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Un estudio realizado por el centro educativo señaló que los grupos armados están contratando bandas ilegales para expandirse, además de reclutar menores venezolanos.
UN ESTUDIO realizado por la Universidad del Táchira y el Servicio Jesuita de Refugiados en América Latina y el Caribe, difundido ayer por el diario El Nacional de Caracas, señaló que la frontera colombo-venezolana, en Táchira y Apure, está siendo controlada por grupos armados ilegales de ambos países.
Según reveló el estudio, en los municipios venezolanos de San Cristóbal, Bolívar, Ureña y Fernández Feo en Táchira y José Antonio Páez en Alto Apure, quedó “al descubierto la manera como el conflicto armado colombiano ha calado en el entramado social venezolano”.
Jesús Rodríguez Villarroel, uno de los autores de la investigación, señaló que “los habitantes se sienten impotentes porque en la zona prevalece un Estado deficiente para atacar los asuntos de desarrollo integral y seguridad que los hace cómplice con la situación de violencia armada y las irregularidades que emanan de esta realidad como son contrabando de combustible, narcotráfico, el secuestro y la extorsión”.
De acuerdo con Rodríguez Villarroel, en esta región se siente una fuerte presencia de organizaciones subversivas y paramilitares.
“Los pobladores perciben, cada vez más, que están siendo controlados por los grupos armados irregulares: Farc, Eln, Auc y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (Fbl), de origen nacional (Venezuela)”, señaló el investigador.
En los municipios de Ureña y Bolívar, en Táchira, se destaca la presencia de las Auc, mientras que en Páez hace presencia el Eln y en Fernández Feo está el Fbl, según la investigación, “sin dejar de mencionar a las Farc que tienen presencia, aunque han perdido representación en la zona fronteriza en los últimos años”.
Asimismo agregó que los irregulares se sirven de organizaciones delincuenciales que actúan como agrupaciones transfronterizas convirtiéndose en un importante empleador para la comisión de sus ilícitos.
Según los investigadores otro dato preocupante es el aumento en la cifra de desplazamiento interno. “Casi el 100% de la muestra encuestada, al ser consultada sobre si ha sentido el deseo de dejar la zona, respondió que sí porque no está de acuerdo con las prácticas violentas de los grupos armados irregulares”, explicó Rodríguez.
En relación con el reclutamiento de menores, señala la investigación que se presume que esta práctica existe con el propósito de que estos realicen actividades que van desde el apoyo logístico, hasta la participación en hostilidades. Las familias no se atreven a hacer denuncias ni comentarios de estos casos por temor a sufrir represalias.
“Esta realidad ha ocasionado que muchas familias de la zona fronteriza hayan trasladados a sus hijos, de entre 10 años y 18 años de edad, a otras localidades por el riesgo de ser reclutados por los grupos irregulares”, concluyó Rodríguez.
Más de 900 informes financieros fueron entregados por la oficina antilavado del Ministerio de Hacienda al organismo de inteligencia de la Presidencia de la República
CON EL llamado ayer a indagatoria del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, ya son 37 los funcionarios y ex funcionarios que la Fiscalía ha vinculado esta semana a la investigación por las interceptaciones ilegales, entre ellos los cuatro últimos directores del organismo de inteligencia.
Igualmente fueron llamados ayer a indagatoria Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares, responsables de Contrainteligencia e Inteligencia del DAS.
El jueves pasado, fueron llamados a indagatoria Jorge Noguera, Joaquín Polo, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, los cuatro últimos directores del DAS.
La Fiscalía encontró méritos para investigar a los ex directores por los delitos de concierto para delinquir; violación ilícita de comunicaciones; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; abuso de autoridad; falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; y fraude procesal por la interceptaciones ilegales realizadas desde el DAS contra magistrados, políticos de la oposición, periodistas e incluso algunos funcionarios del Gobierno.
También como parte de la investigaciones por las interceptaciones ilegales, el fiscal Iguarán llamó a declarar a 30 funcionarios y ex funcionarios del DAS vinculados a las actividades del G3. Este grupo fue creado entre 2004 y 2005, cuando Noguera era director. Su misión era chuzar a personas que supuestamente podrían poner en peligro la seguridad del Estado. Uno de los afectados en ese entonces por las interceptaciones fue el vicepresidente Francisco Santos.
Sobre el llamado a indagatoria de funcionarios y ex funcionarios, Iguarán explicó que “se encontró que varias personas acordaron y ejecutaron interceptaciones telefónicas, de correos electrónicos y seguimientos sin orden judicial, o utilizándola de manera arbitraria”, e igualmente aseguró que se han destruido u ocultado documentos públicos, por una cadena de hechos que comenzó en 2004.
Mario Aranguren fue vinculado a la investigación pues en su calidad de director de la Uiaf entregó cerca de 900 investigaciones de tipo financiero que le solicitó el DAS.
Aranguren explicó que aportó esa información porque desde la época en que estuvo Andrés Peñate, la Uiaf suscribió con el DAS un convenio de intercambio de información reservada.
Tras salir a relucir su nombre en el escándalo de las interceptaciones ilegales, a principios de este mes, Aranguren renunció a la dirección de la Uiaf, sin embargo el presidente Uribe no aceptó su dimisión.
Tanto los cuatro ex directores del DAS como el director de la Uiaf deberán acudir la otra semana al búnker de la Fiscalía para que en diligencia de indagatoria, declaren lo que saben sobre las interceptaciones adelantadas desde el organismo de seguridad al servicio del Gobierno nacional.
El ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso dijo desde Estados Unidos que es mentira que el Gobierno tenga convenios y mecanismos para reconstruir la verdad y reparar a las víctimas
CON EL interés de obtener las declaraciones de los 14 extraditados jefes paramilitares en el proceso de la parapolítica, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez Guzmán, se reunirá con el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, el próximo lunes a las 11 de la mañana en el Palacio de Justicia para buscar mecanismos que faciliten esta diligencia.
La reunión estaba prevista para el día de ayer, pero por quebrantos de salud del magistrado Ibáñez quedó aplazada.
El presidente de la alta Corte explicó que lo que se está buscando con esta reunión es una facilitación para obtener la declaración de los 14 jefes de las autodefensas recluidos en Estados Unidos.
Ibáñez Guzmán aseguró que se está haciendo un “un gran esfuerzo” para tener la mejor cooperación con Estados Unidos y esclarecer el llamado proceso de la parapolítica.
Con esto, la Corte Suprema busca que no haya más trabas y dilaciones en las declaraciones requeridas de los extraditados jefes paramilitares en los procesos que el alto Tribunal les sigue a varios congresistas por presuntos nexos con las autodefensas.
Este encuentro con el funcionario americano se da después de varios intentos y aplazamientos para que uno de los extraditados, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, declarara en varios procesos, entre ellos el de la representante a la Cámara Karely Lara Vence. Varias veces las audiencias en las que el ex líder de las autodefensas iba a declarar vía teleconferencia desde Estados Unidos fueron impedidas por funcionarios de dicho país.
De los 14 extraditados Salvatore Mancuso es el que ha entregado algunas declaraciones desde su sitio de reclusión en Washington.
Sin embargo, en una entrevista que le concedió a la revista Cambio, Mancuso expuso que no hay mecanismos que posibiliten una detallada declaración para que se depure la verdad de los hechos delictivos de las autodefensas.
“Mis abogados y yo estamos empeñados en seguir adelante en la reconstrucción de la verdad y la reparación de las víctimas. Pero quiero aclarar que cuando el Gobierno me extraditó dijo por medio del Ministro de Justicia que existían convenios y mecanismos para que el proceso pudiera seguir adelante. Eso es una gran mentira y lo que hemos hecho hasta ahora se debe a la buena voluntad de los fiscales de Estados Unidos y de Justicia y Paz de Colombia. El Gobierno nos extraditó y tendrá que ver cómo hace para evitar la impunidad y que haya reparación”, dijo el ex jefe del bloque Norte de las autodefensas.
“La verdad importante la tenemos los comandantes, con nuestro envío a Estados Unidos extraditaron la verdad”, dijo Mancuso.
El extraditado también aseguró que varios de los denunciados por vínculos con los paramilitares no han sido investigados, entre ellos hay militares activos y en retiro y políticos importantes que hoy son candidatos presidenciales.
Según Salvatore Mancuso faltan muchos ex jefes paramilitares por declarar que no fueron extraditados y algunos comandantes no han iniciado o terminado sus versiones. “Creo que no lo harán (declarar) mientras arreglan sus procesos en Estados Unidos. Ese es el problema de la extradición”, dijo el ex líder paramilitar. En todo caso, Mancuso aseguró que las extradiciones se debieron a que el Gobierno no quería que se revelara toda la verdad.
Otro de los extraditados que también ha declarado en muy pocas oportunidades desde Estados Unidos es Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, quien aseguró que las autodefensas habían apoyado las candidaturas del actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar, y la del presidente Uribe.
El trasfondo del asunto consiste en determinar de manera puntual si el DAS se convirtió en una especie de “policía política” y si ello era de conocimiento y participación desde las más altas instancias del Estado
EL TEMA de las denominadas “chuzadas”, que ayer permitió la más amplia investigación al DAS de que se tenga noticia en la Fiscalía, se reduce a un solo asunto. Se trata, ciertamente, de un elemento tan sencillo como que en ninguna parte consta orden judicial para interceptar e investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco a líderes políticos y el grueso de periodistas nacionales.
Es ahí, justamente, donde seguramente se concentrará la investigación abierta por la Fiscalía, donde se implican los Directores de Inteligencia del mandato Uribe y sus segundos, así como miembros de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), pues es ese caso, en el que se carecía de órdenes judiciales, el que ha estremecido a la opinión pública.
