valencia se reunió también con representantes de la oficina de política antidrogas de las Casa Blanca, con quienes habló sobre programas de reducción de la demanda./AFP

Falsos positivos, nuevamente bajo la lupa de ONU

El representante de Naciones Unidas explicó que su papel consiste en hacer unas recomendaciones frente al flagelo de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.

NO SE detendrá únicamente en los falsos positivos, señaló el relator especial de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, quien ayer explicó la tarea que le fue encomendada en Colombia por el organismo internacional.

“Quiero recalcar que iré más allá y me ocuparé de todas las ejecuciones de la Policía, de las Fuerza Armadas, y también ejecuciones cometidas por otros grupos de la sociedad que han quedado impunes”, señaló el Relator.

“Colombia ha sufrido un sinnúmero de problemas en años recientes y también es claro que el Gobierno ha empezado a explorar un enorme esfuerzo para subsanar la situación (...) mi papel consiste en identificar medidas adicionales que se podrían tomar para mejorar aún más la situación”, dijo Alston, quien espera entrevistarse con funcionarios del Gobierno, organizaciones comunitarias y asociaciones defensoras de derechos humanos.

Directiva 029

Nuevamente la Directiva 029 del Ministerio de Defensa salió a relucir como uno de los elementos que pudieron fomentar el asesinato de civiles para después hacerlos pasar como muertos en combate. El senador Gustavo Petro dijo que esa directiva, que fue firmada por el entonces ministro Camilo Ospina, estableció criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley, equipo de guerra e intendencia, entre otros.

Petro explicó que esta directiva establece una tabla en la que hay 15 cupos en que se paga por cabecillas, 40 cupos por cabecillas de medio rango; sin embargo, hay una última categoría con cupos ilimitados en la que se paga 3,5 millones de pesos por integrantes rasos de los grupos armados. Recalcó que mientras los cabecillas son plenamente conocidos y no hay lugar a equivocaciones, los rasos son personas anónimas, y esto ha sido aprovechado para adelantar los falsos positivos.

Preocupación de ONU

La preocupación por los falsos positivos fue recogida en el informe para el año 2008 de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en el cual señala que “reconociendo la preocupación del Gobierno ante la gravedad del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, y su voluntad de tratar la situación, la Alta Comisionada insta al Gobierno a implementar rápidamente y en su totalidad las medidas anunciadas para el destierro de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y a intensificar la colaboración con la Fiscalía General de la Nación para la pronta investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes”.

Igualmente, Pillay visitó a Colombia del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2008, pocos días después que el Gobierno removió a 27 militares, incluyendo a 3 generales, cuando se desató el escándalo de los falsos positivos.

Crecen desapariciones forzadas

POR ENCIMA de los falsos positivos, se ha incrementado el fenómeno de las desapariciones forzadas en el país, aseguró Liliana Uribe, integrante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa a más de 200 organizaciones defensoras de los derechos humanos del país.

Citando cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Uribe dijo que sólo en el período que va de octubre de 2007 a diciembre de 2008 se han reportado 1.686 desapariciones, “la mayor parte de ellas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales”.

Falta castigar a quienes ofrecieron prebendas: Ibañez

El presidente de la Corte Suprema, precisó que los acuerdos entre los ex congresistas y altos funcionarios del Gobierno están plenamente demostrados

El Código Penal ordena castigar por cohecho no solo a quienes reciben dinero o prebendas sino también a las personas encargadas de hacer los ofrecimientos, recordó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibañez, al referirse a las condenas proferidas a los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz dentro del proceso de la yidispolítica.

Sin embargo, “la Corte Suprema no tiene competencia para investigar a los ministros, eso le corresponde a la Fiscalía. Pero obviamente la sentencia dice cómo se produjeron los hechos. La sentencia es una unidad total, la sentencia lo que hace es tomar los puntos, demostrados, analizarlos y llegar a una conclusión”, manifestó el jurista, en diálogo con Caracol Radio.

