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Después de que hace algunas semanas se cayó el preacuerdo que había establecido con la Fiscalía para colaborar con la justicia a cambio de una pena alternativa, ayer se conoció que Luis Guillermo Giraldo, cabeza del Comité Promotor del referendo reeleccionista, será acusado por el delito de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
El pasado 22 de junio, la Juez 29 Penal con funciones de conocimiento no aceptó el preacuerdo al que llegó el imputado con la Fiscalía y con el que buscaba rebajar considerablemente la pena que sería proferida en su contra.
Giraldo aceptó los cargos de fraude procesal y falsedad en documento al haber engañado a la Registraduría presentándole balances maquillados de los topes de financiamiento en la etapa de recolección de firmas del referendo reeleccionista y así inducir al error también al Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de investigar si hubo irregularidades en este proceso.
Después de que Giraldo aceptara los cargos imputados, hizo un preacuerdo con la Fiscalía, donde el ente acusador pidió 54 meses de cárcel, cuatro años y diez meses, para el acusado.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá negó este acuerdo al considerar que la Fiscalía no es competente para fijar en un preacuerdo que la pena deba ser pagada con el beneficio de casa por cárcel, ya que en éste sólo se puede fijar la pena que acepta el procesado, pero es un Juez de Ejecución de Penas el facultado para decidir si le otorga la detención domiciliaria.
A principios de este año, la Corte Constitucional declaró inexequible por vicios de trámite la ley por medio de la cual se convocaba un referendo para preguntar a los colombianos si estaban de acuerdo o no con la implantación de una segunda reelección presidencial consecutiva.
Un hombre que se encontraba prófugo de la justicia, acusado del delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fue capturado por personal adscrito a la Estación de Policía Abrego.
El detenido fue identificado como LUIS FERNANDO ASCANIO ROPERO de 24 años de edad, natural de Abrego y residente en el corregimiento de La Curva, quien actualmente es requerido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta por el presunto delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos o sus derivados.
La captura de ASCANIO ROPERO, fue adelantada en la vía que de Abrego conduce a Sardinata en el sector conocido como la Curva, hasta donde llegaron las unidades policiales a realizar labores de vigilancia permanente, esperando que el sospechoso saliera de la residencia donde se encontraba oculto para hacer efectiva su aprehensión.
El Departamento de Policía Norte de Santander seguirá realizando operativos de registro y control en todos los municipios del departamento con el fin fortalecer y mantener las condiciones de convivencia y seguridad de la comunidad Nortesantandereana.
En procedimientos adelantados en los municipios de Ocaña y Abrego por personal adscrito al Primer Distrito del Departamento de Policía Norte de Santander, se logró la recuperación de dos vehículos requeridos por juzgados en Ocaña y otro con los sistemas de identificación regrabados.
Dos de las recuperaciones fueron adelantadas por investigadores y técnicos en automotores de la SIJIN quienes después de labores de Policía Judicial lograron la ubicación en Ocaña de los vehículos, el primero un Mazda 626 de placas BHF-178 avaluado en 20 millones de pesos, solicitado por el Juzgado Tercero Civil municipal de Ocaña y el otro un campero marca Jeep de placas UWJ-228, avaluado en 8 millones de pesos solicitado por el del Juzgado Segundo Civil Municipal de Ocaña.
También se recuperó en el municipio de Abrego una camioneta marca Chevrolet de placas XKH-897 avaluada en 6 millones de pesos, la cual presenta sus sistemas de identificación regrabados por lo que fue dejada a disposición de la Fiscalía de asignaciones de Ocaña.
El Departamento de Policía Norte de Santander continuará realizando estos procedimientos y recomienda a los propietarios de vehículos utilizar parqueaderos autorizados, dejar los vehículos en donde los puedan ver y no entregar las llaves en lavaderos o parqueaderos.
Las tierras usurpadas por los grupos armados ilegales deben ser restituidas de forma inmediata a sus dueños y no que vayan a una bolsa común para reparación de víctimas mientras que se surten los procesos judiciales, como lo establece la ley. Así lo ordenó ayer la Corte Suprema de Justicia.
El alto Tribunal sentó jurisprudencia al respecto al aceptar los alegatos de un fiscal y de los representantes de víctimas de grupos paramilitares en Antioquia, quienes acudieron a la figura de la reparación integral para pedir la nulidad de títulos, según ellos, fraudulentos de tierras que les fueron arrebatadas por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, cabecilla del Bloque Élmer Cárdenas.
La Corte explicó que se ordena la restitución de bienes cuyo apoderamiento ilegal ya fue confesado por el desmovilizado y cuya propiedad legítima previa a la expropiación forzada acreditan las víctimas.
El Tribunal añadió en su fallo que “la justicia transicional no puede ser indiferente a la tragedia humanitaria que vive nuestro país de cuenta de los millones de desplazados que deambulan con rumbo a ninguna parte, por los cinturones de miseria y mendigan en los semáforos de las grandes ciudades, invisibles de cuenta de la técnica y la inflexibilidad jurídica”.