Se sabe, claro, que el asunto es de una gravedad inusitada, comenzando porque para las interceptaciones y seguimientos utilizaron los instrumentos que provenían de las ayudas internacionales contra el terrorismo y el narcotráfico. Es decir que en lugar de perseguir a los delincuentes, las autoridades usaron los aditamentos tecnológicos para devolverse contra los magistrados y las gentes que no estaban incursas en ninguna investigación judicial. Semejante circunstancia es la que ha determinado que el Reino Unido, por ejemplo, haya decidido cambiar las ayudas y que las redireccionara hacia entidades diferentes del DAS o de la Inteligencia adscrita al Palacio de Nariño. Lo mismo está pasando con Estados Unidos, puesto que su Embajador ha sido claro en que no están brindando colaboración tecnológica para perseguir a los inocentes, sino a los delincuentes.
El trasfondo del asunto consiste en saber, entonces, si el DAS se convirtió en una especie de “policía política” y si ello era de conocimiento y participación desde las más altas instancias del Estado.
“Caso Tasmania”
El marco de las indagaciones se produce, desde luego, en medio de las prolongadas fricciones entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Todo comenzó, como se recuerda, en referencia al pleito de un paramilitar apodado “Tasmania” y que apareció intempestivamente en un comunicado de la Casa de Nariño, hace un año y medio, en el que se decía que aquél pretendía involucrar al Primer Mandatario en delitos de paramilitarismo.
El caso se complicó al decirse que era uno de los Magistrados clave en las investigaciones de la parapolítica –Iván Velásquez-, el que supuestamente estaba ofreciendo beneficios judiciales en el propósito anterior, según adujo el Gobierno. Todo se demostró una falsedad cuando la misma Fiscalía salvó a Velásquez de cualquier responsabilidad y en cambio se informó que existían contactos del entorno presidencial con el denunciante y sus abogados a cambio de supuestas financiaciones para la consecución de una casa para su madre.
De colofón también estaban las acusaciones gubernamentales a la Corte por un supuesto “sesgo ideológico” en sus sentencias. Desde entonces la Corte tuvo que salir a defenderse pidiéndole al Jefe de Estado respeto por su majestad. Incluso la misma Corte tuvo que recurrir a la suspensión temporal de extradiciones de paramilitares para conseguir las pruebas para los pleitos que se adelantaban en la denominada jurisdicción de Justicia y Paz y que había sido gravemente entorpecida por la extradición generalizada de los jefes paramilitares que actuaban de testigos en los procesos. De entonces a hoy no se ha podido surtir debidamente la colaboración de los Estados Unidos con la Justicia colombiana y sólo hasta ahora, un año después, los norteamericanos buscan los mecanismos para lograrlo una vez los paramilitares han venido anunciando declaraciones impactantes que incluso comprometerían las dos últimas campañas presidenciales.
Estos episodios ocurrieron, a su vez, en medio de las investigaciones adelantadas por parapolítica contra el senador Mario Uribe Escobar, primo del Jefe del Estado, sobre quien el Presidente llamó a indagar por su suerte a su homólogo en la Corte Suprema de Justicia. Uribe Escobar terminó en la cárcel, después de un fallido intento de asilo político en la Embajada de Costa Rica, pero meses después fue excarcelado, sin que hasta el momento haya sido desvinculado de las investigaciones. De las fricciones suscitadas por este caso particular fue que el Presidente de la Corte Suprema adujo obstrucciones a la Justicia por parte del Primer Mandatario y de allí se derivaron demandas que se tramitan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Mutismo presidencial
Las “chuzadas” que hoy se investigan corresponden al período en el que el actual Presidente fue reelegido y el desarrollo de las investigaciones de la parapolítica. Como se sabe, en la actualidad está en prisión una porción importante de la bancada gubernamental en el Congreso, así como embajadores, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados adscritos al denominado “Uribismo”. Uno de los hechos más relevantes ha sido el de Jorge Noguera, nombrado por el presidente Uribe en el DAS, oficina dependiente directamente del Primer Mandatario, y a quien, después de múltiples intríngulis jurídicos, se le acusó recientemente de variados delitos desde su despacho, entre ellos el asesinato de sindicalistas y académicos.
Frente a las sospechas de que estaban siendo interceptados ilegalmente, los miembros de la Corte Suprema de Justicia han solicitado reiteradamente al Primer Magistrado de la Nación una respuesta contundente en torno al DAS. El Primer Mandatario ha sido evasivo, después de múltiples requerimientos, hasta el último, semanas previas, en el que la Comisión Interinstitucional de la Justicia, en la que se sientan todas las Cortes se mostró insatisfecha con la actitud presidencial. Ante ello, desde hace un año hacia acá la Rama Jurisdiccional se ha respaldado en entidades del exterior como la Corte Penal Internacional y fiscales de prestigio universal. En estos días, precisamente, la Corte Suprema ha solicitado la presencia de un Relator especial de las Naciones Unidas por aún considerar amenazadas sus facultades y actividades. Al mismo tiempo las investigaciones por la parapolítica se han venido profundizando y se esperan nuevos dictámenes en los próximos días.
Las pruebas
Hace unas semanas revistas como Semana o empresas periodísticas como RCN, mostraron pruebas y recurrieron a fuentes según las cuales evidentemente existían todas esas maniobras de interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos. La emisora La FM divulgó diversos elementos probatorios en los que se grababa ilegalmente a algunos de los anteriores. En esos días el jefe de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, rindió versión libre ante la Fiscalía, en la cual reveló varios elementos que apuntaban directamente al Palacio de Nariño. Se descubrió que asesores, secretarios y consejeros presidenciales habían conocido de las investigaciones del DAS a magistrados, entre ellos el secretario General Bernardo Moreno, el asesor José Obdulio Gaviria y los consejeros de Comunicaciones César Mauricio Velásquez y Jorge Mario Eastman. Pese a rifirrafes periodísticos entre si los asesores presidenciales habían ordenado las investigaciones o simplemente se habían enterado de sus resultados, el hecho es que por cualquiera de los dos circunstancias la Procuraduría encontró méritos para llamar a investigación disciplinaria a casi todos los anteriores y a ex directores, directores y subdirectores del DAS. Como se sabe, igualmente está incurso en investigación disciplinaria en la Procuraduría el secretario Jurídico Edmundo del Castillo, a causa de recibir furtivamente a ex paramilitares en la Casa de Nariño, que tenían supuestas pruebas contra miembros de la Corte Suprema de Justicia.
De antemano se sabía que uno de los directores del DAS, María del Pilar Hurtado, había recibido órdenes de Palacio para iniciar las investigaciones, supuestamente bajo el expediente de descubrir los nexos de un señor Ascencio Reyes, aparentemente vinculado con el narcotráfico –cosa que nunca se demostró-, con los magistrados a los que había homenajeado en Neiva. Esa circunstancia sirvió de mampara para que, en efecto, no sólo el DAS, sino la UIAF recabara informaciones sobre la mayoría de magistrados y esculcara en sus declaraciones de renta, según lo aceptó el Director de la última, Mario Aranguren, quien por ello renunció, sin que se le aceptara la dimisión por parte del Presidente. Al parecer, ciertamente, el delgado hilo de Reyes habría servido para generar todo tipo de informes de Inteligencia sobre los magistrados y el mismo Fiscal General de la Nación, empeñados, como se dijo, en sacar avante las investigaciones de la parapolítica y no ceder un milímetro en la aplicación de la Justicia.
Inconsistencias
Ante el escándalo, el Gobierno y algunos de sus coaligados han pretendido bajarle el tono al asunto al sostener que no hay pruebas fehacientes. No obstante, tanto la revista Semana como La FM Radio, han dicho, la primera, que las pruebas, con base en fuentes fidedignas, fueron desaparecidas, y al aire se han escuchado ciertamente las grabaciones ilegales emitidas en primicia por la segunda. De manera que hoy está claro que no sólo las interceptaciones sí existieron, sino que igualmente el Director de la UIAF, en entrevista a Semana, aceptó que había indagado las declaraciones de renta de muchos magistrados y que el portafolio fue entregado a la Dirección del DAS para su eventual remisión a la Casa de Nariño.
Incluso el mismo Lagos, jefe de Contrainteligencia, dice en su versión ante la Fiscalía que “siempre tuve la sensación de que habían enviado más información de la que había solicitado, porque nunca solicité sábanas telefónicas, y otros aspectos de información que no requerí”. Al hablar de “sábanas telefónicas”, evidentemente acepta implícitamente que había interceptaciones a los teléfonos de los magistrados. Al mismo tiempo, sus declaraciones sobre eventuales pérdidas o desapariciones de pruebas están aún en camino a saberse si convencieron o no a los fiscales, luego de aceptar que había roto los protocolos del DAS al respecto.
Si las Cortes no han creído las explicaciones del Ejecutivo, tampoco la Fiscalía se encuentra satisfecha y precisamente por ello ayer abrió un gigantesco proceso que, por tener más de un sindicado, aún no se ha individualizado en acusaciones particulares. De esta manera no sólo vuelve a llamar al judicializado Jorge Noguera, cuyas acusaciones han causado escándalo en el mundo, sino que además llama a indagatoria a los ex directores del DAS Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo, y con ellos también deberán declarar treinta ex funcionarios, incluidos los interceptadores. La investigación está tipificada bajo el concierto para delinquir y se averigua por una violación ilícita de comunicaciones, el uso indebido de equipos de comunicación, la falsedad ideológica en documento, la destrucción y supresión de documentos oficiales, el fraude procesal y el abuso de autoridad. Igualmente se investiga a la UIAF en torno a si hay irregularidades en pasar información reservada que sólo debería ser entregada previa orden judicial.