Cabe recordar que, de acuerdo con el fallo de la Corte, quienes aparecen como posibles responsables de ofrecer prebendas a los entonces legisladores para que apoyaran en 2004 la reelección de Álvaro Uribe en el Congreso, fueron el ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el actual embajador en Italia, Sabas Pretelt.

El magistrado Ibáñez precisó que los acuerdos entre los ex congresistas y altos funcionarios del Gobierno están plenamente demostrados, aunque la Corte solo tiene fuero para investigar a los legisladores.

Cohecho

Hace un año, la ex representante Yidis Medina se acogió a la figura de sentencia anticipada y aceptó el delito de cohecho ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, quienes la condenaron a 3 años y medio de cárcel.

En el momento en que se configuró el cohecho, Medina reemplazaba a Díaz en su curul. Según ella, él le insistió que votara favorablemente la reelección. El día que se votó la reelección, Avendaño se ausentó del recinto. Durante el proceso adelantado por la Corte, Medina le entregó al alto tribunal 12 comprobantes de consignaciones bancarias por 221,4 millones de pesos que, según ella, prueban que Avendaño recibió dinero a cambio de ausentarse.

“Yidis incurrió en cohecho, así lo confesó ante la Corte Suprema de Justicia y se acogió a sentencia anticipada. Pero como en estos casos se necesitan dos: el que da y el que recibe, se requiere que la acción de la justicia llegue hasta el último responsable aunque sea el primer beneficiario de los delitos cometidos. Porque aquí no solo se incurrió en cohecho, también cometieron el delito de concierto para delinquir”, sostuvo José Hilario López, abogado de la corporación jurídica Utopía.

La otra parte

La investigación a Palacio y Pretelt comenzó a patinar desde el comienzo, porque el fiscal Mario Iguarán debió declararse impedido para investigar al segundo de los implicados, porque fue subalterno de él en el Ministerio del Interior y de Justicia, y porque, según Iguarán, “era un amigo entrañable”.

La Corte aceptó el impedimento y delegó en el vicefiscal Guillermo Mendoza la responsabilidad del expediente, no sin antes dejar expresa constancia de su “preocupación” porque un subalterno del fiscal asumiera el caso de manera imparcial.

Pero Iguarán también se declaró impedido para investigar a Palacio, por motivos similares. La Corte también aceptó este impedimento. Otra vez fue Mendoza el delegado.

Hace poco, Iguarán se comprometió públicamente a acelerar las investigaciones más importantes que se encuentran actualmente en curso y que según él, quedarán resueltas antes de entregar su cargo; entre ellas, la yidispolítica, que se encuentra en el despacho de Mendoza.

Sin embargo, un año después de la condena a Medina, aparentemente nada que despega el capítulo de la yidispolítica en la Fiscalía.

Según Medina, Pretelt le ofreció puestos a cambio de su voto y Palacio le nombró varios de sus recomendados en Etesa y en dependencias del Ministerio de Protección Social en el Magdalena Medio.

Pero hay más implicados: Alberto Velásquez, ex secretario general de la Casa de Nariño; Bernardo Moreno, sucesor de Velásquez; Manuel Cuello, ex superintendente de Notariado; Hernando Angarita, ex viceministro del Interior; Héctor Echeverri, hermano de un ex asesor presidencial; Luis Alfonso Hoyos, director de Acción Social; Carlos Holguín, ex ministro del Interior; Claudia Salgado, asesora de la Casa de Nariño; y Juan David Ortega, ex secretario general del Ministerio de Agricultura.

Notarías, el nuevo filón de la yidispilìtica

La Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que investigue preliminarmente a una ex asesora presidencial y al ex secretario general del Ministerio de Agricultura presuntamente por haber ofrecido prebendas a congresistas.

CON LA sentencia contra el ex representante Iván Díaz Mateus quedó al descubierto que varios congresistas y ex congresistas habrían recibido notarías ofrecidas por el Gobierno, a cambio de votar favorablemente en el 2004 el acto legislativo que permitió la reelección del presidente Álvaro Uribe en el 2006.