El proyecto del Gobierno
El fallo de la Corte Suprema de Justicia se produjo unos días después de que el Gobierno nacional radicó en el Congreso un proyecto para restituir tierras a las víctimas por el accionar de los grupos armados ilegales. El presidente Santos se comprometió que por esta vía restituirá cerca de dos millones de hectáreas de las cinco que se calcula fueron arrebatadas por grupos armados ilegales.
En el proyecto de restitución de tierras, que apenas inicia su trámite legislativo, se establece que este proceso se iniciará con la creación del registro de tierras despojadas.
“Este registro tendrá como base los múltiples esfuerzos y estudios realizados previamente y registrará el predio que les corresponderá en la restitución, así como a los despojados y a sus familias”, señala la iniciativa en su exposición de motivos.
Añade que al conformar el registro de predios despojados, el Estado tendrá el mapa de despojados y los elementos probatorios del despojo, de la titularidad del predio, de su valor catastral y el valor de las eventuales compensaciones que sea necesario pagar a terceros de buena fe que puedan resultar afectados en sus derechos legítimos por causa de la titulación del predio a favor del despojado.
ECO EN varias colectividades tuvo el anuncio del ministro del Interior, Germán Vargas, de estudiar la posibilidad de desclasificar la información de las agencias de seguridad del Estado relacionada con las chuzadas, con el fin de avanzar en las investigaciones por las interceptaciones ilegales ejecutadas por el DAS contra políticos, magistrados y periodistas.
“He estado examinando la posibilidad con el general Naranjo y esperaría conversar con el Presidente este tema. Mucho le serviría a este país desclasificar información secreta que por tantos años han manejado las autoridades” y que obtenida ilegalmente, dijo Vargas.
El senador del Polo Democrático, Camilo Romero, quien hace parte de la recientemente instalada comisión parlamentaria de seguimiento a la inteligencia y contrainteligencia en el país, dijo que es positiva esta propuesta y que debe ser socializada y reglamentada.
La propuesta caló también en varios congresistas más de diferentes partidos, que fueron consultados por este Diario ayer en el Congreso, sin embargo antes de manifestarse al respecto señalaron que esperarán que sus respectivas colectividades fijen una postura ante la audaz propuesta.
Hay información desclasificada
El vicepresidente Angelino Garzón señaló que desde enero pasado se empezó a desclasificar información de inteligencia con el fin de verificar si hubo excesos por parte de las autoridades
“No es bueno para una democracia que en las listas de inteligencia estén personas que sean de la oposición o tengan opiniones críticas del Gobierno. Ellos no pertenecen a un grupo armado ilegal”, dijo. “Aquí tenemos que acabar el cuento de que todo ciudadano es digno de toda sospecha, esas son prácticas fascistas y no las podemos permitir en nuestro país”, precisó Garzón
Liberalismo actuaría como víctima
El director del Partido Liberal, Rafael Pardo, indicó que se estudia la posibilidad de que la colectividad haga parte como víctima del proceso penal que se adelante por las interceptaciones ejecutadas ilegalmente por el DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Así lo señaló ayer Pardo, después de que se conoció que el DAS llevaba carpetas de tres dirigentes liberales. Los afectados con la medida eran Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, actuales senadores, y Cecilia López, ex congresista, en las cuales se registraban de forma ilícita sus actividades privadas y políticas.
Avanza proceso disciplinario
Hoy la Procuraduría realizará la audiencia pública dentro del proceso disciplinario verbal abreviado en contra de once detectives del DAS por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones al incurrir en violación a la reserva de documentos y de información, sin estar autorizados para hacerlo.
Los funcionarios investigados son: Lina María Romero, Mario Orlando Ortiz, Carlos Alberto Herrera, Fabio Duarte, Blanca Cecilia Rubio, Sandra Lucía Muñoz, Iveth Senobia Gutiérrez, Juan Carlos Sastoque, Germán Albeiro Ospina, Ignacio Moreno y Germán Enrique Villalba.
LA INCLINACIÓN a resolver los problemas con modificaciones a los Códigos Penal o de Procedimiento Penal no ha dejado de tocar a los altos funcionarios del Gobierno instalado hace sólo 38 días, como lo hizo con sus antecesores en pasadas administraciones.
Desde hace varias décadas hace carrera en Colombia la teoría de que cada vez que surge una problemática, antes que revisar el marco normativo vigente para establecer cuál mandato constitucional, ley, decreto o reglamentación puede utilizarse para enfrentarla, en lo primero que se piensa es en presentar proyectos de ley y acto legislativo para crear artículos e incisos para atacar la crisis o falencia puntual.
Según los conocedores del tema, desde 1992 han sido expedidas 1.500 leyes de este calibre. Para bien o para mal no hay una contabilidad de los proyectos sobre el particular que quedaron en el camino. Seguramente veríamos en mucho multiplicada la cifra.
