Formalizan el pedido de extradición de cúpula de DMG

Al mismo tiempo, la Fiscalía llamó a rendir versión libre al gobernador de Magdalena por sus presuntos nexos con la comercializadora.

El escrito de solicitud de extradición de David Murcia Guzmán y demás integrantes de la cúpula de la comercializadora DMG, fue recibido ayer por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El Alto Tribunal recibió un escrito en inglés en el que se sustentan los requerimientos que se hacen para procesar al dueño de DMG por supuestamente estar incurso en lavado de activos derivados del narcotráfico.

La Secretaría de la Sala Penal recibió el indicment o acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en contra de David Murcia Guzmán, William Suárez, Daniel Ángel, Margarita Pabón, Luis Fernando Cediel y Germán Enrique Serrano Reyes.

Para las autoridades estadounidenses está claro que Murcia Guzmán y sus socios movieron varios millones de dólares del narcotráfico en más de 18 cuentas bancarias en ese país.

Basada en pruebas obtenidas por la DEA, la Fiscalía estadounidense los acusa de utilizar una cuenta del banco Merrill Lynch de Nueva York para blanquear ocho millones de dólares provenientes de narcotraficantes mexicanos.

La Corte, al abordar el caso, tendrá que hacer una traducción oficial del documento y luego establecer cuestiones de tramite como la plena identidad de los requeridos y si los delitos son equiparables al ordenamiento jurídico colombiano, además que por los hechos por los cuales es solicitado no sean los mismos por los cuales esta procesado en Colombia.

Según el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, dichas pruebas son lo suficientemente contundentes como para probar la culpabilidad de los requeridos.

Sin embargo, Murcia -que se declaró en días pasados en rebeldía frente a la justicia colombiana y también se negó a rendir versión ante la justicia panameña en un caso de presuntos nexos suyos con políticos de ese país- prefiere enfrentar un proceso penal en Estados Unidos por considerar que en esa nación tiene más garantías jurídicas.

De acuerdo con su abogado, Gustavo Salazar Pineda, Murcia Guzmán espera que su entrega a Estados Unidos se dé lo más pronto posible.

Murcia Guzmán se ha negado a comparecer a las últimas audiencias que se han realizado en el marco de su proceso y a la que concurrió acusó al juez de estarle haciendo “un favor al presidente Uribe”.

Caso Díazganados

De otra parte, la Fiscalía llamó a rendir versión libre al gobernador de Magdalena, Omar Diazgranados, para que responda por sus presuntos vínculos con DMG.
La determinación fue anunciada por el fiscal general Mario Iguarán, quien explicó que en caso de que así lo considere el encargado del caso, Díazgranados podría ser llamado a responder un interrogatorio ante la Fiscalía.

“Hemos elaborado un programa metodológico y lo llamamos a una versión y si el fiscal considera que es procedente, será un interrogatorio, para que responsa por sus vínculos con DMG”, explicó Iguarán.

El gobernador de Magdalena, Omar Díazgranados, fue sorprendido en el mismo apartamento en el que fueron capturados Daniel Ángel y Margarita Pabón, dos de los principales socios de David Murcia Guzmán.

Otro gobernador, el de Bolívar, Joaco Berrío, compareció el pasado viernes a la Fiscalía para dar explicaciones dentro de una averiguación que se adelante en su contra, también por posibles nexos con DMG, de la que habría recibido dineros para su campaña política.

Farc renuncia a despeje militar para negociar canje

El grupo subversivo anunció que va entregar los restos del mayor Guevara y le exigió al Gobierno devolver los cuerpos de Raúl Reyes e Iván Ríos.

POR MEDIO de una carta enviada a Colombianos y Colombianas por la Paz, las Farc anunciaron que están listos para un canje de secuestrados y descartaron un posible despeje para tal fin: “Estamos listos para el canje de prisioneros de guerra y en disposición de no hacer del lugar de diálogo un obstáculo insalvable, privilegiando la libertad de los prisioneros en poder de las partes contendientes”.

En la carta, el secretariado de las Farc le reclamó a Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Fabían Ramírez “garantías efectivas, consignadas en protocolos acordados con nosotros, que definan condiciones de modo, tiempo y lugar, y publicitados con suficiente anticipación”.

El grupo subversivo exigió además el acompañamiento de Colombianos por la Paz y una veeduría de la comunidad internacional para el eventual canje.

“Estas exigencias no son un capricho. Ustedes y todo el país presenciaron las provocaciones y el riesgo real que rodearon y casi frustran la liberación unilateral de los cuatro uniformados, de Alan Jara y Sigifredo López que nos releva de referirles innumerables situaciones anteriores de idéntica factura y concepción”, expuso en su carta el secretariado del grupo insurgente.

Las Farc también anunciaron que entregarán los restos del mayor de la Policía Julián Ernesto Guevara, quien murió en cautiverio en el 2006. “Los restos del mayor Guevara serán entregados a su madre en fecha y lugar que indicaremos más adelante cuando la situación de orden público lo permita”.

Sin embargo, el grupo insurgente le hizo una exigencia al Gobierno: “Elevamos la solicitud a Colombianas y Colombianos por la Paz a exigir del gobierno nacional la entrega de los cadáveres de los comandantes Raúl Reyes e Iván Ríos a sus familiares”.
En la misma carta las Farc también se comprometieron a enviar pruebas de supervivencia de los 20 militares y policías secuestrados a sus familiares.

No obstante, Marleny Orjuela, representante de Asfamipaz, mostró su preocupación porque, “Nos van entregar pruebas de supervivencia de 20 militares y policías, y nosotros tenemos claro que son 22 militares y policías que están en poder de las Farc”.

Por último en la misiva enviada entre otros a la senadora Piedad Córdoba, el grupo alzado en armas aseguró que las cifras oficiales insisten, que las Farc tendrían en su poder a más de 3.800 retenidos por razones económicas, pero que debido a consultas hechas con todas las estructuras militares desplegadas en el territorio nacional informó, que a la fecha, sólo existen 9 retenidos, por esta agrupación.

Por otro lado, la Cruz Roja anunció que prestará sus buenos oficios para llevar a cabo un posible canje de secuestrados con el Gobierno Nacional.

Desmantelados dos laboratorios de cocaína y base de coca, donde se hallaron 135 kilos de cocaína

En menos de cuarenta y ocho horas la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), ha logrado asestar importantes golpes a las redes del narcotráfico que delinquen en esta zona de frontera, luego de que en las últimas horas fueran destruidos dos laboratorios donde mensualmente se procesarían al menos dos toneladas y media de cocaína y base de coca.

La acción antidroga, fue desarrollada por Comandos de la Compañía de Antinarcóticos de la Seccional Cúcuta – Zona Cinco de Antinarcóticos, mediante la Operación denominada ‘Iberia I’, en la vereda Monteverde, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde ubicaron y destruyeron los dos complejos cocaleros que pertenecerían a bandas criminales al servicio del narcotráfico.

Los expertos en la lucha contra las redes del narcotráfico, desplegaron la acción de interdicción terrestre, luego de importantes trabajos de inteligencia que les permitió establecer el funcionamiento de un centro de cristalización de clorhidrato de cocaína y otro donde se procesaría base de coca.

Los uniformados previo trabajo de coordinación y recopilación de información sobre la ubicación exacta de los laboratorios, desplegaron la operación que permitió efectivamente hallarlos y destruirlos, sumando con este golpe un total de siete laboratorios que han sido destruidos en el presente año por la Policía Metropolitana de Cúcuta.

En la zona, los narcotraficantes habían construido gran cantidad de edificaciones, las cuales habían sido habilitados para el almacenamiento de precursores químicos y el procesamiento de los dos tipos de alcaloides, pues en un centro se llevaba a cabo la fabricación mensual de por lo menos media tonelada de base de coca y en el otro la cristalización de aproximadamente dos toneladas de cocaína de alta pureza cuyo costo es altamente superior al de la pasta de coca.

En el lugar también se destruyeron ciento treinta y cinco kilogramos de cocaína que estaban procesados y listos para sacar a las calles del mundo, logrando con esto impedir que más de seiscientos millones de pesos llegaran a las arcas de los narcotraficantes, si esta cocaína hubiese sido comercializada en Colombia.

También se destruyeron 6.631 galones de precursores líquidos, representados en 4.689 de acetona, 44 de ácido clorhídrico y 1.898 de gasolina. De igual forma, 375 kilogramos de insumos sólidos, correspondientes a 125 de cloruro de calcio, 150 de carbón activado, 25 de triple 15, 25 de cloruro de potasio y 50 de cemento. Además 375 kilos de hojas de coca.

Entre la gran cantidad de elementos y herramientas que estaban siendo utilizadas para llevar a cabo esta actividad ilícita, se encuentran un gusano de 15 bocas, dos mesas de secado, dos centrifugas, cinco hornos de secado, una prensa hidráulica, un sistema de condensación, un marciano, una planta eléctrica, una motobomba, entre otros materiales necesarios para la mezcla, procesamiento y embalaje de los alcaloides.

Otros laboratorios:

A comienzos del mes de febrero en la vereda Vigilancia del Corregimiento de Banco de Arena (Cúcuta), fueron destruidos dos laboratorios utilizados para el procesamiento mensual de por lo menos media tonelada de base de coca.

A mediados de febrero, en el sector conocido como Cerro Gonzales (El Zulia) y en la vereda Caño León del corregimiento de Palmarito (Cúcuta), fueron destruidos dos laboratorios donde se procesarían mensualmente aproximadamente cinco toneladas de cocaína. En el primer de ellos fueron hallados 418 kilogramos de cocaína listos para sacar al mercado.