Así lo consideró la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por denuncia hecha por la ex congresista Yidis Medina, en el numeral quinto de la parte resolutiva del fallo, en el que condenó a seis años de cárcel y multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al ex congresista santandereano Díaz Mateus por el delito de concusión.

“Por la secretaría de la Sala, expídanse las copias para determinar si hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra de algún Congresista o Congresistas”, dice la sentencia de la Corte.

Y en otro aparte, dice el fallo: “Debe advertirse que como Yidis Medina Padilla en su testimonio rendido ante esta Corporación en desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento, entre otras afirmaciones que hizo, aludió de manera genérica a ‘Congresistas’ cuyos comportamientos han podido dar lugar a la infracción de la ley penal y al Código Único Disciplinario, es menester ordenar la correspondiente expedición de copias para la investigación de rigor.

La Sala Penal recogió una declaración que la ex congresista dio en el proceso que se le adelantaba a los ex parlamentarios Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, donde puso de manifiesto que varios votos de algunos congresistas, necesarios para que el acto legislativo reeleccionista pasara en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, fueron comprados por medio de un decreto del Gobierno que les nombraba notarías.

“Señores Magistrados, si ustedes desean yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías”, le dijo Yidis Medina a la Corte Suprema.

Aunque Medina Padilla no reveló nombres, el ex representante Teodolindo Avendaño, quien fue condenado a ocho años por el delito de cohecho y enriquecimiento ilícito, no sería el único congresista en haber recibido una notaría, o su equivalente en dinero, y otros “favores” por parte de funcionarios del Gobierno, a cambio de haber favorecido la votación del proyecto de ley que permitió la primera reelección de Uribe.

Según la ex parlamentaria santandereana, funcionarios de la Casa de Nariño tenían un computador con un listado de las notarías y congresistas “comprados”, y del cual el presidente Uribe tenía conocimiento.

“…pero todo llevaba un hilo conductor, desde la cabeza principal que era el Señor Presidente de la República y sus Ministros y su secretario general de turno, y su secretario general Bernardo Moreno, quién le entregó a Alberto Velásquez, y llevan un computador en donde había un listado y había unos listados también de las notarías y todo eso. Eso lo hizo realmente el Gobierno Nacional”, le dijo Yidis Medina a la Sala Penal de la alta Corte.

A la pregunta de la Sala de quien manejaba ese computador, la declarante afirmó que era Juan David Ortega, quien se desempeñaba como secretario general del Ministerio de Agricultura. A éste último, la Corte, en el fallo contra Teodolindo Avendaño, ordenó compulsar copias a la Fiscalía para que lo investigue por el presunto delito de falso testimonio por callar totalmente la verdad al no responder los formularios sugeridos por la Corte.

De igual manera, la Corte Suprema ordenó compulsar copias al ente investigador para que establezca si María Claudia Salgado Rodríguez, ex asesora presidencial también participó en el ofrecimiento de prebendas a congresistas en el 2004.

De comprobarse que algún otro congresista o ex parlamentario haya recibido prebendas, sería investigado por el delito de cohecho propio por la Corte Suprema de Justicia, como el caso de los ex representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.

Según la investigación, Avendaño se negó recibir la notaría 67 ofrecida por funcionarios del Gobierno, por lo que negociaron su equivalente en dinero en efectivo.

Según la versión de Medina, el condenado pedía 600 millones de pesos por la Notaría, pero finalmente se la entregaron en 450 millones.

La ex congresista también aseguró que los encargados de hacer las negociaciones con varios parlamentarios fueron el ministro de Protección Social, Diego Palacio Betancourt y el ex ministro del Interior y Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega.

Sabas y Palacio ahora en el ojo del huracán

Con la condena de los ex congresistas Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, la Corte Suprema de Justicia ratificó que sí hubo ofrecimientos de dádivas por parte de funcionarios del Gobierno a congresistas para que votaran positivamente el acto legislativo que permitió la reelección presidencial.

Primero, con la condena de la ex representante Yidis Medina, quien se acogió a sentencia anticipada y confesó que sí recibió prebendas, se evidenció que hubo un plan de negociación para que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes votara a como diera lugar el acto legislativo.

