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POR SU presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado, un la Fiscalía, en primera instancia, profirió resolución de acusación en contra de la ex congresista, Yidis Medina Padilla.
La investigación se relaciona con el secuestro de Juan Carlos Carvajal Torres y de Ricardo Sequeda Cristancho, ex tesorero municipal y ex secretario de Hacienda, respectivamente, de Barrancabermeja (Santander), durante hechos ocurridos el 21 de diciembre de 2000.
Medina Padilla, ex representante a la Cámara, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por cohecho propio a 47 meses de prisión, que cumple en su domicilio por su condición de mujer cabeza de familia.
Las víctimas del secuestro acusaron a Yidis Medina de haber participado en su secuestro cuando ella se desempeñaba como asesora de la Alcaldía de Barrancabermeja.
“La única verdad que yo quiero dejar en este momento para la historia de este país, es que el 21 de diciembre del año 2000 la señora Yidis Medina ordenó mi secuestro y estando yo secuestrado por orden de ella, ordenó mi muerte”, manifestó Juan Carlos Carvajal Torres.
Según la denuncia, Yidis Medina le pidió un dinero al ex tesorero municipal justo antes de ser secuestrado por hombres que se identificaron como del Eln.
Ahora la decisión tendrá que informarse a la procesada y tan pronto Medina se notifique, comenzará un juicio que probablemente se realizará en un juzgado penal de Bucaramanga.
Para el momento de los hechos el alcalde encargado del puerto petrolero era Juan Carlos Carvajal Torres y el ex tesorero del municipio era Luis Francisco Guarín, elegido después como diputado de la Asamblea de Santander.
Cabe recordar que la Fiscalía Especializada de Bucaramanga ya había proferido medida de aseguramiento por este caso.
Medina recobró notoriedad cuando con su actuación facilitó la aprobación de la enmienda constitucional que dio paso a la reelección de presidente Uribe y posteriormente fue difundida una entrevista que concedió a Noticias Uno, en la que denunciaba que no le habían cumplido lo prometido para cambiar el voto en el Congreso.
Medina actualmente se encuentra disfrutando del beneficio de detención domiciliaria por su condición de madre cabeza de hogar.
Dos puñaladas directas al corazón, de las que ha sobrevivido, y por el contrario lo han fortalecido, son la muestra del tesón de “clavelito” un gramalotero por adopción, graduado de payaso en la universidad de la vida, que en 1951 deslumbrado por los vivos colores del maquillaje y la fanfarria circense, a sus 14 años decidió literalmente dejar “El Encerradero” su natal vereda en el Zulia, para emplearse como todero en el Circo Internacional Chileno, que hacía correría por los pueblos del occidente nortesantandereano.
Sin que valieran ruegos ni llantos de su padre y madre, Víctor Reyes Rincón aceptó la propuesta del dueño del circo empezando como pega afiches, carga bultos y librea, es decir asistente de seguridad en actuaciones peligrosas, mientras embelezado todos los días, rumbo a Zipaquirá, correría que duró un año, veía la actuación de los artistas y tomó la decisión de hacerse payaso porque lo cautivaron los aplausos de los espectadores, y la resplandeciente cara de los niños con su espontánea risa.
La sal zipaquereña lo aterrizó en la cruda realidad de la pobreza de los artistas de circo de pueblo, así tengan nombre de internacional, y a los tres años cambió la carpa por las minas de Zipa, donde tampoco se amañó: vendió carbón, preparó alimentos en un colegio y canjeó la blanquecina sal por la harina de una panadería.
Atraído por el amor familiar, regresó a Gramalote, con 6 más años de experiencia, y por estar cuidando a una hermana de un pretendiente que a primera vista le afloraban las malas intenciones de mancillarle la virginidad, cayó en una celada que tramó su malhadado cuñado, y en un oscuro lugar del pueblo recibió una puñalada que por medio centímetro no le perforó el corazón, como lo evidencia una cicatriz en el pecho que exhibe como trofeo; pero como no hay mal que por bien no venga, recuperándose en el hospital, se encariño con la mejor amiga de su hermana, y sin importarle los 20 años de diferencia se casaron y procrearon 2 hijos, Leonor cuyos hijos viven en Venezuela y Abelardo que fiel a lo genes se hizo payaso y actúa en Cúcuta con el nombre artístico de Lechuga.
Víctor dejó los oficios de todero en un hotel de Cúcuta, y animado por su colega Dokú, debutó como payaso en Puerto Santander, pasando a Toledo y otros pueblos, pero como les iba mal, suspendieron presentaciones. Como le siguió picando el gusano artístico y se reencauchó, como se dice de quienes vuelven por sus fueros de payaso, reinició gira por los pueblos nortesantandereanos, pero de nuevo no les alcanzaba lo que ganaban ni para pagar la alimentación y hospedaje, recurriendo a la vieja costumbre de apoyarse en los alcaldes que asumían las cuentas en contraprestación a la diversión que le habían brindado a sus paisanos, y retornó a Cúcuta para animar piñatas y hacer publicidad en almacenes.
Viudo de su primera unión, se reencauchó pero con otra mujer de quien se separó en pocos años llevándose ella sus otros dos hijos. Echó raíces en la parte alta del Barrio Alfonso López, primero como inquilino y luego como propietario de un lote que negoció en $2.000, por allá en los setentas. Ahora tiene en López a su cargo, una hermana de 81 años, enferma dependiente de unos costosos medicamentos que constantemente Víctor con paciencia tramita con los organismos de salud subsidiada, porque sus ingresos como payaso independiente son insuficientes.