En la pasada legislatura fracasó el intento del entonces senador nariñense Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, por tramitar en el Congreso un acto legislativo para crear una política criminal estatal que sea de cumplimiento estricto, y así evitar que los gobiernos de turno gasten esfuerzos en modificar el Código Penal.
“He creído necesario reformar el artículo de la Constitución que habla del debido proceso, para introducirle allí la constitucionalización de la política criminal, en el sentido de que el Estado debe tener como tal una política criminal, que sirva como un marco de referencia para que el Congreso y los colombianos sepan cómo es que se va actuar frente a las actuaciones delictivas”, explicó Cuellar en su momento.
“Siempre me ha preocupado que en el Congreso haya una proliferación de leyes con el proyecto de ley que modifica el Código Penal, que es un estatuto armónico”, aseguró el Legislador, quien precisó que uno de los principios que tiene el Código es el de la proporcionalidad en materia punitiva, por lo cual no se puede establecer penas más drásticas para delitos que lesionan un derecho que no es fundamental o menos grave.
1. Ley de tierras
El artículo 35 del proyecto de ley “por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, propone que quien “obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de siete a doce años”, pena que también sería impuesta al funcionario público que permita el delito y a quien “presente oposición a la solicitud de restitución tierras sin tener un derecho legítimo, o empleando deliberadamente documentos que no correspondan con la realidad, u ocultando los hechos de violencia que dieron lugar al despojo”.
2. Anticorrupción
Hace ocho días, al radicar el proyecto de Ley Anticorrupción ante el Senado, el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas recordó que, entre otros aspectos, la iniciativa propone excluir de los beneficios de casa por cárcel o la libertad provisional en delitos relacionados con corrupción y ampliar los términos de prescripción en materia penal y disciplinaria.
3. Menos de 16 años
Ante los cada vez más frecuentes hechos delictivos protagonizados por niños y jóvenes, el ministro Vargas propuso hace unos días la modificación de la edad de responsabilidad penal a los menores de 18 años, bajándola a 16.
En esa oportunidad, el ex procurador Jaime Bernal manifestó que “lo que puede hacerse es ampliar los delitos, que no sean sólo homicidio, secuestro y extorsión, sino incluir otros entre los jóvenes entre los 14 y 16, como el delito sexual y el hurto, lo que sería una forma de hacer un control mayor en esas edades”.
4. Extorsionados
Muy controvertida resultó la propuesta del ministro de Defensa Rodrigo Rivera de judicializar a quienes paguen extorsiones; el funcionario aclaró que lo que buscan es generar una reflexión e impulsar una campaña que termine con este delito.
5. Salud
El artículo 24 del proyecto de Estatuto Anticorrupción habla del “peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la salud”, y propone un nuevo artículo para la Ley 599 de 2000, el Código Penal. Sería el artículo 399 A: “La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la salud”.
6. Libertades condicionales
El 23 de agosto el ministro Vargas anunció una reforma al Código de Procedimiento Penal para ejercer mayores controles en lo que tiene que ver con la concesión de la libertad condicional, precisando que la intención del Ejecutivo es endurecer los requisitos en cuanto a ese beneficio, con lo que busca comprometer a las autoridades policiales y judiciales a ser más estrictos en la calificación de personas que puedan o no convertirse en “un peligro para la sociedad”.
7. Armas blancas
Ya hace unos 15 días que el senador Camilo Sánchez, del Partido Liberal, radicó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para aumentar las penas por fabricación, tráfico y porte de armas blancas.
Según la iniciativa, el que sin permiso de la autoridad, importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre o porte armas blancas u objetos cortopunzantes incurrirá en prisión domiciliaria de uno a tres meses. Quien reincida en esta conducta incurrirá en prisión domiciliaria de cuatro meses a seis meses. Quien por tercera vez incurra en esta conducta tendrá prisión de seis meses a 12 meses.
También establece que “las penas mínimas anteriormente dispuestas se duplicarán cuando la conducta se cometa” mediante la utilización de medios motorizados, “cuando el arma provenga de un delito”, si el portador del arma opone “resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades” y “cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”.
8. Delitos minero-ambientales
El ministro de Minas y Energía Carlos Rodado planteó hace poco que, para combatir la minería ilegal en el país, en documento Conpes se “plantearía la creación de una unidad especializada para los delitos minero ambientales y permitiría judicializar los casos de minería ilegal en el país”.
La captura de cerca de 20 personas sindicadas de la comisión de diferentes delitos, la recuperación de varios vehículos, la inmovilización de más de 50 automotores y la incautación de más de diez armas de fuego, fueron los resultados obtenidos por la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en desarrollo de los planes operativos realizados en las últimas horas en tres municipios metropolitanos para combatir la criminalidad.
El Coronel, Jorge Iván Flórez Cárdenas, comandante de la Mecuc, informó que en las últimas veinticuatro horas cerca de cuatrocientos uniformados de vigilancia y los diferentes grupos especializados de la unidad, se tomaron los municipios de Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta.