El miércoles pasado con las otras dos condenas se confirmó de manera contundente que sí existió dicho plan, pues la Sala de Casación Penal derrotó en el juicio las defensas de los ex representantes Díaz Mateus y Avendaño, que habían sostenido que nunca presionaron ni recibieron dádivas a cambio de votar el acto legislativo.

Ahora, se espera que con esta jurisprudencia, la Fiscalía asuma con más ahínco y premura las investigaciones contra Diego Palacio y Pretelt de la Vega.

Los dos ya rindieron indagatoria ante el vicefiscal Guillermo Mendoza, pues el fiscal Iguarán se había declarado impedido porque fue subalterno de Pretelt cuando fungió como ministro del Interior. Sin embargo, han transcurrido varios meses sin que se haya tomado alguna decisión de fondo.

Pretelt es investigado por la asignación de una notaría a Teodolindo Avendaño, mientras que el ministro Palacio por presuntos contratos a familiares y amigos de Yidis Medina.

Fiscalía llama a interrogatorio a 8 del comité del referendo

Aunque la iniciativa que permitiría una tercera elección de Uribe fue aprobada en el Parlamento hace 16 días, aún no se esclarecen las cuentas de la recolección de firmas

AYER LA Fiscalía General de la Nación llamó a interrogatorio a indiciado a los ocho integrantes del comité promotor del referendo reeleccionista que faltaban por cumplir este paso, dentro de la investigación que la entidad les abrió por el delito de fraude procesal, en febrero pasado.

Ya había cumplido con el interrogatorio a indiciado Luis Guillermo Giraldo, representante de este comité que se encargó de recoger 3,8 millones de firmas que solicitan la convocatoria de un referendo para consultar al pueblo sobre un cambio a la Constitución para introducir una segunda reelección consecutiva.

Esta investigación surgió a partir de una denuncia presentada por el representante a la Cámara por Bogotá Germán Navas Talero, quien señaló que el comité promotor entregó información inexacta al Registrador Nacional del Estado Civil con respecto a las cuentas de los dineros que se utilizaron para la campaña de recolección de firmas.

De comprobarse las anomalías en la información suministrada, los integrantes del comité serían acusados de fraude procesal y llamados a juicio, teniendo en cuenta que el Código Penal colombiano establece en su artículo 453 que inducir en error a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y una multa de 200 salarios mínimos mensuales vigentes, además de una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.

Simultáneamente, el Consejo Nacional Electoral inició una investigación contra los integrantes del comité promotor porque, presuntamente, éste había violado los topes de los aportes económicos autorizados por la ley para financiar la recolección de firmas que haga posible un referendo reeleccionista. En marzo pasado, el organismo electoral abrió formalmente una investigación contra estas personas.

El comité promotor del referendo estuvo integrado por el ex congresista Luis Guillermo Giraldo, Cecilia Paz de Mosquera, Doris Ángel Villegas, Miriam Donato de Montoya, Gustavo Antonio Dáger Chadid, Juan David Ángel Botero, Álvaro de Jesús Cock, Gediel Saavedra Salcedo y David Salazar Ochoa.

Yidispolítica: condenados Avendaño y Díaz Mateus

Al final del fallo contra Iván Díaz, la Sala Penal ordenó investigar a otros congresistas que pudieron haber aceptado dádivas a cambio de votar positivamente el acto reeleccionista.

A OCHO años de cárcel fue condenado el ex representante del Valle Teodolindo Avendaño por el delito de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, y a seis años el ex congresista Iván Díaz Mateus por concusión, los dos dentro del proceso de la yidispolítica.

Cabe resaltar que al final de la sentencia contra Iván Díaz Mateus, la Corte Suprema ordenó investigar si otros congresistas denunciados por Yidis Medina obtuvieron dádivas a cambio de votar a favor el acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe.

“Señores Magistrados, si ustedes desean yo he logrado conseguir parte de las notarías, la relación de las notarías nombradas para esa fecha, y además, también, se hizo en un solo decreto, lo justificaron todo en un solo decreto, para los nombramientos a cada uno de los congresistas en las notarías”, le dijo Yidis Medina a la Corte Suprema.