En la presente semana, en una finca de la vereda Campo Hermoso del corregimiento de Buena Esperanza (Cúcuta), fue destruido un centro de cristalización de clorhidrato de cocaína, donde se procesarían seiscientos kilos del narcótico al mes. En el lugar fueron hallados y destruidos 100 kilos de cocaína.

La Policía Metropolitana de Cúcuta continuará adelantando acciones investigativas y operativas tendientes a golpear las finanzas de las organizaciones criminales y narcotraficantes.

Los Rastrojos obligan 420 emberas a desplazarse

LOS ULTRAJES sexuales a varias de las mujeres, así como los vejámenes a niños y adultos mayores; la destrucción de la escuela de la comunidad, las averías a la planta de energía de la localidad y el saqueo a las pertenencias de los lugareños como colchones, cobijas, toldillos, utensilios de cocina, animales, alimentos, dinero y en general, bienes de primera necesidad, cometidos por miembros de la banda Los Rastrojos, obligó a no menos de 430 indígenas emberas a desplazarse.

Los nativos, entre ellos 130 niños, tuvieron que salir de sus resguardos en Chocó. Según sus denuncias, un nativo fue acribillado delante de su familia y una aborigen sufrió abusos sexuales.

Atemorizados por lo ocurrido, los 420 embera permanecen hacinados en la localidad de Pizarro, a donde llegaron hace tres semanas.

Norberto Guacorí, líder de la comunidad, aseguró que fueron forzados a salir de sus tierras. “Los violentos obligaron a los compañeros a cargar equipos de campaña y fusiles y los utilizaron como escudos humanos”.

Guacorí precisó que Los Rastrojos, una organización criminal al servicio del narcotráfico y de la que hacen parte ex paramilitares, le dispararon indiscriminadamente a uno de los nativos y le causaron la muerte.

Dagoberto González, alcalde del municipio del Bajo Baudó, en Chocó, sostuvo que los desplazados permanecen en albergues provisionales y son atendidos por Acción Social, la Cruz Roja Colombiana y Bienestar Familiar.

“Acción Social hace presencia pero no resuelve (todos los problemas). La Cruz Roja hace presencia pero se devuelve a los ocho días”, se lamentó el mandatario.

Por su parte, las autoridades regionales, en cabeza del comandante del Batallón de Asalto Fluvial Nro. 3, mayor Jorge Torres, aseguran tener el control de las poblaciones de donde huyeron los aborígenes.

“Donde nosotros estamos desplegando nuestra fuerza pública, tememos el control total del territorio”, comentó el alto oficial.

Se espera que en los próximos días lleguen a Pizarro otros 100 indígenas desplazados, lo que agravaría aún más la situación humanitaria en esta humilde población chocoana.

Por su parte, acción social, a través de un comunicado, explicó que “a partir de una misión de verificación adelantada desde el 13 de marzo de 2009, en compañía de la Personería y la Alcaldía Municipal, el cura párroco de Francisco Pizarro en Bajo Baudó (Chocó) y el comandante del Batallón de Asalto Fluvial número 3 con jurisdicción en la zona, se pudieron verificar las graves violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) de las que fueron víctimas las comunidades de Las Vacas y Birrinchadó, ubicadas en la ribera del río Purricha y que fueron perpetradas por la banda criminal (Bacrim) Los Rastrojos y el bloque Cimarrón del Eln, trenzados en una disputa por el dominio del territorio en esta zona del país”.

En la comunidad Las Vacas, la misión encontró que en el lugar permanecían cerca de 130 personas pertenecientes a la comunidad indígena embera, de las cuales el 70% eran menores de edad. “Éstas presentan graves problemas de salud debido a que se vieron obligadas a trasladarse hacia la zona selvática para resguardarse tras el arribo de integrantes de Los Rastrojos”, señaló.

Destruidos 100 kilogramos del narcótico

En desarrollo de un operativo de control adelantado por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), contra las redes del narcotráfico, fue desmantelado un laboratorio donde se procesarían más de media tonelada de clorhidrato de cocaína, el cual presuntamente pertenecería a bandas criminales al servicio del narcotráfico.

El procedimiento fue realizado por personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin-Mecuc), en una finca de la vereda Campo Hermoso del corregimiento de Buena Esperanza, jurisdicción del Municipio de Cúcuta.

La destrucción del centro de cristalización de clorhidrato de cocaína, que se dio luego de un fuerte enfrentamiento entre las unidades policiales y las personas que se encontraban en el lugar, fue el resultado de un previo trabajo investigativo y manejo de fuente humana, que les permitió a las unidades policiales conocer información que señalaba la existencia del complejo en zona rural de Cúcuta en el cual se produciría mensualmente aproximadamente seiscientos kilogramos del alcaloide.

Con base en los reportes obtenidos, unidades conjuntas del Grupo Contra Armados Ilegales y Estupefacientes, se desplazaron hasta la zona donde enclavados dentro de la espesa vegetación y estratégicamente instalados y comunicados entre sí, hallaron varios cambuches habilitados para la cristalización de cocaína y el almacenamiento de sustancias químicas.

En el lugar, los policiales encontrando cien kilos del narcótico totalmente procesados y listos para sacar al mercado, los cuales en las calles colombianas podrían tener un valor comercial cercano a los quinientos millones de pesos.

Igualmente, se halló más de una tonelada de diferentes sustancias químicas sólidas, más de seiscientos galones de precursores líquidos, equipos y elementos necesarios para la cristalización del alcaloide.

Dentro de los 1.350 kilogramos de insumos sólidos hallados y destruidos, se encuentran 500 de cemento gris, 50 de carbón activado, 100 de permanganato de potasio, 200 de bicarbonato de sodio, 200 de cloruro de amonio y 300 de soda cáustica.

Entre tanto, los 640 galones de precursores líquidos, están representados en 150 de ácido sulfúrico, 100 de ácido clorhídrico, 210 de acetona, 80 de amoniaco y 100 de gasolina.

Algunos de los equipos y elementos destruidos fueron, una centrifuga, un marciano, un gusano, una mesa de secado, un compresor, seis hornos microondas, dos prensas, un secador, una planta eléctrica, entre otros.

La Policía Metropolitana de Cúcuta, continuará adelantando acciones de control en toda su jurisdicción para contrarrestar el accionar criminal de las organizaciones delincuenciales.

Por caso DMG, Personero declaró en la Fiscalía General

Cerca de 60 dirigentes del Polo Democrático Alternativo se reunieron con el Alcalde Mayor para darle su apoyo

INTEMPESTIVAMENTE, AYER en la tarde el Jefe del Ministerio Público Distrital declaró por más de tres horas ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía por el caso DMG.

En efecto, el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, reiteró ante el ente investigador que no recibió un solo peso de la intervenida DMG, que está tranquilo, que es una persecución en su contra y que no piensa renunciar al cargo. “Soy inocente y nunca recibí dineros de la comercializadora”.

En este sentido se conoció que hoy, en la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), Rojas Birry presentará su informe de gestión. “Me tienen que medir por mi gestión”, dijo Rojas.

Frente a las declaraciones entregadas por Fidencio Mena, el Personero rechazó las calumnias que se han desatado. “El señor Fidencio Mena, quien junto con el señor Jorge Iván Bonilla infiltraron la campaña Samuel Alcalde, a través de un grupo denominado Uribistas con Samuel. Soy un constructor de paz, y como tal nunca he amenazado ni amenazaré a ninguna persona. Por ello condeno enérgicamente las presuntas amenazas de muerte de las que ha sido víctima el señor Fidencio Mena y solicito a todas las entidades del Estado, principalmente a la Presidencia de la República, no escatimar esfuerzos para su protección”.

De otro lado, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación contra la campaña del ahora alcalde Samuel Moreno por los presuntos dineros de DMG que habrían ingresado a la misma, tras conocerse que un grupo denominado ‘Uribistas con Samuel’ entregó una suma de dinero a la campaña.

Estos recursos, al parecer, fueron recibidos a través del actual personero Francisco Rojas Birry, según se conoció la semana pasada.

El magistrado sustanciador, es decir, el encargado de recolectar la totalidad de los documentos, es ahora Marco Emilio Hincapié.

Así mismo, cerca de 60 dirigentes del Polo Democrático Alternativo, entre ellos ediles, concejales de Bogotá, senadores, representantes a la Cámara y el Presidente y el Secretario General de la colectividad, se reunieron ayer por espacio de cuatro horas con el alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, en su despacho con el fin de intercambiar opiniones y debatir las relaciones del Partido con la Administración distrital.

Como conclusiones del encuentro, se destacan tres aspectos primordiales. En primer lugar, el respaldo unánime que el Partido le brinda al alcalde Moreno Rojas ante las acusaciones de una presunta financiación de su campaña por parte de la captadora ilegal de dinero DMG; en segundo lugar, y como consecuencia de ese respaldo, la colectividad promoverá la realización de una gran manifestación de apoyo a la Administración en una fecha que está por definir; en tercer lugar, del debate producido en esta reunión se concluyó también el compromiso de fortalecer la relación y ampliar los canales de comunicación entre la alcaldía de Samuel Moreno Rojas y el Polo Democrático Alternativo.

En relación con la situación del personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, la opinión de los presentes se dividió en dos posiciones. La del alcalde Moreno, que lo invita a evaluar la conveniencia de permanecer o no en el cargo y la del presidente del Partido, Carlos Gaviria Díaz, quien considera que, por la naturaleza de su cargo, el Personero debería desvincularse temporalmente para asumir su defensa. Pero, de manera unánime, el Partido le solicita al Personero que encare el debate ante el Concejo Distrital y el Partido.