Por su analfabetismo, Víctor ha llevado del bulto en muchas partes, como hace cuatro meses al estarse inscribiendo como artista en el censo del Ministerio de Cultura, a la espera de la ayuda estatal por la ley de cultura, y una funcionaria le dijo que lo confirmara por Internet y lo dejó más confundido que payaso sin público ni aplausos; abusando de su característica decencia y humildad, que le hacen parecer tener más de sus 72 años, quizá por la ajetreada vida que ha llevado.
Para hacer reír se necesita tener paciencia y manejo sicológico, como el asumido por Clavelito en una oportunidad al llegar a una presentación y ser rechazado por el supuesto contratante alegando que otro era al payaso contactado, al cual hizo llegar y amenazó con “hasta hoy es Usted hombre vivo” situación que salvo el veterano Víctor ofreciendo la presentación de los dos payasos, y mientras le pasaba el susto al joven inexperto que se fue lo antes posible, Clavelito hizo partícipe de todos los actos al amenazador anfitrión a quien terminaron gozándose los asistentes.
Sin haber estudiado ni un año de primaria, la experiencia le ha enseñado a Víctor a ganarse el cariño de quienes le contratan, especialmente los niños delante de los cuales se caracteriza como payaso, y éstos se tranquilizan el verlo transformar por el ropaje y maquillaje, y aquellos que aún son recelosos con un dulce o regalo se los gana, rememorando su feliz aunque pobre infancia al igual que su juventud cuando llegó a Cúcuta y las minifaldas y escotes desde entonces son disimuladamente su mejor pasatiempo visual.
La segunda puñalada en el corazón se la propinó en el mes del amor y la amistad del 2009, una ejecutiva, a quien le expuso el caso de su necesitada hermana y a cambio le ofreció su actuación como payaso con tarifa normal de $100.000 solo o $130.000 con otro colega, pero ésta lo descartó diciéndole “A Usted no se le puede dar nada porque es un señor de edad” obteniendo como repuesta de Clavelito “Yo soy capaz; que el Señor la Bendiga”, situación que contrasta con la de la Secretaria de Cultura y Turismo de Cúcuta, Lucrecia Carrillo, que lo ha contratado para presentaciones en Puerto Villamizar y San Pedro, o la misma María Eugenia Riáscos que en campaña a la Alcaldía lo contrataba para que ambientara su llegada en los barrios periféricos de Cúcuta.
Aunque ésta época decembrina ha estado poco contratado, nunca ha pensado en otra cosa que ser humorista, que esporádicamente complementa con magia y canto, conservando como un tesoro ciertas constancias de actuaciones en centros educativos; por ello canta emocionado y con mucha sensibilidad “Payaso” la célebre pieza del mejicano Javier Solís, que dice es la vida de todos los colegas que ha conocido, mientras le aflora una lágrima y enrojecen sus ojos en el momento de entonar:
“Soy un triste payaso
Que en medio de la noche
Me pierdo en la penumbra
Con mi risa y mi llanto”
Ya no hacen falta grandes ejércitos para atacar o sembrar el caos en territorio enemigo: a veces sólo basta una PC. Conscientes de ello, la mayoría de los países del Primer Mundo desarrollan proyectos de defensa contra el ciberterrorismo, que suelen incluir el ciberataque. Israel, Rusia, Estados Unidos, Francia y China encabezan la lista.
Empleados del Centro de Seguridad en Internet de Corea del Sur trabajan para proteger a los sitios gubernamentales del ataque de los hackers.
Un autodenominado ciberjército iraní asaltó el viernes la red social Twitter.
Durante unas horas los millones de personas que entraban en esa red social eran desviados hacia una página con un mensaje reivindicativo en el que avisaban que Estados Unidos controla y maneja Internet. "Pero no es así, nosotros controlamos y manejamos Internet con nuestro poder", explicaban.
Twitter, un sistema de comunicación fundamental en la rebelión postelectoral iraní, reconoció la redirección de su página principal. El asalto parece que no tuvo mayores consecuencias, no afectó a los datos de los registros. Los piratas no entraron en las entrañas de los sistemas de Twitter, al menos oficialmente. Tampoco es cuestión de dar información al enemigo.
El asalto a Twitter es sólo el caso más reciente de ciberpropaganda, ciberterrorismo o ciberguerra, que cada vez se suceden con una preocupante mayor frecuencia. A veces en el anonimato, a veces claramente, como el ataque que en 2007 sufrió Estonia desde Rusia, o el más reciente de robo de secretos de Estados Unidos por hackers coreanos. Lo que se anunciaba en las películas de ciencia ficción es finalmente neorrealismo; lo que temían los fabricantes de antivirus, siempre agoreros, está a la orden del día. En la computadora personal pueden entrar virus y cookies espías, pero parece que a los organismos oficiales, a las instituciones básicas de los gobiernos, también; o pueden, simplemente, anular las comunicaciones de aeropuertos y trenes durante horas. O sea, el caos, la devastación de guante blanco. La pólvora y la dinamita han empezado a perder importancia en la era de Internet. ¿Pero quién nos defiende? ¿De qué valen la infantería y la caballería, los marines o los gurkas? ¿Quiénes son, dónde están, cómo se preparan los Napoleón o los Rommel de hoy? Quizás con un computador personal.