En Cúcuta, la acción operativa se llevó a cabo en sitios esenciales como la zona céntrica, los barrios Trigal del Norte, Toledo Plata, El Claret, Motilones, Cundinamarca, La Victoria, El Desierto, Comuneros, Ospina Pérez y la Central de Abastos (Cenabastos).
Entre tanto, en Los Patios, los uniformados se tomaron los barrios La Sábana, Montebello I y II y el sector del Anillo Vial y, en Villa del Rosario el sector de La Parada y la Autopista Internacional que comunica con San Antonio (Venezuela).
Durante los procedimientos focalizados en sectores que han sido identificados como puntos georeferenciados por la comisión de delitos como el homicidio, el hurto en sus diferentes modalidades, el consumo y microtráfico de sustancias estupefacientes, entre otras conductas delictivas, fueron registrados más de 500 automotores, se requirieron e identificaron cerca de dos mil personas de las cuales 20 fueron capturadas.
“En desarrollo de los planes operativos en los cuales se desplegaron actividades de verificación de antecedentes a personas y automotores, la implementación de puestos de control, el registro a locales comerciales, patrullajes en sectores periféricos, se logró la captura de cerca de veinte personas en flagrancia y por orden judicial por homicidio, hurto, secuestro, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones, fabricación, tráfico y porte de sustancias estupefacientes, entre otros delitos”, agregó el oficial.
De igual forma, como resultado de los operativos encaminados a identificar vehículos y motocicletas de diferentes cilindraje que pueden ser utilizados por los delincuentes para movilizarse a la hora de cometer los sicariatos y hurtos, se recuperaron varios vehículos, se inmovilizaron 34 vehículos y 22 motocicletas.
El Coronel Flórez Cárdenas, dijo también que con objetivo de sacar de las calles las armas de fuego que son utilizadas por los homicidas y sicarios para cometer los crímenes en el Área Metropolitana, durante la toma a las tres localidades se incautaron quince armas de fuego de diferentes tipos y calibres, las cuales serán sometidas a pruebas balísticas para establecer su utilización en la comisión de hechos punibles.
“Se continuarán adelantando este tipo de acciones operativas que permitan cerrarles el paso a los delincuentes, fortaleciendo con ello la seguridad y convivencia ciudadana”, concluyó el comandante de la Mecuc.
Los capturados, las armas de fuego incautadas, los automotores inmovilizados y recuperados, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.
En el Congreso no caló la idea. Ex fiscales y abogados penalistas les suena parcialmente la proposición de castigar a quienes realizan pagos a criminales.
POLÉMICA CAUSÓ la propuesta que hizo ayer el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, de castigar a aquellos que han sido víctimas de la extorsión y han pagado las exigencias de los delincuentes.
“Nada ganamos con detener cabecillas y con desarticular organizaciones criminales si la gente sigue pagando vacunas, si la gente sigue pagando microextorsiones, si la gente no tiene la capacidad de reaccionar frente a eso, si hay una cultura del pago de las extorsiones”, señaló ayer el jefe de la cartera de Defensa.
Según Rivera, la idea es adelantar una campaña pedagógica para erradicar la microextorsión, pero si hay algunos que siguen pagando las presiones de los delincuentes, ahí si debería haber un castigo.
“Entendemos que hay un fenómeno que lleva 20 o 30 años en algunas ciudades del país y que tiene que ser erradicado pedagógicamente, con una campaña de instrucción y cambio de patrones culturales. Pero si más allá de esa campaña, algunas personas siguen pagando las microextorsiones, la opinión del Ministerio de Defensa es que no debe haber contemplación frente a ellos y debe haber un castigo a esas modalidades de financiación de esas actividades ilícitas”, dijo el funcionario.
“No podemos caer en la lógica de que una extorsión de millones merece toda la respuesta del Estado y una extorsión de 20 mil pesos que están sufriendo los tenderos en varias partes del país, no merece ninguna reacción, porque ese es el mejor caldo de cultivo para que la micro extorsión se masifique”, agregó Rivera.
La iniciativa del ministro de Defensa le será presentada al presidente Juan Manuel Santos para que sea incluida en la política de seguridad ciudadana que lanzará en las próximas semanas.
Sin embargo, esta propuesta no tuvo eco en el Congreso. El senador de Cambio Radical, Javier Cáceres, afirmó que para el ministro Rivera “es muy fácil proponer con escoltas” y aseguró que quienes son extorsionados “no les pueden decir que no a quienes los van a matar”.
La propuesta fue calificada como un despropósito por el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien dijo que es inaudito que el Estado vaya a desproteger a las víctimas.
El senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, le pidió al Gobierno aclarar la propuesta viene acompañada de un plan de acción contra las bandas criminales.