Lo importante, como epicentro de investigación, es, como se dijo, que ninguno de los interceptados, incluidos los magistrados, podían ser investigados sin orden judicial, es decir, sin que estuvieran incursos en investigación correspondiente y un dictamen en tal sentido del investigador. Tampoco es dable que bajo el fementido expediente del señor Ascensio Reyes pudiera abrirse toda una compuerta contra la Corte, que desde luego tiene más un tinte político que jurídico. En todo caso, todo aquello que parecía una exageración hace tan sólo algunos meses, hoy se muestra tan real como que ha llegado a los estrados judiciales con base ya no en versiones libres sino en indagatorias que prometen develar aquello que el mismo Fiscal General calificó de “gravísimo y descarado”.
Igualmente, la Fiscalía citó a declarar a 30 funcionarios y ex funcionarios vinculados con el G3, grupo que entre 2004 y 2005 interceptó a varias personalidades
EL ESCÁNDALO por las interceptaciones ilegales generó ayer la primera decisión judicial en contra de la cúpula del DAS, al ser llamados a rendir indagatoria por la Fiscalía los cuatro últimos directores del organismo. La medida cobija a María del Pilar Hurtado, Andrés Peñate, Jorge Noguera y Joaquín Polo.
El ente investigador encontró méritos para investigar a los ex directores por los delitos de concierto para delinquir; violación ilícita de comunicaciones; utilización ilícita de equipos transmisores o receptores; abuso de autoridad; falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; y fraude procesal.
Al respecto, el fiscal Iguarán señaló que “que estos presuntos hechos posiblemente constitutivos de delito y estas probables o presuntas responsabilidades, pues se predican de todos los que tuvieron dirección-control a partir de 2004”.
Añadió que “se encontró que varias personas acordaron y ejecutaron interceptaciones telefónicas, de correos electrónicos y seguimientos sin orden judicial, o utilizándola de manera arbitraria”, e igualmente aseguró que se han destruido u ocultado documentos públicos, por una cadena de hechos que comenzó en 2004.
El llamado a indagatoria de los ex directores estaba ‘cantado’, pues desde el 5 de mayo pasado el propio fiscal Mario Iguarán asumió la investigación en contra de Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera como consecuencia de las interceptaciones y seguimientos, en algunos casos, de que fueron objeto magistrados, periodistas, políticos de la oposición e incluso algunos funcionarios del Gobierno, desde las salas de interceptación del DAS.
Sin embargo causó sorpresa el llamado de Joaquín Polo, quien fue director encargado, pues antes de que la investigación fuera asumida por el Fiscal General, los dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia adelantaban las pesquisas contra Noguera, Hurtado y Peñate.
No obstante el nombre de Polo sí figura en el anuncio de la Procuraduría, que el pasado 22 de abril señaló que abriría pliego de cargos contra 16 funcionarios y ex funcionarios del DAS.
Los cuatro ex directores del organismo de Inteligencia del gobierno deberán acudir la otra semana al búnker de la Fiscalía para cumplir con las indagatorias ordenadas.
También como parte de la investigaciones por las interceptaciones ilegales, el fiscal Iguarán llamó a declarar a 30 funcionarios y ex funcionarios del DAS vinculados a las actividades del G3. Este grupo fue creado entre 2004 y 2005, cuando Noguera era director. Su misión era chuzar a personalidades y personas que supuestamente podrían poner en peligro la seguridad del Estado. Uno de los afectados en ese entonces por las interceptaciones fue el vicepresidente Francisco Santos.
Igualmente, el Fiscal General ordenó investigar el presunto uso de gastos reservados en la financiación del G3, así como se indagará por qué el Banco de la República entregó al DAS información sobre divisas.
Además Iguarán llamó a declarar a varios ciudadanos que fueron víctimas de las chuzadas. Ellos son el senador Gustavo Petro; los abogados Alirio Uribe y Gustavo Gallón; la directora de Redepaz, Ana Teresa Bernal; y la directora de la ONG Minga, Gloria Inés Flórez.
DAS no será liquidado
El presidente Álvaro Uribe descartó ayer la liquidación del DAS. El mandatario dijo que este organismo sufrirá una profunda reestructuración en el marco de una iniciativa que ya ha logrado reformar 437 entidades.
En febrero pasado, reaccionando al escándalo por las escuchas ilegales, Uribe Vélez dispuso que el DAS no realizaría más interceptaciones telefónicas y que sólo lo haría excepcionalmente con la Policía Nacional.
En esa oportunidad Uribe negó que él o su gobierno hubieran ordenado las escuchas ilegales y culpó de dichos actos a un grupo de funcionarios del DAS que integran “una banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno”.
El DAS ha estado en el ojo del huracán por varios escándalos en los últimos años. En el 2005, el entonces jefe de Informática del organismo, Rafael García, acusó a Jorge Noguera de tener vínculos con paramilitares. A finales de ese año Noguera renunció al cargo de director y ahora está llamado a juicio por presuntamente entregar a las autodefensas listas negras con nombres de dirigentes sociales y sindicalistas que luego fueron asesinados. Además, por entregar información reservada a paramilitares, entre otros delitos.
En octubre pasado, la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, debió dimitir tras conocerse una orden interna para hacer seguimientos al senador Petro y otros dirigentes del Polo Democrático Alternativo.
La investigación de la Procuraduría
La de la Fiscalía es la segunda de las investigaciones que adelantan los entes de control en torno al escándalo de las interceptaciones ilegales perpetradas por el DAS.
El pasado 15 de mayo la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia de la República; César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa; Jorge Mario Eastman Robledo, asesor de la Presidencia; Jorge Aurelio Noguera Cotes, ex director del DAS; José Miguel Narváez, ex director de Inteligencia y ex sub director del DAS; Andrés Mauricio Peñate Giraldo, ex director del DAS; y Mario Alejandro Aranguren Rincón, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Según el Ministerio Público, estos funcionarios de la Presidencia de la República, el DAS y de la UIAF deberán rendir explicaciones por la presunta ilegalidad de interceptaciones telefónicas y seguimientos efectuados por el DAS a varias personalidades del país, entre ellos magistrados, periodistas, parlamentarios y miembros de la fuerza pública.
La Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio Público anunció ese 15 de mayo que en los próximos días escucharía en versión libre a los disciplinables y practicaría las pruebas tendientes a esclarecer la presunta falta y su responsabilidad. La presente investigación se inició de oficio el pasado 22 de abril.
De otra parte, la Procuraduría General determinó abrir indagación preliminar contra funcionarios de la Fiscalía General de la Nación por la filtración de información de la investigación penal que sobre las interceptaciones ilegales también adelanta esta entidad.
También la sociedad civil ha participado impulsando el referendo para castigar con prisión perpetua a los abusadores de niños
UNA VERDADERA ofensiva jurídica se ha desatado en los dos últimos años en el Congreso y desde la sociedad civil para castigar a los abusadores y explotadores sexuales de los menores de edad en el país.
La más reciente recarga de este ‘arsenal’ la constituyó la aprobación esta semana, por la plenaria del Senado, del proyecto del ley de autoría del representantes William Vélez, que robustece las penas por el denominado turismo sexual y que busca fortalecer la lucha contra la explotación y la pornografía de menores que ya preveía la ley 679 de 2001, también de autoría de Vélez.
Igualmente, en la Comisión Primera de Cámara hay dos proyectos que entre otros fines pretende crear un registro de violadores, de autoría del movimiento Por el País que Soñamos, integrado por los representantes Simón Gaviria y David Luna. En esta misma Comisión cursa un proyecto por medio del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, de autoría de los representantes Carlos Piedrahita y Nicolás Uribe, entre otros.
Finalmente está el proyecto de referendo para castigar hasta con cadena perpetua a los violadores, secuestradores, maltratadores y asesinos de niños menores de 14 años, el cual fue aprobado en Cámara y está a la espera de recibir sus dos debates correspondientes en Senado.
La iniciativa fue del comité promotor, integrado por el Fiscal General, el Procurador General, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Secretario Jurídico de la Presidencia, la concejal Gilma Jiménez y los representantes a la Cámara por Bogotá, David Luna y Simón Gaviria, entre otros.
Intento fallido
En abril pasado, el Ministerio del Interior y Justicia presentó un proyecto de ley para aumentar las penas contra los delitos sexuales. El mismo señalaba que “las violaciones, especialmente a menores de 14 años, serán sancionadas con penas de hasta 60 años, porque se regula una pena máxima que establece la Constitución hasta de 40 años y una tercera parte más, o sea 60 años”.
Esta iniciativa la presentó el Gobierno como alternativa al referendo para castigar con cadena perpetua a los violadores de menores, al cual el Ejecutivo se oponía. Al respecto, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, había señalado que pediría el retiro de este proyecto (el referendo) “porque ha generado mucha discusión en el país y porque se trata de una figura ajena, extraña a la legislación colombiana”.
Sin embargo, el Gobierno retiró su proyecto tras el sorpresivo giro que dio al respaldar, además del referendo reeleccionista, el de cadena perpetua a violadores de niños y el de referendo del agua, los cuales fueron aprobados por la plenaria de Cámara el pasado 6 de mayo, aunque este último fue devuelto por la plenaria de la Cámara a otra comisión diferente a la Primera, tras aprobar una apelación presentada por los promotores de la iniciativa a consecuencia de que fue cambiado el texto.
Armonización de iniciativas
Algunos se preguntan si la proliferación de proyectos para castigar de forma severa a los violadores y abusadores de menores de edad puede derivar en engrosar el Código Penal, pero sin garantizar que la normatividad se pueda aplicar por las deficiencias de la justicia del país.