El juego consiste en asaltar las computadoras enemigas, mientras se defienden las propias, dentro de una red creada para el juego. La diferencia es que aquí los contendientes visten uniformes de las fuerzas armadas españolas.
"No nos preguntemos si ocurrirá sino cuándo ocurrirá", rezaba el folleto del primer Ejercicio de Ciberdefensa (ECD09) de las Fuerzas Armadas Españolas, organizado hace dos meses por la Sección de Seguridad de la Información de la División CIS del Estado Mayor Conjunto. Aunque el interés de algunos oficiales respecto a la ciberguerra (ellos la llaman ciberdefensa) viene de lejos, es la primera vez que se dio a conocer un acto de estas características.
"Los escenarios eran muy sencillos", explican los organizadores. El primer día "se planteaba una red-objetivo que había que estudiar para detectar sus debilidades y atacarlas, utilizando herramientas de código abierto que cualquier hacker encuentra en Internet". El último día era al revés: "Se trataba de defender una red y unos servidores muy parecidos a los que tenemos instalados en las redes del Ministerio de Defensa".
Los organizadores están satisfechos: "Nos han permitido valorar el estado actual de las Fuerzas Armadas en ciberdefensa y establecer el embrión que permita desarrollar una doctrina conjunta".
Primera conclusión de estas cibermaniobras: el 85% de los participantes eran militares, el resto civiles, empleados de la empresa pública Isdefe. La ciberguerra plantea una mayor colaboración Ejército-sociedad civil. Actualmente, las capacidades de ciberdefensa de las fuerzas armadas están repartidas en diferentes órganos del Ministerio de Defensa. La intención del Estado Mayor es "trabajar sobre ellas en el ámbito conjunto". Les acucia, explican, que "a medida que nos hacemos más dependientes de la tecnología, la amenaza cibernética es una realidad más palpable".
Esta reflexión es compartida por la mayoría de ejércitos del Primer Mundo, aseguran: "Tanto la OTAN como la Unión Europea han desarrollado o están desarrollando estrategias y conceptos de operación en ciberdefensa y de operaciones en redes informáticas". Los Estados Unidos hace años que trabajan en ello y el Reino Unido acaba de publicar su primera estrategia nacional de ciberseguridad. El grupo organizador del ECD09, la Sección de Seguridad de la Información CIS de la División CIS del Estado Mayor, sigue con atención estos movimientos. Lo componen militares especialistas en telecomunicaciones e informática que han hecho cursos avanzados, militares y civiles, en seguridad de las TIC, así como ingenieros superiores civiles de Isdefe, especializados también en seguridad.
Esta especie de élite hacker dentro de las fuerzas armadas participa en ejercicios como los Talleres Internacionales de Ciberdefensa, organizados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y los Ejercicios de Ciberdefensa de la OTAN. En ellos se han inspirado para este primer ejercicio, aunque lo han adaptado a las propias necesidades.
La razón de tanto entrenamiento no es baladí: la guerra en el ciberespacio conlleva nuevas estrategias y reglas para la milicia. Ya no es tan importante quién tiene las mejores armas sino quién tiene a los mejores guerreros, que necesitan un nivel de conocimientos y habilidad importante. Eso sin tener en cuenta que el ejército debe competir con la industria para reclutar a los mejores.
"El problema no es tanto si hay suficiente material y organización de nuestras unidades especializadas. El material se puede adquirir, pero alcanzar la formación necesaria para que nuestros soldados utilicen toda esta tecnología no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana", explican.
Este problema es compartido por los ejércitos de todo el mundo. Pero, ¿necesita España la ciberdefensa? "Ciudadanos y empresas españolas reciben ataques a diario de baja intensidad. El determinar quién ha sido y con qué intenciones no es tarea fácil", explican los militares. En el folleto que anunciaba el ECD09 se afirma que, desde diciembre de 2007, España ha sufrido ciberespionaje "por medio de troyanos adaptados".
Los gobiernos europeos y el norteamericano han denunciado en varias ocasiones operaciones parecidas de espionaje, con origen en un país asiático. Recientemente, la Comisión de Revisión de Economía y Seguridad entre Estados Unidos y China confirmaba, en su informe de 2009, la participación cada vez más agresiva del estado chino en ataques de ciberespionaje contra el Departamento de Defensa de Estados Unidos casi 44.000 sólo en la primera mitad de 2009.
Otra conclusión: para hacer la ciberguerra no se necesitan ejércitos. Un buen informático puede valer. Gary McKinnon fue detenido en 2002 en Inglaterra tras haber sido acusado de haber entrado ilegalmente en 97 computadoras del gobierno de los Estados Unidos, incluidos algunos del Pentágono, la Marina y el Ejército de los Estados Unidos y la NASA.
Tras pasar todo estos años en prisión, fue extraditado a los Estados Unidos. En el momento de su primera detención, el fiscal Paul McNulty aseguró que "McKinnon estaba acusado del mayor ataque informático contra los militares de todos los tiempos".
Otro gran malo de la película es Rusia, presunto autor de los fuertes ciberbombardeos contra Estonia, en 2007, y Georgia, en 2008. A veces, el ataque es para colapsar las redes, en otros, para robar secretos, como el último proveniente, al parecer, de Corea del Norte. Su objetivo: robar información tecnológica de Estados Unidos y Corea del Sur. El folleto del Ministerio español de Defensa pone otros ejemplos: "A finales de 2008, debido a la campaña militar israelí en Gaza, se detectó una gran cantidad de ataques procedentes de países árabes contra páginas web simpatizantes de Israel. En el otro bando, hackers israelíes lanzaban ataques contra webs de noticias palestinas".