Teodolindo Avendaño

Al ex parlamentario lo acusó la también ex congresista Yidis Medina de haber recibido prebendas a cambio de votar positivamente el acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe en el 2006. Según le dijo Medina Padilla a la Corte Suprema de Justicia, Avendaño había inventado el accidente de un hijo suyo como pretexto para poder ausentarse el día en que la Comisión Primera de la Cámara votó el acto legislativo.

Sin embargo, Avendaño aseguró en su momento que se había enterado del accidente en la mañana del tres de junio del 2004, y que, según él, le habían ocultado que el siniestro había ocurrido el 30 de mayo. En consecuencia, según dijo, viajó el mismo día en la noche, también para evitar que se le dañara el matrimonio de su hijo, un día antes de que se llevara a cabo la votación del acto legislativo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

De hecho, la esposa de Gilberto Avendaño, hijo del condenado, también declaró en el mismo proceso, asegurando que desde finales del 2004 tiene un contrato con el Ministerio de Protección Social por recomendaciones directas de Teodolindo Avendaño.

Igualmente, la Sala Penal de la Corte había revelado una grabación en la que Gilberto Avendaño hablaba con otra persona supuestamente para ocultar varias pruebas, entre ellas, letras de cambio y cheques en los que se vería comprometido el ex parlamentario.

Por otro lado, la ex congresista Medina también aseguró que Teodolindo Avendaño sostuvo negociaciones con funcionarios del Gobierno, como la de la Notaría 67, por la cual el condenado pedía 600 millones de pesos, pero que finalmente se la entregaron en 450 millones.

En el mismo juicio, la empleada de servicios generales de la Notaría 67 Nelly Núñez fue llamada a declarar por la Corte Suprema, y sostuvo que conocía de varias consignaciones que le habían hecho a Avendaño desde la Notaría.

La empleada puso de manifiesto que fue despedida por el notario 67, Luis Camilo Omeara, el mismo que habría ordenado las consignaciones de dinero a Teodolindo Avendaño.

No obstante, el ex congresista siempre sostuvo que los dineros que recibió fueron un préstamo hecho por la ex parlamentaria Yidis Medina Padilla.

Iván Díaz Mateus

Díaz Mateus era el titular de la curul que reemplazó la ex congresista Yidis Medina Padilla en la época en que se llevó a cabo la votación del acto legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe.

El ex representante santandereano fue condenado por haber presionado el voto positivo de Yidis Medina.

Según la declaración de Medina Padilla ante la Sala de Casación Penal, funcionarios del Gobierno habían convocado un desayuno en la Casa de Nariño con algunos representantes conservadores en mayo del 2004, después de que se supiera que varios de ellos firmaron una carta en la que se comprometían a no apoyar el referendo.

Pero luego, según Medina, se pactó un segundo desayuno al cual ella no asistió, y fue ahí donde recibió varias llamadas de Díaz Mateus diciéndole que tenía que hablar con ella y con el presidente Uribe. Ante su negativa de reunirse con él, el ex parlamentario siguió presionando a Medina y a su asesor César Guzmán.

La ex congresista le dijo a la Corte Suprema que las presiones de Díaz Mateus llegaron a tal límite que le aseguró que si no accedía a hablar no le iba a renovar la licencia y retiraba a su asesor Guzmán.

Finalmente, sostuvo la ex parlamentaria, se reunió con Díaz Mateus y éste le dijo a César Guzmán que ella tenía que votar a favor del acto legislativo “porque si yo no le hacía el favor al Gobierno Nacional, era fácil que en cualquier momento apareciera muerta”.

En el fallo condenatorio la Corte dice: “La culpabilidad del procesado, a título de dolo, tampoco remite a dudas, pues basta observar el comportamiento desplegado en las vísperas de la votación del Acto Legislativo reeleccionista, para apreciar inconcuso su enorme interés por obtener a toda costa el voto favorable de Yidis Medina, desplegando un variado arsenal de medios, que iban desde procurar el contacto con altos dignatarios del Gobierno Nacional, encargados de ofrecer las prebendas que finalmente lograron su cometido, hasta constreñir a su reemplazo temporal en el Congreso”.