El representante a la Cámara por Bogotá, David Luna, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “todos los avances normativos que se logre adelantar son bienvenidos para proteger a los niños. Primero, porque es la única forma de dar aplicación al artículo 44 de la Constitución Política, de manera que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y segundo, porque es el único elemento posible para demostrar que la justicia actúa y protege a los niños, no premiando a los delincuentes”.
En tanto que el representante a la Cámara por Antioquia, William Vélez, señaló que desde la probación de la Ley 679 de 2001, el Congreso ha buscado fortalecer la normatividad para proteger a los menores de edad del accionar de los abusadores. “Desde esa época el Congreso se ha venido comprometiendo y todas las instituciones para evitar este tipo de delitos en contra de nuestros menores de edad. Desafortunadamente, las estadísticas demuestran lo contrario, pero creo que en algo estamos avanzando”, acotó.
Añadió que un ejemplo de esto es la aprobación del proyecto que castiga más severamente el turismo sexual, del cual ciudades como Cartagena se han convertido en paraísos a nivel mundial.
Esta iniciativa “contempla una serie de políticas preventivas, de sanciones muy severas para quien incurra en las prácticas conocidas como turismo sexual contra nuestros niños y nuestros adolescentes. Sanciones muy severas también para quien a través de la pornografía, venda o porte cualquier tipo de video o fotografía en la cual se vean involucrados menores de edad teniendo relaciones íntimas”, así como la extinción de dominio en los inmuebles en donde se explote sexualmente a los menores de edad, indicó Vélez.
Sin embargo, la proliferación de proyectos para castigar a los abusadores de menores también hace que en algunos aspectos coincidan. En este sentido, ayer la Comisión Primera de Cámara aprobó en primer debate el proyecto que modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual de niños y niñas, pero con la condición que los ponentes hagan una revisión a fondo para que su redacción armonice con las leyes en similar sentido.
La iniciativa está en el punto 29 del orden del día hoy en la plenaria de la Cámara. Se prevé un enfrascado debate sobre la indemnización a víctimas de agentes del Estado
LE QUEDAN pocas esperanzas al proyecto de Ley de Víctimas de pasar esta legislatura en el Congreso, ya que al parecer hoy tampoco se debatirá en la plenaria de la Cámara, pues está en el punto 29 del orden del día de la corporación, y le quedarían apenas dos semanas para que sea votado.
Así le dijo a EL NUEVO SIGLO uno de los ponentes de la iniciativa, el parlamentario Guillermo Rivera, a pesar de que uno de los autores de la misma, Juan Fernando Cristo, le anunciara a este Diario que el presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, le había dicho que iba a darle debate hoy.
“Yo espero y confío en el presidente de la Cámara, que esta semana comenzaba la discusión del proyecto de Ley de Víctimas, que es su último debate, y si nosotros no le damos aprobación antes del 20 de junio en la plenaria de la Cámara, el proyecto no podrá hacer tránsito para el próximo período y se habrán perdido dos años de esfuerzos en el Congreso, de participación ciudadana muy grande alrededor del proyecto y una iniciativa que ha generado muchas esperanzas en las víctimas en Colombia y también una gran atención de la comunidad internacional”, dijo el senador liberal Cristo.
Según el legislador, es lamentable para el país que proyectos de ley de reforma constitucional politiqueros y que sólo le interesan a los congresistas y al Gobierno, como el referendo reeleccionista, como la reforma política, hayan centrado la atención de la agenda legislativa durante este semestre, y que hayan desplazado a un proyecto que sí le interesa a más de cuatro millones compatriotas víctimas de la violencia y a la sociedad colombiana en general.
El representante a la Cámara Jorge Humberto Mantilla, quien ha presentado una ponencia que modifica en algunos artículos el proyecto original que presentó el parlamentario Rivera, también coincidió en que si no se inicia el debate de la iniciativa hoy, podría hundirse.
“Así como va, si no empezamos el debate yo creo que no va tener tiempo porque las cosas que se van a definir ahí no son de poca monta, prácticamente es toda la integración de varias millones de personas”, dijo Mantilla.
De igual manera, el representante recordó que esta iniciativa compromete a más de la mitad de los ministerios de este y todos los gobiernos que vienen de ahora en adelante en los próximos diez años. “Compromete varios billones de pesos”, dijo.
“Es un proyecto que no se va a aprobar de la noche a la mañana en un solo debate, necesita varios debates y puede coparnos inclusive de aquí hasta el 20 de junio”, dijo el congresista conservador.
Mantilla presentó al Congreso una ponencia distinta a la original, pero que “inicialmente, tanto esa ponencia (liberal) como la nuestra han llegado a un 95 por ciento de conciliación, y sólo se ha parado en cinco artículos para conciliar”, dijo el legislador.
Según Jorge Mantilla, las ponencias difieren en lo concerniente a la incorporación del principio de buena fe, la indemnización de víctimas de agentes del Estado y la vigencia de la ley, cuándo empieza a regir y hasta dónde.
“El doctor Rivera aduciendo que había unos fallos de la Corte Constitucional presentó un anexo de 162 artículos y prácticamente borró todo. Presentó prácticamente otra ley para el último debate”, aseguró el parlamentario Mantilla, por lo que en su opinión este aspecto puede hacer que se amplíe más el tiempo del debate.
Sin embargo, la discusión, si se da hoy, se centraría en si las víctimas de agentes del Estado podrán hacer reconocer su condición por orden judicial o por vía administrativa, y en qué límite de tiempo.
“Nuestra posición es que para víctimas de agentes del Estado debe haber sentencia judicial y que no pase de 18 meses para que las personas sean indemnizadas, y que no se tenga en cuenta el monto para que aspiren al beneficio”, dijo Jorge Humberto Mantilla.
Por otro lado, el representante por el Putumayo Guillermo Rivera se refirió a los anexos que había presentado hace dos meses: “Yo presenté unos artículos nuevos porque había una jurisprudencia de la Corte Constitucional que había que incluir. Básicamente es dar cumplimiento a una sentencia que no se pueden mezclar los conceptos de reparación, asistencia humanitaria y política social”, dijo el parlamentario liberal.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que ya tiene en su poder el proceso disciplinario de la yidispolítica que le había solicitado al procurador y tildó de acciones criminales las chuzadas del DAS
LO QUE ESTÁ en juego es la democracia pues no solo es indebida tal actuación criminal frente a un o unos magistrados, sino con respecto y en contra de cualquier ciudadano, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto José Ibáñez Guzmán, haciendo referencia a las interceptaciones telefónicas y seguimientos del DAS.
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el magistrado Ibáñez Guzmán también se refirió al papel de la Corte Penal Internacional en el país y aseguró que no puede calificarse la presencia del relator de la ONU para la independencia judicial como un acto burócrata e inoficioso.
De igual manera, el presidente de la máxima corporación dijo que las investigaciones en la llamada farcpolítica dependen de la consistencia y solidez de las evidencias y elementos probatorios que se recauden, por lo que no ha avanzado con tanta rapidez como la parapolítica.
EL NUEVO SIGLO: Usted fue negociador de la Corte Penal Internacional, CPI, ante la ONU. En el caso concreto de Colombia, ¿qué implicaciones tendría la entrada en vigencia de este Tribunal en el país?
AUGUSTO JOSÉ IBÁÑEZ: Como jurisdicción complementaria, la Corte Penal Internacional solo podrá entrar en actividad, cuando el Estado no pueda o no quiera investigar o juzgar los crímenes de competencia de la Corte. Lo importante es que Colombia cumpla con el estándar internacional y así, sería impensable la competencia complementaria.
E.N.S.: Hay quienes dicen que la vigencia de la CPI en Colombia no generará mayores cambios porque se trata de una jurisdicción subsidiaria complementaria.
A.J.I.: Eso es cierto. Las posibilidades de intervención de la Corte Penal Internacional resultan directamente proporcionales a los obstáculos o dificultades que el orden jurídico interno encuentre para investigar, sancionar y reparar a las víctimas de delitos de competencia de ese tribunal.
E.N.S.: Sin entrar en algún caso específico, la jurisdicción de la CPI podría eventualmente avocar casos de la parapolítica si se comprueba falta de diligencia o negligencia del Estado para castigar algunos delitos de lesa humanidad. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad?
A.J.I.: Aspiramos que el tema sea resuelto de manera satisfactoria en el marco de los mecanismos internos; en sede de la Corte Suprema de Justicia se han impuesto, y con lujo de detalles, los estándares internacionales. Ello ha sido reconocido interna e internacionalmente.
E.N.S.: Hay voces que sostienen que la figura del relator de la ONU para la vigilancia de la autonomía judicial es un cargo burocrático y que no tiene mayor peso en la práctica. ¿Qué opinión le merece al respecto?
A.J.I.: Esa lectura es injusta y equivocada. La tarea primordial del Relator Especial para la Independencia Judicial no es distinta a la de buscar canales adecuados que conduzcan, por ejemplo, a la creación de un clima propicio, que posibilite una interlocución constructiva que involucre a todos los protagonistas del sistema judicial en diversos proyectos, así como en el anhelo de fortalecer la autonomía e independencia de esa rama del poder público; exhortando, otra posibilidad en todo caso, a la reducción de tensiones o conflictos que pueden llegar a comprometer la respetabilidad e independencia de la rama judicial. Ese encomiable empeño, de ninguna manera puede calificarse como tarea de un burócrata inoficioso, mucho menos en momentos en los que Colombia despierta particular interés y atención de la comunidad internacional.
La experiencia y solvencia de la figura, como observador, es indiscutible. En fin, es el cumplimiento de compromisos internacionales, convencionales: por ello, es difícil pensar que con tal figura se este desinstitucionalizando el país.