Aunque la intención pública de estos estados sería repeler ataques cibernéticos, es notoria también la intención ofensiva. Sólo hay que fijarse en el ejercicio llevado a cabo en octubre en España: no consistía exclusivamente en la defensa de sus sistemas, sino también en el ataque de un servidor enemigo, "aspecto fundamental para saber defenderse".
En el marco del plan de seguridad para navidad 2009 “Este fin de año, nuestro compromiso, su seguridad”, personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), capturó en esta capital a un hombre acusado de violar a su hija biológica de 12 años y otro que está solicitado por la presunta comisión de delitos sexuales.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, informó que en un primer caso efectivos del ‘Grupo de Delitos Sexuales’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), lograron la detención de un hombre de 37 años de edad, luego de un importante trabajo investigativo que permitió su identificación y judicialización.
La denuncia penal contra este hombre por su presunta responsabilidad en la violación de su hija de 12 años, fue instaurada a finales del pasado mes de noviembre ante el Centro de Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS), por parte de una Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como representante legal de la menor.
“De acuerdo con las versiones entregadas por la menor, los supuestos abusos sexuales cometidos por su padre se vendrían presentando desde que la víctima tendría cuatro años de edad y se llevarían a cabo en su casa de habitación; el último hecho habría ocurrido a comienzos del mes de agosto, situación que llevó a que la menor le contara su situación a sus amigas, las cuales avisaron a sus familiares quienes dieron a conocer al ICBF lo acontecido”, señaló el oficial.
Ante la gravedad de la denuncia, la niña fue retirada de su hogar de origen y ubicada en uno sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Seguidamente la menor fue valorada por personal especializado del CAIVAS, que dictaminó que necesitaba tratamiento psicológico toda vez que emocionalmente se encuentra afectada.
La investigación que adelantaron las unidades de la Sijín, permitió identificar, individualizar y judicializar al padre, sindicado de ser el agresor sexual, quien supuestamente también ejercería constantes amenazas y malos tratos en contra de su cónyuge y de sus otros hijos.
El material probatorio obtenido por los investigadores fue aportado al proceso investigativo y ante su contundencia un Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, expidió en contra del indiciado una orden de captura por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años.
En cumplimiento a la orden judicial, los investigadores desplegaron los operativos que permitieron capturarlo en el barrio Palmeras, para luego dejarlo a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía y finalmente trasladarlo al Centro Penitenciario y Carcelario de Cúcuta.
En un segundo procedimiento, personal del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), capturaron a José Nelson León Rodríguez, de 41 años de edad, natural de Cúcuta, residente en el barrio Gaitán, quien está solicitado por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Los Patios, por los presuntos delitos de acto sexual con menor de catorce años en concurso con incesto.
La captura de León Rodríguez, fue realizada en desarrollo de operativos de vigilancia y control en el barrio Belén, luego de que los uniformados llegaran hasta un establecimiento de comercio y verificarán la solicitud judicial expedida contra este hombre, quien es investigado por hechos que habrían sucedido en el mes de mayo del año 2005.
El detenido contra quien fue impuesta una pena de sesenta meses y tres días de prisión, fue dejado a disposición de la autoridad solicitante y posteriormente recluido en el Centro Carcelario y Penitenciario de esta capital.
Satisfecha se mostró la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura de los recursos que girará el próximo año el Gobierno a la Justicia.
UN INCREMENTO del 268 por ciento en inversión para el 2010 tendrá la Rama Judicial, anunció la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, María Mercedes López.
La magistrada hizo un balance de su gestión en este año como presidenta del Tribunal encargado, entre otras funciones, de administrar los fondos de la Justicia en todo el país.
Según López, este es un incremento significativo para el presupuesto de la Rama “toda vez que la asignación inicial en el marco de gasto de mediano plazo era de $56.783 millones, y en relación a lo apropiado en la vigencia fiscal 2009 ($87.618 millones) el incremento alcanzó el 174.7% (153.999 millones)”, dijo.
López también afirmó que se destinó un presupuesto importante para la descongestión judicial.
“De igual manera, los gastos de funcionamiento destinados a los programas de descongestión pasaron de $75.000 millones en el 2009, a $125.000 millones en el 2010, para un crecimiento del 167%”, aseguró la presidenta del alto Consejo.
La también presidenta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial anunció que también serán destinados importantes recursos para la Ley de Infancia y Adolescencia.
“En un acto sin precedentes, se acordó con el Gobierno Nacional, a través, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la liberación de $10.000 millones de la actual vigencia que aparecían aplazados en el Decreto No. 004 de enero del presente año. Esto para atender los gastos relacionados con la implementación de la última fase de la Ley de Infancia y Adolescencia”, aseguró.
“Si tenemos en cuenta”, agregó la magistrada, “que las partidas asignadas a la Rama, en los últimos cinco años, han crecido de manera vegetativa, esto es, a una tasa igual o inferior al Índice de Precios al Consumidor, IPC, y considerando que la proyección de éste índice para la vigencia que finaliza es del cuatro por ciento, estamos frente a un aumento real en términos absolutos, por encima del 15%”.
En el informe presentado, la presidenta de la Comisión Interinstitucional dijo que el presupuesto para la Rama Judicial debe ser más importante que el destinado para la seguridad ciudadana.