Magnicidio de Galán: Corte admite recurso de casación

UN DÍA después de que la Procuraduría General de la Nación advirtiera sobre la eventual prescripción del proceso por el magnicidio del ex candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de casación y revisará la absolución del ex dirigente político del Tolima, Alberto Santofimio Botero.

Al mismo tiempo, el fiscal Mario Iguarán afirmó que la acción penal no prescribirá al cumplirse 20 años del asesinado del entonces candidato presidencial porque fue declarado delito de lesa humanidad.

La demanda de casación fue interpuesta por la Fiscalía y la defensa de la parte civil.

En su concepto, la Sala de Casación Penal manifiesta que las demandas cumplen con los requisitos contemplados en la Ley 600 (antiguo sistema) y en consecuencia “se las declara formalmente ajustadas a derecho”.

De acuerdo con la decisión de segunda instancia, emitida el 22 de octubre de 2008, había dudas razonables en el fallo proferido por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, en el que se condenaba al procesado a una pena de 24 años de prisión.

En su providencia el juzgado también había impuesto a Santofimio Botero interdicción de derechos y funciones públicas por diez años. También se ordenó el pago de 1.700 millones de pesos a la familia de Luis Carlos Galán Sarmiento como indemnización de perjuicios, y otros 200 millones que debían ser pagados a los deudos de un escolta muerto en el atentado.

Al mismo tiempo, el fiscal Iguarán anunció que “en ningún momento la investigación que se adelanta por el asesinato del ex candidato a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán Sarmiento, prescribirá o tendrá vencimiento de términos”, pues se trata de un delito de lesa humanidad.

Iguarán recordó que “de acuerdo a la doctrina internacional para que se pueda predicar o aducir el dolo en el genocidio no es necesario aniquilar, acabar y asesinar a la totalidad del grupo, ya que es suficiente para imputarlo (el dolo) con que se acabe, se ultime o se asesine al líder o directivo del grupo que se trate”.
La familia de Galán celebró el avance en la investigación.

El ex ministro fue absuelto el año pasado por un magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca al no encontrar pruebas que lo señalen como el supuesto autor intelectual del crimen de Luis Carlos Galán, aunque en primera instancia un juez lo había condenado a 24 años de prisión.

E.U. ayudará a que paramilitares extraditados declaren

Estados Unidos garantizará agilizar mecanismos que faciliten el acceso de la justicia colombiana a las declaraciones de los extraditados jefes paramilitares en Justicia y Paz y en los procesos contra congresistas que lo requieran, anunció el embajador de ese país en Colombia, William Brownfield, después de una reunión que sostuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, en el Palacio de Justicia.

“Vamos a dar visas para agilizar el trámite de las declaraciones, porque deseamos facilitar el proceso de Justicia y Paz”, indicó el diplomático estadounidense entre otras medidas para que los funcionarios judiciales colombianos puedan tomar dichas declaraciones.

El embajador Brownfield además indicó que: “Tenemos el problema de combinar dos sistemas legales diferentes y soberanos, pero mi gobierno y mi embajada garantizan el acceso a versiones libres y entrevistas mediante teleconferencias o de manera personal con estas personas”.

Según Brownfield, el 80 por ciento de los ex jefes paramilitares extraditados ya han sido sentenciados con penas entre los 15 y los 35 años, y la mayoría de ellos han expresado su intención de colaborar con Justicia y Paz.

Sin embargo, el embajador se mostró en desacuerdo con el requisito solicitado por varios ex jefes paramilitares de que les otorguen visas a sus familiares para que sigan declarando, pues sus seres queridos estarían en peligro en Colombia.

“Si se quedan en Colombia su familia estaría más o menos amenazada, pero si están en Estados Unidos produce más riesgo. Este hecho no lo entiendo”, expresó William Brownfield.

Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez Guzmán, calificó de productivo el encuentro con el embajador.