A quien sí le sonó la propuesta fue al ex fiscal Alfonso Valdivieso. “Lo que quieren es que la gente se abstenga de pagar las extorsiones, y en eso estoy de acuerdo para no estimular esas prácticas delictivas. Quien paga una extorsión, está animando a que se pueda generalizar el delito. Hay que avanzar en esa dirección”, le manifestó a los medios.
El abogado penalista Jaime Granados le expuso a este Diario los pros y contras la idea del ministro: “La propuesta que hizo el ministro de Defensa tiene dos escenarios. Uno, donde estaría plenamente de acuerdo con el ministro, y es que aquellas personas que están siendo extorsionadas y tienen alternativa para actuar y acudir a la fuerza pública, la Fiscalía y demás autoridades, y no lo hacen, el temor que genera una extorsión no puede ser una excusa para ayudar a que se cometan los delitos”.
“Ahora”, añadió Granados, “si no hay presencia del Estado, mal se podría hacer en además castigar a una persona que no tiene otra alternativa”.
Más de once horas duró el interrogatorio ante la Fiscalía que rindió ayer el ex ministro Andrés Felipe Arias, relacionado con la investigación que se adelanta por las irregularidades que se presentaron en la asignación de los recursos del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
Arias fue interrogado por un fiscal de la unidad anticorrupción sobre las presuntas irregularidades en los subsidios que se entregaron a familias adineradas, especialmente de la Costa Norte.
Igualmente habría sido interrogado por la presuntas irregularidades que se presentaron en los convenios 003 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009 firmados entre el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
El pasado 11 de agosto, la Fiscalía citó a interrogatorio al ex ministro, ante lo cual Arias emitió un comunicado en el que señaló que “ahora la Fiscalía considera que puedo aportarle alguna información para el caso y por ello he sido llamado a rendir un interrogatorio al cual asistiré con el fin de colaborar con la investigación, tal como ya he hecho en la Procuraduría General de la Nación y en la Contraloría General de la República”.
Por las presuntas irregularidades en el manejo del AIS, desde el año anterior en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría hay investigaciones contra los funcionarios presuntamente implicados.
En septiembre del año anterior se desató el escándalo por las denuncias de la revista Cambio, al señalar que familias adineradas se quedaron con cuantiosos recursos de este programa estructurado cuando Arias era el ministro de Agricultura.
Se investigan, entre otras denuncias, fraccionamientos de fincas para que varias personas de prestantes familias de Magdalena y Sucre recibieran subsidios no reembolsables por más de 25 mil millones de pesos. Igualmente ocurre con familias en el Valle del Cauca, Huila, Santander y Sucre, entre otras regiones.
Por igual investiga las denuncias en torno a que existiría una presunta red de tráfico de influencias para la adjudicación de estos subsidios, de la cual harían parte altos funcionarios, abogados y particulares.
En octubre pasado, el entonces presidente Uribe aceptó que se habían presentado indelicadezas en el AIS y pidió a los beneficiarios acaudalados que devolvieran el dinero, lo que finalmente no se ha concretado hasta el momento.
Las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, llamadas "falsos positivos" en Colombia, solicitaron una cita con el presidente Juan Manuel Santos, revelaron hoy a Efe fuentes humanitarias.
La reunión sería el 6 de marzo de 2011, Día Internacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
La petición fue hecha en el Primer Encuentro de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Foro de Lucha contra la Impunidad, que deliberó en Ocaña, ciudad del departamento de Norte de Santander (nordeste).
Según las fuentes, la reunión tuvo como objeto "impulsar y visibilizar las investigaciones por las muertes de jóvenes presentados por el Ejército como miembros de grupos armados".
Las madres señalaron que quieren pedir al presidente que: "nos "atienda el 6 de marzo de 2011, con el fin de comprometerlo a que nos colabore para que estas audiencias lleguen a un feliz término".
Así lo dijo Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, de 26 años, desaparecido el 8 de enero de 2008 y asesinado cuatro días después.
Según un batallón de Cúcuta, capital de Norte de Santander, Porras, como la veintena de jóvenes, era un guerrillero "muerto en combate".
El encuentro en Ocaña celebró los dos años del hallazgo de los primeros once cuerpos de una veintena de jóvenes dados por desaparecidos entre enero y febrero de 2008 en Soacha, localidad vecina a Bogotá, y presentados por el Ejército como "guerrilleros muertos en combate".
Unas 20 madres llegaron desde Soacha al lugar donde fueron enterrados sus hijos.
Una marcha en la que participaron más de 68 familiares de las víctimas concluyó frente al Palacio de Justicia de Ocaña con gritos en los que se exigió "verdad y justicia".
"¡Nuestros hijos no eran guerrilleros!", gritaron las madres por la plaza de ese municipio de Norte de Santander, al que fueron trasladados sus hijos bajo engaño de contratos para trabajos agrícolas, a unos 650 kilómetros al noreste de su origen en Soacha y que luego aparecieron en una fosa común e identificados.
El hallazgo e identificación de los jóvenes, con edades entre los 18 y los 28 años, dio origen al escándalo de los "falsos positivos" por el que militares recibían prebendas y permisos por los resultados en la lucha contra las guerrillas.