“Soy conocedora de las dificultades del erario público, como consecuencia de la crisis económica mundial, lo que ha implicado una caída importante en los ingresos fiscales de la Nación, pero igualmente conciente que el mejoramiento de la infraestructura de la Rama y de los medios necesarios para cumplir en la cotidianeidad, nuestras tareas, deben ser prioridad del Estado y de la sociedad, tanto o más importante que la seguridad ciudadana, pues para nadie es un secreto que la impunidad puede llegar a ser tan grave en el aumento de la criminalidad, como el mismo accionar de los actores al margen de la ley”, enfatizó.
Por otra lado, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura también anunció que se destinará un presupuesto para la reconstrucción del Palacio de Justicia de Cali.
“De igual manera y como resultado de múltiples reuniones, se consiguió que la Gobernación del Valle del Cauca gestionara una partida de $5000 millones de pesos para coadyuvar con la reconstrucción del Palacio de Justicia de Cali, el cual fue objetivo de un atentado terrorista en el año 2004”, puntualizó.
Además, López manifestó que de la mano de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se logró gestionar la adquisición del edificio de los Seguros Sociales, el cual servirá de sede para despachos judiciales en Bogotá.
“Se impulsó, ante las autoridades departamentales y municipales, la realización efectiva de las obras del Palacio de Justicia de Antioquia, vinculando a la Alcaldía de Medellín y consiguiendo mediante la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia la donación de unos lotes que permitirán el desarrollo del proyecto”, agregó López.
Por último, la magistrada anunció que se adelantó por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes, el fiscal general, y el representante de los funcionarios y trabajadores judiciales; el proceso de conformación de la terna para el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, la cual fue enviada a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que escoja al próximo gerente de la Rama Judicial.
“Es menester informar que la terna está conformada con personas de las más altas calidades profesionales, tanto es así que uno de los candidatos participó y ganó el concurso para proveer los cargos de Notarios”, dijo López, quien lleva siete meses en el cargo como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
La terna está integrada por Rodrigo Suárez, quien fue gerente de la Rama Judicial de Villavicencio y los asesores José Córdoba y Esperanza Escobar.
LAS AUTORIDADES investigan la existencia de 12 a 15 nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales de las cuales ya habrían dos investigaciones bastante adelantadas y con resultados concretos.
Así lo admitió ayer el ministro de Defensa, Gabriel Silva, quien explicó que hay aproximadamente mil 260 casos denunciados, todos judicializados y en proceso de investigación, de los cuales hay 33 sentencias que condenan a más de 80 personas vinculadas a estas irregularidades.
“Falta ver si esas nuevas denuncias corresponden a casos de ejecuciones extrajudiciales, todavía existen casos y esos nos preocupa aunque la reducción sea significativa”, precisó el ministro Silva.
Durante una reunión con la Procuraduría, la Fiscalía, Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional se evaluaron esos casos y se acordó un nuevo encuentro la tercera semana del mes de enero para definir una nueva estrategia para evitar esas prácticas durante el próximo año.
Silva, señaló que se examinaron las 15 medidas adoptadas por el ministerio para garantizar la transparencia de las operaciones y se acordó su fortalecimiento para proteger los derechos humanos.
Además, con el fin de garantizar el fortalecimiento y sostenibilidad de las medidas adoptadas, el Comité se propuso adoptar un plan de trabajo para el próximo año.
El Comité de Seguimiento a Denuncias sobre Presuntos Casos de Homicidios en Persona Protegida fue creado por la directiva permanente número 10 y ratificado en la 19 de 2007, con el fin de impulsar las investigaciones penales y disciplinarias, hacer un diagnóstico del problema y fortalecer medidas de prevención en materia de presuntos homicidios en persona protegida.
El Ministerio de Defensa hizo el lanzamiento del Manuel del Derecho Operacional, que será la hoja de ruta de las Fuerzas Militares, que comprende el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Hunanitario.
El ministro Silva indicó que se espera que “estos hechos vergonzosos, mal llamados falsos positivos, sean cosa del pasado”.
“Todos los asistentes coincidieron en reconocer que se ha presentado una significativa reducción en las denuncias por este tipo de conducta atribuible a la implementación de las 15 medidas adoptadas a finales de 2008 para evitar estos aberrantes casos”, explicó Silva.
A su turno, el delegado de Derechos Humanos ante la ONU, Christian Salazar, señaló que es importante que las mismas instituciones encargadas de investigar y hacerle seguimiento a este tipo de prácticas se pongan de acuerdo en las cifras que revelan, pues no hay unidad al respecto.
“Nosotros no estamos haciendo las estadísticas, pero si observamos cualquier cifra al respecto y lo que podemos ver es que ha habido una fuerte reducción; esperamos, sin embargo, que las entidades estatales se pongan de acuerdo en esta información”, dijo.EL MINISTRO de Defensa, Gabriel Silva.
En el marco del plan de seguridad para navidad 2009 “Este fin de año, nuestro compromiso, su seguridad”, personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), desmanteló en esta capital una presunta banda de estafadores, la cual se dedicaría a la venta falsa de viviendas y los cuales son investigados por su supuesta vinculación en por lo menos 15 casos de este tipo de delito.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, informó que las capturas fueron adelantadas por personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) en los barrios Daniel Jordán del municipio de Los Patios y Circunvalación de Cúcuta.
Los capturados fueron identificados como Pedro Miguel Álvarez Rangel, de 50 años de edad y Yolanda Quintero Villamizar, de 44 años, naturales de Cúcuta, quienes están solicitados por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, por el presunto delito de estafa, uso de documento falso y falsedad en documento privado.