Esta cita entre el embajador y el presidente de la Corte había sido agendada para el viernes pasado, pero no se pudo llevar a cabo por quebrantos de salud del magistrado Ibáñez.

El presidente de la alta Corte había explicado semanas atrás que lo que se estaba buscando con esta reunión era desempantanar la declaración de los 14 jefes de las autodefensas recluidos en los Estados Unidos.

Con esto, la Corte Suprema busca que no haya más trabas y dilaciones en las declaraciones requeridas de los extraditados jefes paramilitares en los procesos que el alto Tribunal les sigue a varios congresistas por presuntos nexos con las autodefensas.

La reunión protocolaria se dio especialmente después de varios intentos y dilaciones para que uno de los extraditados, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, declarara en varios procesos, entre ellos el de la representante a la Cámara Karely Lara Vence.

Mapa de los procesos penales en la Corte Suprema

A 10 meses de las próximas elecciones para el Congreso, la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaciones contra 34 congresistas por nexos con grupos al margen de la ley y tres ya están en juicio.
Aquí está la lista:

Los investigados
Senador Manuel Guillermo Mora: Investigado por presuntos nexos con el bloque Catatumbo de las autodefensas. Santandereano del partido de la U.

Senador Armando Benedetti: Investigado por haber asistido presuntamente a la ‘cumbre del Caramelo’ donde asistieron políticos y paramilitares. La corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar el 30 de abril del 2008. Es del partido de la U.

Representante a la Cámara por Córdoba Mussa Besaile Fayad: Partido Liberal. Investigado por el delito de concierto para delinquir agravado por supuestos nexos con las autodefensas.

Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda: Investigado pues supuestos nexos con Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano. Pertenece al movimiento Convergencia Ciudadana en Santander.

Senador Mauricio Jaramillo Martínez: Le abrieron investigación el primero de agosto del 2008 por supuestos vínculos con grupos de autodefensa. Es de filiación liberal. Fue gobernador de Sucre.

Senadora Gloria Inés Ramírez: Investigada por supuestos nexos con las Farc. Pertenece al Polo Democrático. Su nombre apareció en archivos de uno de los computadores del abatido Raúl Reyes, y por eso es investigada por presuntos nexos con las Farc.

Senador Javier Cáceres Leal: Investigado por presuntos nexos con paramilitares del Bolívar. Pertenece al Partido Cambio Radical.

Representante a la Cámara por Bolívar Fernando Tafur Díaz: Investigado por presuntos nexos con paramilitares. Pertenece al movimiento Apertura Liberal.

Representante a la Cámara por el Meta Fabiola Olaya Rivera: Investigada por presuntos nexos con paramilitares. Pertenece al movimiento Convergencia Ciudadana.

Senador Oscar Suárez Mira: Investigado por presuntos nexos con el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán. Pertenece al Partido Conservador.

Senadora Nancy Patricia Gutiérrez: Le abrieron investigación en abril del 2008 por supuestos nexos con el ex jefe paramilitar de Cundinamarca John Freddy Gallo, alias El Pájaro. Pertenece al Partido Cambio Radical y fue presidenta del Senado el año anterior.

Representante a la Cámara por el Guainía Sandra Arabella Velásquez Salcedo: Investigada por presuntos nexos con paramilitares. Pertenece al Partido Cambio Radical.

Senador Alexander López Maya: Investigado por declaraciones que dio el ex jefe paramilitar Hebert Veloza García, alias HH, quien lo vinculó con grupos de narcotráfico. Pertenece al Polo Democrático.

Representante a la Cámara por Bogotá Wilson Borja: Investigado por presuntos nexos con las Farc. Su nombre también apareció en unos de los computadores de Raúl Reyes. Pertenece al Polo Democrático.

Representante a la Cámara por Sucre José María Conde: Le abrieron investigación preliminar por señalamientos que en su contra hiciera el ex desmovilizado paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirry. Pertenece al movimiento Colombia Democrática.

Representante a la Cámara por Sucre Jairo Fernández Quessep: Investigado por presuntos nexos con los paramilitares. Pertenece al Partido de la U.