Cuatro soldados muertos y uno desaparecido en Guaviare

De acuerdo con la información oficial, dos guerrilleros de las Farc fueron abatidos, mientras que alias Cadete, quien reemplazó al Negro Acacio, fue herido en un bombardeo

CUATRO SOLDADOS asesinados, uno más herido, así como otro desaparecido deja como balance una operación ofensiva de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, contra el bloque oriental de las Farc, en el sitio conocido como Caño Flauta, a 50 kilómetros de San José del Guaviare. En la misma acción militar fue herido alias Cadete, el reemplazo del Negro Acacio.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, informó que tropas del batallón de contraguerrillas número 62, abatieron en combate a dos subversivos del frente 7 de las Farc, y mientras realizaban las labores previas para permitir el levantamiento de los cadáveres fueron atacados con múltiples granadas de mortero, lo que los obligó a dispersarse.

En principio se había informado de la desaparición de seis uniformados, pero en la tarde cinco de ellos regresaron, mientras que la búsqueda del otro militar continúa, así como la de un sargento enfermero que fue secuestrado el pasado sábado en inmediaciones de El Capricho.

“Esa es la información precisa que tenemos hasta el momento”, aclaró Santos.
El titular de Defensa afirmó que en la misma operación, pero contra la cuadrilla primera de las Farc, fue herido en un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana alias Cadete, encargado del negocio del narcotráfico en el oriente del país.

“Alias Cadete fue el que puso el Secretariado como reemplazo del Negro Acacio para controlar el tráfico de drogas y armas en esa región de país”, dijo.

El Ministro Santos reiteró que las Fuerzas Militares y la Policía continúan su ofensiva contra los grupos terroristas y las bandas criminales, 24 horas al día, 7 días a la semana, en todo el territorio nacional.

“La Fuerza Pública está preparada para el famoso ‘marzo negro’ y cualquier tipo de acción que la guerrilla quiera hacer contra la población colombiana”, puntualizó el alto funcionario.

A su vez, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, dijo que como resultado del ataque fueron asesinados los soldados profesionales Omar de Jesús Arias Ramírez, Ángel Antonio Molina Romero, Leonardo Perdomo Moscoso y Johnny Francisco Sinisterra Perlaza, y herido en mano y pie Nelson Pino Romaña, quien fue evacuado de la zona y trasladado hasta un centro asistencial.

A esas acciones se suman un ataque dinamitero contra dos torres de conducción eléctrica en Cauca ayer en la tarde; otro el sábado contra un tramo de la carretera Panamericana en el departamento de Cauca y la declaratoria de un “paro armado”, una orden de no circular bajo amenaza de atacar a quien lo haga, en carreteras del departamento de Caquetá.

El jueves, las Farc dinamitaron un puente de una carretera que comunica a Tibú con Cúcuta, en Norte de Santander. En esa misma zona la guerrilla había incinerado seis camiones y atacado un puesto policial, dos días antes.

El ataque en Guaviare fue conocido, según versiones coincidentes de corresponsales de radios locales, cuando un soldado herido llegó hasta una base militar y alertó sobre la desaparición de sus compañeros.

Hace una semana, el comandante de esa fuerza, el general Javier Flórez, había informado de la muerte de 13 guerrilleros y la detención de otros 13 en medio de una campaña para perseguir al jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, Mono Jojoy.

La zona del Guaviare es considerada el área donde los subversivos tienen a un grupo de 22 militares y policías secuestrados, algunos desde hace 11 años, a los que proponen canjear por unos 500 guerrilleros presos, entre ellos, tres en Estados Unidos.

Según el Ejército, se trata de una región vital para las Farc, que a través de allí mueven armamento, provisiones y obtienen financiación a través del cultivos de drogas.

Justamente en esa zona el pasado fue secuestrado un oficial, de acuerdo con información suministrada ayer en Bogotá.

Más de 400 conductores fueron sorprendidos infringiendo las normas viales

Cuatrocientos cincuenta y nueve conductores de motocicletas y vehículos, fueron sorprendidos durante el fin de semana en esta capital por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), cuando cometían diferentes tipos de infracciones a las normas de tránsito.

Unidades de la ‘Policía de Tránsito’ durante el puente festivo de la ‘Fiesta de San José’, fueron las encargadas de realizar las actividades preventivas y de control en el casco urbano de la capital nortesantandereana, en desarrollo de las cuales impartieron más de cuatrocientos órdenes de comparendo a conductores infractores.

La presencia de los uniformados se hizo visible en los sectores de la Avenida Los Libertadores, la Ciudadela Juan Atalaya, la Terminal de Transporte y los barrios San Martín, San Luis y el Aeropuerto. También se realizaron controles a la contaminación auditiva y al estacionamiento indebido de automotores, en los sectores del barrio Blanco, Caobos, las Avenidas Los Libertadores y Cero.

De los 459 conductores reconvenidos por cometer diferentes infracciones al tránsito, entre ellas conducir en estado de embriaguez, llevar parrillero hombre, movilizarse luego de las 11:00 p.m., no llevar puesto debidamente el casco y el chaleco, no portar el SOAT y la licencia de conducción, 384 fueron motociclistas y 75 vehículos.

Del total de automotores que recibieron multas económicas, 263 motos y 70 vehículos fueron inmovilizados, dentro de los que se encuentran cuatro ‘chivas turísticas’.

Capturado presunto expendedor de bazuco

Un presunto expendedor de cocaína, fue capturado en esta capital por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), en desarrollo de operativos de control contra el microtráfico de narcóticos.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Atención Inmediata del Parque Mercedes Abrego, en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio El Callejón, a la altura de la avenida octava con calle segunda.

En el lugar los uniformados adelantaban actividades de registro y requisa a personas, cuando sorprendieron a un hombre que al ver la presencia de la Policía, intentó de arrojar a la parte superior del cielo raso del local una bolsa plástica que tenía en su poder, pero la rápida acción de los policías impidió su cometido.

Al verificar el contenido de la bolsa, se estableció que se trataba de una gran cantidad de dosis personales de cocaína, las cuales estaban listas para comercializar. Así mismo, un buen número de bolsas plásticas utilizadas para el empaque del narcótico, entre otros elementos necesarios para la distribución de la sustancia estupefaciente.

Durante el procedimiento fue capturado el presunto expendedor, un hombre de 19 años de edad, residente en el barrio María Auxiliadora, quien fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Cúcuta, junto con el alucinógeno y demás elementos incautados.

Capturado alias "El Choro"

En las últimas horas, personal adscrito a la Unidad Investigativa de Homicidios de la Seccional SIJIN de Norte de Santander, logró la captura de JUAN CARLOS LIZCANO CAMARGO, de 28 años de edad, conocido con el alias de “EL CHORO”, quien al parecer seria el responsable de una serie de hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Cúcuta, durante los últimos meses.

Al Señor LIZCANO CAMARGO le figura orden de captura por haber participado presuntamente en un homicidio ocurrido el pasado 05 de Septiembre de 2008, en la sala de exhibición de una prestigiosa marca de motocicletas ubicada en la Diag. Santander con Av. 0, en donde resultó muerto uno de los delincuentes; también se le atribuyen casos como el ocurrido el día 30 de agosto de 2008, en el parqueadero de la Discoteca ‘KM 0’ ubicada al frente del almacén Éxito del barrio San mateo, en donde resultaron heridas dos personas, entre ellas una mujer en estado de embarazo.

Así mismo este sujeto seria el responsable de un intento de homicidio ocurrido el día 16 de Noviembre, en el barrio el contento, frente a las instalaciones del cementerio central, en donde resultaría herido un hombre al recibir unos impactos con arma de fuego.

Según las investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación criminal, alias “el choro”, estaría realizando labores de extorsión en los lugares donde supuestamente existen expendios de drogas en barrios como el Contento, Cundinamarca, Alfonso López entre otros; razón por la cual estaría implicado en otra serie de delitos que se espera, puedan ser denunciados por la ciudadanía.

El procedimiento de captura fue realizado en la Av. Sevilla, en el sector conocido como el matadero, y fue posible gracias a información suministrada por la Red de Cooperantes del Departamento. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante.

Cayó alias "Petare"

En un contundente operativo adelantado por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), fue capturado en esta capital alias ‘Petare’, uno de los delincuentes comunes más buscados en la frontera colombo – venezolana.

El operativo fue adelantado por personal del ‘Grupo Contra Atracos’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin-Mecuc), en el barrio Pueblo Nuevo, donde fue capturado Luis Jahmes Romero Gamboa, de 20 años de edad, natural de Caracas (Venezuela) y quien haría parte de una banda delincuencial conocida como ‘La banda de Chatarra’.

Hasta el lugar llegaron las unidades judiciales luego de labores investigativas adelantadas durante varios meses, las cuales incluyeron actividades de vigilancia, seguimiento, manejo de fuentes humanas y recopilación de material probatorio, con el objetivo de capturar a alias ‘Petare’, quien hace parte de la lista de los diez delincuentes comunes más buscados en la frontera por la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Romero Gamboa venía siendo buscado por las autoridades desde hace varios años, ya que de acuerdo a los trabajos de investigación adelantados, estaría involucrado en la comisión de homicidios y delitos contra el patrimonio económico; además está solicitado por los presuntos punibles de hurto calificado, hurto con circunstancia de agravación punitiva y porte ilegal de armas.

Al verificar las anotaciones judiciales del detenido se encontró que en diciembre del año 2006, fue capturado por el presunto delito de hurto calificado.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas ‘La banda de Chatarra’, delinquiría principalmente en los barrios de Cundinamarca, El Contento, Carora, Aeropuerto, Colpet, Pescadero y La Merced; de igual forma en la zona céntrica de la ciudad y la Ciudadela de Juan Atalaya.


El modus operandi de la organización delincuencial sería el atraco a mano armada mediante la modalidad de fleteo y el homicidio a través del sicariato.

El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía y un Juez con Función de Control de Garantías le dictó medida de aseguramiento.