Al verificar los antecedentes judiciales, se encontró que Álvarez Rangel, fue capturado en el mes de Noviembre del 2005, por el supuesto delito de estafa en grado de tentativa; así mismo el pasado mes de noviembre por el presunto delito de falsedad material en documento público.
“De acuerdo con las investigaciones adelantadas los detenidos harían parte de una organización delincuencial conformada por diez a doce personas, las cuales se dedicarían a estafar en la ciudades de Cúcuta y Pamplona, con la venta simulada de viviendas, para lo cual se harían pasar como comisionistas y propietarios de las mismas” informó el Coronel Flórez Cárdenas.
El modus operandí de esta supuesta organización, sería el de ubicar las casas que son puestas a la venta a través de arrendadoras; aprovechando los letreros que anuncian su venta, en estos los supuestos estafadores anotaban números celulares a los cuales la víctima finalmente se comunicaba. Luego de darse el contacto, los presuntos delincuentes se hacen pasar como comisionistas y establecen citas de encuentro con el posible comprador del inmueble.
La persona que actuaría como comisionista le pide el número de celular al posible comprador al cual llamaría constantemente con el fin de convencerlo de hacer el negocio, proceso en el cual le enseña la vivienda en varias oportunidades, pues obtienen las llaves de las mismas para ingresar sin ningún problema. Luego de lograr la venta de la casa, el supuesto estafador manifiesta que los propietarios de la residencia viven fuera de la ciudad y en determinado día regresa para hacer el negocio.
Con el propósito de contar con los documentos necesarios para el traspaso de propiedad, los presuntos estafadores obtienen copia de la escritura y registro inmobiliario de la casa que supuestamente están vendiendo y así poder convencer a la víctima de la legitimidad del negocio.
Posteriormente, el falso comisionista le presenta otro presunto estafador a la víctima, el cual asume el papel de propietario de la vivienda, convenciéndolo de realizar un acuerdo de pago, el cual se materializa con el contrato de promesa de compraventa que es autenticado en una notaría y al mismo tiempo se hace efectivo el pago de cierta cantidad de dinero producto de la venta del inmueble, el cual es valorizado de acuerdo a la zona donde esté ubicado.
Después los supuestos estafadores le entregan la llave de la casa vendida a la víctima, argumentando que en determinado tiempo realizarán los trámites definitivos de venta y entrega de la cantidad de dinero restante; pero cuando la víctima procede a ingresar a la casa que supuestamente compró la llave no funciona y los vendedores desaparecen.
La Policía Metropolitana de Cúcuta, adelanta las investigaciones para establecer la ubicación del resto de integrantes de la banda y los casos en los cuales estarían involucrados.
Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad solicitante y luego fueron recluidos en los centros penitenciarios y carcelarios de al ciudad.
La Fiscalía había empezado a tomar declaraciones de varios de los beneficiados con auxilios no reembolsables.
INVESTIGAR PENALMENTE a Andrés Fernández y a Andrés Felipe Arias, ministro y ex ministro de Agricultura, por la asignación de subsidios no reembolsables dentro del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro (AIS), pidió ayer un fiscal de la Unidad Anticorrupción al fiscal Guillermo Mendoza.
La intención es precisar si Fernández o Arias incurrieron en algún delito por indebida celebración de contratos.
De la misma manera, 20 funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fueron puestos bajo la lupa de la Fiscalía por la posible responsabilidad que puedan tener en estos mismos hechos.
El fiscal anticorrupción habría tomado la decisión tras escuchar el testimonio de varios de los beneficiados con auxilios.
Recientemente la Fiscalía había empezado a tomar declaraciones de varios de los beneficiados con auxilios no reembolsables, en el búnker de ese organismo, en el occidente de Bogotá.
También unos 45 funcionarios del Ministerio de Agricultura y otras entidades relacionadas con AIS habrían rendido su versión en la Fiscalía.
En total, la entidad llamó a interrogatorio a 87 funcionarios, contratistas y beneficiarios de AIS.
Como resultado, la Unidad Nacional Anticorrupción remitió al fiscal Mendoza más de seis mil folios de información sobre el escándalo de AIS, para iniciarles la investigación a Fernández y a Arias.
A esta numerosa documentación se sumó el envío de varios discos compactos que contienen la copia de todos los proyectos del programa AIS.
Tan pronto el fiscal Mendoza concluya la valoración de esta información, procederá a definir si existen méritos suficientes para formular imputación de cargos en contra de estos altos funcionarios.
El anuncio se conoce apenas dos días después de que la Procuraduría les abriera una investigación disciplinaria a Arias y a Fernández, por las supuestas irregularidades que se presentaron en el manejo de esa plataforma.
Las indagaciones de la Procuraduría también cobijan a otros 14 funcionarios y ex funcionarios comprometidos en la adjudicación de los recursos a familias ricas y dirigentes políticos.
La determinación la adoptó la Procuraduría luego de practicar las pruebas necesarias y establecer la posible ocurrencia de conductas irregulares en desarrollo del proceso de la entrega de los subsidios.
También la Contraloría está verificando la actuación de funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Agricultura y de los particulares que recibieron recursos de AIS, y revelará los resultados la próxima semana.
“Ya se han venido haciendo los exámenes cruzados, las visitas a las mismas fincas donde se invirtieron los recursos adjudicados, se han tenido audiencias con funcionarios y también con los particulares que recibieron dineros de Agro Ingreso Seguro, y en el curso de la próxima semana se hará entrega oficial de los resultados de este estudio de la Contraloría”, precisó el contralor Julio César Turbay.