E.N.S.: ¿La Corte Suprema tiene certeza de que hoy por hoy no está siendo interceptada, ni sus comunicaciones chuzadas?
A.J.I.: Aspiramos a que ello no esté sucediendo y, por supuesto, la Corte abriga confianza en que prontamente las investigaciones conduzcan a establecer, para el bien del país y nuestra democracia, quiénes fueron los autores y partícipes de tan repudiables acciones. Lo que está en juego es la democracia pues no solo es indebida tal actuación criminal frente a un o unos magistrados, sino con respecto y en contra de cualquier ciudadano.
E.N.S.: Hay quienes creen que bautizar esta situación con el nombre de chuzadas, avoca gravedad extrema y el riesgo que significa para la democracia del Estado social de derecho. ¿Usted qué opina al respecto.
A.J.I.: Independientemente de los epítetos que se quieran utilizar para denominar el hecho, no cabe duda de que se trata de acciones criminales que comprometen y socavan encarecidos principios y valores de nuestra democracia y nuestro orden institucional, en detrimento de todos los sectores sociales del país.
E.N.S.: En un país que está acostumbrado a que con el tiempo se conocen los autores materiales de los grandes delitos, pero muy pocas veces los intelectuales. ¿Usted cree que en las interceptaciones telefónicas, se sabrá quién o quiénes fueron los cerebros de la ilegal acción.?
A.J.I.: La Corte, repito, confía en los organismos investigadores competentes y, en esa medida reafirma la confianza en que el país conocerá la verdad de los hechos y la identidad de sus artífices materiales e intelectuales.
E.N.S.: Todo el país defiende la autonomía de la Corte y rechazan cualquier intromisión en su jurisdicción, pero ello no oculta los retrasos en los procesos de farcpolítica y elenopolítica. ¿Por qué estos procesos no avanzan tanto como los de la parapolítica.
A.J.I.: Son dos espectros investigativos con distintos niveles de complejidad probatoria. Para emprender los procesos de la parapolítica debió transcurrir tiempo considerable hasta consolidar un programa metodológico que permitiera impulsar exitosamente las investigaciones. Igual sucede ahora con la que se ha dado en llamar farcpolítica, de reciente abordaje investigativo, cuyos resultados dependerán de la consistencia y solidez de las evidencias y elementos probatorios que se recauden. En estas materias conviene al buen juicio proceder con la celeridad deseada, pero sin sacrificar la prudencia, ponderación y la cautela, siempre en el anhelo de acertar con irrestricto apoyo a la Constitución y la ley.
E.N.S.: ¿La Corte ya tiene en sus manos el proceso disciplinario de la yidispolítica que le solicitó a la Procuraduría General de la Nación?
A.J.I.: Sí, así es.
E.N.S.: ¿Qué ha pasado con la celeridad que le pidió la Corte Suprema a la Fiscalía en los procesos de la parapolítica?
A.J.I.: La Corte se mantiene atenta y espera que con la celeridad deseada esas investigaciones avancen.
“Dio elementos de responsabilidad sobre políticos de alto nivel involucrados en sus crímenes”, dijo Iván Cepeda, quien también viajó a Estados Unidos a entrevistarse con el extraditado.
LA INTENCIÓN de revelar los nombres de importantes políticos y empresarios que contaron que apoyaron a los paramilitares en la ejecución de crímenes fue anunciada por Salvatore Mancuso, según Iván Cepeda, vocero del Movimiento Víctimas de Crímenes de Estado.
Cepeda hizo parte de la comisión de Colombianos y Colombianas por la Paz que se entrevistó con el jefe paramilitar, actualmente preso en Washington, Estados Unidos.
“Ha sido una visita para saber cuáles son las condiciones en las que se encuentran los detenidos, así como su voluntad de confesar todos sus crímenes para iniciar un proceso de reparación de las víctimas. También dio elementos de responsabilidad sobre políticos de alto nivel involucrados en sus crímenes”, dijo Cepeda.
En la visita estuvieron presentes los senadores Piedad Córdoba y Rodrigo Lara.
Mancuso le manifestó a Córdoba su interés en continuar en la Ley de Justicia y Paz, siempre y cuando le den garantía de seguridad a su familia.
Córdoba aseguró que Mancuso le confirmó que seguirá dando su testimonio en los tribunales colombianos.
La senadora Córdoba dijo que su compromiso es con las víctimas de los paramilitares y confirmó que muchas de las confesiones ya las conoce la justicia de Estados Unidos, y por eso ahora se requiere un acuerdo de cooperación judicial para que los jueces y fiscales de Colombia conozcan estas verdades.
“Se trata de que los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Colombia no queden en la impunidad y para eso se tiene que hacer una serie de propuestas y cumplir una serie de requisitos que ha puesto él, y se deben buscar mecanismos de cooperación judicial”, indicó.
La congresista liberal indicó que aunque estaba planeado, finalmente no tuvo contacto con Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, pero confirmó que sí pudo entrevistarse con Joaquín Pérez, abogado del jefe paramilitar, quien dio a conocer una serie de propuestas de su defendido en función de dinamizar la reparación a las víctimas del paramilitarismo en Colombia.
Pérez, quien también dio declaraciones, dijo que su cliente quiere vincularse a la Ley de Justicia y Paz, pero que requiere de una serie de incentivos.
Agregó que está dispuesto a hablar si en el acuerdo de cooperación se estipula que su aporte a Justicia y Paz será tenido en cuenta a la hora de establecer la sentencia que recibiría por el proceso de narcotráfico que se le sigue en Estados Unidos.
Igualmente, Pérez pidió protección para los familiares de Mancuso y Tovar que aún se encuentran en Colombia y quienes han recibido nuevas amenazas.
Los voceros de Colombianos y Colombianas por la Paz aseguraron que continuarán las gestiones en Estados Unidos para seguir con las visitas a los jefes paramilitares extraditados.
Mancuso había solicitado por medio de una carta a la senadora Córdoba que lo visitara para discutir mecanismos que permitieran la continuación de los procesos de verdad, justicia y reparación de sus víctimas.
También había mostrado su interés para crear mecanismos que garanticen que las propiedades expropiadas vayan a la reparación de las víctimas y no se queden en poder de Estados Unidos.
El jefe paramilitar fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 junto a 12 paramilitares por supuestamente incumplir los compromisos acordados en un proceso de paz y continuar con el tráfico de drogas desde la cárcel en Colombia.
Delegados del organismo internacional escucharon por tres horas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de las chuzadas del DAS.
La aceptación de la ONU de enviar un relator para la independencia judicial a Colombia fue celebrada por el presidente de la Corte Suprema, Augusto José Ibáñez, al término de una reunión que duró tres horas entre los magistrados del alto tribunal y una delegación de los derechos humanos de Naciones Unidas, encabezada por Cristian Salazar.
La relatoría había sido solicitada por la Corte Suprema debido al escándalo de las interceptaciones ilegales que realizó el DAS contra varios magistrados del Tribunal.
Sin embargo, todavía no se ha confirmado si el relator para la independencia de la justicia Leandro Desouy vendrá al país o enviará un delegado. Además, falta que la Corte decida con el Gobierno en qué fecha vendrá el funcionario de las Naciones Unidas.
“La relatoría es un cumplimiento a los convenios internacionales y en ese mismo marco cumplirán su labor, y el mandato es el que fija la forma de operación”, dijo el presidente de la Corte.
Además Ibáñez aseguró que la Corte mantiene las puertas abiertas para el diálogo con el Gobierno y está dispuesta a realizar una nueva reunión.
La relatoría para la independencia judicial fue creada en 1994 como uno de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos para examinar el tema.
No obstante, el procurador general Alejandro Ordóñez sostuvo el lunes pasado que la petición del relator era desproporcionada por el caso de las llamadas interceptadas a varios magistrados de la alta Corte.
Según el jefe del Ministerio Público, en Colombia los organismos investigativos vienen realizando su tarea de la mejor manera, y que sólo se necesitaría al relator si las autoridades colombianas no estuvieran investigando.
Por otro lado, esta misma semana la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes de las cuatro Cortes, el fiscal Mario Iguarán y un representante de los trabajadores judiciales, sentó también su posición en la supervisión internacional para la vigilancia de estos hechos.
En carta enviada al presidente Álvaro Uribe, la Comisión enfatizó el llamado que ya había hecho “a la sociedad en general y a los entes internacionales de supervisión y defensa de los derechos humanos, para contrarrestar las agresiones que en Colombia se vienen perpetrando contra los más altos jueces de la República”.
Al igual que la Comisión Interinstitucional, la Corte Suprema de Justicia le había solicitado al presidente Uribe hacer un pronunciamiento directo y concreto sobre el alcance de las denuncias que hicieron varios medios de comunicación de seguimientos incluso financieros a magistrados de la Sala Penal del alto Tribunal, así como de las garantías necesarias para que esos hechos no se repitan.
En ese mismo pronunciamiento la Corte le había exigido al Gobierno fijar la fecha para que el relator para la independencia judicial de la ONU hiciera presencia en Colombia.
El mismo lunes pasado Álvaro Uribe se había reunido con los presidentes de las altas Cortes y el Gobierno se comprometió a protegerlos de posibles seguimientos e interceptaciones ilegales.
Sin embargo, después de la reunión se supo que las interceptaciones fueron ordenadas por funcionarios de la Casa de Nariño. Posteriormente las Cortes rechazaron esas “evidencias” y las tacharon como graves para el equilibrio democrático del país y que “ponen en alto riesgo la independencia que la Constitución Política le otorga a la Rama Judicial”, decía un comunicado de la Corte.