Operativos contra los más buscados

La gran ofensiva que la Policía Metropolitana de Cúcuta ha intensificado contra la criminalidad durante el presente año y que está orientada a desarticular las bandas dedicadas a la comisión de hechos delictivos, ha permitido capturara a dos integrantes de la lista de los diez delincuentes comunes más buscados en el Área Metropolitana de Cúcuta.

Hender Omar Uribe Bermúdez, alias ‘Uribe’, fue el primer integrante de la lista de los 10 delincuentes más buscados que fue capturado este año. El operativo se llevó a cabo en el Corregimiento de La Parada del Municipio de Villa del Rosario, por unidades del ‘Grupo de Automotores’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin-Mecuc).

Uribe Bermúdez, tenía en su contra una orden de captura por el presunto delito de Hurto Calificado y Agravado. Los investigadores de la Sijin le seguían los pasos desde hacía varios meses, pues según las informaciones obtenidas el detenido haría parte de una organización delincuencial dedicada al hurto de automotores en el Área Metropolitana de Cúcuta, principalmente de las líneas de gama media, especializándose en vehículos Chevrolet Corsa, Toyota Corola, Swift, Vitara y Hyundai, entre otros

Alias ‘Uribe’ ya había sido detenido en otras cinco oportunidades en los años 2004, 2005 y 2006, por los presuntos delitos de receptación y hurto de vehículos.

Un tercio de cargos populares sigue ligado a paramilitares

El Gobierno Nacional reconoció que “hay un grave problema de corrupción en los partidos políticos, pero se está enfrentando con celeridad y eficacia”.

Un 35% de los cargos de elección popular en el país siguen ligados a los paramilitares, lo que significa una gran amenaza para la democracia y las víctimas de las autodefensas, denunciaron ayer varias ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tiempo que pidieron que no se sigan extraditando a los jefes de estos grupos, con el fin de que afronten sus causas en Colombia.

“Entre el 25 y 35% de los puestos de elección popular está capturado por esa toma violenta” del poder por parte de grupos paramilitares, afirmó Claudia López, representante de Human Rights Watch, en una audiencia en la CIDH en Washington sobre la relación entre las autodefensas y la política.

“El narcotráfico y los paramilitares lograron en 20 años lo que la guerrilla no logró en 60, tomarse una parte sustancial del poder político”, apuntó López.

“La estructura política (creada por los paramilitares) no se reconoció ni se desmovilizó. La colaboración entre políticos y paramilitares sigue viva (...) y representando un grave peligro para los derechos humanos”, secundó Michael Camilleri, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las ONG pidieron que los partidos involucrados en la parapolítica sean disueltos y que el Gobierno se comprometa a respetar las decisiones judiciales, al denunciar un “enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Ejecutivo”, dijo León Valencia, director de la corporación Nuevo Arco Iris.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe reconoce que “hay un grave problema de corrupción en los partidos políticos”, pero “se está enfrentando como no se ha visto en ningún país, con eficacia y celeridad”, respondió el director del programa presidencial de derechos humanos, Carlos Franco.

Franco, quien representó al Gobierno Nacional en la audiencia, recordó que se han abierto procesos contra 77 congresistas por relación con escuadrones paramilitares, nueve de los cuales han sido condenados.

Asimismo, existen en curso dos centenares de procesos contra políticos, 91 de ellos alcaldes y 7 ex alcaldes, destacó Franco.

Pero “no es cierto que ese control (de paramilitares sobre partidos políticos) se traduzca en resultados electorales, porque la población colombiana tiene madurez”, afirmó.

El grueso de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se desmovilizó en el marco de una negociación con el gobierno de Uribe, que concluyó en abril de 2006 con el desarme de 31.000 combatientes.

La viceministra del Interior, Viviana Manrique, declaró, por su parte, que el Gobierno respeta y acata los fallos judiciales y vela por la independencia de la Rama Judicial.

Observó que como en toda democracia, puede haber discrepancias entre los Poderes, pero jamás utilizando vías de hecho o interponiendo alguna forma de desconocer las decisiones de los jueces.

La Viceministra del Interior afirmó que “no se puede poner en duda la independencia judicial en Colombia; lo que hay en algunos casos son discrepancias conceptuales propias de cualquier democracia”.

Hizo énfasis en la autonomía patrimonial, presupuestal, financiera y administrativa de la rama judicial. En este sentido se indicó la participación del Gobierno en los procesos de elecciones de los magistrados de las Altas Cortes.

Resaltando también la creación de la Comisión del Proceso Oral y la Justicia Pronta para garantizar el diálogo permanente entre Gobierno y Rama Judicial con el fin de dar solución a la congestión judicial.

La Comisión Interamericana estuvo representada por su Presidente Victor Abramovich, los Comisionados Paulo Sergio Pinheiro, Paolo Carozza y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Santiago Canton.

Fiscalía explica por qué se demoran procesos de Justicia y Paz

El funcionario aseguró que se han entregado más de 22 mil hechos confesados y que actualmente hay 77 imputados

Porque es un procedimiento nuevo donde se han hecho varios cambios jurisprudenciales, el director de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, explicó por qué después de cuatro años de entrada en vigencia la ley, hasta ahora se dictó la primera condena contra un desmovilizado acogido a la norma.

El funcionario también habló de los resultados que en materia de esclarecimiento de hechos se han dado por las confesiones de los desmovilizados incluidos en la ley de Justicia y Paz, pero sin embargo, dejó ver su preocupación por las penas ínfimas alternativas.

EL NUEVO SIGLO: Después de cerca de cuatro años de haber sido creada la ley de Justicia y Paz como se puede entender que hasta ahora se judicialice al primer desmovilizado?

LUIS GONZÁLEZ: La ley salió en el 2005, y el resto fue espacio para hacer toda la logística para poder adecuarla. Para que la ley pueda funcionar, se le debe aplicar a quien se acoja, y solo hasta el 18 de agosto del 2006 viene la primera lista de postulados, y antes no había algún proceso contra alguien. Además los procesos se han demorado porque muchos de ellos han llegado en apelación del Tribunal de Justicia y Paz a la Corte Suprema de Justicia, porque es un procedimiento nuevo, donde hay cambios jurisprudenciales. Si se mira el mundo, y se compara con los procesos que han pasado en Sudáfrica, en Ruanda, en donde se ha demorado mucho mas una sentencia.

Actualmente hay 77 imputados con más de 4000 hechos, o sea ya se ha empezado abrir el camino, todos están esperando la sentencia.

E.N.S.: En repetidas ocasiones se ha hablado de reformas para agilizar procesos y sentencias, como por ejemplo realizar imputaciones parciales, que se debe hacer?

L.G.: Yo creo que ya la Corte Suprema de Justicia, el 12 de febrero con una ponencia del magistrado José Leonidas Bustos, abrió el espacio para poder hacer control y acortar los procesos

E.N.S.: Si la pena alternativa es de 8 años como máxima pena en Justicia y Paz, no cree que se puede llegar al extremo que uno de los sindicados puedan cumplir ese lapso antes de ser condenados?

L.G.: Nosotros pusimos la lista hace menos de dos años; han pasado los dos años apenas, y ya entregamos más de 22 mil hechos anunciados y confesados, la mayoría de ellos estando en la impunidad. Entonces, que queden libres o no queden libres antes o después de que cumplan las condenas; lo importante es que se esclarezcan los hechos, lo importante es que encontramos los desaparecidos, lo importante es que podamos entre todos con las víctimas, con el aparato investigativo del Estado cuáles son los bienes que hemos encontrado para hacer reparación. Entonces, son procesos que llevan 30 años y no se han esclarecido, pero acá los estamos esclareciendo. La ley de Justicia y Paz, desafortunadamente sólo lleva la pena de cinco u ocho años.

E.N.S.: Cual es el balance de las declaraciones de los desmovilizados en Estados Unidos

L.G.: Ya hay tres en versión libre, entre Salvatore Mancuso, Cuco Vanoy y Rodrigo Pérez Alzate, y ya estamos en versiones libres, con la misma dinámica que había en Colombia. Esperamos estar todos los meses haciendo versiones con ellos, y que a medida que vayan aceptando culpabilidad, podamos luchar inmediatamente para que sigan contando hechos.

Escándalo DMG hizo metástasis

Lo único claro es que semana tras semana son muchos más los salpicados por los nexos con la captadora ilegal y que aún faltan muchos por aparecer, ya que las pruebas se están revelando a ‘cuentagotas’ por parte de la prensa, mientras que los entes de control e investigación aparecen rezagados

COLOMBIA ES un país acostumbrado a los escándalos y las crisis. No hay semana en que unos y otras retumben en la ya de por sí accidentada agenda nacional, a tal punto que la estupefacción que un día se siente frente a determinado hecho, se dirige a la jornada siguiente a otro distinto.

Lo que pasó en los últimos siete días es prueba fehaciente de ese fenómeno. De domingo a domingo la atención de la opinión pública estuvo prácticamente concentrada en el escándalo por los nexos de distintos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales con la intervenida empresa captadora de dineros DMG.

Como bien lo señalara el editorial de ayer de este diario, esta semana se comprobó que hizo metástasis el escándalo que comenzó a destaparse en octubre pasado cuando se presentó, al estilo de un dominó, el derrumbe de las llamadas “pirámides”, llevándose por delante más de cinco billones de pesos y dejando a más de medio millón de colombianos sin sus pocos o muchos recursos, ya que llevados por el ansia del dinero fácil los habían invertido en esas redes captadoras pese a las advertencias de las autoridades para que no lo hicieran y en contra de la evidente sospecha de que había algo sospechoso detrás de un negocio que daba una rentabilidad insólita y claramente ajena a las leyes de la lógica del mercado de dinero.