“Puedo adelantar que la Contraloría General de la República ha venido evidenciando que sí hay razones y motivos de preocupación sobre el manejo de estos recursos, que dan pie a investigaciones”, aseguró Turbay.
Las irregularidades que se detecten en este caso pueden dar lugar a la apertura de una investigación fiscal, pero solo la próxima semana, cuando se revele este informe, se podrá precisar qué acciones específicas tomará la Contraloría en este sentido.
Más de 100 mil millones de pesos habrían ido a parar a las arcas de unas pocas familias y empresas, cuando era una iniciativa que se había anunciado como un respiro para campesinos, en el propósito de incentivar el retorno a las tierras que habían abandonado, huyéndole al hambre y la violencia.
INVESTIGAR DISCIPLINARIAMENTE a 63 jueces de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar, entre otros, que a través de acciones de tutela y conciliaciones han beneficiado de forma irregular a ex trabajadores de la liquidada Telecom, pidió el procurador Alejandro Ordóñez al Consejo Superior de la Judicatura.
Ante la petición de la Apoderada General del Patrimonio Autónomo de Remanentes, PAR, de Telecom, el Ministerio Público intervino en el caso y encontró que en los temas de fuero sindical, retén social y plan de pensión anticipada, estos jueces revivieron un debate procesal que ya había sido absuelto mediante decisiones que dieron tránsito a cosa juzgada.
Entre los casos revisados por la Entidad se encuentran algunos en los que transcurrieron tres y cinco años, a partir de la fecha en que fueron retirados los trabajadores que no tenían derecho, entre otros, al plan anticipado de pensión o al retén social y frente a los cuales se profirieron fallos de tutela irregulares, con el pretexto de evitar un supuesto perjuicio irremediable por hechos ocurridos hace muchos años, y cuando en la mayoría de las situaciones se reconoció y se canceló una indemnización por la terminación del contrato.
También señaló la Procuraduría que en los fallos de tutela se evidencian irregularidades como la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de los supuestos derechos conculcados, dado que este mecanismo procede únicamente en el evento de que no exista otro mecanismo de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a sabiendas de que existen las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral para solicitar el reconocimiento de las posibles acreencias laborales y protección de los derechos conculcados.
La ausencia de un perjuicio irremediable, toda vez que en la totalidad de los casos fueron canceladas las indemnizaciones respectivas y pagadas las acreencias laborales a las que tenían derecho los trabajadores retirados.
No aplicación de las normas del procedimiento civil en lo atinente a embargos y posteriores órdenes de pago de las sumas reconocidas, toda vez, que no se corrió traslado de la liquidación del crédito a la entidad demandada.
Es así, como el Procurador General advierte que se está ante un caso de ejercicio abusivo de la acción de tutela, con serias implicaciones disciplinarias y penales para los servidores públicos, apoderados y peticionarios implicados en los hechos y se está causando un detrimento patrimonial, que según los denunciantes será de aproximadamente $600.000 millones de pesos.
Estas conductas son el principal problema político del país, por encima de la concentración del poder presidencial y la incertidumbre reeleccionista, según un estudio reciente.
“UNO DE los cien puntos del programa de Gobierno del presidente Uribe fue combatir la corrupción y realmente todas las cifras, todas las percepciones y las últimas declaraciones del Procurador, del Contralor y del Fiscal tienden a señalar la lucha contra la corrupción se está perdiendo”.
Así lo reseñó a EL NUEVO SIGLO la profesora Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de la corporación Transparencia por Colombia, con motivo del Día Mundial de la Lucha Anticorrupción, que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció para el 9 de diciembre de cada año, desde 2003.
El propósito de la ONU es aumentar la conciencia sobre la corrupción y el papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en combatir e impedir la corrupción.
Ungar llamó a los colombianos para que ejerzan control social y denuncien las distintas y cada vez más sofisticadas formas que está adoptando este flagelo.
“La idea es que el Gobierno, por supuesto, pero también los ciudadanos, los medios de comunicación, la academia aunemos esfuerzos para comenzar a ubicar nuevamente el tema de la corrupción en la agenda pública, con acciones concretas y con compromisos concretos por parte de todos para realmente ver si conjuntamente se logra combatir la corrupción efectivamente”, dijo.
Según un reciente estudio publicado por la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, dirigido a 157 líderes de opinión, el 25 por ciento respondió que la corrupción es el problema político más importante que tiene actualmente el país seguido por la concentración de poder en el Ejecutivo con un 20 por ciento, y la incertidumbre sobre la reelección presidencial en tercer lugar con 17 por ciento.
En su más reciente informe, con corte al 30 de septiembre, el programa presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señaló que “desde el punto de vista sectorial la mayoría de denuncias están relacionadas con el empleo público, los servicios públicos, materia judicial, salud y vivienda. Las principales irregularidades denunciadas corresponden a los procesos precontractuales, destacándose la imposición de términos cortos y las exigencias técnicas direccionadas”.
“La corrupción no es un problema exclusivo de los políticos; es un tema que atañe a todos y cada uno de nosotros, por cuanto con ella se juega la calidad de vida y el acceso de millones de colombianos a derechos básicos como la salud, la vivienda y la educación. Pero, además, pone en peligro la gobernabilidad y la estabilidad democrática”, afirmó la profesora Ungar.