Según se reveló, Mario Aranguren, director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), le dio al DAS información de movimientos financieros que hicieron varios magistrados.
Según se dijo en la audiencia, los muchachos, que después fueron reportados como muertos en combate, fueron engañados con falsas promesas de trabajo y viajes a la Costa.
POR EL ASESINATO de 3 jóvenes que fueron reclutados en Soacha “con falsas promesas de trabajo y viajes a la costa”, fueron acusados por la Fiscalía otros 16 militares.
Durante la continuación de las audiencias contra militares implicados en presuntos falsos positivos, la Fiscalía imputó cargos contra Janer Duque Marín, sargento segundo (r) por su posible autoría en los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
En desarrollo de la investigación, una fiscal de Derechos Humanos y DIH estableció que el suboficial coordinó la operación efectuada el 25 de agosto de 2008, por tropas de Contraguerrilla de la compañía ‘Espada' adscritas a la Brigada Móvil No. 5, en zona rural de Ocaña (Norte de Santander), en la que se reportaron como dados de baja en combate a tres NNs, que posteriormente fueron identificados como: Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera.
Los investigadores determinaron que las víctimas, quienes habían sido contactadas en un establecimiento conocido como Los Costeños, desaparecieron en el barrio Tucales de Soacha entre el 22 y 23 de agosto. Los jóvenes viajaron en una flota, se hospedaron en la casa de Alexander Carretero Díaz, quien hacías las veces de ‘reclutador', y el 24 del mismo mes, hacia las seis de la tarde, fueron entregados a un militar.
En su argumentación, la fiscal de Derechos Humanos y DIH señaló que “los investigadores establecieron la existencia de una red de civiles (en Soacha) y militares (en Ocaña) que convencían a jóvenes de bajos recursos para llevarlos a la casa de Alexander Carretero Díaz, en algunas ocasiones, y quienes posteriormente eran entregados a miembros del Ejército Nacional que reportaba las maniobras operacionales positivas”.
Igualmente, subrayó que “a los integrantes de la patrulla que participaron en la patrulla les había llegado una felicitación en la orden del día del 21 de agosto por hechos que ocurrieron en el 25 de agosto”.
Durante la audiencia preliminar también fue revelado el testimonio de Carretero Díaz, en el que asegura que “ellos mismos (los militares) conseguían sus armas para los ‘positivos', ese era el deber de cada compañía”. También dijo que se enteró de este modus operandi “porque en el batallón hablaban de eso ya que por resultados satisfactorios en esas operaciones les concedían días de permiso”.
Ante el Juez Segundo Penal Municipal, con funciones de Control de Garantías, la Fiscalía también imputo cargos, por su presunta coautoría en los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado contra: Richard Armando Jojoa Bastidas, cabo segundo; y los soldados profesionales Nilson Antonio Cubides Cuesta, Mauricio Cuniche Delgadillo, José Orlando Gonzáles Ceballos y José Adolfo Fernández Ramírez.
Por su parte los suboficiales Manuel Ángel Zorrilla Agámez y Ricardo Coronado Martínez; así como los soldados profesionales: Ricardo González Gómez, Ferney Grijalba Floro, Heider Andrés Guerrero Andrade, Heiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Alberto Jiménez Escalante, Luis Alirio López y Juan Ramón Marín Ramírez, deberán responder por su presunta participación en los mismos punibles, pero en calidad de cómplices.
En desarrollo de la audiencia, que fue suspendida, los uniformados no aceptaron los cargos.
La preocupación es del defensor Vólmar Pérez Ortiz, por el deterioro de la situación de los derechos humanos, a raíz de los hechos de violencia ocurridos esta semana.
Según la Defensoría, la mayor gravedad fue el ataque de la guerrilla contra una misión médica en la madrugada del lunes, cuando era transportado en una ambulancia el señor Adolfo Pérez Avendaño, quien había sido herido con arma de fuego.
"El vehículo fue interceptada en la vía El Tarra-Cúcuta por hombres armados pertenecientes presuntamente al Frente 33 de las Farc, quienes bajaron a la fuerza al paciente y lo asesinaron, intimidando además al personal médico que acompañaba la misión", lamentó la Defensoría en un comunicado.
Recordó que un profesional de la salud del mismo municipio denunció ante la entidad las amenazas de muerte de que fue víctima por parte de hombres armados que irrumpieron en su residencia.
"El Defensor del Pueblo, al condenar enérgicamente este hecho, manifestó que el ataque contra el personal médico y la ambulancia constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que consagra en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra la obligación de los grupos armados de respetar la misión médica", advirtió.
Agregó que este ataque al personal sanitario y a la unidad médica se considera además un grave crimen de guerra, que debe ser objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.
Otros hechos violentos
El Defensor del Pueblo condenó también otras tres acciones "que vulneran los derechos fundamentales de la población civil en Norte de Santander".
La primera de ellas fue el ataque con explosivo en el barrio Galán, en Ocaña, donde el pasado martes fue arrojada una granada contra la vivienda de Jimmi Efraín Rodríguez Quintero, beneficiario de medidas de protección por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, causando daños materiales.
El viernes pasado, presuntos integrantes de las Farc detuvieron una tractomula cargada de arroz que se desplazaba en la vía Cúcuta-Ocaña, en el sector conocido como La San Juana, jurisdicción de Sardinata. Al automotor le acondicionaron explosivos que detonaron a la llegada de las tropas del Ejército causando heridas a un uniformado.
Y el tercer evento ocurrió el sábado 16 de mayo, cuando presuntos integrantes del Eln activaron un campo minado y sostuvieron combates con tropas del Ejército en la vereda San Javier, de San Calixto, con saldo de cuatro militares muertos y herida con arma de fuego una joven de 17 años.
"El Defensor del Pueblo hace un llamado imperativo para que las autoridades del orden nacional, regional y municipal adopten medidas eficaces de protección para prevenir el riesgo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", aseguró en el comunicado.
También solicitó a la Gobernación de Norte de Santander convocar, lo más pronto posible, el Comité Intersectorial de Derechos Humanos, "con el fin de que se realice un análisis integral de la problemática humanitaria de la región del Catatumbo y se propongan estrategias de intervención por parte de las autoridades estatales".
La información presentada por Luis Carlos Restrepo “tiene una extraña coincidencia con toda la que hoy se ha conocido que fue fruto de los seguimientos ilegales del DAS”, señaló el jurista.
“REALMENTE ES una retaliación contra la Corte por la sentencia” a Yidis Medina, dijo a EL NUEVO SIGLO el jurista Hugo Quintero, abogado del magistrado Yesid Ramírez, al referirse a la diligencia en la que ayer el presidente de La U, Luis Carlos Restrepo, ratificó su denuncia contra los miembros de la Corte Suprema en la Comisión de Acusación de la Cámara.
“Nosotros creemos que la denuncia que él presentó y la que presentó el Ministro de Protección Social, que la presentaron el 27 de junio que es el día siguiente a cuando la Corte sacó la sentencia de Yidis Medina, realmente es una retaliación contra la Corte por la sentencia”, dijo Quintero.
“El Presidente ese día se enojó mucho y ofendió a la Corte; dijo que estaba haciéndole el juego al terrorismo agónico, que creo que fue la palabra que utilizó el Presidente”, recordó Quintero.
“Otra cosa que vemos ahí es que hay una extraña coincidencia en parte de la información que él (Restrepo) entrega a la Comisión de Acusación, que él dice que obtuvo de los medios de comunicación, y esa es una información que tiene una extraña coincidencia con toda la que hoy se ha conocido que fue fruto de los seguimientos ilegales que el DAS le hizo a los magistrados de la Corte, y específicamente a lo que la prensa ha publicado como operación Paseo. Ahí hay una extraña coincidencia en eso, y eso lo hicimos ver allá en la Comisión”, añadió el abogado Quintero.
El jurista precisó que Restrepo no aportó ninguna prueba de sus acusaciones.
“Lo que debe seguir ahora es el archivo del proceso. Existen suficientes pruebas que descartan la vinculación de Ramírez con el empresario Ascencio Reyes. Además, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró en juicio que él no había penetrado la Corte Suprema y no había tenido trato con magistrados de ese alto tribunal”, expresó Quintero.
Restrepo
Cuando Restrepo ejercía funciones como comisionado de Paz le pidió a la Comisión de Acusación que investigara penalmente a los magistrados por sus vínculos con el detenido narcotraficante Giorgio Sale y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Restrepo requirió a la Comisión para que indague la cercanía de los magistrados con Ascencio Reyes, propietario de una agencia de viajes y quien sostuvo negocios con José María Ortiz, señalado narcotraficante extraditado a Estados Unidos.
El ex funcionario volvió a referirse acerca de los testimonios que sugieren que fue Reyes quien sirvió de puente entre Giorgio Sale y la Corte Suprema.
“Mi denuncia hace referencia a los supuestos vínculos entre los magistrados y grupos narcotraficantes”, dijo ayer.
“A mí se me hace de la mayor importancia que se adelante la investigación, en la medida que eso le sirve a las instituciones”, añadió.
Según Restrepo, Mancuso en varias declaraciones señaló que las Auc lograron infiltrar hasta la misma justicia colombiana.
“Entregué todo un archivo documental de asuntos que eran públicos, documentos que circulaban en escenarios ciudadanos. Todo eso lo acopié y lo entregué”, explicó.
Un legajo con decretos y acuerdos fue lo que recibieron los magistrados de parte de las entidades estatales comprometidas en el escándalo
NO LLENARON las expectativas de las Cortes los informes que presentaron el DAS y la Unidad de Análisis e Información Financiera (UAIF) sobre las interceptaciones ilegales de que fueron víctimas varios magistrados.