Desde septiembre de 2008 se han registrado en Colombia denuncias por más de 2.000 casos de "falsos positivos"
Un incremento de muertes selectivas se registró en las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta, donde ocho personas fueron asesinadas, la mayoría mediante la modalidad de sicariato.
Este hecho originó una fuerte reacción de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que piden mayor compromiso y control por parte de las autoridades locales.
Entre las víctimas hay un juez segundo promiscuo de Villa del Rosario (Norte de Santander), un taxista, un albañil y tres travestis, uno de ellos menor de edad, que fueron atacados por desconocidos en una zona de tolerancia de la capital nortesantandereana.
Con estos nuevos asesinatos, la cifra de homicidios en Cúcuta aumentó, según la Policía, a 190 en lo que va del 2010, muy cerca de los 202 que por esta fecha se habían registrado el año pasado.
Hasta el momento, junio ha sido el mes más violento del presente año, con 35 homicidios, mientras que el acumulado del primer semestre fue de 160 muertes.
Para la Fundación Progresar, el incremento de las distintas modalidades de violencia urbana en Cúcuta tiene que ver con la presencia en el área metropolitana de bandas armadas, que no son nuevas, y su fortalecimiento a través del desarrollo de actividades delictivas como el narcotráfico, el contrabando y la extorsión o cuotas de seguridad.
"A pesar de que la cifra de homicidios no se ha disparado, sí lo han hecho las modalidades, que es lo que la Policía no dice. Es importante que haya, por ejemplo, 10 muertos menos, claro que sí, y eso uno lo tiene que valorar como una cosa positiva, pero nosotros lo que no podemos aceptar es que eso sirva para distraer la gravedad de lo que está pasando en la región", aclara Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de Progresar.
Según la ONG, el sicariato en Cúcuta actúa entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m.; el 21 por ciento de las personas asesinadas han sido en su vivienda y el 70 por ciento en sitios públicos, mientras que el 88 por ciento utilizó arma de fuego y en el 100 por ciento los sicarios se movilizaron en vehículos o motos de alto cilindraje. Además, en ninguno de los casos el homicida ha fallado.
"No se necesita ser un experto para decir que aquí hay algo serio y organizado. Al analizar a fondo estas prácticas, estas modalidades delictivas, uno encuentra que esto es propio de organizaciones armadas, de estructuras armadas, que tienen hombres, jefes y apoyos y un alto nivel de impunidad y complicidad de las autoridades en ese accionar", denuncia Cañizares.
El coronel Jorge Iván Flórez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dice que hay dos factores que rodean esta situación de violencia urbana: una, el microtráfico de drogas, que es lo que más muertes ha puesto (un 80 por ciento), a través de bandas organizadas que buscan tener la hegemonía y dos, la intolerancia de la gente, en menor proporción.
"Obviamente, en lo que es el micrográfico, los prestamistas ilegales y los celadores ilegales, todo eso tiene que ver con los antiguos delincuente del paramilitarismo, la delincuencia e inclusive con los desmovilizados de la guerrilla", confiesa el coronel Flórez.
Según Progresar, en la región han sido detectadas las organizaciones armadas de los 'Paisas', 'Rastrojos' y 'Águilas Negras' y una de las causas de su presencia es el fracaso del proceso de desmovilización. "Hay un poco más de 400 'paracos' desmovilizados en Norte de Santander que el Gobierno no sabe dónde están, que los tienen registrados, pero que nunca más aparecieron, ni a cobrar el sueldo", precisa la ONG.
La alcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, quien ayer convocó a un consejo de seguridad, asegura que revisará la 'hora zanahoria' en la ciudad, que por ahora va hasta las 4:00 a.m., y que incrementará el valor de las recompensas para quienes denuncien a los sicarios ante las autoridades.
ENTRE LAS varias críticas que ha tenido la reforma a la Justicia, que está promoviendo el Gobierno, ayer tuvo que afrontar una de las más duras. Fue hecha por dos ex presidentes de la Corte Constitucional en el marco del VI encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se lleva a cabo en Bogotá.
El magistrado Humberto Antonio Sierra, quien presentó ponencia negativa a la segunda reelección, aseguró que el proyecto de reforma judicial carece de motivación.
“Una reforma como la que se nos está presentando en estos momentos, requiere una justificación, requiere un estudio que la sustente. En la actualidad se da por supuesto que está funcionando mal la Justicia. ¿En qué nivel? ¿En qué grado? ¿En qué aspectos? Simplemente está la propuesta normativa”, dijo Sierra.
“Se trata de un tema tan serio”, agregó el magistrado, “que no puede ser presentado de manera informal, requiere de cifras, estudios, de argumentación para llegar a ese tipo de conclusiones; así como en las sentencias es necesario y solamente encuentra sentido si hay una motivación, una propuesta de reforma tiene que estar acompañada de una justificación”.