Representante a la Cámara por el Huila Luis Enrique Dussan: Investigado por sus presuntos nexos con las Farc. Pertenece al Partido Liberal.

Senador Carlos Julio González Villa: Le abrieron investigación por supuestos nexos con las Farc, por señalamientos que en su contra hiciera alias Pitirry. Pertenece al Partido Liberal.

Senador Juan Carlos Restrepo Orozco: Le abrieron investigación en julio del 2008 por presuntos nexos con los paramilitares del Valle y Cundinamarca. Pertenece al Partido de la U.

Representante a la Cámara por el Valle Luis Carlos Restrepo Orozco: Investigado en julio del 2008 por presuntos vínculos con las autodefensas.

Senador Antonio Guerra de la Esrpriella: Investigado por presuntos nexos con el ex jefe paramilitar Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Pertenece al partido Cambio Radical.

Representante a la Cámara por el Tolima Pedro Pablo Trujillo Ramírez: Investigado por presuntos nexos con las autodefensas. Pertenece al Partido Conservador.

Representante a la Cámara por Caldas Mauricio Lizcano Arango: Le abrieron investigación el 22 de enero por presuntos nexos con los paramilitares.

Representante a la Cámara por el Tolima Jaime Yepes: Le abrieron investigación preliminar el seis de febrero pasado por presuntos vínculos con los paramilitares.
Pertenece al Partido de la U.

Representante a la Cámara por el Magdalena Luis Fernando Vanegas Queruz: Investigado porque presuntamente recibió dineros de las autodefensas cuando se lanzó a la alcaldía del Banco Magdalena.

Representante a la Cámara por Córdoba José de los Santos Negrette: Investigado por presuntos nexos con las autodefensas al haber participado en el ‘Pacto de Ralito’. Pertenece al Partido Conservador.

Representantes a la Cámara por el Chocó Odín Sánchez y Edgar Ulises Torres: Les abrieron investigación el 17 de abril pasado por presuntos nexos con el bloque ‘Elmer Cárdenas’ de las autodefensas. Además también tienen otra investigación por presuntos nexos con el ELN. Odín Sánchez pertenece al Partido de la U y Torres al de Cambio Radical.

Senador Mario Salomón Nader: Le abrieron investigación el 17 de abril de este año por presuntos nexos con el ex jefe paramilitar alias El Alemán. Pertenece al Partido Liberal.

Senador Jaime Dussan Calderón: Investigado por presuntos nexos con las Farc. Pertenece al Polo Democrático.

Senador Marco Alirio Cortés: Le abrieron investigación el pasado 13 de mayo por presuntos vínculos con las autodefensas. Reemplazó a la senadora Gina Parody del Partido de la U.

Representante a la Cámara por el Cesar Alfredo Ape Cuello Baute: Investigado por sus presuntos vínculos con los paramilitares. Pertenece al Partido Conservador.

Senador Oscar Josué Reyes: Investigado por presuntos nexos con las autodefensas. Pertenece al movimiento Convergencia Ciudadana.

Representante a la Cámara por Caldas Jairo Alberto Llanos Gómez: Le dictaron medida de aseguramiento por presuntos vínculos con los paramilitares. Pertenece al Partido Liberal.

Senadora Dilian Francisca Toro: Le abrieron investigación el siete de julio del año anterior por supuestos nexos con los paramilitares del Valle. Fue presidenta del Congreso y pertenece al Partido de la U.

Los llamados a juicio
Senador Ricardo Elcure Chacón: Fue llamado a juicio por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con el ex jefe paramilitar alias El Iguano.

Senador Luis Fernando Velasco: Fue llamado a juicio por el delito de cohecho propio presuntamente por haber recibido unos tiquetes de las autodefensas. Del Partido Liberal.

Representante a la Cámara por Magdalena Karely Lara Vence: Actualmente la Corte Suprema de Justicia adelanta el juicio contra la congresista por sus presuntos vínculos con los paramilitares cuando fue alcaldesa del municipio de Fundación.