Esta fue la conclusión principal que dejó ayer la reunión del Comité Interinstitucional de la Rama Judicial. En realidad “no es un informe, se encuentran decretos, acuerdos, leyes que cualquiera puede bajar fácilmente en Internet. Simplemente vienen legajados esos decretos, entonces lo primero que podemos concluir es que no son informes”, explicó la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López Mora. “Nosotros estábamos esperando un informe, ahí no hay informes”, añadió la magistrada.
Por esta razón, los cuatro presidentes de las cortes y el representante de los trabajadores que integran el Comité Interinstitucional de la Rama Judicial decidieron que firmarán una carta dirigida al presidente Uribe, en la que le hacen saber que el DAS y la UAIF no les entregaron los informes prometidos.
“Precisamente la carta que estamos enviando al señor Presidente alude a cómo nos sentimos frente a estos informes”, expresó la magistrada López Mora.
El otro integrante de este Comité de la rama, el fiscal Mario Iguarán, por su investidura se abstuvo de firmar la misiva; además guardó silencio durante la reunión de este organismo.
En cuanto a otros detalles de la carta al Presidente, la magistrada López Mora dijo que sólo se sabrán después de que sea firmada por todos los presidentes de las altas cortes y que llegue a manos del Jefe de Estado.
Sin embargo se supo que en la misma, además de expresar su malestar porque la información que recibieron no corresponde a un informe como tal sobre las interceptaciones ilegales desplegadas desde el DAS y sobre la información tributaria que la UIAF entregó al organismo de seguridad, las Cortes insisten en la necesidad de obtener una respuesta concreta sobre este escándalo que afectó a varios magistrados y a algunos de sus familiares.
Relatores de ONU
Otra de las conclusiones que dejó el encuentro ayer de la Comisión Interinstitucional de la Rama es que todas las Cortes respaldan a la Suprema de Justicia en su pedido que la ONU designe un relator que se entere de las investigaciones por las interceptaciones ilegales que adelantó el DAS, explicó la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.
López recordó que “el tema de la relatoría viene siendo abordado incluso por el Gobierno de tiempo atrás, no es la rama judicial la que en primera instancia hace la solicitud”.
Debe seguir diálogo
La intención de las Cortes es seguir dialogando con el Gobierno para buscar que se esclarezca el escándalo de las chuzadas a sus magistrados.
“Hay que continuar dialogando, de manera directa si es posible, hay que buscar una solución al tema, no acrecentarlo, no creo que eso resuelva nada. Hay que buscar que estos dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial, se sienten a conversar de una manera más clara y poder adelantar sobre la materia”, dijo López.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito UNODC, a través del programa de asistencia legal para América Latina y el Caribe, en coordinación con la Escuela de estudios e investigaciones criminalísticas y ciencias forenses de la Fiscalía General de la Nación, la Escuela de Investigación criminal de la Policía Nacional y la Embajada Británica en Bogotá, adelantaron en la ciudad de San José de Cúcuta un taller sobre “el manejo del lugar de los hechos y cadena de custodia en la frontera colombo – venezolana”, con el fin de capacitar a los organismos judiciales existentes en la región.
El taller conto con la participación de los señores Jueces y Fiscales del Departamento, así como miembros del Cuerpo Técnico de investigación CTI y Seccional de Investigación criminal de la Policía Nacional SIJIN, quienes recibieron capacitación sobre el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, normatividad jurídica para el control del contrabando de hidrocarburos, trata de personas y hurto de automotores en zona fronteriza.
Las charlas y capacitaciones realizadas estuvieron a cargo de unidades de Policía Fiscal aduanera de Norte de Santander, las escuelas de estudio e investigación criminal de la Fiscalía y la Policía Nacional, así como unidades pertenecientes a la Policía Ambiental de Norte de Santander POLAM DENOR, quienes dieron instrucción sobre la manipulación de especies protegidas y en vía de extinción encontradas en cautiverio, como lo son culebras, caimanes, osos perezosos, entre otros.
Este evento conto con la presencia de la Señora JANNETH NIÑO FARFAN, Directora de escuela de estudios e investigaciones criminalísticas de la Fiscalía General de la Nación, el Señor KRISTIAN HÒLGE, Asesor Legal del programa de asistencia legal para América latina y el Caribe, y el Señor Teniente Coronel JESUS CASTRO SALDAÑA, Director de Investigación Criminal de la Policía Nacional. La actividad concluyo con la realización de las prácticas y la entrega de certificados, en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de la ciudad de San José de Cúcuta.
Fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por miembros del CTI, el ex gobernador del Cauca y ex embajador en República Dominicana, Juan José Chaux Mosquera, por orden de la Fiscalía que lo investiga por presuntos nexos con los paramilitares.
El ente investigador tomó la decisión después de analizar la veracidad de las declaraciones que dio Hebert Veloza García, alias HH, ante un fiscal de la unidad de Justicia y Paz en Medellín. Veloza García ha asegurado desde noviembre del 2007 que el ex mandatario regional ha buscado favorecimientos de las autodefensas para consolidar sus aspiraciones políticas.
El ex embajador, según alias HH, había asistido a una reunión en Urabá, cuando aspiraba a la gobernación, con Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Salvatore Mancuso, de quien se dice que era cercano; y Vicente Castaño.
La Fiscalía le abrió investigación a Chaux Mosquera en septiembre del 2008, y la entidad también tiene en su poder una grabación que sostuvo el procesado con el asesinado paramilitar Antonio López, alias Job, a quien presuntamente le pidió que intercediera ante alias HH para que no declarara en su contra.
Por último, Veloza sostuvo de igual manera que el ex gobernador fue uno de los que más colaboró con los paramilitares en el Cauca, y además era reconocido por salir a cazar patos con los Castaño.
Un día antes que la Fiscalía le abriera investigación, Juan José Chaux presentó su carta de renuncia como embajador de Colombia ante República Dominicana, tras conocerse su estrecha relación con alias Job. De hecho, el ex funcionario aceptó que sí se reunió en Casa de Nariño con Antonio López, donde también estuvieron presentes el secretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez.
Según la versión de alias Job, quien era emisario del ex cabecilla paramilitar alias Don Berna, la visita a la Casa de Nariño se debió a la entrega de pruebas de un supuesto montaje de magistrados de la Corte Suprema de Justicia contra funcionarios procesados por vínculos con las autodefensas.
Ahora Chaux tendrá que rendir indagatoria ante la Fiscalía, que evaluará si hay suficientes pruebas para llamarlo a juicio.
Los presidentes de los altos tribunales se reunirán hoy para analizar un informe entregado ayer por el DAS y la UIAF con la información que le pidieron a Uribe hace ocho días.
QUE EL Gobierno precise las razones por las cuales en el DAS fueron suprimidas varias dependencias, reestructuradas otras y desvinculados 28 funcionarios, le pidió el magistrado Nilson Pinilla al presidente Álvaro Uribe a través de una carta.
Pinilla, presidente de la Corte Constitucional, se unió a nombre de la corporación con la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que la semana pasada también pidieron explicaciones al Gobierno.
“No se sabe la razón de esas decisiones tan trascendentes, por eso requerimos del Gobierno que nos expliquen sus motivaciones”, dijo Pinilla.
En la misiva, Pinilla pide que el Gobierno le informe a la sala plena de la Corte Constitucional quiénes fueron los magistrados o ex magistrados objeto de seguimiento y vigilancia, y cómo se efectuaron esas actividades: “No es que consideremos que no debemos estar sometidos a estas investigaciones, pero consideramos que tenemos el derecho, como cualquier persona, a que se respete nuestro derecho al debido proceso, como en cualquier caso”.
Hoy
Los presidentes de las cortes, reunidos hoy en la comisión interinstitucional de la rama judicial, encuentro que se realizará en el Consejo Superior de la Judicatura, analizarán el informe entregado ayer por el director del DAS, Felipe Muñoz, y el coordinador de la Unidad de Información y Análisis Financieros (UIAF) del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren.
Muñoz dijo que el documento contiene la información que los magistrados le pidieron al presidente Uribe durante la reunión que sostuvieron en la Casa de Nariño.
“El documento tiene que ver en particular con algunos temas que los magistrados le pidieron al Presidente en la reunión para explicar el tema de los seguimientos e interceptaciones a funcionarios de la rama judicial”, indicó Muñoz.
Agarrón
De otra parte, una fuerte polémica se desató entre el jurista Ramiro Bejarano y el vicepresidente Francisco Santos.
Bejarano dijo: “No me sorprende que al saberse que el actual director del DAS anda articulando una campaña de espejo retrovisor contra quienes fuimos directores del organismo en otros gobiernos, con el propósito de promover la falsa idea de que las interceptaciones ilegales de ahora han sucedido desde siempre, usted salga a recordar en forma incompleta un episodio que no es como lo refirió en sus declaraciones a varios medios de comunicación”.
Santos había dicho: “Recuerdo una columna mía donde acusaba al entonces director del DAS, el famoso columnista Ramiro Bejarano, de hacer exactamente lo mismo y no pasó absolutamente nada. Nadie lo investigó”.
Lo que realmente pasó, dijo Bejarano, es que “usted escribió en octubre de 1995 una columna haciendo la malévola sugerencia de que las grabaciones ilegales a la DEA que había presentado en un debate en el Congreso el parlamentario Carlos Alonso Lucio, sólo podían hacer sido realizadas por los narcos o por el DAS”. Bejarano señaló, a continuación, que a Santos se le olvidó precisar que el general Roso José Serrano, director de la Policía Nacional, informó de la captura “del delincuente que por cuenta del Cartel del Valle había interceptado ilegalmente a la DEA”.