Sin embargo, el alto juez fue más allá y manifestó que se sigue improvisando con la administración de Justicia: “La impresión que tengo es que tal parece, no obstante las buenas intenciones, se sigue improvisando con aspectos tan serios como la administración de justicia en Colombia”.
Sierra criticó entre otros aspectos de la reforma, la procedibilidad de la tutela sólo por intermedio de abogado y la supresión del Consejo Superior de la Judicatura.
Este criterio fue respaldado por el también ex presidente de esa Corte, Marco Gerardo Monroy, quien señaló que con prudencia se evitaría una inflación legislativa.
“El llamado a la prudencia en la elaboración de las reformas es muy útil y necesario en estos momentos, porque creo que la rapidez está en contravía de esa prudencia, para no aumentar la inflación legislativa y para no producir reformas que sea necesario a corto tiempo volver a cambiarlas constitucionalmente”, explicó.
“Primero”, agregó, “hay que analizar cuáles normas son realmente urgentes, necesarias para reforma inmediata, y cuáles no requieren de reforma constitucional y pueden requerir un estudio o una investigación, y así reduciríamos la reforma propuesta a las normas que realmente sean necesarias y donde haya un consenso entre todos los operadores judiciales y con todos los partidos”.
Sin embargo, por otro lado, el ex ministro de Justicia Carlos Medellín, quien acompañó al ministro del Interior y Justicia Germán Vargas en la elaboración de varios de los temas que incluye la reforma, la defendió y aseguró que no fue fruto del capricho.
“Lo que se quiso fue elaborar una serie de ideas y de planteamientos que son fruto no del capricho, ni del momento político. Debo recordarle a aquellas personas que piensan que no hay estudios, que no hay motivación, que no es cierto, porque todos pueden ver un documento claro de reforma a la Justicia, que fue presentado al escrutinio de la opinión en la pasada campaña presidencial por el entonces candidato Germán Vargas Lleras”, dijo Medellín.
Según el ex ministro, con el proyecto no se está refundando o usurpando el sistema de Justicia, como lo han sugerido algunos.
El Tribunal Constitucional hace más de siete meses que declaró inexequible la norma. Actualmente se encuentran inactivas varias investigaciones por esta situación
UN LLAMADO a la Corte Constitucional para que entregue el fallo de inxequebilidad sobre el referendo reeleccionista, hizo ayer el ex canciller Augusto Ramírez.
Ramírez hizo “unas críticas a la Corte, reconociendo lo admirable que ha sido su trabajo y especialmente en estos últimos tiempos que ha conservado su autonomía y su independencia, pero al mismo tiempo puse de presente que es lamentable la costumbre de la Corte de no entregar las sentencias en el momento que las expide y puse el ejemplo vivo, que es la sentencia de la inexequibilidad en el caso de este último referendo que pretendía establecer la Presidencia por 12 años. En esa materia espero que haya recibido el mensaje”.
El ex canciller Ramírez afirmó que la parte motiva de la sentencia es vital porque expone en qué casos se puede reformar la Constitución y en qué casos no.
“La Corte hace una tarea pedagógica formidable, y esa tarea como no puede entrar a hacer control material de las normas, sino en caso muy específicos, la da en toda la parte de análisis, en toda la parte emotiva de la sentencia. Esa parte motiva está educando al país sobre cómo debe ser una Constitución, sobre cómo se puede cambar, sobre cuáles son los principios estructurales, y como los llama la Corte, que no pueden modificarse”, manifestó.
El presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, le respondió de inmediato a Ramírez.
“Aceptamos esa crítica, que es un fenómeno coyuntural que se nos presentó y que vamos a remediar; y, en segundo lugar, quise hacer un acto de justicia al precisar que esa demora no es imputable al ponente” Humberto Sierra, señaló el magistrado.
A principios de febrero de este año la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que convocaba a un referendo reeleccionista. Sin embargo, el ex canciller Ramírez no es el único ciudadano que está esperando que el fallo sea publicado.
La Corte Suprema de Justicia también se encuentra a la espera de conocer detalladamente la decisión, pues el proceso que adelanta contra cerca de 30 congresistas y otros 50 ex legisladores, denunciados por prevaricato, está inactivo desde hace algunos meses.
En los motivos de forma por la que la Corte Constitucional tumbó el referendo que permitiría una segunda reelección de Álvaro Uribe, se tuvo en cuenta la actuación irregular de esos congresistas y ex parlamentarios que sacaron adelante en la Plenaria de la Cámara de Representantes en el 2008 el proyecto de ley.
Según el representante por el Polo Democrático, Germán Navas, quien fue el que denunció penalmente ante la Corte Suprema a los otros representantes de la época, prevaricaron al darle trámite a la iniciativa sin tener en cuenta que la Registraduría no había expedido el documento que certificada la validez del financiamiento de la recolección de firmas del referendo.