La corrupción ha encontrado formas sofisticadas de operar incluso cumpliendo la ley. “Si uno revisa el marco normativo de Colombia”, precisó Ungar, “si la leyes se cumplieran efectivamente los niveles de corrupción serían mucho más bajitos”; sin embargo, “muchos de los actos de corrupción más significativos se cometen en el marco de la legalidad”.
En este contexto, explicó Ungar, el país se debería declarar en emergencia ética: “Es hora de que la sociedad entera comprenda los costos que tiene la corrupción y se comprometa efectivamente con la transformación de las condiciones que hacen de este mal, el principal enemigo del desarrollo y el bienestar de los colombianos. Debemos saber que la corrupción no es un asunto exclusivo de los políticos, y debemos así mismo, pasar de la queja a la acción, ejerciendo control individual y social en todos los ámbitos en los que la corrupción tiene expresión. Debemos preguntarnos todos los días ¿Qué estoy haciendo en contra de la corrupción? y entender que en cada peso, en cada acto corrupto, está comprometida la salud, la vivienda, la educación, los servicios públicos y la calidad de vida de todos. Y la misma democracia. La lucha contra la corrupción es mucho más que un problema de normas. Estas, por supuesto, son necesarias, pero son insuficientes. Los costos políticos, sociales, económicos y morales de la corrupción son un problema de toda la sociedad”.
El aspirante presidencial conservador anunció que desde el Gobierno expulsaría a las ONG que, según él, apoyan a las Farc.
INDULTO PARA los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la retoma militar del Palacio de Justicia, en 1985, y que son procesados por delitos de lesa humanidad, propuso el precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias.
Tras lamentar que los guerrilleros del M-19 que “acabaron el Palacio de Justicia” puedan ser gobernadores y congresistas, declaró que es “incomprensible” que los oficiales que realizaron la retoma militar sean “perseguidos, humillados y encarcelados; eso no lo entiende nadie, eso no lo entiende el pueblo colombiano, eso no es coherente, y así nunca vamos a ganar esta guerra”.
Arias se refirió al tema este fin de semana, durante la presentación de su programa de seguridad, que denominó “seguridad democrática, punto final”. La concentración en la que se anunció el programa se realizó en el coliseo Bello Horizonte, de Pradera, Valle.
Retoma
Recogiendo las versiones de Carlos Castaño y John Jairo Velásquez, alias Popeye, descartadas por los periodistas Steve Dudley y Fabio Castillo, investigadores del tema, acerca de la financiación de la toma ejecutada por un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) por parte del Cartel de Medellín, Arias dijo que, desde el Gobierno, le pediría a “la Fiscalía que también declare como delito de lesa humanidad el holocausto del Palacio de Justicia, porque ya declararon a todos los delitos de Pablo Escobar como delitos de lesa humanidad y el único que no han declarado de lesa humanidad es el Palacio de Justicia”.
“Y declarado como un delito de lesa humanidad, que se reabran los procesos del terrorismo del M-19, en ese entonces, para que haya coherencia y para que haya equilibrio; y si no es así, y que quede constancia, yo, como presidente, voy a buscar un indulto para los oficiales que nos defendieron en ese momento, en el holocausto del Palacio de Justicia”, dijo Arias.
“Si se ha indultado el terrorismo en vez de haberlo encarcelado, si se ha indultado el terrorismo sin la verdad, justicia, reparación, ¿por qué se persigue a los oficiales y a los militares que nos defendieron en ese momento? Eso no lo vamos a aceptar nosotros, porque eso no es coherente”, indicó.
El 6 de diciembre de 2005, el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de Cristina Guarín. Con base en ese antecedente, la Fiscalía reabrió el proceso, fue vinculando progresivamente al coronel Edilberto Sánchez, ex comandante del B2; al coronel Luis Alfonso Plazas, que dirigió la retoma; al general Iván Ramírez, ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici); al general Rafael Samudio, ex comandante del Ejército; y al general Jesús Armando Arias, ex comandante de la Brigada 13.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad.
ONG
En su intervención, Arias también se quejó del “exceso de las ONG internacionales que son fachada del terrorismo. Nadie se opone al respeto de los derechos humanos”, precisó; “pero ese respeto, que es sagrado, no puede prestarse para que esas ONG nacionales e internacionales vengan a hacer a Colombia trabajo político en favor de la guerrilla”.
Advirtió que en su Gobierno “esas ONG van a tener que rendir cuentas: que muestren sus libros de contabilidad, que informen sus movimientos. Y así, como en muchos otros países, cada ONG va a tener que recibir autorización del Gobierno para que pueda operar en Colombia. No más extranjeros de esas ONG en Colombia alentando a las Farc en marchas, en manifestaciones o en paros; y si no les gusta a esas ONG, así se me venga Vivanco encima, así se me venga Chávez encima, los vamos expulsando del país”.
Arias presentó estas y otras ideas sobre seguridad, en Pradera, donde el 4 de febrero de 2008, siendo aún ministro de Agricultura, lideró una marcha hasta Florida, en contra de la posibilidad de despejar esos municipios para negociar un acuerdo humanitario.
Por ese entonces, el presidente Álvaro Uribe dijo que lo veía como su posible sucesor, razón por la cual algunos sectores políticos que no hacen parte de la coalición de gobierno lo acusaron de estar en campaña presidencial y de participar indebidamente en política.
POR SU presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado, un la Fiscalía, en primera instancia, profirió resolución de acusación en contra de la ex congresista, Yidis Medina Padilla.