Testigo
Ayer también se supo que la Fiscalía estudia la posibilidad de incluir en el programa de atención a víctimas y testigos, al ex jefe de Contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos, quien declaró en la investigación por las supuestas interceptaciones y seguimientos realizados desde el organismo de seguridad. Así lo manifestó el vicefiscal Guillermo Mendoza, que explicó el trámite que se debe adelantar para que se autorice el ingreso del capitán Lagos al programa de víctimas y testigos: “Cuando un testigo está en riesgo, pero después de un estudio, porque no es una cosa discrecional de los funcionarios, eso tiene que ser examinado cuidadosamente, si se logra establecer que está en un nivel de riesgo importante, entonces se le somete a los procedimientos de protección de testigos a él y a su familia”.
Desde 2004
Pero ayer también se conoció que un grupo de inteligencia denominado G3, presuntamente creado por el ex director del DAS Jorge Noguera entre el 2004 y 2005, habría realizado seguimientos ilegales al vicepresidente Francisco Santos; al director de la Policía, general Oscar Naranjo, y al periodista Holman Morris, entre otras personalidades.
Así fue dado a conocer por La FM, que reveló que el director del DAS, Felipe Muñoz, y otros funcionarios subordinados encontraron en la sala de análisis de la institución un archivo llamado G3, que contenía 104 carpetas.
Según investigaciones al interior del órgano de inteligencia, este documento no aparecía registrado en los archivos oficiales, por lo que no tenía una resolución de soporte para su creación como grupo de investigación dentro de la entidad, como es el conducto regular.
Según La FM, Muñoz y su grupo reportaron al CTI de la Fiscalía a través de un oficio del 19 de marzo del presente año, dirigido a la directora del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, Marilú Méndez, el archivo sospechoso.
El CTI encontró que el G3 contaba además con el apoyo de Carlos Alberto Arzayuz, entonces director de Inteligencia.
Desmentido
A través de un comunicado, la Casa de Nariño dijo que no hay pruebas de la injerencia de sus funcionarios en las interceptaciones.
Según César Mauricio Velásquez, quien leyó el comunicado, algunos medios han difundido, “sin prueba alguna, la versión que revela que el ex jefe de Contrainteligencia del DAS Jorge Alberto Lagos había declarado ante la Fiscalía que funcionarios del Gobierno estaban implicados en interceptaciones ilegales”, pero, al mismo tiempo, admitió que “la Secretaría de Seguridad Presidencial informó sobre los registros de ingreso” del cuestionado empresario huilense Ascencio Reyes a la Casa de Nariño.
En desarrollo de dos importantes procedimientos, desplegados en esta capital por unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), fueron capturados dos presuntos sicarios al servicio de la banda criminal autodenominada ‘Águilas Negras’, quienes serían los responsables del homicidio de tres personas ocurrido en el mes de abril en esta ciudad.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas, señaló que la captura de alias ‘Mechas’ y alias ‘Rapero’, fue realizada en los barrios Toledo Plata y Trigal del Norte por unidades del ‘Grupo de Homicidios’ de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), como resultado de un importante trabajo investigativo y operativo, tendiente a neutralizar y desarticular las organizaciones delincuenciales en esta zona del país.
Durante el proceso investigativo se recopilaron evidencias que señalan que Alirio Téllez Arévalo, alias “Mechas”, de 20 años, natural del municipio de Teorama, sería uno de los encargados de ejecutar muertes selectivas en los barrios Aeropuerto, El Salado, Trigal del Norte, Toledo Plata, Simón Bolívar y otros sectores del Área Metropolitana de Cúcuta.
Entre tanto, se supo que Enyer José López Sarmiento, alias “El Rapero”, de 23 años de edad, natural del municipio de El Zulia, es desmovilizado del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Antecedentes:
Los detenidos fueron vinculados al proceso investigativo, por su presunta responsabilidad en el triple crimen ocurrido el pasado 26 de abril en el barrio Simón Bolívar de esta capital, donde desconocidos portando armas de fuego ingresaron a un establecimiento comercial y asesinaron a tres hombres que se encontraban en el lugar.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Pedro Zapata Osorio, Trinitario Barbosa Díaz y Alfredo Alarcón Díaz y resultó herida una tercera persona que oportunamente fue trasladas a un centro asistencial.
Ocurrido el hecho delictivo, los investigadores del Grupo de Homicidios de la Sijín en desarrollo de las labores investigativas apoyadas con el manejo de fuentes humanas, recolectaron elementos materiales y evidencia física tendientes a esclarecer el múltiple asesinato.
Durante las investigaciones, se logró obtener información que permitió identificar a dos presuntos sicarios, conocidos con los alias de ‘Mechas’ y ‘Rapero’, quienes delinquirían en sectores periféricos de esta ciudad, los cuales serían los autores materiales del homicidio de las tres personas.
Obtenida esta información, se dispusieron las acciones policiales y judiciales, para lograr la plena identificación e individualización de los dos hombres, aportando pruebas contundentes que los vincularon con las muertes de Simón Bolívar y que llevaron a que un Juez con funciones de control de garantías, expidiera las ordenes de captura, por los presuntos delitos de homicidio agravado en persona en estado de indefensión en concurso homogéneo de conductas punibles, homicidio agravado en la modalidad de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Con el fin de hacer efectivas las órdenes judiciales, los investigadores de la Sijin, desplegaron los operativos que permitieron ubicarlos y capturarlos y fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que un Juez con funciones de Control de Garantías les dictara medida de aseguramiento.
Con el propósito de contrarrestar las redes dedicadas al microtráfico de narcóticos, efectivos de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), capturó en esta capital a dos mujeres e incautó 1.190 gramos de base de coca.
”Personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), se desplazó hasta los barrios Siete de Agosto y Motilones de esta ciudad, donde luego de un trabajo investigativo y de manejo de fuentes humanas, lograron dar con el paradero y capturar a dos mujeres de 27 y 28 años, quienes transportaban narcóticos utilizando varias formas de caleta”, señaló el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Coronel Jorge Iván Flórez Cárdenas.
En un primer procedimiento realizado en el barrio 7 de Agosto, personal del ‘Grupo de Estupefacientes’, capturó en flagrancia a una mujer de 27 años de edad, natural de Sardinata (N de Sder), residente en el barrio San Luis de Cúcuta, quien transportaba 674 gramos de base de coca en un bolso, camuflados en tres envases plásticos, originalmente utilizados para shampoo.
En el segundo operativo, unidades del ‘Grupo Contra Subversión’, privaron de la libertad a la otra mujer de 28 años, natural de Valledupar (César), residente en el barrio La Concordia (Los Patios), cuando se encontraba en el barrio Motilones de la Ciudadela Juan Atalaya y llevaba adheridos a su cuerpo a la altura del abdomen, 516 gramos de base de coca, que estaban empacados y embalados en dos paquetes rectangulares.
Con estas incautaciones, la Policía Metropolitana de Cúcuta, impidió que por lo menos 2.380 dosis personales del alcaloide, fueran comercializados en las calles de esta capital y al mismo tiempo que los narcotraficantes a pequeña escala que delinquen en esta zona del país, aumentaran sus finanzas en más de ocho millones de pesos, pues el valor comercial de un gramo de este tipo de alcaloide oscila en $3.600.
Las capturadas y la sustancia alucinógena fueron dejadas a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Cúcuta.
Dos de los jóvenes que desaparecieron de Soacha y fueron reportados como muertos en combate por el Ejército, habrían sido fusilados.
Así lo advirtió la Fiscalía en el segundo día de audiencia en contra de seis militares, por los llamados falsos positivos.
“Los impactos de bala que se encontraron en Julio César y en Jonathan son abiertamente incompatibles con un supuesto combate. Entonces ahora a lo que nos vemos avocados es a considerar que muy por el contrario y lejos de un enfrentamiento, se produjo un fusilamiento”, indicó el fiscal del caso.
El ente acusador aportó un informe forense para establecer las verdaderas causas de la muerte del menor: “Y se empiezan a hacer, a desplegar una serie de manipulaciones tendientes supuestamente a demostrar que existió un combate. En sus manos se ponen armas de fuego que ellos no traían, sus cuerpos se disponen de manera que indican que ellos portaban esas armas”.
La Fiscalía acusó a los sindicados de homicidio agravado, desaparición forzada, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público.
El fiscal 53 de derechos humanos, Álvaro José Galindo, argumentó ante una juez en Soacha, donde se realiza la audiencia, que “en la vereda Los Charcos estos jóvenes fueron despojados de sus documentos de identidad y luego fueron reportados como muertos en combate... Los muchachos habían sido engañados, se les convenció de falsas promesas remunerativas y una vez se presenta su muerte, se manipula el lugar donde ellos caen y les ponen armas de fuego que no tenían”.
Agregó que el ente investigador conoció unos documentos del informe de la inspección del Ejército realizado en Ocaña convención Abrego, ordenado por el ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y con el cual llamó a calificar servicios a 27 militares por los casos de Soacha. En ese estudio el Ejército descubre que hay un montaje por parte de estos militares y que desconocieron la organización jerárquica y que incluso pasaron por alto las reglas internas de la institución.
“Es claro que engañaron a sus superiores”, indicó el fiscal. Por su parte la defensa militar refutó el procedimiento de la audiencia y pidió a la juez de garantías imparcialidad.
“Señora juez con todo el respeto le pido que no se viole el debido proceso, no le podemos seguir torciendo el cuello a la norma”, afirmó el abogado Pedro Condia.
Los militares imputados son el mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, el cabo Manuel Zorrilla, y los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinosa y Luis Alirio López.
Un estudio realizado por el centro educativo señaló que los grupos armados están contratando bandas ilegales para expandirse, además de reclutar menores venezolanos.