En desarrollo de las acciones que adelanta el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Norte de Santander, en la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición; este jueves 2 de septiembre a las 8:00 am se iniciarán unas jornadas de acompañamiento jurídico y psicosocial a víctimas, en el Coliseo del Colegio Municipal de Bachillerato de la ciudad de Cúcuta.
Durante las jornadas que se llevarán a cabo el jueves de 8:00 a 12:00 am y de 2:00 a 6:00 pm., y el viernes de 8:00 a 12:00 am, abogados defensores de Derechos Humanos y psicólogos de diferentes organizaciones no gubernamentales, estarán brindando asesoría gratuitamente a todas las personas que así lo requieran. Para ello deberán acudir llevando una carpeta con las fotocopias de documentos y otras pruebas, que posean acerca de los casos y procesos que adelantan.
Dentro de las actividades y con el fin de reivindicar la memoria de las víctimas, se ha programado una peregrinación con velas, que iniciará el jueves a las 6:00 pm en el coliseo del Colegio Municipal de Bachillerato, tomando la avenida Guaimaral hasta el parque Simón Bolívar y luego la avenida Gran Colombia hasta el Palacio de Justicia, donde se concentrarán en un plantón para desarrollar actos conmemorativos; como la exhibición de la “Galería Para No Olvidar”, una obra de teatro y otros actos simbólicos.
Contribuir a la disminución de los niveles de impunidad en los crímenes de Estado y lesa humanidad, despejar las dudas que tiene las víctimas respecto de la ley de Justicia y Paz o de otros mecanismos legales de defensa, serán los principales objetivos de las jornadas. Los asesores jurídicos analizarán la posibilidad de llevar algunos casos por la vía ordinaria y estudiarán la viabilidad, para iniciar acciones colectivas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por los diferentes hechos de violencia que han sufrido y frente al grado de afectación de las víctimas, las organizaciones que lideran la actividad, han sumando esfuerzos para brindarles además del apoyo jurídico, el acompañamiento psicosocial pues este, a más de ser un derecho, es uno de los elementos más importantes en el restablecimiento pleno de los derechos de las víctimas, ya que no se logra una reparación integral si no se incluye el aspecto psicosocial.
JORNADAS EN OCAÑA
Enmarcados en la conmemoración del 2º aniversario de las ejecuciones extrajudiciales (mal llamados “Falsos Positivos”), ocurridos en Norte de Santander, este sábado 4 de septiembre a partir de las 8:00 am y hasta las 6:00 pm, se llevará a cabo una jornada de acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas en la sede de la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (ASODEPO) en el barrio Brisas de Polaco del municipio de Ocaña.
Articulando con el trabajo que adelanta la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se acordó el desarrollo del primer Encuentro de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Norte de Santander y Foro de Lucha Contra la Impunidad en los Casos de Ejecuciones Extrajudiciales. Este evento tendrá lugar en el domingo 5 de septiembre el auditorio de Bellas Artes de Ocaña, con la participación de las Madres de Soacha.
El cierre de la actividad, se hará mediante actos simbólicos de reivindicación a la memoria víctimas, que contempla la peregrinación, la presentación de la galería de la memoria, una obra de teatro y la realización del Muro Para No Olvidar del municipio de Ocaña.
Visibilizar los niveles de impunidad de los hechos cometidos por los grupos paramilitares y los agentes estatales contra la población civil, así como la ineficacia de la Ley de Justicia y Paz en el departamento, serán parte de los objetivos de las actividades. Así mismo, se obtendrán insumos que serán tenidos en cuanta durante al Primer Encuentro Regional de Víctimas del Nororiente Colombiano y la frontera, a realizarse en el mes de octubre delo presente año.
CONVOCAN:
MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO CAPITULO N. DE S.(MOVICE N de S), COORDINACION COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS NODO NORORIENTAL (CCEEU), CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS LUIS CARLOS PEREZ (CCA), ASOCIACION CAMPESINA DEL CATATUMBO (ASCAMCAT), CORPORACION COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO (CCAJAR), MESA DE FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE POBLACION DESPLAZADA DE N DE S (MFOPD), ASOCIACION DE DESPLAZADOS DE LA PROVINCIA DE OCAÑA (ASODEPO), CORPORACION DE DERECHOS HUMANOS (CORPODER), ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ACEU), COMITE PERMANENTE POR DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (CPDH), HUMANIDAD VIGENTE, MADRES DE SOACHA, COLECTIVO ESTUDIANTIL DE ASUNTOS RURALES (CEAR), DILO COMUNICACIONES, CORPORACIÓN EXPRESIÓN, MINGA..
Atentamente,
Nubia Mendoza Lobo
MOVICE Capítulo Norte de Santander
Cel. 315-4374607/312-2216215
Después de que hace algunas semanas se cayó el preacuerdo que había establecido con la Fiscalía para colaborar con la justicia a cambio de una pena alternativa, ayer se conoció que Luis Guillermo Giraldo, cabeza del Comité Promotor del referendo reeleccionista, será acusado por el delito de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