Desde entonces, prácticamente no ha existido día en que el caso DMG no dé algún tipo de noticia, ya sea por la captura de los cabecillas de la intervenida empresa; su enjuiciamiento y defensa; las pesquisas de la Fiscalía en busca de bienes y caletas de dinero; la creciente racha de investigaciones a todos los dirigentes políticos y funcionarios públicos que se sabe tuvieron nexos con la captadora; la revelación de nuevos textos y audios de las comunicaciones interceptadas a la cúpula de la captadora, salpicando a más personas y entidades; las protestas de los ahorradores estafados; las explicaciones de las autoridades sobre el complejo proceso para reembolsar lo poco que se ha logrado recuperar en efectivo y propiedades; la controversia política entre acusadores y acusados; los intentos gubernamentales por evadir responsabilidades por su tardía intervención en el problema; y, como si fuera poco, el cada vez más notorio papel cumplido por Estados Unidos, no sólo porque fue el primero en darse cuenta de lo que se escondía detrás de la fachada del negocio DMG sino porque parece tener el proceso probatorio tan avanzado, que ya incluso está a punto de oficializar una petición de extradición contra el apresado cerebro de la empresa, David Murcia, y sus principales socios y testaferros.

Coletazos

El cruce de todas esas variables explica lo que sucedió esta semana, que lejos de poder considerarse como un agravamiento del escándalo, corresponde en realidad a un desenvolvimiento lógico y natural de un fenómeno de penetración, cuando no criminal, sí sospechoso, muy bien planeado y ejecutado por la cúpula de DMG.

Es claro que el más perjudicado de la semana terminó siendo el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, ya que las nuevas pruebas de sus presuntos nexos con la cúpula de la empresa captadora lo tenían el viernes al borde de la salida del cargo, pues tanto su partido (el Polo Democrático), como la mayoría del Concejo, la prensa, los gremios y el grueso de la opinión pública estaban exigiéndole la renuncia o, por lo menos, que se apartara temporalmente mientras la Fiscalía (que busca establecer si incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito) y la Procuraduría (que indaga posibles faltas disciplinarias) adelantan sus respectivas pesquisas.

El alcalde bogotano Samuel Moreno también terminó la semana en la mira de las autoridades, no sólo porque la Procuraduría le abrió investigación preliminar para establecer si tuvo nexos ilegales con DMG sino porque prácticamente dedicó todos los días a replicar señalamientos por ese tema, defender el nombre de su familia y poner de presente que muchos de las acusaciones y el debate estaban siendo sobredimensionadas por sectores uribistas.
Pero esta metástasis no sólo causó tremores en la Administración Distrital sino que también se extendió a la Gobernación de Cundinamarca, en donde un asesor tuvo que renunciar al revelarse llamadas suyas con un directivo de DMG.

Por igual, el viernes la Procuraduría puso en la mira a la Comisión Nacional de Televisión con el fin de determinar las posibles irregularidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir sus funcionarios por recibir dineros provenientes de la firma DMG, para una licencia del canal Body Channel, el mismo con el que casi hacen negocios los hijos del presidente Uribe.

Apenas unos días antes el escándalo tocó el sanedrín de la casa de Nariño, al cobrar la renuncia del asesor para los municipios, Alfazar González, ya que una grabación interceptada a la cúpula de la empresa intervenida dejó al descubierto no sólo que tenía tratativas con DMG sino que le mintió al alto gobierno cuando se le interrogó al respecto.

Punta de iceberg

Sin embargo, se está muy lejos del punto culminante del escándalo. Es más, apenas atravesamos por una instancia preliminar en la que, a cuentagotas, cada día hay una nueva grabación interceptada, un nuevo salpicado y el consecuente coletazo.
No hay que olvidar que la Policía afirma que las investigaciones sobre DMG llevaron más de un año y que son miles las interceptaciones telefónicas. De éstas, apenas han salido unas pocas a la luz pública. El resto está en manos de la Fiscalía que apenas está evaluando todo el material entregado.

Una prueba de esto es que la mayoría de las investigaciones preliminares que ha anunciado el ente acusador tiene que ver, precisamente, con los casos que han sido ventilados en la prensa.
Hasta el momento el ente acusador no ha informado de proceso alguno que antes no haya sido publicado ni generado un debate público. Igual ocurre con la Procuraduría. Es más esta semana el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, indicó que le había pedido a la Fiscalía que le remitiera todo el expediente sobre el caso DMG.

La solicitud causó extrañeza por cuanto se creía que la entidad de control disciplinario ya había pedido desde noviembre pasado toda la copia del expediente de la investigación, dado que desde entonces se sabía que la empresa captadora había logrado infiltrar muchas instituciones e incluso se conocieron grabaciones que dieron piso a acuñar el término de la “DMG-política”.

No hay que olvidar que en una de esas grabaciones se escucha a Murcia y uno de sus socios hablar de los resultados de las elecciones regionales de octubre de 2007, e incluso se vanaglorian de haber “tenido diez ganadores”, en clara referencia a los candidatos a gobernaciones y alcaldías que recibieron apoyo de DMG.

En ese orden de ideas, es dable concluir que el escándalo por la infiltración de esta empresa captadora en distintos sectores políticos y públicos apenas si está comenzando. Decir que lo más grave ya salió a la luz pública resulta engañoso, toda vez que si ello fuera así, entonces las primeras grabaciones de llamadas comprometedoras habrían sido las del Personero de Bogotá o la del asesor presidencial.

Incluso, se sabe que la próxima semana se empezará a plantear la idea de pedirle al Gobierno que disponga de una partida presupuestal de emergencia para que la Fiscalía, la Procuraduría e incluso la Corte Suprema de Justicia, por aquello de los dos gobernadores investigados, puedan crear unidades especiales que se encarguen exclusivamente de este caso.

¿Qué viene?

Por ahora está claro que apenas se está en la etapa de las revelaciones del grado de infiltración de DMG en las entidades públicas y sus relaciones con políticos. Entonces lo que viene en el inmediato futuro es, precisamente, más de lo mismo.
Dado que el escándalo está salpicando a uribistas y oposición por igual, será difícil que tal o cual partido puedan utilizar electoralmente toda esta situación.

Hasta el momento no deja de llamar la atención la forma en que terminan pareciéndose las estrategias de defensa de todos los acusados, sin importar el partido al que pertenezcan. Al igual que ha ocurrido con otros escándalos vigentes como los de la parapolítica, la farc-política o la yidispolítica, los salpicados con el caso DMG insisten en defenderse desde los cargos, en aludir al principio de presunción de inocencia y, como principal bandera, en advertir que hasta octubre del año pasado la empresa captadora no tenía mayores cuestionamientos públicos ni legales, al punto que pagaba impuestos, patrocinaba eventos oficiales y hasta llegó en algún momento a ser referenciada positivamente por el presidente Uribe.

Es claro que esta última estrategia de defensa puede ser controvertida pero termina resultando válida, ya que si bien la Policía dice que hace más de un año le seguía los pasos a la cúpula de la empresa captadora y tenía sospechas fundadas sobre anomalías en sus operaciones e incluso un posible lavado de activos, nunca trascendió esa situación. Igual el gobierno Uribe, por más que diga que desde hace tiempo había advertido el riesgo de las “pirámides”, lo cierto es que sólo hasta octubre se decidió a actuar, obviamente ya era muy tarde para los miles de ahorradores que perdieron su plata.

Como se ve, el escándalo de DMG va para largo. Es como una especie de cáncer, del que meses atrás se descubrió el primer síntoma pero que poco a poco, a medida que avanza el diagnóstico y se empieza a vislumbrar el tratamiento, se evidencia que el mal hizo metástasis hace tiempo y que tiene invadidos ya muchos órganos, en donde las secuelas de la enfermedad parecieran terminales.

Capturado hombre que está condenado a 28 años de prisión

En desarrollo de acciones operativas para contrarrestar la criminalidad, unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), capturaron a dos hombres, uno de ellos condenado a 28 años y 9 meses de prisión por homicidio agravado.

Uno de los procedimientos fue adelantado por personal del Comando de Atención Inmediata del barrio Ceci, quienes desarrollaban acciones de registro y control en el barrio Doña Nidia, donde fue capturado Efraín Vargas León, de 32 años de edad, natural del municipio de Abrego (N de Sder), residente en el barrio Rudesindo Soto de Cúcuta.

Contra Vargas León pesa una orden de captura por el presunto delito de Homicidio Agravado, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña y quien según sentencia del 19 de mayo del año 2008, fue condenado a una pena de veintiocho (28) años y nueve (9) meses de prisión.

El segundo operativo fue adelantado en el barrio 28 de febrero por personal del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), quienes en actividades de patrullaje y control, interceptaron un vehículo de servicio particular que se movilizaba en actitud sospechosa y tripulado por dos personas.

Al verificar los antecedentes de los ocupantes, se encontró que uno de ellos identificados como Heinson Sebastián Urbina Moncada, de 24 años de edad, natural de Cúcuta, residente en el barrio Doña Nidia, quien está solicitado por la Fiscalía Séptima Especializada de Bucaramanga (Santander), por los presuntos delitos de Homicidio Agravado, Concierto para Delinquir, Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego o Municiones.


La Policía Metropolitana de Cúcuta, continuará con los operativos de control en toda su jurisdicción, con el propósito de neutralizar la comisión de hechos delictivos y a la vez capturar a los responsables de los ya realizados.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades solicitantes y posteriormente se trasladaron al Centro Penitenciario y Carcelario de Cúcuta.

Investigan a comisionados de TV por canal para DMG

Por presuntos nexos con la comercializadora DMG, a la que le fue entregado un canal, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar en contra de cinco integrantes de la Comisión Nacional de Televisión.

El Ministerio Público busca establecer en que condiciones la Comisión Nacional de Televisión otorgó una licencia para el funcionamiento del canal satelital de televisión elite Entertainment.

La Procuraduría entrará en una fase de verificación de los datos que se tienen hasta el momento por la recepción de dineros provenientes de la firma DMG.

La decisión cobija a la saliente comisionada Carolina Hoyos, al presidente de la CNTV, Juan Andrés Carreño, a Alberto Guzmán, Ricardo Galán y Zulma Constanza Casas.

“No tenemos ningún vínculo personal, ninguno de nosotros con DMG. Me imagino que (el caso) se refiere a una licencia que en su momento otorgó la CNTV a una empresa que resultó vinculada a DMG”, afirmó Carreño.

La decisión de la Procuraduría se suma a la adoptada el jueves, cuando decidió abrir investigación en contra del alcalde Samuel Moreno Rojas, al personero Francisco Rojas Birri y a un escándalo que se conoció ayer en la Gobernación de Cundinamarca y que determinó la renuncia de un asesor de Andrés González.

Las interceptaciones telefónicas a empleados de la intervenida comercializadora DMG Según se conoció, se registraron llamadas donde se menciona al gobernador González Díaz y a su secretario, Roberto Moya
En las grabaciones, reveladas por la W Radio, supuestos empleados de la comercializadora cuestionan a González por tomar la decisión de intervenir las pirámides del departamento.

La comunicación que se reveló ayer es la siguiente:

Fidencio Mena: “El Gobernador diciendo que persigan a todas estas empresas de Cundinamarca, dando orden y que le pregunte David a ese Andrés que fue lo que pasó”.

Daniel Ángel Rueda: “¿No dio nada o qué?”

Fidencio Mena: “Pues por eso, le estoy preguntado a usted -que de pronto es más inteligente que yo- que por qué él sale ahora a atacar a las empresas, me entiende y le imparte orden a la Policía y todo”.

Daniel: “¿Quién?”.

Fidencio: “El Gobernador le impartió orden a la Policía”.

Daniel: “¿De qué?”.

Fidencio: “De Cundinamarca, que persiguieran a todas estas empresas, a todas, está ahí DMG y todo”.

Daniel: “Déjeme yo averiguo ya mismo”.

Fidencio: “Entonces que le pregunten qué pasó, porque el Secretario de Gobierno (Roberto Moya) sabe y conoce a David, para que lo abrochen”.

Sin embargo, Moya le aseguró ayer a Noticias Caracol que no ha sostenido contactos con algún miembro de DMG. “No conocemos a Fidencio Mena, no conoceríamos al señor DMG ni a Daniel Santos, absolutamente no conocíamos a nadie. Tal vez lo hicieron por hacer un lobby por la fuerza que salió el Consejo de Gobierno para atacar directamente a las pirámides”.

El que sí reconoció haberse relacionado con DMG fue Reinaldo Bluhum, asesor de la Gobernación, que en una de las interceptaciones aparece dialogando con Ángel sobre la misma orden de González.

González aceptó la renuncia de Bluhum, presentada ayer mismo y aseguró en un comunicado que “ni durante su campaña, ni durante su gobierno, ha tenido relación alguna con la organización DMG, ni sus directivas”.
También anunció una investigación interna para aclarar los hechos.

En otra conversación entre la gerente de DMG y una empleada, queda al descubierto una posible fuga de información o una infiltración de DMG en la Fiscalía.
Las conversaciones hacen parte del material probatorio que expuso la Fiscalía ante un juez especializado que adelanta el caso de DMG.

La Fiscalía imputa cargos similares a Murcia, quien se encuentra detenido luego de que las autoridades de Panamá lo deportaran a Colombia tras ser capturado allí en noviembre pasado.

Activado artefacto explosivo en puente de Campo dos

Siendo las 20:57 del día de ayer, en la vía que comunica al corregimiento de Campo dos con el corregimiento de Petrolea, subversivos al parecer del frente XXXIII de las FARC, activaron una carga explosiva en el puente denominado el Tablazo, en el sector de la Soledad, ocasionando algunos daños, que obligaron a la restricción vehicular a un solo carril.

Estas acciones tendrían como finalidad, obligar el desplazamiento de algunas tropas del Ejercito Nacional y del personal de la Policía Nacional, para disminuir de alguna forma la presión mantenida por estas autoridades sobre los grupos narcoterroristas que delinquen en esta zona del país.

Como resultado de esta acción terrorista, fueron ocasionados daños en el puente, que aunque no ponen en riesgo la estabilidad de esté, si obligan a restringir el paso de vehículos pesados o de carga que se dirigen con destino al municipio de Tibu.

Las autoridades militares y de la Policía, mantienen el control total de la zona, y continúan con los trabajos coordinados con el fin de dar con el paradero de los responsables de estas acciones terroristas.

Cayó alias "El Taxista"

Alias ‘El Taxista’ y quien presuntamente haría parte de un grupo de sicarios que delinquiría en el Área Metropolitana de Cúcuta, fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) en desarrollo de acciones investigativas y operativas contra el homicidio.

El operativo fue adelantado por personal del ‘Grupo de Homicidios’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin–Mecuc), en la Urbanización Niza, donde fue capturado Luis Enrique Herrera, de 43 años.

De acuerdo con las labores investigativas y de inteligencia adelantadas, se conoció que el detenido haría parte de un grupo de sicarios que delinquiría en el Área Metropolitana de Cúcuta, siendo el encargado de sacarlos de la zona donde minutos antes cometieron el crimen.

Las unidades judiciales descubrieron que supuestamente los sicarios ultimarían a la víctima y se darían a la fuga en motocicletas, pero luego de recorrer algunas cuadras y para evadir la acción policial desembarcarían de las motos, se cambiarán de camisa y abordarían el taxi conducido por alias ‘El Taxista’, el cual los esperaba en lugares estratégicos para evitar que fueran capturados.

El conocimiento de las rutas de movilidad que tenía el taxista sería pieza fundamental en el plan de fuga de los sicarios, pues este conocería los sectores por donde podrían escapar sin ser interceptados por las unidades policiales.

Durante el proceso investigativo desarrollado por las unidades de la Sijin, se recopiló material probatorio que vinculó a alias ‘El Taxista’ con el homicidio con arma de fuego del señor Fernando Rivera Rivera, ocurrido el 29 de noviembre del año 2007 en la entrada de la estación de servicio La Floresta del Municipio de los Patios.

Gracias a la contundencia de las pruebas entregadas por la Sijin, la Fiscalía Segunda Seccional del Municipio de Los Patios, expidió contra alias ‘El Taxista’ la orden de captura por el presunto delito de Homicidio.

La Policía Metropolitana de Cúcuta continúa con las investigaciones para dar con la captura de los otros miembros de la banda de sicarios.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad solicitante.

Fiscalía investigaría a Rojas por enriquecimiento ilícito

Igualmente, aunque en el tiempo de las presuntas anomalías el hoy Personero no era funcionario, la Procuraduría estudia si hay lugar a investigación

SE COMPLICÓ ayer la situación del personero de Bogotá Francisco Rojas Birry cuestionado por presuntos nexos con la intervenida empresa captadora de dineros DMG.

De un lado, el fiscal general Mario Iguarán anunció que el ente acusador abrió investigación preliminar contra Rojas.

“Por ahora el señor Personero se encuentra bajo investigación. Estamos desarrollando un programa metodológico, y en su momento veremos si es procedente ante los jueces”, indicó el Fiscal General, quien añadió que también se adelantan otros procesos contra dirigentes políticos, como en el caso del gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, que también estaría involucrado con la cuestionada firma.

Igualmente, señaló que “recibir un dinero bajo el supuesto de que lo hubiese recibido, no registrarlo, no declararlo, en principio constituiría enriquecimiento ilícito”, aunque aclaró que “el fiscal del caso y los investigadores decidirán si es procedente o no la imputación”.

Como se sabe, de las grabaciones telefónicas que la Policía interceptó a la cúpula de DMG, se desprende que una suma de 200 millones de pesos habrían sido entregada a comienzos del año pasado por directivos de la empresa captadora a Rojas Birry, cuando aún no había sido elegido como Personero Distrital. El señalado ha negado insistentemente que haya recibido esa suma y menos que la utilizara para saldar una deuda de su casa y comprar una camioneta. Es más, ayer el funcionario distrital recordó que él mismo había pedido a la Fiscalía y la Procuraduría que lo investigaran.

Procuraduría evalúa

El procurador Alejandro Ordóñez dijo, a su turno, que su despacho lo primero que evalúa es si tiene competencia para seguir con la investigación.

“Nosotros ya hemos iniciado una investigación para valorar todas las circunstancias que rodean el tema en cuestión. Los primeros aspectos que debemos calificar es si al momento del acaecimiento de los hechos tal persona ostentaba la condición de funcionario público, porque lo que nos da la facultad para analizar las conductas disciplinables es eso”, precisó.

El jefe del Ministerio Público indicó que una vez se haya aclarado ese aspecto se sabrá el rumbo de la investigación preliminar que se abrió días atrás contra Rojas Birry.

Dijo que si se comprueba que no era funcionario público, entonces la competencia sería de la Fiscalía, debido a que lo que se tendría que investigar es una presunta responsabilidad penal y no una disciplinaria.
Sin embargo, también cabe la posibilidad de que se investigue si Rojas Birry, ya como personero, realizó algún tipo de acción a favor de DMG, en ese caso sí cabría la investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría.

De otra parte, interrogado en torno a si el primer secretario Distrital de Movilidad, Luis Bernardo Villegas, hubiera podido haber ejercido desde ese cargo algún tipo de favorecimiento a DMG, Ordóñez explicó que “todas las conductas realizadas por funcionarios públicos y que vayan a tener consecuencias disciplinarias, deben ser investigadas por el Ministerio Público”.

Ayer precisamente el abogado Fidencio Mena, el que la campaña de Moreno asegura que perteneció al grupo “Uribistas con Samuel”, y habría llevado al apresado líder de DMG, David Murcia, a una cita con la madre del entonces candidato a la Alcaldía, aseguró que Villegas era asesor de municipios y daba conferencias para la empresa captadora.

En torno a si el Concejo de Bogotá podría destituir al Personero Distrital, Ordóñez dijo que esa competencia no le corresponde, ya que reposa en la Procuraduría y en entes judiciales.

Por otra parte, ayer trascendió que varios concejales le pedirán al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Estado que revisen las cuentas de campaña entregadas por el candidato Samuel Moreno y establezcan si en algún momento aparecen reportes de las empresas de fachada y los nombres de testaferros de DMG, que ya las autoridades tienen identificados.
El Alcalde negó ayer que ello hubiera ocurrido.

Entretanto, el zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, consideró que el Personero debería apartarse del cargo mientras avanzan las investigaciones. Dijo que además de los graves señalamientos en su contra, debía proteger la imagen de la entidad disciplinaria distrital.

Lucha frontal contra los expendios de alucinógenos en Cúcuta

En desarrollo de una frontal ofensiva contra las ‘ollas de bazuco’ despliega la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), fue desmantelado un expendio de cocaína y se capturaron a dos personas, entre las cuales se encuentra un minusválido.

El operativo fue adelantado en un inmueble del barrio San Luis por personal del ‘Grupo de Estupefacientes’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), donde fue detenido Jorge Iván Quintero Peña, de 29 años de edad, natural de Sardinata y su hermana de 44 años de edad, natural de Cúcuta, residentes en el inmueble donde se llevo a cabo el procedimiento.

La ofensiva policial orientada a desmantelar inmuebles dedicados al expendio de sustancias estupefacientes y las organizaciones dedicadas al tráfico y comercialización de las mismas, fue el resultado de un importante trabajo investigativo y operativo que permitió establecer la ubicación del lugar, donde funcionaría uno de las más grandes ‘ollas’ en ese sector de la capital nortesantandereana.

Basados en las informaciones recopiladas a lo largo de las acciones investigativas, las unidades judiciales desplegaron el operativo para ubicar y desmantelar el centro clandestino de alucinógenos, logrando hallar efectivamente gran cantidad de papeletas de cocaína que estaban listas para sacar al mercado.

Durante la diligencia de registro y allanamiento los investigadores descubrieron que el hombre que es minusválido como consecuencia de heridas producidas con arma de fuego hace varios años, escondía varias dosis personales del narcótico debajo del pañal desechable que llevaba puesto en el momento.

Así mismo, otra cantidad de las papeletas fueron halladas escondidas dentro de un bolso. En el procedimiento también fue incautada una pistola marca Astra de fabricación española, calibre 9 milímetros, con un proveedor y 06 cartuchos.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

La Policía Metropolitana de Cúcuta, continuará adelantando acciones de control tendientes a desvertebrar las redes de micro traficantes que puedan existir en la capital nortesantandereana.

Obama ya exigió clarificar el Plan Colombia

En el paquete de 545 millones aprobado la semana pasada por el Senado, se exigió al Departamento de Estado redoblar vigilancia de derechos humanos y comprobar que el gobierno está desmantelando redes paras y que cortado vínculos con ellas.

LA DECISIÓN de Estados Unidos de apretar las condiciones al Plan Colombia no es una expectativa ni tampoco apenas una petición de algunos congresistas, sino que ya es una realidad.

El pasado 4 de marzo, EL NUEVO SIGLO publicó que el Congreso estadounidense estaba discutiendo el proyecto de ley de presupuesto de gasto corriente para 2009, en el cual no sólo se recortaban programas de ayuda exterior sino que, además, se aumentaban las condiciones para algunos de ellos, específicamente el Plan Colombia.

En el paquete presupuestario, de unos 410.000 millones de dólares y que corresponde al gasto público para que el gobierno estadounidense continúe operando durante este año, quedó establecido que el Plan Colombia fue afectado en dos frentes básicos.

De un lado, si bien el monto de la ayuda se redujo un poco y quedó en 545 millones de dólares -aunque se llegó a temer que el recorte fuera mayor-, sí cambió su distribución interna, de forma tal que ahora se destinarán más fondos a los programas sociales y de reinserción de desmovilizados de grupos armados ilegales, que al componente militar como tal.

Peros puntuales

Al mismo tiempo, el texto del proyecto, que fue finalmente aprobado por el Senado el pasado 10 de marzo y está para sanción del presidente Barack Obama, endureció las condiciones de ayuda y ordena al Departamento de Estado que informe regularmente al Congreso sobre el respeto a los derechos humanos en Colombia.

Específicamente se establece que el Departamento de Estado deberá comprobar, por ejemplo, que "el gobierno de Colombia está desmantelando las redes paramilitares", y que "ha cortado vínculos" con ellas, según el texto.

Durante la discusión sobre el tema del Plan Colombia, varios congresistas sacaron a colación que era necesario evaluar y replantear algunos de los aspectos básicos de este plan de ayuda antidrogas.

No sólo indicaron que era necesario establecer el costo-beneficio del Plan en los últimos años, ya que el narcotráfico originado en Colombia no se había reducido en las proporciones que se esperaban, sino que el propio Obama había prometido que en su gobierno haría más énfasis en materia de lucha contra el consumo interno y tratamiento a la drogadicción.

Por otra parte, varios de los senadores, sobre todo el partido Demócrata, trajeron a colación que era necesario exigir al gobierno colombiano que garantizara que ninguna de las unidades militares y policiales a las que les estaba llegando la ayuda norteamericana estaba comprometida en violaciones de derechos humanos.

Teniendo como base el Acta de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act), -que data de 1961- y la enmienda al Acta de Operaciones Extranjeras y Apropiaciones de Defensa (Foreign Operations and Defense Appropriations Act) que se conoce con el nombre de "Ley Leahy", los congresistas recordaron que EU tenía la obligación de condicionar la ayuda al cumplimiento de determinadas condiciones.

Recordaron que por esa ley advertía EU no podía prestar apoyo a ninguna unidad cuestionada y que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la Fuerza Pública colombiana habían crecido, sobre en casos de ejecuciones extrajudiciales.

Fue en el marco de las discusiones los días subsiguientes que se conoció la carta del líder de la mayoría demócrata en el Senado Patrick Leahy, reseñada en su momento por este diario, que condicionó una ayuda de 72 millones de dólares al Plan Colombia a que se aclararan los casos de ‘falsos positivos’.

La oficina del senador Leahy (padre de la reforma a la ley de 1961) expidió un comunicado al respecto el 9 de marzo aunque algunos medios de prensa sólo dieron cuenta del mismo ayer.

“El congreso de EU no tuvo otra alternativa que recortar una porción de la ayuda militar para Colombia. Cuándo y cómo esos fondos sean enviados nuevamente a Colombia dependerá, en parte, de cómo maneje el gobierno colombiano el tema de ‘falsos positivos’, de que los oficiales involucrados sean debidamente procesados, y de si los que han tenido el coraje de reportar estos crímenes continúen siendo el blanco de ataques del gobierno”, precisó el comunicado expedido ese 9 de marzo.

El informe

No hay que olvidar que de forma casi paralela a esta discusión, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentó al Congreso el informe sobre la situación de derechos humanos en todo el planeta y allí Colombia, pese a que el reporte fue realizado por la saliente administración Bush, quedó muy mal parada.

Según el informe, los problemas de derechos humanos más críticos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las masacres, la persecución a periodistas y el desplazamiento, persisten en Colombia. Se hizo especial énfasis de los casos de ‘falsos positivos’.

El análisis sobre Colombia, que abarca 15 páginas, indica que si bien las autoridades civiles “en general mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad, hubo instancias en que elementos de las fuerzas de seguridad violaron la política estatal”.

La divulgación del documento coincidió con una ofensiva política y diplomática que emprendieron esa misma semana el canciller Jaime Bermúdez y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos en EU en busca de mantener las ayudas del Plan Colombia, al menos durante un año más.

Hostigada subestación de policía en el corregimiento de Campo Dos

Siendo las 00:20 horas del día de hoy, se presentó un hostigamiento en la Subestación de Policía ubicada en el corregimiento Campo dos, jurisdicción del municipio de Tibu, dejando como saldo un Policía y particular heridos.

Un reducido grupo de hombres, al parecer pertenecientes al Frente 33 de las FARC, realizó una serie de disparos contra las instalaciones policiales, situación que fue contrarrestada por el personal uniformado; en el momento del ataque un camión que se movilizaba entre la vía Tibu – Cúcuta recibió algunos impactos realizados por los subversivos, dejando herido al conductor del mismo, siendo trasladado esté a la clínica San José de la ciudad de Cúcuta para su atención medica.

Así mismo en la vereda la Soledad, fueron incinerados seis tracto camiones, que se encontraban estacionados en un parqueadero improvisado para esta clase de vehículos, dentro de los camiones afectados se encuentran: (2) tracto camiones marca Kenword modelo 1980, (1) tracto camión marca Ford modelo 1980, (1) tracto camión marca Ford 9000 modelo 1975 y (2) tracto camiones marca Chevrolet Superbrigadier.

En otros hechos registrados a 5 kilómetros del corregimiento petroleas, en la vereda Ambato, fue averiada la torre conductora de energía Nº 112, la cual presenta daños en dos de sus soportes por cargas explosivas, una de estas cargas logró ser desactivada por unidades del Departamento de Policía Norte de Santander, quienes mantienen el control total de la zona.

Juez dictó medida de aseguramiento a presuntos homicidas

Un juez con Función de Control de Garantías, dictó medida de aseguramiento contra los dos presuntos homicidas capturados en esta capital por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc).

Los detenidos fueron identificados como Abel Urdinola Jaramillo, de 18 años de edad, natural de La Victoria (Valle del Cauca), residente en el barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali y Ricardo Jaimes Carrillo, de 34 años de edad, natural de Cúcuta, residente en el barrio Santander, sindicados como presuntos responsables del homicidio de un hombre, quien inicialmente fue identificado como Andrew Hampsten Silva Montoya, de acuerdo a una cédula venezolana que portaba.

Labores investigativas:

Labores investigativas adelantadas por unidades del Grupo de Homicidios de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), permitieron establecer que el nombre real del occiso corresponde a Jhon Freddy Meza Lucas, de 29 años de edad y natural de Cali.

Así mismo, al verificar las anotaciones judiciales de los aprehendidos, los investigadores hallaron que Ricardo Jaimes Carrillo, fue capturado en Julio del año 2006, por el presunto delito de Fabricación, Tráfico o Porte de Sustancias Estupefacientes, hecho por el cual estuvo recluido en el Centro Carcelario y Penitenciario de Cúcuta.

Operativo de captura:

La detención de los dos hombres fue el resultado de un envolvente operativo adelantado por unidades conjuntas de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), las cuales cometido el hecho delictivo el pasado lunes en las horas de la noche a la altura de la avenida séptima con diagonal Santander.

La reacción inmediata de los uniformados que se desarrolló en medio de una persecución y que involucró la implementación del plan candado y la participación de unidades especializadas del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), permitió interceptar y capturar a los dos presuntos homicidas en el barrio Alfonso López.

En el operativo se inmovilizó un vehículo Toyota Yaris, de color verde, de placas AEC-51P (venezolano), en el cual se movilizaban los detenidos. Así mismo se incautó un revólver Smith & Wesson, con dos cartuchos y cuatro vainillas percutidas, dos celulares y $2.090.000 en efectivo.

Corte Suprema confirmó condena por secuestro y violación contra un hombre que se 'hizo el loco'

Donovan Hernán Mesa Forero luchó ocho años para que le anularan una condena de 11 años y medio, pero al final perdió.

Un juez lo había sentenciado por secuestrar y violar a una mujer en Cúcuta.

La Sala Penal de la Corte determinó en un fallo de casación, que este hombre fue "conciente de sus emociones, ideas y sentimientos" durante las ocho horas en las que obligó a su víctima, apuntándole con un revólver, a ingresar a un motel y accederla sexualmente.

El condenado, quien también debe cancelar 800 millones de multa para reparar los daños que causó, alegó siempre tener una personalidad afectada por manifestaciones psicóticas y sociopáticas que lo hacían un hombre amoral y antisocial, según lo reconoció un dictamen realizado por médicos forenses del instituto de Medicina Legal.

La Corte consideró en su sentencia que los rasgos de personalidad detectados en Mesa Forero no hacen parte de la clasificación internacional de enfermedades mentales avalados por el Ministerio de la Protección Social que permiten declarar a una persona como no responsable jurídicamente de sus actos, situación que se conoce con el término de inimputable.

El secuestró ocurrió a las 9 y 10 de la noche del 10 de diciembre del 2001. La víctima salió de su trabajo y en la Avenida los Libertadores de Cúcuta abordó un bus para regresar a su casa. Mesa estaba dentro del vehículo y al verla la abordó, la amenazó con un revólver, la empujo hacía la parte trasera y la obligó a bajarse con él.

Caminaron por varias calles y entraron a un bar. Ante los ruegos de la mujer por la suerte de sus dos hijos, que estaban bajo el cuidado de sus padres, la hizo llamar a su casa y advertirle a su familia que iba a demorarse. Después ingresaron a un motel donde permanecieron en resto de la noche.

En su testimonio, la víctima relató que Mesa Forero le advertía que era un "paraco" y un "sicópata". Con maldiciones se quejaba de las mujeres y la retaba a que avisara a la Policía. "Déjese o le pego un pepazo en la jeta", le decía continuamente y la obligó a tomar licor apuntándole siempre con el arma.

Solo hasta las 5 de la mañana del día siguiente la dejó salir y un Policía la encontró minutos después a pocas calles del lugar en de una crisis nerviosa. La mujer le relató los hechos al uniformado, quien alertó a la central. Cuarenta y cinco minutos más tarde Mesa fue capturado mientras dormía en la habitación.

El hombre fue condenado y un año y nueve meses después, el 24 de agosto del 2004, el Tribunal Superior de Cúcuta confirmó la sentencia.

Durante el proceso, el defensor de Mesa pidió Según solicitó que fuera evaluada la personalidad, el estado social y familiar, la vida anterior, las condiciones afectivas, las relaciones sociales, las enfermedades anteriores, tanto personales como familiares de su cliente.

"El acusado es un psicópata sexual, aquí y en Cafarnaún". Su comportamiento muestra que es inimputable, que no se trata de una persona normal, máxime que previamente había incurrido en un caso similar", reiteró el abogado en sus alegatos ante la Corte en los que pedía anular el proceso.

Una de las causales que esgrimió fue que el examen hecho por psiquiatra forense que entregó el dictamen solamente hizo un estudio de 30 minutos en presencia de los guardianes y con el paciente esposado.

Para la Corte, el dictamen de reconocimiento hecho por Medicina Legal si cumplió con los protocolos dispuestos por la ley en estos casos y se reafirmó en que Mesa Forero no poseía trastornos mentales o inmadurez psicológica que le impidiera comprender la naturaleza de sus actos.

Según Medicina Legal, hasta el momento no existen exámenes de laboratorio capaces de medir pensamientos, emociones, ideas, sentimientos como lo pidió el abogado defensor. Estos aspectos, agregaron en su informe, se valoran por el criterio clínico del psiquiatra.

Los magistrados también analizaron el comportamiento seguido por el condenado y encontraron que en forma conciente llevó a su víctima aun estado de pánico para controlar su voluntad. De esa forma se aseguró que no iba intentar huir o acudir a las autoridades después de liberarla.

Luego, después de su captura, se defendió sosteniendo que la mujer había consentido las relaciones sexuales con él, que no era la primera vez, pues era su amante y que ello había ocurrido con anterioridad en otras ocasiones, "(...) lo cual señala que tuvo la capacidad de comprender la ilicitud de su comportamiento", expresó la Corte en el fallo.

"...La actitud del procesado de no abandonar el cuarto de hotel donde cometió el delito, en contra de lo alegado por la defensa, es indicativa de la preparación conciente y voluntaria del hecho, pues, dueño de la situación, habiendo generado pánico en la víctima, tenía la convicción de que no sería denunciado, según sucede normalmente en situaciones de esta índole", agregaron los magistrados.

También reiteraron su postura de aceptar el concepto médico internacional, clasificado con el código F60-2, según el cual los rasgos de personalidad que presentó Mesa Forero no constituyen un trastorno mental grave o una inmadurez psicológica que altere sus capacidades.

Tenemos que estar frente a una perturbación psíquica y de personalidad mucho más profunda que lleven a una franca ruptura con la realidad, con características psicóticas o disociativas bien definidas y que determinen una desorganización severa en las funciones mentales superiores.

Desarticulada presunta banda de extorsionistas

En un contundente operativo contra la extorsión llevado a cabo en esta capital por personal de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), fue desarticulada una presunta banda de extorsionistas autodenominada ‘Los Kikos’ y que delinquiría a nombre del EPL.

Dos hombres de 39 y 20 años, naturales del municipio de Teorama (N de Sder), residente en el Corregimiento de San Pablo (Teorama) y una de mujer de 18 años, natural del municipio de Convención, residente en el barrio Alfonso López de Cúcuta, fueron capturados en flagrancia por unidades del Grupo Unificado para la Libertad Personal (GAULA), cuando recibían de la víctima la suma de treinta millones de pesos producto de una extorsión.

El procedimiento fue adelantado en el parque del barrio Antonia Santos de la Ciudadela Juan Atalaya, hasta donde llegó el comerciante con el dinero exigido con el propósito de reunirse con los extorsionistas, quienes no se esperaban que un operativo encubierto de las unidades del GAULA, estaba desplegado en la zona para evitar la consumación del hecho delictivo.

Al momento en que los presuntos extorsionistas procedían a salir del lugar con la millonaria suma de dinero recibida, fueron abordados por las unidades policiales y fue ahí cuando uno de los delincuentes en medio del forcejeo con los uniformados disparó contra ellos; sin embargo la suerte no lo acompañó pues la pistola 9 milímetros se trabó y no pudo continuar disparando, siendo finalmente reducido y capturado.


Así mismo, fue detenido el segundo hombre que tenía en su poder un revólver calibre 32 milímetros y la mujer que en un bolso llevaba una caja de munición adicional para la pistola que llevaba el primer capturado.

De acuerdo con la investigaciones adelantadas se conoció que la extorsión se vendría presentando desde el pasado mes de enero, cuando un hombre identificándose como el comandante ‘Ricardo’ de la organización subversiva EPL, habría contactado a la víctima mediante llamadas telefónicas para exigirle la millonaria suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

Cuando el Grupo Gaula conoció el caso de inmediato inició las labores investigativas tendientes a identificar a los responsables de la extorsión en desarrollo de las cuales se conoció la forma como se llevaría a cabo la entrega del dinero, logrando finalmente desarticular a la presunta banda delincuencial, incautar las dos armas de fuego y los tres celulares, uno de los cuales sería utilizado para realizar las llamadas extorsivas.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía junto con los elementos incautados.